jueves, 30 de julio de 2020

Uruguay: La derecha a por todo, la izquierda sin brújula

Desde el primero de marzo en Uruguay gobierna una coalición de partidos de la derecha y la extrema derecha. El partido líder dentro de la coalición es el Partido Nacional, los blancos como se les dice aquí y que en los últimos cien años han ganado las elecciones tres veces y cada treinta años.
No hay antecedentes en la historia política uruguaya en la que el Partido Nacional haya ganado por dos períodos consecutivos. El último gobierno blanco tuvo como presidente al padre del actual presidente, Luis Lacalle. “El fruto no cae lejos del árbol”, sentenció el actual mandatario en una entrevista en vivo en un programa prime-time de la televisión. Las similitudes con el mandato de Luis Lacalle Herrera son más que coincidencias y vienen a terminar el proyecto inacabado de los 90.
La particularidad en este caso es que el gobierno de la Coalición Multicolor pretende una apertura al mundo, una liberalización del mercado cuando la tendencia es a la contraria. Uruguay acaba de asumir la presidencia pro-témpore del Mercosur y Lacalle Pou volvió a insistir con la flexibilización y libre negociación de cada país miembro con quien lo desee.
Estamos viviendo un proceso de desglobalización y el gobierno parece no advertirlo. Las potencias se están cerrando y apuntan hacia un proteccionismo nacional para recuperarse puertas adentro, sobre todo sus industrias. De igual manera el capital financiero-especulador es el que impone las reglas en este capitalismo neoliberal.

El buque insignia

Este 2 de julio en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC). La misma contó con los votos de toda la coalición y con un socio externo, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI). Un partido ecologista con brotes ecofascistas en su seno donde las declaraciones de su líder, César Vega, rozan lo delirante. La LUC, de casi 500 artículos, cumple la función de ariete neoliberal en todas las reformas que pretende el gobierno.
«Volvió la democracia al Parlamento» gritó a voz en cuello un diputado oficialista al haber finalizado la sesión donde se aprobó la LUC. La expresión del parlamentario no es un festejo luego de haber tumbado una dictadura ni un desahogo luego de haber vencido a un gobierno autoritario. Simplemente es el grito de la oligarquía que luego de quince años del centro izquierdista Frente Amplio en el gobierno, ha vuelto a sentarse en el sillón presidencial.
Esas son las líneas que traza la actual administración: justificar su plan de ajuste y cualquier error con haberse encontrado un “país en ruinas”, “una bomba a punto de estallar” y un “déficit fiscal terrible.” La construcción del relato sobre un Estado deficitario, desproporcionado, pesado y lento, es el mantra que la derecha ha repetido por décadas, ha prendido en el común de la gente y se repite como una verdad.
Cuidado con los que aseveran que los neoliberales quieren un Estado mínimo. Al menos pongamos en suspenso esa afirmación. Los gobiernos de este signo han demostrado que quieren un Estado mínimo pero en determinados sectores para debilitarlos, volverlos deficitarios, hacerles mala prensa y como no da ganancia (dentro de su lógica empresarial) iniciar un proceso de privatización como ha sucedido con la educación, la salud y las empresas públicas.
Por otro lado, los gobiernos neoliberales han robustecido el aparato represor del Estado y han utilizado a este como catapulta para sus negocios personales así como por ejemplo, convertir deuda privada en deuda pública.
Siguiendo con las líneas del gobierno. Ha realizado una propaganda que hasta el momento le ha sido sumamente efectiva. El presidente luego de cuatro meses cuenta con más del 50% de aprobación de la población, pero la realidad empieza a contrastar con el relato y deja al descubierto sus grietas.
Los asesores en comunicación le recomendaron al presidente subir una foto a su instagram en el día internacional del surfista, deporte que practica el mandatario. Lo cierto, es que a los pocos días fue el aniversario del golpe de Estado de 1973, precisamente el 27 de junio. Las redes sociales del presidente hicieron mutis por el foro a la par que las de Guido Manini Ríos, líder del partido de extrema derecha, Cabildo Abierto.
Otra línea argumental de este gobierno es la de encontrarse con un país en caos, ahora no en las cuentas públicas, sino en materia de seguridad. Fue efectivo en la campaña y ahora con un discurso de mano dura y militares en altos mandos en la administración, más maquillaje en las cifras de los delitos, se pretende crear un clima de combate exitoso a los criminales. Como frutilla de la torta, el Ministro del Interior ha invitado a la DEA a volver a Uruguay para combatir el narcotráfico.

