viernes, 10 de marzo de 2017

Cuba: Fulgencio Batista en el poder




Muy temprano en la mañana del 10 de marzo de 1952 salieron los tanques del cuartel Columbia de La Habana. Bajo el mando del coronel Fulgencio Batista, recorrieron las pocas cuadras que los separaban del Palacio Presidencial. El presidente Carlos Prío Socarrás, sin oponer resistencia alguna, cedió su lugar al antiguo sargento. Se consumó así, sin disparar un tiro y sin el menor incidente, el “madrugazo”, como se llamó al golpe batistiano, por su carácter mañanero, ¿pero quién fue Fulgencio Batista?

Al momento del golpe, el coronel era uno de los personajes más importantes de la política cubana desde hacía por lo menos dos décadas. Antiguo sargento taquígrafo, saltó a los primeros planos con la revolución popular de agosto de 1933 que derrocó a la sanguinaria dictadura militar de Gerardo Machado. En septiembre de ese año encabezó la llamada “revolución de los sargentos”, un movimiento al interior del ejército impulsado por suboficiales que depusieron a los altos mandos cómplices de la dictadura. En alianza transitoria con el movimiento estudiantil y otros grupos políticos, los sargentos impusieron como jefe de gobierno a Ramón Grau San Martín, profesor universitario, que junto con Batista serán las dos figuras importantes de la política cubana hasta la revolución de 1959.
El gobierno de Grau San Martín, a pesar de durar poco más de cuatro meses (septiembre 1933-enero 1934), fue por lejos el gobierno más progresista que tuvo la isla hasta el advenimiento de la revolución. El ala radical del gobierno estaba encabezada por Antonio Guiteras, secretario de gobernación. Guiteras impulsó las primeras leyes sociales que conoció el país: jornada de 8 horas, salario mínimo para los cortadores de caña, libertades sindicales, disolución de los partidos políticos que apoyaron a Machado, intervención estatal de la compañía de electricidad (norteamericana), rebaja de las tarifas eléctricas, ley de reparto de tierras, desconocimiento de empréstitos contraídos con la banca norteamericana. Guiteras propuso la que sería la principal conquista de la revolución del ‘33: la convocatoria de una Asamblea Constituyente para abolir la Enmienda Platt (la vergonzante cláusula impuesta por Estados Unidos en la Constitución de 1901, que admitía la intervención norteamericana en los asuntos internos de Cuba) y elaborar un nuevo texto constitucional, que finalmente regirá a partir de 1940 y será el más democrático que hasta entonces tuvo Cuba. Este texto, que entre otras cosas proscribía el latifundio, será invocado por los rebeldes del Movimiento 26 de julio al levantarse contra Batista, y será invocada también como fundamento de la reforma agraria impulsada por los mismos rebeldes una vez en el poder.
Pero a la sombra de este proceso crece cada vez más la influencia y el poder de Batista. Su persistencia en la escena política cubana durante varias décadas se explica porque él también fue, a su manera, un producto de ese gran terremoto social que fue la Revolución de 1933. El 15 de enero de 1934, y a instancias del ejército, se produjo la caída del gobierno de Grau San Martín. A partir de ese momento, Batista, o alguno de sus personeros, ejercerá el gobierno con el propósito de enterrar la revolución del ‘33 y reestablecer el predominio del bloque oligárquico y proyanqui. Sin embargo, en marzo de 1935 el movimiento opositor se reanima y se produce una exitosa huelga general, con la consigna “gobierno constitucional sin Batista”. A pesar de que dos meses después fue asesinado Guiteras, la intensa movilización obrera logró parar la reacción contrarrevolucionaria, impidiendo la liquidación de las conquistas sociales de la revolución. Batista tuvo que aceptar las elecciones para la Asamblea Constituyente que dictará la Constitución de 1940. Sin embargo, en las primeras elecciones libres convocadas al amparo del nuevo texto constitucional, Fulgencio Batista fue ungido presidente para el período 1940-1944.
