Represión y enfrentamientos en Irak

Más de 30 muertos. 

 Seguidores del Movimiento Sadrista iniciaron el lunes una serie de acciones de protesta en Irak, luego de que su líder, el clérigo chiíta Moqtada al-Sadr, anunciara su retiro de la política y reclamara también la renuncia a sus cargos de “todos los partidos”, profundamente desacreditados ante la población. Hubo 35 muertos y decenas de heridos en el curso de la represión y los enfrentamientos.

 En el mes de octubre, Irak efectuó elecciones parlamentarias, pero lleva más de diez meses sin lograr la formación de un gobierno. El grupo de al-Sadr obtuvo la mayor cantidad de bancas, pero sus rivales del Marco de Coordinación, bloque de partidos apoyado por Irán, bloqueó su llegada al poder. A fines de julio, los seguidores de al-Sadr tomaron el parlamento y pasaron luego a mantener una sentada frente al edificio, en alerta por la posible designación de un adversario como nuevo primer ministro. 

 El régimen político iraquí surgido tras la caída de Saddam Hussein se basa, al igual que el de Líbano, en un reparto del poder entre los distintos grupos confesionales. A los chiítas les corresponde el primer ministro, a los sunitas la jefatura del parlamento, y a los kurdos el presidente. Este esquema parece agotado, repudiado por una población hastiada de la pobreza y la corrupción.

 Como parte de las medidas de protesta de este lunes, los sadristas tomaron un edificio de gobierno en la Zona Verde de Bagdad, donde se concentran oficinas estatales y diplomáticas, entre ellas la embajada norteamericana. En Basora, ciudad ubicada en el sur, fue rodeada una refinería de petróleo. Las autoridades dictaron un toque de queda a nivel nacional. 

 Los manifestantes habrían sido atacados durante el mismo lunes por miembros de una de las milicias chiítas adscriptas al Ejército (Unidad de Movilización Popular), próximas a Irán. Y, en ese cuadro, se habrían movilizado también integrantes de la milicia armada del sadrismo, llamada Saraya al-Salam (Al Jazeera, 30/8). En medio de los choques fatales, Teherán cerró sus fronteras.

 El martes, al-Sadr emitió un sorprendente mensaje llamando a sus seguidores a desmovilizarse, e incluso les lanzó críticas por los hechos de violencia. De todos modos, la orden del clérigo fue cumplida. El primer ministro interino iraquí, Mustafa al-Kadhimi, saludó el gesto de al-Sadr. No queda claro qué quería lograr este último con el planteo de su renuncia.

 Al-Sadr goza de una gran influencia en sectores empobrecidos de la población, en particular de Bagdad y el sur del país. Es un crítico de la injerencia norteamericana y, pese a ser chiíta, también de la iraní -aunque muchos sostienen que en menor medida. Tras el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003, formó una milicia (Ejército de Al Mahdi) que enfrentó a los estadounidenses y llegó a contar con 60 mil hombres.

 En 2018 concurrió a elecciones aliado con el Partido Comunista. Si bien nunca integró personalmente un gobierno, miembros de su partido habrían estado a cargo de ministerios en algunas gestiones, como el de salud (ídem). 

 Ante la rebelión popular de 2019, desatada por el estado ruinoso del sistema eléctrico y de agua potable, apoyó inicialmente las protestas, pero luego llamó a ponerles fin (La Nación, 30/8). Estos vaivenes no le impidieron liderar la fuerza más votada en las elecciones de 2021, aunque en un marco de enorme abstención (60%). 

 La combinación de la crisis política y social, en un país que nunca se recuperó de la devastación causada por la invasión del imperialismo, plantea la posibilidad de un nuevo levantamiento. 

 Gustavo Montenegro

Mikhail Gorbachov

Falleció a los 91 años Mikhail Gorbachov, último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y secretario general del Comité Central del Partido Comunista desde 1985 hasta 1991. Durante su gobierno, Gorbachov fue el promotor de las medidas más osadas en la restauración del capitalismo –el imperialismo lo condecoró con un premio nobel a la Paz en 1990 por “dar fin a la guerra fría”-. No obstante, debió renunciar en 1991, luego de la crisis política que devino en la disolución de la URSS. 

 En Prensa Obrera, en una nota de Luis Oviedo, puede leerse la siguiente caracterización: “Apenas llegado al poder, Gorbachov firmó con Reagan un conjunto de tratados armamentistas que convirtieron a Estados Unidos en la única potencia nuclear capaz de una iniciativa estratégica. Junto con esto, establecieron una serie de acuerdos para ‘resolver los conflictos regionales’, es decir, para acabar con las revoluciones sociales y los levantamientos nacionales en América Central, Sudáfrica y Medio Oriente. En este cuadro, cuando la burocracia sostenía que su política tendía a “acabar con las barreras que separan a ambos sistemas”, era claro que no sólo se refería a las ‘barreras exteriores’ (la revolución mundial y la carrera armamentista), sino también a las ‘interiores’, es decir, a la planificación económica y a la propiedad estatizada” (4/7/1996). 

 Las reformas fundamentales de Gorbachov fueron la “glasnot” y la “perestroika” que combinaron un gigantesco proceso de privatización de empresas, desmantelamiento de las conquistas sociales de la revolución y, al mismo tiempo, el intento de preservar una burocracia parasitaria y en descomposición. Se convertía a los gerentes, administradores o burócratas económicos de los grandes grupos empresariales de la Unión Soviética en titulares formales de sus empresas. La “apertura democrática” reforzaba las atribuciones del presidente, mantenía incólume todo el aparato de la KGB (la policía política del Estado) y sostenía la impunidad de sus crímenes. Un intento bonapartista que fracasaría sin atenuantes. 

 El escenario de la “perestroika” comportó un descomunal retroceso económico de la URSS, que pasó de competir palmo a palmo con EE. UU. a convertirse en una economía “tercermundista”. Los niveles productivos se desplomaban, la inflación alcanzaba los tres dígitos, la agricultura sufría un desastre ecológico y las masas se empobrecían aceleradamente. La clase obrera respondería con importantes huelgas en toda la URSS.

 Estas reformas vinieron a confirmar lo que ya Trotsky caracterizó tempranamente en su texto “La revolución traicionada”: los privilegios inestables de la burocracia usurpadora exigían un régimen jurídico y político que otorgaran garantías a la propiedad privada. Gorbachov se trazó ese derrotero, bajo la envoltura de la transparencia y la “apertura”. 

 En ese período, la inmensa mayoría de la izquierda mundial se debatió en un apoyo franco a la perestroika de Gorbachov y la reivindicación de lo que consideraba la “democracia socialista”. El Partido Obrero en aquel entonces dijo “la perestroika es antisocialista” (28/1/1987), reivindicando la lucha del trotskismo y la IV Internacional contra las tesis de “socialismo en un solo país” o “socialismo con democracia”. 

 Caída de Gorbachov y de la URSS 

En marzo de 1991, Gorbachov convocó un referéndum en torno de la continuidad de la Unión Soviética y el 78 % votó a favor. En agosto de 1991, se produjo un intento de golpe de Estado de la KGB a Gorbachov, que marcaría el fracaso inexorable de la “perestroika". Sería el quiebre político definitivo de la burocracia de la URSS. El Partido Obrero fue la única organización política argentina que convocó a una movilización y un acto contra el golpe: “el golpe no está dirigido contra Gorbachov sino a imponer por métodos terroristas los planes pro-capitalistas que éste no pudo llevar adelante por la resistencia de los trabajadores y los pueblos de la URSS”. Prensa Obrera registró que “La izquierda mundial se dividió frente al golpe. Una parte —como Fidel Castro— apoyó a los golpistas, calificándolos como ‘salvadores del comunismo’, al que identificaban con la KGB; otros, como el SU, se pusieron del lado de Gorbachov y Yeltsin, a los que identificaban con la ‘democracia’.” (12/7/2007). Estamos ante el mismo problema político y metodológico planteado con la actual guerra de la OTAN y Rusia, cuando una parte de la izquierda se identifica con la burocracia de los servicios de inteligencia, en nombre del antiimperialismo, y otra parte se alinea en el campo de la OTAN, en nombre de la “democracia”. La historia se repite como tragedia, teniendo en cuenta las actuales amenazas de una hecatombe nuclear mundial. 

 En diciembre de 1991, Gorbachov renuncia como presidente y se proclama la disolución de la URSS, emitiendo el siguiente comunicado: “Dada la situación creada con la formación de la Comunidad de los Estados Independientes, ceso mi actividad como presidente de la Unión Soviética. Tomo esta decisión por consideraciones de principio. Se ha impuesto la línea de la desmembración del país y de la desunión del Estado, lo cual no puedo aceptar. Además, estoy convencido de que resoluciones de tal envergadura deberían haberse tomado basándose en la voluntad expresa del pueblo (es decir, un referéndum). El destino quiso que cuando me vi al frente del Estado ya estuviera claro que nuestro país estaba enfermo. Hoy estoy convencido de la razón histórica de los cambios iniciados en 1985. Hemos acabado con la Guerra Fría, se ha detenido la carrera armamentista y la demente militarización del país, que había deformado nuestra economía, nuestra conciencia social y nuestra moral. Nos abrimos al mundo y nos ha respondido con confianza, solidaridad y respeto” (5/12/1991). Gorbachov dejaba trazada la ruta de la restauración, algo que el conjunto de los personeros del imperialismo le reconocería hasta su muerte. 

 Restauración capitalista y barbarie 

La pretensión de una integración “pacífica” de los ex Estados obreros al mercado mundial fue brutalmente desmentida por las tres décadas que siguieron. La “apertura al mundo” señalada por Gorbachov inició una transición mundial caracterizada por nuevas guerras (Yugoslavia, Afganistan, Irak, Siria), masacres, hambrunas y bancarrotas económicas. Los “baños de sangre” que Gorbachov dijo querer evitar sucedieron a una escala mayor. La perspectiva de un capital “mundializado”, integrando a los ex Estados obreros, se trasmutó en la acentuación de todas las contradicciones del capitalismo en declinación. La invasión de Rusia a Ucrania, el hostigamiento militar y económico sistemático de la OTAN y el imperialismo norteamericano sobre Rusia demuestra una continuidad de esa transición, pero acentuando su porvenir catastrófico y su pretensión última de aplastar al proletariado mundial. La prolongación de un régimen social agotado históricamente plantea, con mayor vigencia que nunca, la cuestión de la revolución socialista. 

 Emiliano Fabris 

 31/08/2022

El verso de la aprobación popular de Lacalle

La presencia permanente de Lacalle en los medios, sobre todo en televisión, marcan la aceptación de su personaje. 