¿Quo vadis izquierda?

Mientras el presidente surfea, la izquierda hace agua. El centroizquierdista Frente Amplio que ha vuelto a ser oposición luego de tres lustros consecutivos, no da pie con bola para plantarse firme ante una derecha, que a pesar de sus errores, no vacila a la hora de aplicar su proyecto.
La restauración conservadora a la uruguaya avanza a paso firme, a ritmo de tropa. Le ha abierto varios frentes de batalla, sobre todo con la LUC, tanto a los partidos políticos de centroizquierda e izquierda, como a las organizaciones sociales.
Las ollas populares rondan las 200 en todo el país. Los desempleados de a miles, los trabajadores en seguro de paro más de 150mil. Se registró pérdida en el salario real, suceso que no acontecía desde el 2004 y el Ministro de Trabajo plantea una recuperación salarial recién para el 2022.
No se ha llegado a un semestre de gobierno y ya cuenta con la renuncia de un ministro que a su vez es líder del principal socio de la coalición, el que aportó con la segunda mayor cantidad de votos. A esto se suma la renuncia de más de 10 directores, secretarios o responsables de distintos órganos de gobierno.
La ultraderecha espeta discursos de odio contra las minorías, sostiene la impunidad de los responsables de la dictadura y defiende a torturadores.
Como corolario, Uruguay vuelve (¿se había ido?) a las directrices de la Casa Blanca, apoyando a Luis Almagro en la OEA, sumándose a los designios de Trump y apoyando al candidato que él propuso para el Banco Interamericano de Desarrollo. Decisión que generó crispación dentro de la propia coalición incluso.
La derecha prometió en campaña que estaban preparados para gobernar, que este período iban a ser los mejores cinco años de nuestras vidas…pellízquennos.

Nicolás Centurión.