En la mayor parte de este recorrido, Batista tendrá el apoyo silencioso o explícito de un impensado pero nada despreciable aliado: el antiguo Partido Comunista de Cuba (PCC). Las lamentables posiciones de los comunistas estalinistas durante todo este período, influenciados por los constantes virajes de la Internacional Comunista, trajeron graves consecuencias al movimiento obrero cubano. Durante la revolución del ‘33, mantuvieron una posición ultraizquierdista (acorde a la posición “clase contra clase” de la Komintern) negándose a hacer ninguna política de frente único con los sectores de la pequeña burguesía, politizados y movilizados. A partir de 1934, cuando la revolución y los sectores medios ya estaban en retroceso, impulsaron la política de frente popular, buscando burgueses progresistas con quienes hacer acuerdos políticos. Lo peor vino después de 1938, cuando decidieron apoyar a Batista, a quien ahora le veían rasgos “democráticos” y antifascistas. En 1939 el PCC volvió a la legalidad y cambió su nombre por el de Partido Socialista Popular (PSP). Finalmente en 1943 los comunistas ingresaron con dos ministros al gobierno de Batista, quien para entonces se había alineado con los aliados y declarado la guerra al Eje en la Segunda Guerra Mundial.
Pero volvamos al 10 de marzo de 1952. El “madrugazo” fue un típico golpe preventivo, en el que confluyeron tres factores. En el aspecto económico, una grave crisis se abatía sobre el país antillano. En 1952 se produjo una de las cosechas de azúcar más altas del siglo: 7.011.393 toneladas, pero Estados Unidos anunció que la cuota (cantidad de azúcar cubana destinada al mercado interno yanki) era de 5 millones de toneladas (se terminaron colocando apenas 4.859.000 toneladas). El resultado, un excedente del 30 % a comercializar en años venideros. Una crisis de sobreproducción generada a partir del carácter dependiente y semicolonial del país, que tiraba para abajo los precios y auguraba restricciones para las futuras zafras, de las peores del siglo para el azúcar cubana. Zafra restringida significaba agitación y movilización de los cañeros.
En el plano político, el sistema institucional mostraba su agotamiento. El antiguo Partido Revolucionario Cubano (PRC), que sustentó los regímenes constitucionales de Raúl Grau de San Martín (1944 a 1948) y Carlos Prío Socarrás (1948 a 1952) estaba agotado por la corrupción y la insatisfacción de las demandas populares. El PRC se había roto a mediados de los ’40. De su división surgió el Partido Auténtico (oficialista) y el Partido Ortodoxo (opositor). El líder de este último era Eduardo Chibás, carismático dirigente que a fines de los ’40 se suicidó durante el transcurso de un programa radiofónico. Los ortodoxos levantaban un tibio programa reformista, reclamando independencia económica, libertad política, justicia social y fin de la corrupción gubernamental. Galvanizados por el suicidio radiofónico de Chibás, y favorecidos por el desprestigio creciente del gobierno, se encaminaban claramente a ganar las elecciones de 1952. Esta perspectiva había atraído a la juventud radicalizada, que veía en el próximo turno electoral una oportunidad para impulsar las reformas políticas y sociales tantas veces postergadas.
Por último, pero no menos importante, debe tenerse presente que a principios de 1950 estaba en todo su auge la “guerra fría”, que oponía a Estados Unidos y Occidente contra la URSS y el comunismo. Eran los años de la guerra de Corea: el discurso maccartista de la época oficiará de telón de fondo ideológico de la dictadura batistiana.
El régimen encabezado por Batista derogó la Constitución de 1940, disolvió el Congreso y creó un Consejo Consultivo, integrado por hacendados, banqueros, empresarios, al que se sumó el secretario general de la Central de Trabajadores Cubanos (CTC) Eusebio Mujal, un burócrata oficialista que años antes había desplazado a los comunistas de la conducción sindical. Estados Unidos reconoció inmediatamente al nuevo gobierno que, con idéntica velocidad, rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética.
Pocas semanas más tarde, un joven y desconocido abogado de provincias se presentó ante los Tribunales de La Habana para denunciar a los militares golpistas. Según decía en su alegato, los delitos cometidos al atropellar a un gobierno “legalmente constituido” los hacía acreedores a largas penas de prisión. Y si los tribunales no hacían lugar a su petición, al pueblo solo le quedaba como vía para el cambio la lucha armada y la revolución.
Detrás de las palabras del abogado Fidel Castro Ruz, bullía la corriente juvenil del Partido Ortodoxo, deseosa de entrar en la historia de Cuba.

Juan Luis Hernández
Lic. en Historia (FFYL-UBA)