 Al comienzo de cada gobierno, la aprobación de los presidentes está en la cresta de la ola, con los mejores niveles de evaluación, y los saldos positivos se mantienen por unos cien días, lo que los politólogos les llaman “luna de miel”. Pero, casi siempre llega un declive que crece a la mitad del mandato para sobrevenir, por último y despedida, un repunte que casi nunca alcanza el pico del inicio de su administración. 

 Luis Lacalle, o el presidente “verdaderamente surfer” como lo llaman las revistas deportivas especializadas uruguayas, viene surfeando la ola de aprobación siguiendo el ciclo clásico, aunque, a juzgar por las encuestas, llega a la mitad de su mandato con ciertas singularidades, como una luna de miel que se extendió por más tiempo que el observado en los tres gobiernos anteriores del centroizquierdista Frente Amplio. 

 En un país “viejo”, acostumbrado a presidentes de mayor edad, este abogado de 48 años trajo «Aire Fresco», como bien dice el nombre de su movimiento dentro del derechista Partido Nacional. Reconocido surfista, es heredero de una saga de políticos. Su padre es el expresidente (1990-1995) Luis Alberto Lacalle Herrera y su abuelo el máximo dirigente histórico del Partido Nacional, Luis Alberto Herrera. 

 Tras su derrota en las presidenciales de 2015 frente a Tabaré Vásquez, en 2019 aunó a la oposición derechista y ultraderechista en la Coalición Multicolor y se impuso en segunda vuelta por un estrecho margen ante el socialista Daniel Martínez, del Frente Amplio, alianza que tras tres mandatos mostraba un natural desgaste.

 En bajada 

 Fue en el segundo trimestre de 2021 que comenzó el declive del ciclo de aprobación de Lacalle, pero a la mitad del período aún más del 45% de los uruguayos en edad de votar hacen una evaluación positiva de su gestión, según el promedio que manejan las cuatro principales consultoras de opinión pública (Cifra, Equipos, Factum y Opción). 

 Los analistas políticos coinciden en que la gestión de la pandemia explica en parte la consolidación de una evaluación positiva y constituye uno de sus grandes “éxitos” hasta la mitad del mandato. La concreción de los proyectos de ley que el Ejecutivo envió al Parlamento –con el caso paradigmático de la Ley de Urgente Consideración a la cabeza y su posterior reafirmación en el referéndum– es otro de los mojones que destacan los analistas, señala el diario conservador El Observador. 

 La seguridad, uno de los aspectos que hizo ganar la elección a la coalición de gobierno, es ahora uno de los desafíos sin repuesta, ante el crecimiento de la criminalidad, el narcotráfico y los homicidios, así como las postergadas reformas de la seguridad social y la educación, así como la pérdida de salario real y la situación económica. 

 Hay otros problemas que Lacalle debe resolver como el funcionamiento de la coalición derechista de gobierno y las eventuales candidatura de cara a las próximas elecciones, además de exagerada centralidad del presidente.

 Miriana Pomiés, de la encuestadora Cifra, habla de una estrategia de comunicación efectiva con la población y afirma que el solo hecho de que la oposición acuse al gobierno de un manejo exacerbado de la comunicación ya habla de su éxito en ese sentido. El error puede ser que el discurso queda demasiado centralizado en el presidente. 

 Francisco Vernazza, publicista y experto en comunicación, señala que de todos los mitos que habitan la política, el más difundido es que la cotización de un candidato o partido en la opinión pública es resultado de mejor o peor comunicación. Esta manera de ver las cosas presta un invalorable contribución a la autoestima de los actores políticos porque implica decir, en voz baja o alta: “Somos mejores que nuestra apariencia. Tenemos un buen globo, solo falta inflarlo», añade. 

 Esta convicción puede tener lugar en los textos de autoayuda para la clase política pero, como toda simplificación aguda, “implica el peligro de hacer creer que tenemos la llave teórica del asunto cuando solo tenemos un llavero vacío. La llave del éxito de Lacalle no han sido las horas sumadas de comunicación por la pandemia ni la prolija escenografía de las conferencias de prensa, sino su capacidad de construir un personaje que luce serio, responsable, sensato, más bien inteligente y sobre todo auténtico”, analiza.

 La presencia permanente de Lacalle en los medios, sobre todo en televisión, marcan la aceptación de su personaje, quizás más como ejemplar de un biotipo humano que como un gran líder o pensador político. La valoración estuvo en atributos personales por fuera de la discusión política. Quizás por eso mismo se hizo tolerable para la parte más blanda del espacio frenteamplista. 

 La coalición de derecha gobernante envió al Congreso un nuevo proyecto sobre medios de comunicación, hecho a medida del oligopolio mediático, que a todas luces favorece y potencia la concentración en pocas manos, que son las que aplauden siempre la gestión del presidente –primero- y del gobierno. 

 ¿Estos éxitos son obra de la comunicación?, se pregunta Pancho Vernazza. Impugnar los superpoderes de la comunicación en política, no implica subestimar al aparato haciendo su trabajo. Todos los días el aparato comunicacional divulga las fotos correctas, los giros verbales inteligentes, los diseños gráficos de buena presentación. Pero no cambia la historia: las últimas cifras dan cuenta de eso. 

 En Uruguay los homicidios aumentaron 39 por ciento en el primer semestre de 2022 según un informe del Ministerio del Interior. Además del aumento en cantidad, es el incremento en la violencia, los modus operandi de los homicidios y los femicidios. Por un lado se suman enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, el avance de toma de territorio, modos crueles de violencia en los hogares con descuartizamientos, cuerpos prendidos fuego, enterramientos en fincas, secuestros y más. 

 Uruguay acabó el tramo inicial de la era Lacalle con 13.700 presos en sus cárceles (más de 386 personas por cada 100 mil habitantes), un número aterrador para un país de poco más de tres millones de habitantes. Las muertes en las cárceles de Uruguay aumentaron un 79% en 2021, advirtió el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, que además se mostró preocupado por las condiciones de detención en las prisiones y por la falta de una definición de tortura en la legislación uruguaya. 

 Hoy, mientras el gobierno inunda los medios y las redes con el latiguillo de que la culpa de los males la tienen los tres gobiernos del centroizquierdista Frente Amplio, el 69% de la población responsabiliza al gobierno por la entrega del pasaporte al narcotraficante internacional uruguayo Sebastián Marset, el 70% entiende que en los últimos dos años aumentó la violencia vinculada al narcotráfico y 77% considera que hay vínculos entre estas organizaciones criminales y el sistema político. 

 Luvis Hochimín Pareja. Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

La devaluación en ciernes y la cuestión de la huelga general en Argentina

La puja por los vallados en torno del departamento porteño de Cristina sirvió para pasar a segundo plano otra crisis – la que comienza a tejerse en torno de la devaluación del peso y sus consecuencias inflacionarias devastadoras para la población trabajadora. 

 A través de un audio, el viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein, tuvo que desmentir la versión de que el gobierno anunciaría una devaluación este jueves. El trascendido fue lanzado por el kirchnerista Verbitsky, el mismo que se cargó a Ginés García después de sacar a la luz el vacunatorio VIP. Pero en este caso, nadie se escandalizó: es que la devaluación de la moneda está en la agenda de Massa-Rubinstein y de todo el gran capital, después del evidente fracaso de los intentos oficiales por posponerla. En los últimos meses, economistas de toda laya repitieron como loros que una devaluación sólo resultaba viable en el marco de un ajuste fiscal y de un ingreso previo de divisas. El cimbronazo cambiario que hoy se discute, sin embargo, no es porque ese plan “preparatorio” haya funcionado, sino más bien por lo contrario. La devaluación selectiva para el agro -´dólar soja´- resultó un fiasco, como los otros incentivos para que los capitalistas ingresen dólares. El gobierno ha logrado comprar divisas sólo después de reforzar el cepo a las importaciones y de desalentar al mercado paralelo subiendo la tasa de interés. A cambio de ese magro resultado, impuso un ´frenazo´ recesivo a la actividad económica, que se redoblará con los recortes a la obra pública y a los gastos en educación y salud. De todos modos, este ajuste de gastos es irrisorio al lado de la emisión necesaria para “honrar” la deuda del Tesoro y la del banco Central.

 Pero el mayor de los fracasos del “pretendido” plan Massa es el intento de lograr un préstamo internacional, que no apareció por ningún lado. Los eventuales prestatarios han reclamado garantías leoninas, teniendo en cuenta la fantástica desvalorización de la deuda argentina. Ahora, le han invertido la secuencia a Massa: la condición para un préstamo es la previa devaluación de la moneda. Los funcionarios discuten si debe estar acompañada o no por un desdoblamiento cambiario, y ese es el acuerdo que Massa gestionaría los próximos días con el FMI en Estados Unidos. Ese ´consenso´ torno de la devaluación es el pasaporte para que el FMI apruebe la “segunda revisión” del acuerdo, el cual, en lo que respecta a la “acumulación de reservas”, el gobierno no tendrá condiciones de cumplir.

 Rodrigazo

 La discusión devaluatoria tiene lugar cuando las estimaciones de inflación para agosto se ubican entre un 6,5 y 7%, tirando abajo la versión de que julio dio un índice alto a causa de los “cambios de gabinete”. Pero una inflación que se calcula entre el 100 y 110%, incluso antes de cualquier devaluación, hace mover la estantería de los que están pergeñando el horizonte devaluatorio. Algunos observadores estiman que el 60% de los precios “todavía siguen como referencia al dólar oficial” – si ese dólar se lleva a 200 pesos, “la inflación pasará a contabilizarse en dos dígitos mensuales” (Infobae, 30/8). Principalmente, una devaluación golpearía sobre los precios de los alimentos. En septiembre y octubre, además, se pondrán en vigencia las nuevas tarifas de gas y luz para todos aquellos que no cuenten con tarifa social. 

 Una devaluación encenderá una mecha sobre la deuda en pesos que está ajustada al dólar o a la inflación, y planteará un “reperfilamiento” que se hace cuesta arriba para un régimen político fracturado. Es natural, por ello, que la devaluación agite el avispero de la interna oficial –de allí, el destape de Verbitsky. El kirchnerismo teme al fantasma de la rebelión popular y a que la demolición del “plan” económico oficial arrastre a todas las facciones del gobierno. Por cierto, las contradicciones en gestación son más fuertes que la “unidad peronista” que se teje adentro de los vallados de la Recoleta.

 El escenario hiper inflacionario que desataría una devaluación sacudirá al conjunto del movimiento obrero, desde los trabajadores bajo convenio hasta los precarizados y desocupados. Por lo pronto, ya existen hoy un conjunto de paritarias que se encuentran en crisis, porque la carestía en ascenso se ha adelantado por mucho a las “cuotas” pactadas por las burocracias sindicales. Por ese motivo, hay huelgas docentes en ocho provincias y conflictos en puerta en varios sindicatos industriales, como ocurre con la rama siderúrgica de la UOM. Indirectamente, la cuestión salarial también rodea a la lucha del sindicato del neumático, por el pago al 200% de las horas extras de los fines de semana. El precario equilibrio que las patronales, la burocracia sindical y el gobierno -a través de las conciliaciones obligatorias- intentan sostener, en medio de la actual carestía, sería definitivamente barrido por una devaluación en regla.