De “se terminó el recreo” al comienzo del saqueo de la ultraderecha

“Se terminó el recreo”, lanzó en uno de sus actos de campaña en 2019 el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto y excomandante de las Fuerzas Armadas.
Esta expresión se viralizó a la velocidad de la luz y ya forma parte del lenguaje cotidiano de los y las uruguayas, pero… ¿qué encierra esta frase?
Primero destacar su potencia. Si se hizo tan popular es porque encastra perfectamente con el relato inoculado de los sectores concentrados de poder de que la primavera progresista fue una calamidad. Resumió en cuatro palabras el sentir de la oligarquía criolla y la bajó al llano.
“Se terminó el recreo” es eso, se acabó el divertimento, el goce, el disfrute. Se ajusta al clima y al humor militar: se acata, no se sonríe. Es una frase que evoca autoridad, intransigencia con lo que está fuera de la ley; dureza sin contemplación para preservar determinados valores e instituciones.
Se sostiene en un relato amplificado por los medios de comunicación, donde en quince años de gobiernos del centroizquierdista Frente Amplio los dineros públicos fueron malgastados, la educación fue un desastre, los delincuentes tenían más libertad y más derechos que sus víctimas, etc.
Si uno seguía los noticieros y los portales de noticias, Uruguay parecía Kosovo o se vivía en el far west. Es cierto que el tema de la seguridad es uno de los flancos más débiles del Frente Amplio en su gestión, pero también es una tendencia que desde los años noventa los índices de criminalidad y violencia han ido en aumento.
Entonces vale decir que las políticas en materia de seguridad que han desarrollado los partidos Nacional, Colorado y Frente Amplio han fracasado.
El último militar de derecha candidato a presidente fue el coronel Mario Aguerrondo. Anticomunista y herrerista (el ala más conservadora del Partido Nacional) y fundador de la Logia de los Tenientes de Artigas, grupo que Manini Ríos integra, se presentó a las elecciones nacionales de 1971 como candidato, siendo acompañado por Luis Alberto Heber Usher (tío del actual Ministro de Transporte de la coalición derechista gobernante) como vicepresidente.
Aguerrondo obtuvo el 13.23% del padrón, unos 228.569 votos. Cabildo Abierto en las elecciones nacionales de 2019 obtuvo el 11.04% del padrón, unos 268.736 votos. Se observa que a pesar de haber pasado casi 50 años, el caudal electoral del sector más conservador y reaccionario del Uruguay se mantiene estable.
Aguerrondo falleció seis años después de su candidatura y la dictadura ya estaba consolidada. No se precisaba un líder carismático porque la maquinaria estaba en marcha. Cabildo Abierto supo ocupar y condensar una estructura donde la derecha y ultraderecha militar conservadora encontraron su espacio y un líder carismático. En “se terminó el recreo” encontraron el grito de guerra, el eslogan no oficial de campaña que los identifica y parecen no tener techo.
Cabildo Abierto surge en un momento donde las derechas populistas se autoproclaman como la opción para salir de la crisis sistémica a la que estamos asistiendo, criticando a la derecha como vetusta y corrupta y a la izquierda, porque nunca llegó a cumplir con los postulados que siempre predicó.
A Manini Ríos lo podemos sumar a la terna de líderes y movimientos de derechas populistas junto con Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Matteo Salvini en Italia y Marine Le Pen en Francia.
Los cabildantes se definen como artiguistas, ni de izquierda ni derecha. Férreos defensores de la familia, la patria y Dios, evocan un Uruguay del pasado como un paraíso que se perdió por culpa de grupos guerrilleros con ideología foránea. Portan un discurso que linda con el de las Fuerzas Armadas predictadura, donde se ataca a la “clase política” como culpable de casi todos los males que acaecen en el país.
Todo disco (perdón millennials, por la analogía del siglo pasado) tiene su lado B. Detrás de estas prédicas tenemos hechos que van en sentido contrario. A propuesta de Cabildo Abierto, se incluyó en la Ley de Urgente Consideración que no solo los policías retirados puedan portar armas sino también los militares retirados.
En las listas de Cabildo Abierto podemos encontrar torturadores de la dictadura o defensores de la misma. A Eduardo Radaelli, uno de los tres militares uruguayos implicado en el crimen del científico chileno Eugenio Berríos, en plena democracia, junto a una diputada definiendo los femicidios como “exceso de amor” y una directora del ente encargado de la seguridad social con un currículum con cursos inexistentes y experiencia en floristería y jardinería.
Súmele, un candidato a diputado y su primo implicados en la incautación de estupefacientes más grande de toda la historia (seis toneladas de cocaína).
Incluso el propio Guido Manini Ríos está siendo investigado por haber ocultado información siendo Comandante de las Fuerzas Armadas, sobre un delito ocurrido en la dictadura. Desde la oposición se está especulando con quitarle los fueros como Senador para poder ser juzgado.
Desde su banca de senador ha defendido a militares retirados que habían sido o estaban siendo juzgados por delitos de lesa humanidad aduciendo que eran “unos pobres octogenarios.” Esto generó polvareda en la arena política, pero también una especie de deja vu.
Como candidato a la presidencia por el Frente Amplio en 2009, Mujica expresó que “la Justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió”. Siendo presidente, sentenció: “Yo no quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años… Pero no solo los militares, ningún preso a esa edad”. Manini Ríos fue nombrado Comandante en Jefe en la presidencia, justamente, del ocotogenario José Mujica.
Cabildo Abierto que hoy cuenta con 11 diputados, tres senadores y ocupa las carteras ministeriales de Salud y Vivienda, además de varios cargos de jerarquía en otros ministerios, fundado recién en el 2019, hasta el momento ha sido la revelación política en lo que va de las dos primeras décadas del siglo XXI.
A pesar de varios exabruptos que han dicho sus parlamentarios y máximos dirigentes, de haber sido fotografiados con jóvenes con ideología nazista y sus listas la integran fascistas que piden escuadrones de la muerte, Cabildo Abierto se convirtió en la cuarta fuerza a nivel nacional y le disputa el tercer lugar al histórico Partido Colorado, que a contrapié de los cabildantes, viene en franco retroceso.
En la política no existen los espacios vacíos. ¿Pensábamos los uruguayos que la ultraderecha nostálgica de la dictadura no tendría su lugar en nuestro país?

Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

El plan de recuperación de la UE: un rescate masivo a la clase capitalista




La antesala de mayores ajustes y crisis políticas.

El anuncio de un plan europeo de reconstrucción económica por un monto de 750 mil millones de euros fue celebrado por un amplio espectro político, desde la centroizquierda a la derecha continental, como una refundación “solidaria” de Europa. Por primera vez, la Unión Europea (UE) emitirá deuda de manera unitaria, actuando como un solo Estado en el mercado financiero y siendo la Unión misma la garante del endeudamiento. Lo que ha llevado a los 27 estados miembros a tomar este curso de acción es la calamitosa situación económica provocada por la crisis capitalista y su profundización por la pandemia. Con esta inyección económica buscarían revitalizar una economía europea cuyo PBI caerá en promedio un 9 por ciento en 2020 (DW 7/7).

Un plan de rescate a los capitalistas

Para hacerse de esos recursos, la UE emitirá bonos en el mercado de deuda y luego el monto de 750 mil millones de euros que buscan obtener será distribuido entre los países miembros de la siguiente manera: 390 mil millones serán repartidos entre los distintos estados de acuerdo a distintas variables como la población y el impacto que la crisis tenga en cada uno de ellos. Esta parte del paquete de rescate será dado en forma de subvención, es decir que no tendrá que ser devuelto por cada país de manera individual. La Unión deberá afrontar esa deuda haciendo uso de su presupuesto común. Los 360 mil millones restantes tendrán la forma de préstamos a los países que los soliciten y tendrán que ser afrontados por cada Estado. La entrega de estos montos será en cuotas hasta el 2023 y tendrá como fecha límite de devolución el año 2058.
Sin embargo, estos fondos, lejos de destinarse a paliar las urgentes problemáticas que recorren el continente, como el precario sistema de salud de numerosos países o a paliar las consecuencias más gravosas de la crisis, como el crecimiento de la miseria, serán destinados a “financiar inversiones y reformas” (Ambito, 26/7), es decir serán el lubricante de un intento de relanzar los negocios de la burguesía europea. De hecho, el plan presupuestario europeo incluiría rebajas en partidas como investigaciones en salud y en el fomento a tecnologías amigables con el medio ambiente con recortes de un 60% en ambos casos (La Vanguardia, 24/7). El afluente dinerario estará a disposición de asegurar el pago de los vencimientos de la deuda externa previa de cada país, así como para inyectar recursos en cada economía tanto para que las empresas puedan invertir, como para que los estados procedan al rescate de elementos centrales de cada burguesía nacional.
La contraparte del endeudamiento será un control aún mayor de los presupuestos nacionales de parte de la Comisión Europea y el compromiso por parte de cada país de alcanzar los recursos necesarios, mediante ajustes, para afrontar los pagos. Un episodio central de este plan de ajuste venidero será la aplicación masiva de reformas laborales y previsionales, lo que fue solicitado en la Comisión Europea por los países más sólidos económicamente. Detrás de una pantalla keynesiana, el conjunto de Europa atravesará una experiencia a la griega, con una pérdida de independencia y medidas de ajuste draconianas en todo el continente.
A pesar de todo, lejos de poder resolver la crisis económica, este paquete de rescate profundizará las contradicciones preexistentes. Los golpes contra los ingresos de las masas que supone la aplicación de reformas ajustadoras pondrán aun más de manifiesto la crisis de sobreproducción que está detrás de la crisis capitalista mundial y la necesidad de liquidar a los capitales sobrantes. En el mismo sentido, las deudas externas de los países alcanzarán niveles históricos, condicionando cualquier perspectiva de recuperación a largo plazo, por ejemplo, España recibirá 70 mil millones en concepto de préstamos, cuando su deuda ya representa el 100 por ciento del PBI.