 Desde hace algún tiempo, el gobierno viene meneando su “salida” salarial para el caso de un rodrigazo: un aumento de suma fija que patee para el 2023 cualquier otro reajuste paritario, ello, cuando los precios y tarifas redoblarán su marcha al compás del dólar. La burocracia sindical discute su apoyo a este paquete en un marco más amplio, donde se incluye a las quebradas obras sociales de los trabajadores. La CGT reclama un socorro financiero para ese vaciamiento y, en simultáneo, un régimen de recorte de las prestaciones. Al ajuste de los salarios, la burocracia le añade otro ajuste en la salud obrera. El gobierno ya ha puesto en marcha un parte de ese recorte, en lo que respecta a las prestaciones para las personas con discapacidad.

 ¿Qué nos indica el escenario que tenemos por delante? El escenario superinflacionario que sucedería a una devaluación planteará, a la escala de todo el movimiento obrero y piquetero, la cuestión de la huelga general, es decir, de una acción obrera decidida en defensa del salario, de las jubilaciones y del derecho al trabajo. La necesidad de una huelga indefinida se anticipa, por otra parte, en las luchas que se encuentran en curso, y que han agotado la instancia de los paros parciales. Pero la huelga general está fuera del horizonte de la burocracia sindical, la cual, en sus diferentes vertientes, ya está discutiendo con el gobierno cómo hacerle tomar al movimiento obrero la cicuta de una devaluación. La necesidad de una huelga general para enfrentar el rodrigazo que se viene plantea, con más fuerza que nunca, la necesidad de un congreso obrero impulsado por organizaciones de lucha, activistas y delegados. 

 Marcelo Ramal 

 30/08/2022

El sistema carcelario uruguayo

Mejor no hablar de ciertas cosas En el combo deficitario del capitalismo, las inseguridades (en todas sus expresiones) no son más que síntoma y consecuencia de su sistema económico. Si a eso le sumamos un gobierno que repite sus recetas, cree en el Dios Mercado y repite los salmos del derrame como una trama, los resultados están a la vista. 

 En la campaña para derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC) el gobierno derechista uruguayo liderado por Luis Lacalle desenvainó el clásico recurso de la polarización y quiso enfrentar a los que estaban a favor de la derogación contra la policía. Incluso se llegó a manifestar, por parte del oficialismo, que sin la LUC los delincuentes iban a tener todo servido para poder delinquir. 

 Parece que causó efecto la jugada y hoy con la LUC en mano, el gobierno no le puede poner el cascabel al gato. En Uruguay los homicidios aumentaron 39 por ciento en el primer semestre de 2022 según un informe del propio Ministerio del Interior: pasaron de 135 entre enero y junio del año anterior a 188 en este 2022. 

 Esta cifra supera también al primer semestre de los dos años anteriores, con 179 asesinatos en 2020 y 173 en 2019, último año de gestión del centroizquierdista Frente Amplio (FA).

 Además del aumento en cantidad, es el incremento en la violencia, los modus operandi de los homicidios y los femicidios. Por un lado los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, el avance de toma de territorio y por el otro modos crueles de violencia en los hogares con descuartizamientos, cuerpos prendidos fuego, enterramientos en fincas, secuestros y más. 

 Todas estas noticias ocupan (quizá no tanto como en otros momentos) los minutos centrales de los noticieros radiales y televisivos. Pero al terminar el show mediático esas personas van a parar a algún lugar y su vida sigue.

 El lado oscuro de la luna, del que poco se habla y casi nada se hace, es el sistema carcelario. Uruguay acabó el tramo inicial de la era Lacalle con 13.700 presos en sus cárceles (más de 386 personas por cada 100 mil habitantes), un número aterrador para un país de poco más de tres millones de habitantes. 

 Las muertes en las cárceles de Uruguay aumentaron un 79% en 2021, advirtió en mayo último el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, que además se mostró preocupado por las condiciones de detención en las prisiones y por la falta de una definición de tortura en la legislación uruguaya.

 La ONU exigió adoptar “medidas legislativas y de otra índole” que garanticen que cualquier empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acate “los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad” e instó a velar por la apertura de “investigaciones prontas, imparciales y efectivas de todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden y seguridad pública,” y garantizar que se enjuicie a los presuntos autores. 

 En particular el Comité de la ONU pidió adoptar medidas urgentes para corregir las deficiencias en los centros penitenciarios, especialmente en el “suministro de agua en las celdas, la falta de camas, los problemas de calefacción e iluminación y el mal estado de las instalaciones eléctricas”; permitir las actividades al aire libre, como el ejercicio físico, las de rehabilitación y las psicosociales y .garantizar la estricta separación entre los reclusos preventivos y los condenados. 

 Mientras, el informe que el Ministerio del Interior elevó a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Congreso incluyó un dato que augura un explosivo fin de año, con cárceles atestadas: cada semana ingresa un promedio de 100 condenados al Centro de Diagnóstico y Derivación, el órgano encargado de determinar el futuro sitio de reclusión. 

 Según a un asesor de la Comisión Legislativa en materia carcelaria, “muchos presos entran descalzos o semidesnudos” al recinto carcelario. Son algo más de 14 por día, lo que preanuncia que 2022 cerrará con 5.200 nuevos reclusos, llevando el total de presos a casi 20 mil. 

 Esto seguramente hará estallar a un sistema que ya padece un nivel de hacinamiento que en algunas cárceles supera el 120%. Con 14 presos en celdas que son para cinco. De las 24 horas del día solo una ven la luz del sol.

¿Así se pretende rehabilitar a una persona? ¿De esta manera se pretende que luego de cumplir su condena salgan a pedir trabajo, estando en condiciones infrahumanas, con adictos en abstinencia, con violencia extrema, enfrentamientos, casi cero programas de educación y de una historia personal, en su gran mayoría, que exhibe una educación formal mínima? 

 Al menos un 70% de la población carcelaria está en la lista de los “adictos a algo”. De esos miles, “sólo 254 reciben algún tipo de tratamiento de parte de equipos de trabajo altamente especializados pero que tienen carencias de todo tipo para abordar una tarea de semejante entidad”, dijo el experto en cárceles Jaime Saavedra.

 En lo que va del año 252 presos se quisieron suicidar y cinco lo lograron. En 2021 se reportaron 16 suicidios en cárceles uruguayas, una más que en 2020 y el doble que 2019.

 El Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por el incremento en el número de muertes registradas en las cárceles, que fue de un 79% en 2021. El examen observa un número muy alto de muertes “por falta de asistencia y tratamiento médico” en las personas con problemas de salud mental y pide investigar “de forma imparcial por un órgano independiente” todos los fallecimientos durante la privación de libertad.

 El comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo que el sistema es como «una manguera agujereada» y «pierde agua por todos lados». Petit plantea que el presupuesto carcelario debe aumentarse en un 20%. Por otro lado el Ministro de Interior Luis Alberto Heber, declaró que no hay recorte presupuestal sino que aumentó la población carcelaria. El chiste se cuenta solo. 

 Consultado sobre el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, también presentada por el ultraderechista Cabildo Abierto, integrante de la coalición de gobierno, Petit dijo: «Yo entiendo que ya existe en el Código del Proceso Penal todos los mecanismos para dar prisión domiciliaria. Yo creo que el Uruguay ya tiene mecanismos liberales, de Derechos Humanos, muy abiertos y posibles de usar”. 

 Reiteró que la propuesta planteada no es necesaria ya que es «un mecanismo que ya existe». Otra muestra de que cuando hay voluntad política se pueden lograr cosas. Lástima que en este caso Cabildo Abierto lo planteaba con el fin de liberar a represores de la dictadura. 

 El cuplé de la murga Diablos Verdes del 2003, “La cárcel de ricos y la cárcel de los pobres” sigue estando más vigente que nunca: «Donde el sistema penitenciario se desdobla /según su apellido y «clase social / «coronitas para algunos/ y para otros no hay piedad» 

 Quizá habría que preguntarse y reflexionar la inseguridad como un todo y no como un mecanismo lineal de un individuo que comete un delito (signado y definido por las leyes y la moral de la época, parafraseando a Michel Foucault), la policía lo detiene y la justicia lo envía a la cárcel. ¿Y después? 

 Petit lo plantea claro: “Tenemos la inseguridad que tenemos por el sistema penitenciario que tenemos.” 

 Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

ELN y negociaciones con el gobierno de Petro

7 de septiembre: ¿Lula entrega las calles a Bolsonaro?

Jair Bolsonaro 

El expresidente Lula da Silva formó un amplio frente que abarca desde el centroizquierda hasta los partidos burgueses de derecha. En el acto de toma de posesión de Alexandre de Moraes como presidente del TSE (Tribunal Superior Electoral), Lula y la exmandataria Dilma Rousseff estaban sentados junto a los expresidentes José Sarney y Michel Temer, demostrando que si por un lado tenemos un gobierno de ultraderecha [el de Jair Bolsonaro], por el otro tendremos un gobierno que dice ser de centro izquierda, pero que también es el representante de los intereses del gran capital contra las aspiraciones de trabajadores. 

 Si los apoyadores de Lula no se avergonzaron de la candidatura a la vicepresidencia de Geraldo Alckmin, de la foto al lado de Temer y Sarney, ni con el apoyo de André Ceciliano en Río [presidente de la Asamblea Legislativa en ese Estado], ya no pueden avergonzarse de más nada. 

 Bolsonaro, por su parte, no quiere soltar el hueso y amenaza con dar un golpe argumentando que existiría la posibilidad de fraude electoral [en los comicios presidenciales de octubre]. Está respaldado por empresarios deudores del BNDES (Banco de préstamos), sectores de las fuerzas armadas beneficiadas con privilegios gubernamentales, autoridades de la curia, pastores evangélicos, terratenientes y grupos milicianos. La peor basura de la sociedad. 

 Bolsonaro, en su caída, se volvió populista, intenta ganar votos con una ayuda de emergencia de 600 reales y con acusaciones de tipo religioso diciendo que si el petismo ganara cerraría las iglesias evangelistas. También está controlando el aumento de combustibles, dando bonos para los taxistas y tratando de controlar la inflación desenfrenada para evitar la vergüenza electoral. 

 Lo importante de esta caracterización es entender que las elecciones no ofrecen una solución al problema de la desigualdad social en Brasil.