Crisis política

El acuerdo al que se arribó para proceder a este endeudamiento fue presentado por los medios como un ejemplo de la vigencia de la Unión Europea. Sin embargo, las negociaciones sirvieron para expresar y profundizar las divergencias y bloques que atraviesan a la UE. Alemania y Francia junto con los países más necesitados de ayuda económica (España, Italia, Grecia, Portugal), fueron los principales impulsores del acuerdo. Berlín necesita mantener un cierto grado de cohesión en la Unión en tanto es la plataforma sobre la que se apoya el capital alemán para disputar en la guerra comercial que se desarrolla a escala internacional. Sabe que, por las condiciones del acuerdo, su consecuencia será una mayor dependencia de los países más débiles respecto a Alemania, así como una mayor penetración de los capitales germanos en esos países.
La concreción del plan de rescate debió enfrentar al bloque de los llamados “países frugales” (Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Austria) que se encuentran entre los que más aportan al presupuesto común de la UE en relación a lo que recibirán del paquete de ayuda. Estos países pugnaron para que el conjunto del paquete se limite a préstamos y no a subvenciones, al mismo tiempo que reclamaban mayores ajustes y un poder de veto en los organismos europeos a los presupuestos presentados por cada país. Si bien no consiguieron todos sus reclamos, lograron que todos los países puedan realizar una “alerta” ante la Comisión Europea si ven que alguno de los miembros no cumple con las medidas para hacer frente a los pagos, lo que suspende la entrega de fondos hasta la verificación o no de la denuncia. Los presupuestos nacionales pasarán a ser auditados por la Comisión Europea que podrá desaprobarlos con una mayoría especial de un 55% por ciento de los países, si llegan a representar el 65% de la población de la eurozona.
Este tipo de mecanismos recrudecerán los choques políticos entre los miembros de la Unión, al mismo tiempo que garantizará los ajustes. A la vez, sienta las bases de la profundización de las tendencias centrífugas en la UE. Los “frugales” le echan la culpa de la crisis económica a las economías sureñas que serían derrochadoras e improductivas, a la vez, los sectores políticos anti europeístas de los países que deberán proceder a mayores ajustes como Italia o España verán reforzadas sus posiciones al ser la UE y sus instituciones las responsables de la penuria de las masas.
Los gobiernos ultraderechistas de Polonia y Hungría, por su parte, lograron salirse con la suya, al evitar que las llamadas violaciones al “estado de derecho” que le imputan los mandamases de la Unión sean consideradas un impedimento para recibir estos fondos de reconstrucción económica. Tanto por esta última cuestión, como por el reclamo de que no se recorten fondos a ciertas áreas (salud, ecología), el parlamento europeo amenaza con bloquear la aprobación del acuerdo.

Por una intervención obrera independiente

El plan de reconstrucción económica, finalmente, será un intento de rescatar a los capitalistas europeos y de asegurar su lugar en la guerra comercial a costa de un mayor ajuste contra los trabajadores. La pandemia de Covid-19 (de la que se están produciendo rebrotes en toda Europa) expuso la fragilidad de los sistemas de salud y de las condiciones de vida de las masas, lo que se cobró la vida de decenas de miles de personas en todo el continente, junto con un crecimiento abismal del desempleo y de la pobreza. El plan de rescate viene a asegurar y a profundizar este rumbo de ataque a los trabajadores y de sujeción nacional, mediante la extensión de los métodos de la ‘troika’ a escala continental.
El enorme plan de rescate, sin embargo, no cancela las tendencias a la disgregación de la UE, que tienen al Brexit como mayor exponente. La crisis capitalista replanteará estas tentativas nacionalistas, que de todos modos para los trabajadores significan también un horizonte de ajuste.
Es necesario, por lo tanto, que la clase obrera intervenga en este panorama con una política independiente de las variantes “europeístas” y nacionalistas, partiendo de sus demandas elementales frente a la crisis económica y sanitaria, rechazando las medidas de ajuste y levantando la bandera de la federación socialista de Europa.

Leandro Morgan

miércoles, 29 de julio de 2020

Hace 82 años terminaba la Guerra del Chaco, esa “guerra de la sed”




En 1932, paraguayos y bolivianos se enfrentaron en el inhóspito Chaco Boreal. La falta de agua y comida causó miles de bajas. El acuerdo final de paz se celebró el el 21 de julio de 1938. ¿Por qué pelearon los dos países más pobres de Sudamérica?

ni una gota de agua
para perder en lágrimas

Agua, petróleo y sangre

Entre 1932 y 1935, 120 mil paraguayos y 250 mil bolivianos libraron la contienda sudamericana más cruenta del siglo XX. Estaba en disputa el Chaco Boreal, un área de 650 mil km2 al norte del río Pilcomayo, al cual llamarían “infierno verde” por sus condiciones inhóspitas: escasez de agua, temperaturas de casi 50° en verano y menos de 0° en invierno, presencia de ofidios venenosos y de insectos portadores de enfermedades.
Para la Royal Dutch Shell y la Standard Oil, el Chaco representaba un paraíso verde y negro, una fuente inexplorada de dólares y petróleo. Su cercanía al río Paraguay constituía una vía de acceso al océano Atlántico, que lo tornaba ideal para la colocación de oleoductos; y se sospechaba que debajo de esas tierras áridas había importantes yacimientos. También tenían intereses en la región las empresas forestales, como la Carlos Casado S.A., que en 1925 gestionó el ingreso de las Colonias Menonitas del Chaco Paraguayo.
De acuerdo con el historiador Maximiliano Zuccarino, hubo otro factor en juego: “las inversiones argentinas en Paraguay, que la administración justista se empeñaba en proteger”. Muchas de ellas, estaban enlazadas a capitales británicos que operaban en Buenos Aires y databan del siglo XIX. Era el caso de The Argentine Quebracho Co.; The Argentine Land & Investment Co. Ld.; la Santa Fe & Córdoba Great Southern Land Co. Ld.; y The Forestal Land, Timber & Hailways Co. Ld.
Luego de la Guerra de la Triple Alianza, las zonas vírgenes de la frontera habían asegurado a los inversores británicos propiedades a precios muy bajos. En el nodo del asunto, no solo estaban la comercialización, el transporte y el precio de los hidrocarburos, sino los títulos de líneas férreas y de transporte marítimo, así como la instalación de frigoríficos y obrajes. En resumen, las posiciones estratégicas para la producción y circulación de bienes exportables: tierras baratas y cursos fluviales.
Dentro de ese marco, los magnates del negocio hicieron lo que saben hacer mejor. Con una crisis económica mundial sin precedentes como telón de fondo, pertrecharon a los dos países más pobres de la región y se lanzaron a la competencia por el crudo. Explotaron las largas disputas territoriales que existían los dos pueblos. Ni Paraguay, ni Bolivia habían aceptado ninguno de los cuatro tratados de límites fronterizos presentados entre 1878 y 1907. Esta fue la casus belli. Los capitales anglo-holandeses (que tejían lazos con la oligarquía argentina) financiaron al Paraguay, mientras que los norteamericanos realizaron empréstitos a Bolivia.
Para los hombres movilizados de uno y otro bando, aquélla fue la guerra de la sed. Un cuarto de ellos perdería la vida principalmente por deshidratación –junto con la inanición y la disentería-, decenas de miles acabarían mutilados y muchos desaparecerían por siempre, entre el polvo.
El escritor Augusto Roa Bastos, quien sirvió como enfermero, volcó sus experiencias en la novela Hijo de hombre. Allí hablaba de pozos secos que se convertían en fosas, de hombres sin gotas para desperdiciar en lágrimas, moviéndose como borrachos quienes han olvidado el camino a casa. El escritor paraguayo Julio Correa, el poeta y representante de la polka y exsoldado Emiliano R. Fernández, al igual que un sinfín de excombatientes y cuentistas bolivianos retrataron en sus obras esos duros días.
La conflagración consumió los ya escasos recursos de ambos países. Uno y otro tenían heridas frescas. Bolivia había peleado la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1883, que la despojó de su litoral sobre el Pacífico. Paraguay no se había recuperado del exterminio ocurrido entre 1864 y 1870, por el cual fue asesinada el 90% de su población masculina adulta.