 Si Bolsonaro no ha hecho absolutamente nada para ayudar a los millones debajo de la línea de pobreza, Lula no tiene un programa para la transformación social de Brasil e inclusive no tiene ninguna propuesta de recuperación de las conquistas obreras y sociales aplastadas por los gobiernos de Michel Temer y Bolsonaro. 

 La izquierda ligada al lulismo frenó todo tipo de movilizaciones de la clase obrera y de los explotados contra los ataques reaccionarios que imponían una “reforma laboral” y una “reforma de la seguridad social” que subyuga los derechos de los actuales y futuros pensionistas. 

 Lula ha salido incluso a enfrentarse a cualquier tipo de ilusión en este sentido: se ha hecho cargo de aclarar durante su campaña electoral y ante las cámaras empresariales que no derogaría las reformas anti obreras.

 Preventivamente, una parte considerable del imperialismo y el gran capital se ha ido definiendo por una nueva oportunidad para Lula contra el peligroso fanatismo golpista de Bolsonaro.

 La lucha contra el golpe

 La lucha contra el fascismo de Bolsonaro y el golpe se convirtieron en la forma disfrazada de justificar la constitución de un “frente amplio” del PT y los partidos de derecha burgueses. El rechazo contra Bolsonaro, que gana el apoyo de buena parte de la población, ha sido la brecha que encontraron los sectores oportunistas que se autodenominan de izquierda para justificar el voto a Lula sin ofrecer una alternativa. 

 En el PSOL (partido de centroizquierda), desde la dirección mayoritaria a sectores internos que están en contra de la dirección del partido (como los dirigidos por el diputado Glauber Braga) aceptan el frente amplio en apoyo al voto por Lula. 

 La campaña contra el golpe se convirtió en el eje de la campaña electoral. Lula explora este ángulo para evitar cualquier tipo de movilización independiente donde pudieran ser escuchadas reivindicaciones de lucha de las masas explotadas. Lula habló recientemente en Belo Horizonte de que se trata de una lucha entre “democracia o fascismo”. Con este slogan, se trata de diluir y subordinar las aspiraciones de las masas trabajadores en defensa de la “democracia”. Tendremos que desentrañar esta trampa. 

 La lucha contra el golpe y la movilización de las masas 

Para enfrentar realmente la amenaza golpista, las provocaciones y acciones de la derecha, es necesario movilizar a la clase obrera y las masas explotadas de Brasil. Y no se trata de la “unidad de acción” con las cámaras empresariales detrás de una carta o un manifiesto. 

 La movilización de las masas debe levantar sus propias banderas: demandas de salarios, contra la precariedad del trabajo, por la derogación de las reformas laborales y de seguridad social, los reclamos de comunidades de los pueblos originarios y campesinos, los derechos de las mujeres (derecho al aborto, etc.). 

 La lucha por la independencia de la clase obrera está en relación con el Estado burgués (ya sea “de ley” o fascista), la burguesía y sus partidos. Prevenir un posible golpe de Estado no será a través de cartas democráticas firmadas por las cámaras y partidos patronales, sino a través de huelgas y manifestaciones políticas masivas que desembocan en una huelga general. 

 Para el 7 de septiembre, aniversario de la independencia de Brasil, Bolsonaro convocó a movilizaciones masivas, confluyendo con desfiles militares, como demostración de fuerza militar y popular. Según versiones, Lula decidió realizar actos simbólicos para no “caer en provocaciones”.

 ¿Lula le da las calles a Bolsonaro? Él quiere mostrarse como un político cauteloso y sereno ante los ojos de la burguesía. 

 El Polo Socialista Revolucionario (un frente electoral encabezado por el PSTU) debe adoptar públicamente una estrategia de movilización independiente para colocar el centro de su agitación -en la campaña política electoral en curso- en la lucha por las banderas de los trabajadores y explotados. Esta tiene que ser la postura para los actos que ocurren en el próximo 7 de septiembre. Es hora de difundir nuestras ideas. 

 Política Revolucionaria 

Tribuna Classista

 Brasil

El gobierno de Boric detiene a líder mapuche

Héctor Llaitul 

¡Libertad a Llaitul y todxs lxs presxs políticxs. Desmilitarización del Wallmapu! 

 Alrededor de las 13:30 hs, en la comuna de Cañete se llevó a cabo la detención del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. El tribunal de garantía de Temuco emitió la orden de detención en el marco de una investigación iniciada en 2020 a raíz de una denuncia del gobierno regional de la época invocando la Ley de Seguridad del Estado (LSE), según las afirmaciones del fiscal actuante. Además de las imputaciones por LSE, norma que se usa para criminalizar la protesta social, se lo acusa de delitos comunes como robo de maderas, asociación ilícita, etc. 

 El gobierno de Gabriel Boric ha llevado a cabo en materia represiva una política de continuidad respecto del gobierno de Sebastián Piñera. La militarización del wallmapu contra el pueblo mapuche, protegiendo los intereses de las forestales, es una de las caras de esta orientación represiva que se complementa con la persecución y criminalización de luchadoras y luchadores. Así ha presentado querellas contra Llaitul recientemente y conforme las recientes declaraciones brindadas por la ministra del interior -Izkia Siches- ello le permitirá participar activamente del proceso penal contra el líder mapuche.

 Mientras se brinda apoyo político a las fuerzas represivas, resguardando la impunidad de la que gozan, se mantiene a decenas de luchadorxs presxs por luchar y se militariza el sur del país. Atrás quedaron las promesas de campaña en materia de derechos indígenas, presxs políticxs, refundación de Carabineros y castigo a quienes violaron derechos humanos. ¡Exigimos la libertad de Llaitul y todos los presos por luchar!¡Fuera los milicos del Wallmapu! 

 Olivia Campos

Paraguay: crisis política y podredumbre institucional

Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez 

La incorporación del vicepresidente paraguayo Hugo Velásquez y del exmandatario Horacio Cartes en un listado de “corrupción significativa”, elaborado por los Estados Unidos, ha desatado un tembladeral político en la nación guaraní. 

 Al conocerse las denuncias, Velásquez anunció su renuncia, pero luego se arrepintió, por lo que sigue en el cargo. El vice sí se retiró de la precandidatura a la presidencia para las elecciones de abril de 2023. Se lo acusa de haber ofrecido un soborno cercano al millón de dólares para bloquear una investigación en su contra. 

 Unas semanas antes, Washington había incluido en la misma lista a Cartes, sobre el que pesan distintas acusaciones, como contrabando de cigarrillos y lavado de dinero (el expresidente es dueño de la tabacalera Tabesa), y omisiones en su declaración jurada (no declaró una empresa hasta que los Pandora Papers deschavaron el caso). 

 Velásquez y Cartes pertenecen a dos facciones enfrentadas del Partido Colorado. El primero estaba, al menos hasta el estallido de este escándalo, alineado con el presidente Mario Abdo Benítez y era su delfín para las internas presidenciales de diciembre de este año y las generales de abril de 2023. Esta corriente se llama Fuerza Republicana y busca ahora un nuevo precandidato. Cartes, en cambio, lidera Honor Colorado, que promueve sus propios referentes. 

 Marcar el terreno

 La denuncia de los yanquis marca la cancha en un territorio que tratan como propio. En el mes de mayo, el avión venezolano de Emtrasur (ahora incautado en Argentina) estuvo en Paraguay, de donde se llevó días más tarde un cargamento de cigarrillos perteneciente a Tabesa, la empresa de Cartes. Poco después, surgieron denuncias de que el viaje encubría operaciones iraníes en el país guaraní, al estilo de la campaña que el imperialismo instigó en Argentina y llevó a la incautación de la nave y al accionar del FBI en Ezeiza, por autorización expresa del gobierno de Alberto Fernández. 

 El vice Velásquez, en tanto, había sido acusado en 2016 por congresistas norteamericanos de presuntos vínculos con el grupo libanés Hezbollah -que Washington cataloga como terrorista-, a raíz de un viaje por el Líbano del entonces diputado, y de una foto del mismo con presuntos referentes de la organización. 

 Esta semana, el subsecretario de Estado yanqui para el Cono Sur, Mark Wells, llegó a Asunción a reunirse con funcionarios. Los yanquis presionan y se manejan como si Paraguay fuera una colonia. Esto lo reconoció, despechadamente, el senador colorado “Beto” Ovelar, cuando afirmó que Estados Unidos “hace lo que quiere” y trata al país como una “república bananera”. Aunque esas palabras, cabe aclarar, fueron para defender al vice, sobre el que dijo que no hay pruebas en su contra en cuanto a las acusaciones de soborno (ABC Color, 23/8). 

 Con este mar revuelto, la interna colorada se ha recalentado en los últimos días. O, valga la metáfora, está al rojo vivo. El presidente del partido, que responde a la facción de Cartes, acusó al presidente Abdo Benítez de financiar su campaña política con dinero del narcotráfico y de la organización libanesa Hezbollah.

 Mientras tanto, los dos bandos se disputan la interlocución con el amo yanqui. Ante la visita al país de Wells, uno de los senadores de Honor Colorado acusó al Ejecutivo de excluir a su fuerza de los encuentros (La Nación de Paraguay, 24/8). 

 Crimen y narcotráfico 

Con independencia de las acusaciones cruzadas entre las facciones del Partido Colorado, y de los intereses y las operaciones políticas de los yanquis en la región, la corrupción y el crimen organizado están creciendo en Paraguay y esto es inconcebible sin la participación y la complicidad del Estado. En febrero, el ministro del interior Arnaldo Giuzzio fue destituido del cargo por nexos con el narcotráfico. 

 La hidrovía Paraná-Paraguay se ha transformado en una importante ruta de traslado de cocaína hacia Europa. Además, Paraguay ya no solo sería un lugar de transporte sino que también se elaboraría la droga en laboratorios manejados por la banda brasileña Primer Comando Capital (La Nación, 16/6).

 La trama del reciente crimen en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci tiene como principal sospechoso al uruguayo Sebastián Marset, actualmente prófugo. Marset es señalado como uno de los responsables del flujo de la cocaína por la hidrovía (ídem). El deficiente control en los puertos facilita el trabajo.

 En el país charrúa ha estallado una crisis, porque Marset logró escapar de Emiratos Arabes Unidos en 2021 -donde estaba detenido por tener documentación paraguaya falsa- gracias a un pasaporte a distancia emitido por autoridades del gobierno de Luis Lacalle Pou. Por esta razón, la oposición reclama la renuncia de dos ministros. En Paraguay, en tanto, el gobierno de Abdo Benítez es denunciado por haber brindado refugio a Marset (La Nación de Paraguay, 9/8). 

 Toda esta podredumbre reclama una intervención de los trabajadores.

 Gustavo Montenegro

Macron en Argelia: el imperialismo de hoy, el colonialismo de ayer

Macron y el presidente argelino Abdelmajid Tebbune 

El presidente galo Emmanuel Macron se encuentra en Argelia como parte de una visita que busca mejorar las relaciones bilaterales. Dos son los puntos principales de la agenda: el pasado colonial francés y los negocios energéticos, en medio del impacto dislocador causado por la guerra en Ucrania.