Los bandos

El crack de 1929 había tenido un fuerte impacto sobre el país andino. A lo largo de solo tres años, la denominada “oligarquía del estaño” había visto caer sus exportaciones casi en un 80%. Si en 1927 conseguía 289 libras por tonelada de mineral, para 1929 esta cifra había pasado a 202 libras. En 1939, a 141. Como contracara, el endeudamiento externo ahogaba al país y no había perspectiva de conseguir créditos internacionales. Con la creciente socialización del proceso de trabajo en las grandes empresas mineras, aparecían las primeras luchas obreras por organización sindical. En este contexto, las clases gobernantes se embarcaron en la guerra.
Si bien el ejército boliviano fue superior al paraguayo en una relación de 3 a 1, era una fuerza donde primaba el racismo, sin apoyo popular y dedicada a la represión interna. El propio Joaquín Espada Antezana, ministro de Guerra, decía que ésta era una de las principales debilidades en el campo de batalla. La masacre ejercida sobre los campesinos de Pucarani para obligarlos a pelear fue ilustrativa, en este sentido.
El Paraguay, por su parte, venía de años de hegemonía del Partido Liberal (PLRA) y primaba la inestabilidad política. La clase obrera daba sus primeros grandes pasos de organización: entre 1923 y 1931, se habían conformado las principales centrales sindicales, que libraron un total de 43 huelgas. A diferencia de lo ocurrido en el país vecino, los liberales sí lograron un apoyo importante de trabajadores y campesinos para la contienda, impulsándola como una “causa nacional”. Pero ésta no estaba destinada a perdurar. El reclamo por tierras y por derechos para los trabajadores pronto volvería a escena.

El desenlace (abierto)

El 12 de junio de 1935, se acordó el cese de hostilidades; y, el 21 de julio de 1938, se firmó un tratado en Buenos Aires donde se fijaron los límites definitivos. Finalmente, se estableció la soberanía paraguaya sobre tres cuartas partes del territorio y Bolivia obtuvo una zona a orillas del río Paraguay. En 2009, los presidentes Evo Morales y Fernando Lugo firmaron –otra vez, en Buenos Aires- un acuerdo definitivo. Habían pasado 74 años del conflicto que se llevó la vida de 50 mil bolivianos y 40 mil paraguayos.
La Guerra del Chaco significó un punto de quiebre, que terminaría por hundir tanto a la “oligarquía del estaño”, como al Partido Liberal. En ambos países se desataron importantes procesos signados por golpes militares, reconfiguraciones políticas y, sobre todo, por la insurgencia obrera y campesina.
La Standard Oil fue una de las grandes victoriosas. Una vez que cesó el fuego, se comprobó que ésta venía contrabandeando una porción de producción a través de un oleoducto clandestino, con el beneplácito de funcionarios argentinos y bolivianos, vinculados a la firma norteamericana. Por otra parte, en la “Historia empresarial” reflejada en la página oficial de Shell, puede leerse: “Los años 30 fueron difíciles”.
Muchos excombatientes vinieron a países como Argentina escapando del hambre o la persecución. Gumersindo, veterano paraguayo, fue uno de ellos. Él solía relatar cómo se le hinchaban la lengua y las extremidades durante la guerra, por la falta de agua; recordaba que sus compañeros enloquecían y bebían el combustible de los tanques, solo para morir intoxicados a los pocos minutos. Había aprendido que la industria del petróleo está manchada con sangre trabajadora.