 Francia fue la potencia ocupante de Argelia durante 130 años. En 1962, el país africano consiguió la independencia, después de ocho años de guerra civil en que las fuerzas francesas y el grupo paramilitar Organización del Ejército Secreto (OAS, por sus iniciales en francés) dejaron más de un millón de muertos, según los historiadores argelinos. 

 Macron ha mantenido un discurso sinuoso en relación al tema. En 2017 calificó de “crimen contra la humanidad” el pasado colonial francés y ensayó un pedido de disculpas, pero en enero de 2021, cuando se reunió con el historiador Benjamin Stora, autor de un informe sobre la guerra, su oficina planteó que “no habrá arrepentimiento ni disculpas”.

 El año pasado, el jefe de Estado puso en duda en un encuentro con veteranos de guerra la existencia de una nación argelina antes de la ocupación francesa, lo que desató un roce diplomático con Argel. Por esos meses, Francia redujo los visados para argelinos y el país africano retiró su embajador en París, además de suspender el uso de su espacio aéreo a las naves galas que se dirigían a abastecer la Operación Barkhane en Mali. Pero el gobierno de Abdelmajid Tebbune levantó estas represalias al poco tiempo, prosiguiendo su cooperación con la ocupación imperialista en la región. 

 Negocios

 El planteo de Macron de una “reconciliación de las memorias” busca despejar un obstáculo para el desarrollo de los negocios capitalistas en la zona. Vale señalar que el mandatario es acompañado en su visita por una comitiva de empresarios.

 Uno de los puntos cruciales es la cuestión energética, dado que Argelia es un importante productor de gas y petróleo, más importantes que nunca ante el estallido de la guerra en el este europeo. París importa en la actualidad crudo desde el país africano, y aunque lo relativice, seguramente está interesado también en el gas. 

 Llegados a este punto, algunos medios hablan de una disputa entre los países europeos por ese producto. El gobierno de Tebbune suscribió recientemente un acuerdo con Italia para incrementar la provisión. Roma se habría cortado sola, dado que el gasoducto impulsado por España para conectar el territorio del norte africano con el continente está paralizado, en parte por los reparos del palacio del Elíseo. 

Argelia explota sus recursos naturales a través de la compañía estatal Sonatrach y de acuerdos con compañías extranjeras, como la italiana Eni. El petróleo y el gas han enriquecido a capitalistas extranjeros y a una minoría local, mientras las grandes masas argelinas están sumidas en la pobreza. 

 Además de discutir el problema energético, en las vísperas del invierno europeo, Macron intentará poner coto a la injerencia rusa en su “patio trasero”. Moscú abastece de armas a Argelia y viene ganando posiciones en el Sahel, donde París está en retroceso. Tras un empantanamiento militar de varios años y tensiones con la junta castrense que tomó el poder en el país, retiró sus tropas de Mali -aunque redirigió parte de ellas a Níger y Chad. 

 El FLN 

El Frente de Liberación Nacional (FLN), la fuerza que enfrentó a los franceses en la guerra de independencia, se fue transformando con el tiempo en colaboradora del imperialismo, al punto de brindar apoyo logístico a la misión francesa en el Sahel, como ya señaláramos previamente. Los roces con París por el pasado colonial son usados por el régimen para recuperar una autoridad política perdida. 

 En 2019, una rebelión popular derribó al gobierno de Abdelaziz Bouteflika, aunque no pudo quebrar el dominio político de las fuerzas armadas. Un proceso electoral amañado, de escasa participación, le dio la victoria electoral ese año a Tebbune, un hombre del régimen, quien impulsó más tarde un referéndum de modificación constitucional, también con poca asistencia a las urnas. 

 Tebbune ensayó una política de cooptación y represión del Hirak, el movimiento que estuvo a la vanguardia del levantamiento y que boicoteó los posteriores comicios presidenciales y constituyentes. No pudo acercar a los activistas, pero hizo un tremendo daño con las detenciones masivas, a lo que se sumó el impacto de la pandemia. Esto ha llevado a un fin de las movilizaciones callejeras. 

 La visita de Macron a Argelia se encuadra en una agudización de las disputas entre las potencias a nivel global. A ambos lados del Mediterráneo, los trabajadores tienen la tarea de enfrentar sus regímenes políticos y la guerra imperialista. 

 Gustavo Montenegro

La Seguridad Social en el Carnaval Charla Informativa

Reino Unido: el puerto de Felixstowe se suma a la huelga por aumento de salarios

Dos mil trabajadores del mayor puerto de carga del Reino Unido se sumaron este domingo, en principio hasta el próximo 29 de agosto, a las huelgas contra la inflación y por aumentos de salarios que recorren Europa. Los trabajadores rechazaron en asamblea la oferta salarial de solo el 5% frente al más del 17% de inflación que se proyecta para este año en Inglaterra. 

 Se trata de la primera huelga en el puerto de Inglaterra desde 1989. La huelga de Felixstowe, además de los paros registrados esta semana en los trasportes públicos, metro de Londres o correos, configuran según analistas “un movimiento social que podría durar más allá del verano y extenderse a los funcionarios de la educación y de la salud, donde los sindicatos han calificado de miserables las ofertas de aumentos salariales” (Infobae, 18/8).

 Felixstowe Dock and Railway Company es propiedad de CK Hutchison Holding Ltd., con sede en Hong Kong y que controla 52 puertos en todo el mundo, entre ellos, la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires donde mantiene un conflicto con el gobierno de los Fernández con una huelga de 800 trabajadores desde hace casi 2 años. El puerto de Felixstowe (ubicado en el este de Inglaterra) opera casi la mitad de la carga de contenedores que ingresa al país y la acción de los trabajadores portuarios podría significar que los barcos tengan que ser desviados a puertos en otros lugares del Reino Unido, con el consecuente aumento de los costos logísticos. 

 A la huelga de Felixstowe se podría sumar la huelga (ya votada) de los más de 500 operarios portuarios de los muelles de Liverpool en oposición a la oferta salarial del 7% de Mersey Docks and Harbour Company (MDHC). Si los estibadores en Felixstowe y Liverpool tomaran medidas de huelga de conjunto, alrededor del 60% del tráfico de contenedores de Gran Bretaña se vería afectado. 

 Distintos medios de Inglaterra informan que hay temores de que la huelga de los trabajadores pudiera afectar el suministro de alimentos y bebidas, productos minoristas y comerciales para la Navidad. 

 La disparada de precios en Inglaterra y en toda Europa son consecuencia de la guerra de la OTAN que ahora se extiende hacia Asia. El gobierno de Boris Johnson se despide con la mayor huelga de transportes desde 1989, que ha afectado también al sector del ferrocarril. La huelga de los portuarios se inscribe en una política de movilización y huelgas de la clase obrera en todo el mundo. 

 Lucas Benvenuto

 23/08/2022

24 de agosto, Día del Lector: cantar y contar historias, la importancia de que un pueblo lea

Llevar la palabra oral de manera sostenida y acercarnos a los más pequeños de distintas maneras y que esas maneras permitan transmitir el afecto, historias narradas que nos ponen en sintonía afectiva con ellos, por medio de juegos, poesías, cantos, nanas y arrullos, da riqueza a la vida a través de la palabra.

 Los primeros acercamientos a las letras vivas se realizan por medio de las canciones de cuna, desde la afectividad de quien la canta y quiere regalar al pequeño un velo de protección, un manto sonoro, llevándolo así a disfrutar del descanso a través de la melodía, independientemente de la letra. Es aquí donde ese ser independiente de quien le acerca el cantar comienza a entrelazar emociones, a desarrollar la creatividad y el deseo de transformar el entorno mediante su imaginación, su sensibilidad y su comunicación por medio de gestos, sonidos y efectos.

 Estas experiencias, por medio de la palabra, son las primeras que se construyen con un otro, un primer acercamiento, donde el que lee busca un otro para construir una relación simbólica, de ahí la importancia de las experiencias lectoras. No es raro ver que un pequeño entregue su libro a un “grande” para que se lo lea. Es una manera de comenzar a construir su relación con los demás.

 El acercamiento a los libros es también una forma de conectar generaciones: recordar arrullos propios mientras los compartimos, acercarles poemas, nanas, evocar los libros y recuerdos de historias contadas en nuestra propia infancia. Los más chicos necesitan de adultos que lean para ellos, que les cuenten historias, les abran mundos, les muestren libros emocionantes y compartan estribillos que se vienen a la mente.

 El lenguaje como instrumento del pensamiento

 Es aquí donde debemos luchar por una mayor educación, pensando en todo lo que abarca la frase “buena educación”, pasando por lo edilicio, la alimentación, calefacción en invierno y ventilación en verano, para que nuestros chicos en las escuelas puedan concentrarse y estudiar mejor. Una educación donde se corrijan las expresiones erróneas, que lleve a un enriquecimiento del lenguaje de la clase obrera, en todos los términos, preservando la riqueza de este tanto en claridad como agudeza.

 El lenguaje sigue siendo la expresión inmediata del pensamiento en un momento histórico dado, como el que estamos atravesando, en donde esta comprensión depende de la pertenencia de clase y experiencia material de cada individuo. La lectura debe realizarse en forma crítica, pero para aprender debemos sumirnos en los libros, porque el conocimiento real hoy está en los libros, porque el lenguaje hegemónico está en los textos y para eso hay que aprender a leer. Es lo que permite a los trabajadores formarse una conciencia de clase, una conciencia crítica de la sociedad y, en ese ejercicio de la lectura y en compartir esas lecturas, debatir y comprender lo que se lee y de este modo enriquecer el conocimiento del trabajador, además de formar un pensamiento crítico. 

 Ya que la cultura se mantiene a través de la economía, los bienes culturales son los primeros en dejar de estar al alcance de la clase obrera. El precio de los libros es un límite cultural y la lucha por este acceso va más allá del objeto libro, porque implica llegar a ser un pueblo que sepa leer y escribir y así no ser avasallado. 

 Lali Martínez 

 24/08/2022

El Estado y la Revolución - Lenin

La libertad imposible: El caso Assange

Fuera el FBI de la Argentina

Una intromisión imperialista, gestionada por un funcionario K.

 Siguiendo un requerimiento de la justicia norteamericana, el juez Federico Villena ordenó la incautación del avión venezolano que está varado en el país desde comienzos de junio. Inmediatamente después de la resolución de Villena, agentes del FBI hicieron una inspección de la nave en Ezeiza, donde la misma quedará retenida, acompañados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

 Asistimos a un acto vergonzoso de cipayismo del gobierno argentino. El viceministro de justicia Juan Martín Mena, ligado al kirchnerismo, es quien transmitió la requisitoria estadounidense a Villena. El gobierno actúa a pedido de Washington y el Mossad (los servicios secretos israelíes), en un proceso marcado por la arbitrariedad y la falta de pruebas, e ignorando el pedido venezolano de devolución de la aeronave. 

 En junio, arribó al país el avión de la firma venezolana Emtrasur como parte de un vuelo comercial que transportaba autopartes de una firma mexicana. Fue retenido, en medio de acusaciones de una posible vinculación de los tripulantes con acciones terroristas. Hasta hoy, los 19 integrantes del vuelo -iraníes y venezolanos- permanecen retenidos sin poder salir de la Argentina.

 La resolución del juez norteamericano Michael Harvey que ordena la incautación se basa en que la nave venezolana fue adquirida a la firma iraní Macan Air violando las leyes estadounidenses, que establecen que Washington debe autorizar antes ese tipo de operaciones, debido a las sanciones vigentes. Así como suena: Estados Unidos se arroga el derecho de supervisar y eventualmente vetar una operación comercial entre firmas de dos Estados soberanos. 

 En lugar de poner en tela de juicio las sanciones del imperialismo contra Venezuela e Irán, el gobierno argentino sigue el libreto norteamericano, permitiendo además que el FBI actúe a sus anchas en Ezeiza. 

 La tripulación, en tanto, permanece retenida desde junio. Pese al circo mediático, que vincula al piloto a la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica del Estado iraní y al Hezbollah de Líbano, la causa estaba empantanada en julio “ante la ausencia de datos claves que permitan confirmar la participación en actos de terrorismo internacional del piloto y los otros 18 tripulantes” (Infobae, 17/7). Los nombres de los tripulantes no están en ninguna base de datos sobre terrorismo global (ídem).

 El acto de cipayismo del gobierno y la justicia argentina se produce a pocos días del viaje del nuevo ministro Sergio Massa a Estados Unidos, donde se reunirá con el FMI, cuyas metas de ajuste el gobierno se apresta a cumplir.

 Rechazamos la incautación del avión venezolano y reclamamos su devolución a Caracas. Abajo las sanciones del imperialismo contra Cuba, Venezuela e Irán. 

 Gustavo Montenegro

Bomba de tiempo en Kosovo

La reciente crisis a finales de julio entre las autoridades separatistas de Kosovo y el gobierno de Serbia es otra muestra del alcance mundial de la guerra en curso. 

 La chispa fue la iniciativa de las autoridades kosovares de desconocer los documentos oficiales emitidos por las instituciones serbias, tales como documentos de identidad, autos privados, etc. y poner una fecha límite para su reemplazo por documentos de emisión kosovar. Esto fue entendido como una provocación y un pretexto para perseguir y acosar a la población serbia, que es minoría en la región de Kosovo, donde los albaneses constituyen una mayoría.

 La crisis se disparó finalmente en la noche del 31 de julio, cuando las Fuerzas de Seguridad de Kosovo, la formación militar (como en Ucrania, también entrenada y equipada por la OTAN) que responde al gobierno kosovar, y la policía de Kosovo comenzaron a detener y confiscar autos de serbios residentes que mantenían patentes serbias. Al mismo tiempo, cuando estas fuerzas también se aprestaban a ingresar a diferentes pueblos serbios, fue respondido por las poblaciones con barricadas y enfrentamientos que dejaron algunos heridos y muertos. Por su parte, las unidades del ejército serbio se posicionaron cerca de la ´frontera´ con Kosovo, lo que llevó a que las unidades de la OTAN allí apostadas desde hace décadas declararan que estaban preparadas para enfrentar a los serbios (TRT World, 31/7). En la misma noche, el presidente nacionalista serbio, Vucic, anunció una solución temporal de compromiso que consta de un aplazamiento por parte del gobierno kosovar de la fecha límite de la imposición de nuevos documentos para el próximo 1 de septiembre. Más allá de esto, no hay solución o negociaciones en progreso que se conozcan de manera pública. 

 La relación de este episodio con la guerra en Ucrania es absoluta: Serbia es de los pocos países europeos que no adhieren al régimen de sanciones económicas contra Rusia y tampoco ha condenado la invasión. No es de sorprender, por lo tanto, que la Federación Rusa sea el único apoyo militar de Serbia, completamente rodeada de países de la OTAN (y, en el pasado, bombardeada por ella). Al comenzar la invasión rusa, el parlamento de Kosovo mandató al gobierno a comenzar el proceso formal para su integración a la OTAN (Reuters, 3/3). A principios de junio, estos vecinos que rodean a Serbia bloquearon una visita oficial de Lavrov negándole el paso por su espacio aéreo a un avión diplomático (Al Jazeera, 6/6).

 Parece claro que la OTAN planea hacer un uso oportuno de la crisis desatada a partir de la guerra en Ucrania para zanjar la cuestión de Kosovo por la vía de los hechos, a sabiendas de que está jugando con fuego sobre piso cubierto de pólvora. Una nueva guerra de Serbia contra el separatismo kosovar inevitablemente tendrá ramificaciones en países vecinos, que a su vez tienen regiones enteras donde la población serbia es mayoría, como Montenegro o Bosnia, y en algunos casos las tendencias separatistas están muy extendidas. Todas las contradicciones heredadas del proceso de despedazamiento de la vieja Yugoslavia volverán a volar por los aires. 

 Leib Erlej 

 17/08/2022

La OTAN extiende la guerra imperialista a Asia

No han pasado seis meses desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la guerra se ha extendido al sudeste de Asia y concretamente a China y su entorno geopolítico. En un caso como en el otro el escenario bélico ha sido construido en forma sistemática por parte de la OTAN, incluida la violación de compromisos y acuerdos internacionales. En el caso de Ucrania se trata de las promesas de neutralidad del país como contrapartida de la obtención de su independencia, enseguida después de la disolución de la Unión Soviética. De la formación inicial de la Comunidad de Estados Independientes, entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia, se pasó a la presión para integrar a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, en un modelo similar al seguido con los Estados desprendidos de la ex Yugoslavia, donde también se anuncian guerras, como amenazan Serbia y Kosovo. La OTAN ha estado detrás de los golpes de Estado que voltearon a los gobiernos prorrusos y de la guerra ulterior contra las regiones que desafiaron estos resultados. Este desarrollo político quebró, contradictoriamente, la intención de Rusia de integrar ella misma la OTAN, su expulsión del llamado G-8 y, más adelante, ha llevado a la crisis terminal del G-20. La integración de los ex Estados ‘socialistas’ a la economía y la política mundiales perdió rápidamente su carácter ‘pacífico’, para adoptar ahora el de una guerra mundial en desarrollo. 

 Lo mismo ha ocurrido en los mares vecinos a China, donde se ha instalado la 7° Flota de Estados Unidos, acompañada, recientemente, por la firma de una alianza militar contra China entre Estados Unidos, Australia y Japón. El acuerdo Nixon-Mao, de 1972, que reconocía a Pekín como el único representante de China y le otorgaba el acceso al Consejo de Seguridad de la ONU, con derecho a veto, se ha convertido en un simple papel. Estados Unidos ha emprendido una acelerada militarización de Taiwán, a la que pretendió con anterioridad convertir en una cuña de la restauración capitalista de China, como ya lo había hecho con Hong Kong, una de las principales plazas financieras internacionales y fuente de financiamiento económico del territorio continental. La cadena de producción de semiconductores (chips), piezas fundamentales del proceso electrónico, arranca con el diseño en EE. UU., sigue con una fase de manufactura en Taiwán y culmina en la propia China. La industria más importante de China, Foxcom, que produce los componentes del iPhone de Apple, es de capitales taiwaneses. El núcleo principal de las cadenas de producción internacionales son las que ligan a China y Estados Unidos. El desarrollo de las escalas de valor añadido de la producción de China ha llevado a un conflicto irremediable con el capital internacional y con las potencias imperialistas. 

 La visita de la presidenta de la Cámara de Diputados de EE. UU., Nancy Pelosi, segunda en la sucesión presidencial, a Taiwán, en un avión de las fuerzas armadas norteamericanas, tuvo lugar a pesar de las advertencias de China a EE. UU. de que ella constituía una violación del reconocimiento del gobierno de Pekín como único representante de China, o sea, incluida Taiwán. El viaje se realizó a pesar de la oposición de un sector del gobierno norteamericano y de lo altos mandos, que entendieron que acercaba a China con Rusia en el marco de una guerra irresuelta en territorio europeo. El gobierno de Pekín ha rechazado la incorporación de Ucrania a la OTAN y las sanciones contra Rusia, pero ha evitado un choque abierto con Washington y la Unión Europea (aunque ha roto toda relación comercial con Lituania por facilitar las exportaciones a Taiwán por parte de capitales alemanes, desde su territorio). Con el propósito de Washington de llevar la guerra de Ucrania a Moscú, Biden advirtió a XI Jinping contra la continuidad de la alianza de China con Rusia y, en una instancia última, con proporcionar ayuda militar –aunque es Rusia, en realidad, la que provee armamento sofisticado a China-. El viaje de Pelosi ha mostrado la intención de un sector del “establishment” norteamericano de forzar a Pekín a abandonar su rol de mercado alternativo para el petróleo ruso y la utilización del yuan chino y el rublo ruso para esquivar las sanciones financieras contra Rusia. Ha dejado al desnudo, por implicancia, la intención de intensificar las acciones militares de la OTAN en Ucrania, cuyo ejército y fuerzas territoriales ya utilizan enteramente armamento de EE. UU., Gran Bretaña y Alemania, lo que derriba por completo la especie de que en Ucrania se esté librando un combate por la independencia nacional. Se trata de misiles de largo alcance, aviones de combate y de un creciente uso de la inteligencia artificial para detectar y destruir objetivos enemigos.

 La respuesta de China al viaje de Pelosi fue una exhibición de capacidad extraordinaria para bloquear el estrecho que separa a la isla del territorio continental, o sea, bloquear integralmente a Taiwán. China utilizó fuego real y disparó misiles en torno a la isla, con todas las características de un simulacro de invasión. Dejó planteada, por estos medios, la posibilidad de cortar el comercio internacional en una de las zonas más concurridas del mundo. Repitió esta operación varios días después, cuando una delegación de legisladores estadounidenses se trasladó a Taiwán, nuevamente en transporte militar. El vicealmirante de la 7° Flota, Karl Thomas, desaprobó la falta de respuesta militar de EE. UU. a las operaciones de China, caracterizando que se estaba aceptando una “nueva normalidad”. El desafío público a la conducta del alto mando militar norteamericano pone al descubierto el desarrollo de una crisis política inconfundible en el régimen político estadounidense.

 Estos enfrentamientos han expuesto una tendencia que ya se ha manifestado con la irrupción de la pandemia, que es la crisis en las cadenas de producción internacionales que marcaron el punto alto de la llamada ´globalización´. Se trata de una escalada de la guerra económica, porque convierte a las alianzas en enfrentamientos. Esto ocurre cuando la economía internacional transita por una nueva etapa de la crisis financiera, ocasionada por el sobreendeudamiento de Estados, de un lado, y empresas y bancos, del otro, en un marco de caída de la liquidez y el financiamiento internacionales. La exportación de capitales por parte de China, para superar el estrechamiento del mercado interno y contrarrestar la caída de la tasa de beneficio, ha sido acompañada por una política de bloques comerciales que acentúan el conflicto con Estados Unidos y la Unión Europea. Los acuerdos conocidos como la Ruta de la Seda buscan una salida para a las grandes constructoras, que atraviesan en China una crisis monumental. La constructora Evergrande, con una deuda impagable de 300.000 millones de dólares, no ha podido presentar un plan de reestructuración, lo que ha afectado a todo el mercado inmobiliario y a los bancos, y ha dejado un gigantesco stock de edificios y viviendas sin terminar. Las auditoras de la compañía están siendo acusadas de fraude contable. El PBI se ha estancado y se asiste a una salida creciente de capitales. De otro lado, se asiste a una cadena de defaults de los países involucrados en la Ruta de la Seda. El desarrollo del capitalismo en China enfrenta un enorme impasse. Se desarrolla una lucha despiadada por el reordenamiento económico mundial, que es como el capital busca contrarrestar su proceso de disolución.

 La guerra imperialista, en tanto explosión extrema de las contradicciones capitalistas, plantea objetivamente la creación de situaciones revolucionarias y contrarrevolucionarias. Ambas tendencias están presentes, en diverso grado y en diferentes países. Las rebeliones populares se conjugan con motines fascistas, como el asalto al Congreso norteamericano. De aquí la importancia de la caracterización de la guerra. Se da la curiosidad, entonces, de que la guerra imperialista es vista por el conjunto de la izquierda como una guerra antiimperialista. Un sector interpreta que se trata de la lucha por la independencia de Ucrania frente a la invasión rusa; el otro, que se trata de la independencia de Rusia, amenazada por la guerra de la OTAN. Trasladado a China, para unos es la justa lucha de ésta por la reunificación nacional, para otros es un asalto contra la autodeterminación de Taiwán. Cada uno de los bloques imperialistas estaría librando un combate por los derechos nacionales. 

De aquí que unos y otros levanten consignas nacionalistas, aunque de signo contrario. La frase “la guerra imperialista contra Rusia y China”, deja en el pincel la caracterización de la guerra que libran Rusia y China. Pero estas últimas, donde se ha impuesto la restauración capitalista, van a la guerra en defensa de las clases que han impuesto esa restauración, no en defensa de los trabajadores explotados por aquellas. En este sentido concreto, libran una guerra imperialista en sus propios términos. En el caso de Rusia es una guerra de sometimiento de Ucrania y un mayor sometimiento de los trabajadores de Rusia; de parte de China sería de sometimiento de Taiwán y el sometimiento mayor de la clase obrera de China. Sobre esta base, no se excluyen nuevos acuerdos con la propia OTAN. En este sentido, de nuevo, concreto, es una guerra imperialista mundial que apela como respuesta a la revolución socialista internacional. La guerra en curso no exime, de un modo u otro, a ninguna nación del planeta.

 Jorge Altamira 

 17/08/2022

Salman Rushdie, el atentado y su instrumentación

Rushdie fue atacado cuando iba a dar una conferencia 

El atentado contra el escritor de origen indio Salman Rushdie, en una localidad del Estado de Nueva York, cuando se disponía a dar una conferencia, ha desatado una enorme repercusión en la literatura y la política internacional. 

 El autor de “Los versos satánicos”, una obra de 1988 que fue considerada como blasfema por el clero y los gobiernos de países musulmanes, quedó gravemente herido tras ser apuñalado por un joven norteamericano de origen libanés. En el momento de su publicación, una fatwa (edicto) del ayatollah Ruhollah Khomeini había instado a los fieles a “ejecutar al autor del libro, los editores y aquellos que conocen su contenido, con el objetivo de que nadie insulte a las santidades islámicas”. Incluso se ofreció una recompensa.

 El ataque y la persecución que ha sufrido Rushdie desde la aparición de su novela merecen la más enérgica condena por tratarse de una acción oscurantista y reaccionaria. Defendemos la más amplia libertad artística, incluyendo el derecho a la blasfemia, si fuera el caso.

 Hecha esta aclaración, hay que alertar el operativo que está en marcha por parte de sectores del imperialismo. El sitio informativo Vice News ha echado a correr la versión de que el atacante tuvo nexos con la Guardia Revolucionaria islámica de Irán, con el propósito de involucrar a ese Estado en los hechos. Lo hace sin pruebas, en base a un anónimo, que para peor es un funcionario de la Otan de un país europeo, es decir, de la alianza que invadió Afganistán en 2001. 

 Tanto el presidente estadounidense Joe Biden como el francés Emmanuel Macron han presentado la cuestión como una especie de combate entre los valores democráticos del mundo occidental y el “extremismo”. Nada más falso que esta afirmación. El imperialismo norteamericano y europeo es una fuente inagotable de invasiones de pueblos (Cuba, Panamá, Argelia, Libia, Somalia, el Sahel, Irak, Vietnam, etc.), sostenimiento de dictaduras (de Pinochet y Videla en la Argentina en los ‘70 a al Sisi en Egipto en la actualidad), y de recorte de las libertades democráticas en sus propios territorios. 

 Cuando se produjo el deleznable atentado contra la redacción de la revista Charlie Hebdo, en Francia, como represalia por publicar caricaturas de Mahoma, el Estado francés invocó la libertad de expresión para, acto seguido, desplazar el Ejército en la calles con el pretexto del terrorismo. Este incremento represivo lo sufrirían más adelante, por ejemplo, los Chalecos Amarillos. 

 Biden y Macron instrumentan el ataque contra Rushdie en función de la política reaccionaria en toda la línea del imperialismo. No puede haber confusiones sobre este punto.

 El escritor y su mundo 

Rushdie nació en 1947 en la India y vivió algunos años en la vecina Pakistán. Se licenció en artes e historia en la Universidad de Cambridge y en 1975 publicó su primera novela, “Grimus”, basada en un indígena americano que logra la inmortalidad.

 En 1981, abordó el período que va desde el fin de la etapa colonial en la India hasta el gobierno de Indira Gandhi en “Hijos de la medianoche”, a través de un telépata nacido la noche misma de la independencia. De gran éxito, Bollywood, el Hollywood indio, la llevó al cine en 2012.

 Su obra cultiva, según sus conocedores, el realismo mágico y la reelaboración de los clásicos (un interesante resumen de su bibliografía se puede consultar en “Imaginación, audacia y sensibilidad, en un recorrido por la obra de Salman Rushdie”, La Nación, 16/8). En 1999, en “El suelo bajo sus pies”, reversionó el mito de Orfeo y Eurídice. En 2020, publicó un “Quijote” que tiene como protagonista a un viajante farmacéutico. 

 En “Los versos satánicos” (1988), su obra de mayor repercusión, dos personajes de origen indio llegan a las costas británicas tras sobrevivir a un atentado aéreo, en épocas de Margaret Thatcher. En el capítulo 2, el profeta Mahound (un nombre con el que se designaba a Mahoma en la Edad Media) resulta engañado por el Diablo, en una trama en la que algunos consideran que se lo ridiculiza. 

 Además del edicto con la condena mortal, en alrededor de veinte países se prohibió el libro. El autor debió vivir oculto durante mucho tiempo. Ante la publicación del material en Estados Unidos, una protesta frente al Centro Cultural norteamericano en Islamabad, Pakistán, se saldó con cinco muertos como producto de la represión policial. 

 El autor se define como ateo. En una entrevista de 1989, señaló: “no creo en entidades sobrenaturales sean estas cristianas, judías, musulmanas o hindúes”.

 Las grandes potencias han tratado de tenerlo cerca. Fue distinguido por el gobierno francés y en 2008 nombrado caballero del Imperio Británico por la reina Isabel II. Actualmente reside en Estados Unidos. 

 Bumerán 

Si los detractores de Rushdie pretendían silenciar la obra, han logrado el efecto contrario. “Los versos satánicos” tuvo una extraordinaria difusión y, desde el atentado, el autor encabeza las ventas de libros. 

 Algunos intelectuales lo toman ahora como un estandarte. Bernard-Henri Lévy, filósofo francés, lanzó una campaña por el Nobel. La escritora Rosa Montero propone comprar sus libros como gesto de solidaridad.

 En los múltiples pronunciamientos del mundo artístico se mezcla desde una genuina defensa de la libertad de expresión y el ateísmo hasta la propaganda imperialista y la islamofobia. Habrá que saber separar la paja del trigo. 

 Gustavo Montenegro

El robo de riquezas por bancos occidentales

Muchas naciones se están dando cuenta de que no se pueden guardar riquezas en los bancos occidentales porque algunas de estas instituciones se han especializado en adueñarse y robar sus tesoros mediante cualquier excusa.

 Desde hace varias décadas estos hechos de latrocinio y rapiña se han sucedido continuamente en los que aparecen envueltos bancos de Estados Unidos y de Europa los cuales se han adueñado del capital soberano de otros países. 

 El hecho más reciente ocurrió cuando el pasado mes de julio el Tribunal Superior de Gran Bretaña falló a favor del autoproclamado presidente fantasma de Venezuela Juan Guaidó, para entregarle el oro que el gobierno de Caracas guarda desde hace años en el Banco de Inglaterra.

 La magistrada Sara Cockerill decidió, sin apego a las leyes jurídicas internacionales, que la Junta de Guaidó ganó un litigio interpuesto en esa instancia bajo la excusa de que las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela (que había dado la razón a Caracas) no son reconocidas por la justicia británica.

 El Banco Central de Venezuela (BCV) rechazó “el insólito pronunciamiento del tribunal británico que, una vez más, de forma subordinada a las decisiones de política exterior de la Corona británica, socava las legítimas potestades de administración de las reservas internacionales de la República Bolivariana de Venezuela”. 

 El documento del BCV puntualizó que dicha decisión judicial “violenta el Estado de Derecho Internacional y el orden constitucional y legal venezolanos al pretender desconocer las autoridades legítimas del ente emisor para justificar el entramado criminal que permita la apropiación indebida de las reservas internacionales de Venezuela”

 El presidente Nicolás Maduro denunció que el Reino Unido “roba de manera descarada el oro venezolano” y que “el mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres, ni en el Banco de Inglaterra”. 

 En el pasado reciente abundan los hechos de esa índole como explica una investigación de Sputnik. Hace 43 años, en 1979, cuando el triunfo de la revolución en la República Islámica de Irán, los activos de la nación persa fueron cortados por Washington, prohibió las importaciones de petróleo iraníes y congeló unos 11 000 millonesde dólares en activos — unos 35 350 millones de dólares en la actualidad, teniendo en cuenta la inflación. 

 Rompiendo cualquier regla internacional y con las mañas de una potencia imperial, un tribunal de Nueva York ordenó que esos activos iraníes se utilizaran para indemnizar a las víctimas del 11 de septiembre de 2001, sin que existiera ni el más mínimo indicio de que la República Islámica estuviera involucrada en los ataques terroristas. 

 Además, más de 15 000 millones de dólares de Teherán se destinaron en 2004 a la reconstrucción “fantasma” de Irak después de la invasión estadounidense. En esta última nación árabe desaparecieron de sus arcas miles de millones de dólares de las reservas del país. 

 Caso similar ocurrió con los 7 000 millones de dólares del Banco Central de Afganistán depositados en instituciones financieras estadounidenses. La Casa Blanca, en febrero de 2022 ordenó disponer de esos fondos para “ayudar” a las víctimas del 11 de septiembre. 

 En Libia, tras la invasión de la OTAN, con la anuencia plena de Estados Unidos, 13 000 millones de dólares fueron congelados en un banco belga y posteriormente desaparecieron, según señaló la revista belga Le Vif. 

 En esa misma línea, por una orden de la Corte Penal Internacional, más de 1 000 millones de euros de la nación árabe resultaron confiscados en Italia, mientras Washington realizaba una operación similar con 30 000 millones de dólares que se hallaban en bancos estadounidenses. 

 En instituciones británicas la cifra de activos libios de los que no se saben su paradero, asciende a 12 500 millones de dólares. 

 En el caso de Cuba, por el bloqueo económico, comercial y financiero, le fueron congelados desde 1963, más de 245 millones de dólares en bancos estadounidenses los cuales han ido despareciendo porque las distintas administraciones de esa nación les han entregado a miembros de la mafia cubanoamericana radicada en Miami mediante juicios espurios. 

 También se han frisado propiedades y cuentas bancarias pertenecientes al Estado, a entidades y a personas naturales cubanas, transferencias realizadas a Cuba por entidades y ciudadanos extranjeros, e incluso premios en metálico obtenidos por cubanos en concursos o eventos deportivos internacionales y herencias. 

 Pero si hasta 2021 Estados Unidos y Europa Occidental habían realizado esos timos contra naciones en desarrollo, ahora se han lanzado a Rusia, una potencia política, económica y militar. 

 Después de que Moscú lanzó la operación militar especial en Ucrania, con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar al país vecino, Washington y sus aliados occidentales bloquearon activos rusos por unos 300 000 millones de dólares, cerca de la mitad de las reservas internacionales del gigante euroasiático. Ese dinero es el que han pagado durante años los países occidentales por las importaciones de gas ruso. 

 El ministro de Exteriores, Serguei Lavrov catalogó de “robo” esa acción y si se concreta, dijo, «sería la destrucción de la propia base de las relaciones internacionales y golpearían a los propios europeos, al sistema financiero y socavarían la confianza en Europa y en Occidente en general, porque es una arbitrariedad total parecida a la ley de la selva». 

 Y podríamos preguntarnos, ¿hasta cuándo se permitirá que sigan ocurriendo estos impunes desfalcos? No cabe la menor duda que se necesita un nuevo orden económico, financiero, jurídico, y sobre todo, moral que detenga esas arbitrariedades.

 Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Seguridad social. Hay que enfrentar la reforma neoliberal

Finalmente el presidente Lacalle presentó su anteproyecto de reforma de la seguridad social. No hubo mayores sorpresas; aunque pueda tener cambios, se trata de una propuesta regresiva y privatizadora que eleva la edad de jubilación hasta los 65 años. 

 Tal como lo venía anunciando desde hace unos meses el presidente Lacalle finalmente presentó su proyecto de reforma de la seguridad social. 

 Aún resta un largo camino por delante ya que aún no hay acuerdo con los socios de la coalición y además el objetivo es que salga con el apoyo de la oposición.

 Por más que quieran presentarla como una reforma beneficiosa, todo el régimen político sabe que se trata de una reforma antipopular, y nadie quiere pagar el costo político de su aprobación. 

 Las principales propuestas de la reforma de Lacalle 

 Si bien la llamada “comisión de expertos” ya había anticipado aspectos claves del proyecto, con la presentación formal del gobierno se conocen concretamente las propuestas que impulsan. Entre otros aspectos podemos destacar que: 

 Se eleva (en un periodo de 5 años) los años que los y las trabajadores tendrán que trabajar para jubilarse, llevándose a 65 años. Además de esto, se prevé que a partir del 2037 se podrá aumentar aún más esta edad, según aumente la esperanza de vida. Se trataría de un reajuste bianual y estaría determinado por un simple decreto del Poder Ejecutivo. 

 Si bien se plantean algunas excepciones a este aumento de la edad jubilatoria el Semanario Brecha recogió la opinión de Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS, quien señaló que si bien hay sectores que podrían continuar jubilándose con 60 años(la construcción y los rurales) solo abarcaría a “trabajadores que a la fecha de entrada en vigencia de la reforma tengan 45 años o más, acumulen al menos 20 años de trabajo en esos puestos y ocho de los cuales tendrán que haberse cumplido en los últimos diez años de su vida laboral”. 

 El aumento de la edad también tendrá un efecto negativo sobre el empleo que impactará tanto en los jóvenes que se encontraran con mayor competencia, como en las personas mayores que tendrán dificultades en conseguir empleo a edad avanzada y correrán el riesgo de no llegar a los años necesarios de aportes.

 Mientras que actualmente se toman en cuenta para el monto de la jubilación los sueldos de los 10 últimos años o los mejores 20, el proyecto prevé tomar como referencia un promedio de los últimos 25 años. Esto implícitamente lleva a una rebaja de jubilación ya que influye los primeros años de la carrera laboral cuando en general los sueldos son más bajos.

 Generaliza el llamado ahorro individual obligatorio, extendiéndose el régimen de las AFAPs a todos los subsistemas, con un cambio en la distribución de aportes de los trabajadores: del 15 por ciento del salario, un 8 por ciento iría al sistema de solidaridad intergeneracional y un 7 por ciento, a la capitalización en régimen de las AFAP. La reforma parece hecha a la medida del capital financiero que es el principal beneficiario; por si fuera poco con este proyecto se levantan buena parte de las restricciones que la reforma de 1996 establecía respecto a las inversiones autorizadas a las AFAPs.

 Mientras que Uruguay tiene tasa de aportación de los trabajadores más alta de toda América (del 15 por ciento) y los aportes patronales están en el entorno del 7.5% (gracias a la acción de la dictadura militar) esto no tiene ningún cambio. Los empresarios han salido a apoyar este proyecto precisamente porque no aumenta sus aportes; las magras jubilaciones se sostienen por lo que aportan los propios asalariados.

 Con respecto a la Caja Militar y también según lo que señaló Ruiz al Semanario Brecha “… en los próximos cinco años no hay ningún cambio y la caja militar va a seguir perdiendo 450 millones de dólares por año”. Se trata precisamente de la Caja que genera el mayor déficit, con jubilaciones de privilegio (entre otros a militares de la dictadura) que ganan en promedio más que los jubilados por BPS en todos los quintiles. 

 Fiel al dogma neoliberal el proyecto plantea que la renta vitalicia por su ahorro que percibirá el trabajador quedará a cargo del Banco de Seguros del Estado (BSE) o sea que la parte del negocio menos atractiva o que directamente da pérdidas queda en manos del Estado; claramente se favorece a las empresas que lucran con la seguridad social. 

 El anteproyecto plantea además que el 2% de descuento de IVA que tienen actualmente las compras con débito seria modificado para pasar a formar parte de un “fondo” que se iría acumulando durante los años de actividad laboral, una especie de ahorro que sería devuelto al jubilarse y que mientras tanto sería dinero que administraría las AFAPs. 

El derecho a una vejez digna

 Es cierto que se necesita una reforma jubilatoria, pero esta tiene que ir en el sentido contrario a lo que propone el gobierno. Tenemos actualmente un régimen previsional que se sostiene en base a los aportes de los trabajadores, mientras los aportes empresariales están reducidos al mínimo. 

 Mientras la mayoría de las y los trabajadores han dejado sus vidas en sus trabajos y acceden a jubilaciones miserables los militares tienen jubilaciones de privilegio luego de pocos años de trabajo.

 Con la reforma del 96 la jubilación se transformó en una mercancía en manos del capital financiero (las AFAPs) que busca solamente el lucro y maximizar sus ganancias. 

 Este modelo empresarial es el que hay que reformar, para que aquellas y aquellos que han trabajado toda una vida (cobrando también sueldos bajos) accedan una vejez digna; la jubilación es un derecho que las y los trabajadores nos ganamos luego de décadas de explotación en nuestros trabajos. Para financiar la reforma de la seguridad social hay que aumentar los aportes patronales ( que en algunos sectores como los rurales es de menos del 2%) terminar con los subsidios, exoneraciones y zonas francas, todas medidas de “promoción de inversiones” ( como las que usufructúa la multinacional UPM) que lo que hacen es darle todo tipo de ventajas a los empresarios a costa de sacarle derecho a los trabajadores. Además de terminar con las jubilaciones de privilegio, en especial de la casta militar.

 Lo que propone Lacalle es una reforma regresiva, privatizadora y antiobrera que solo podrá ser derrotada en las calles.

 La oposición en manos del Frente Amplio no tiene por ahora una postura homogénea, pero ya ha mostrado que hay sectores importantes de la coalición que están dispuestos a acompañar; y aunque no quiere pagar el costo político comparten (como lo han dicho Astori o Mujica) que hay que trabajar más años y mantener las AFAPs. Las bases frenteamplistas que honestamente quieren luchar contra esta reforma no pueden desconocer que sus dirigentes no serán opositores consecuentes a los planes de Lacalle como ya lo han demostrado con sus declaraciones. 

 El PIT-CNT ha aprobado un paro para fines de agosto o principios de setiembre contra el anteproyecto de Lacalle. Sabemos que con un paro aislado no alcanza, que el programa del gobierno es una guerra contra las y los trabajadores y hay que estar a la altura. Es necesario un plan de lucha consecuente discutido democráticamente desde las bases para enfrentar todos los planes de la derecha, entre ellos esta reforma privatizadora y antiobrera, con un programa que incluya el aumento general de salarios, terminar con la precarización laboral, la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin pérdida de salarios para combatir el desempleo. 

 Hernán Yanes

 Viernes 12 de agosto | 21:48