Jazmín Bazán
Martes 21 de julio

Bolivia: la lucha debe avanzar hacia la huelga general




Para terminar con el gobierno golpista que proscribe elecciones y hunde al pueblo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) acató el pedido de la golpista presidenta Jeanine Añez, del alto mando militar y los partidos de derecha, de postergar, nuevamente, por quinta vez, las elecciones convocadas: del 6 de septiembre al 18 de octubre.
Pero… partidos de la derecha (el fascista Luis Fernando Camacho, etc.) y funcionarios oficialistas se han opuesto a esta “resolución” reclamando que las elecciones se posterguen sin fecha, “hasta que se resuelva el contagio de la pandemia”.
Dicen estar preocupados por la salud del pueblo, cuando han llevado a Bolivia a una situación catastrófica en materia de salud pública, con sus políticas negligentes, corruptas y propatronales. Defender al pueblo contra el coronavirus plantea sacarse de encima al virus antipopular del golpismo derechista.

No movilizar alienta el continuismo del golpismo…

Nuestro Partido Obrero planteó mil veces que no enfrentar al golpismo con la movilización de masas, pondrá no solo al pueblo bajo la catástrofe económico-social y sanitaria, sino también inviabilizará la realización de elecciones mínimamente democráticas, dando curso al continuismo golpista.
Criticamos, oportunamente, la renuncia no solo del presidente Evo Morales, sino de todos los funcionarios que lo continuaban constitucionalmente, hasta habilitar la ‘elección’ de Añez como presidenta.
Evo Morales y la cúpula del MAS, en cambio, armaron los términos del llamado “acuerdo de pacificación” con la ‘elite’ reaccionaria, represora y racista de Añez, Camacho y Cía. Buscando “la pacificación” se desmovilizó al pueblo que había salido a resistir y se entregó el poder político a los golpistas.
A partir de esta ‘estrategia’ la dirección del MAS se fue tragando todos los sapos reaccionarios. Aceptó la proscripción de Evo Morales de cualquier cargo electivo y de otros candidatos del MAS. Fue corrido Andrónico (Rodríguez Ledezma, de las combativas organizaciones del trópico de Cochabamba) para ser reemplazado como candidato presidencial por Luis Arce, de buena relación con el capital financiero imperialista con el que supo trabajar, como ministro de economía, durante el gobierno de Evo, garantizando la propiedad de aquel sobre las palancas claves de la economía.
Una y otra vez, se fue postergando la convocatoria electoral. El compromiso era que Añez las convocaría en 90 días luego de su asunción presidencial. Pero en febrero se ‘arribó’ a un acuerdo para postergarla y hacerla el 3 de mayo. Iniciada la pandemia, Añez postergó sin fecha las elecciones de mayo. El Congreso con mayoría masista, las convocó entonces para agosto. Pero la presidencia se negó a avalarlas. Finalmente, en un acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral y algunos partidos, se las convocó para el 6 de septiembre. El Parlamento ratificó la fecha, pero el Poder Ejecutivo se negó a promulgar la convocatoria electoral, durante varios días. Finalmente y bajo protesta, se allanó al mandato del Congreso. Pero siguió mascullando que era un genocidio hacerlas en esa fecha y que tenían que postergarse. Ahora ha sido el TSE el que levantó la convocatoria del 6 de septiembre citándolas para 45 días después: para el 18 de octubre. Es el cuento de nunca acabar. El TSE, un organismo no elegido por la soberanía popular, sino creado por el Congreso, se atribuye el derecho a levantar y convocar elecciones, en contra del voto del Parlamento. El gobierno golpista que se definió como provisional, para llamar en tres meses a elecciones seguirá instaurado más de un año…

…y lo envalentona

El gobierno golpista no se mantiene en el poder como un objetivo en sí mismo. Está actuando permanentemente para modificar la realidad en un sentido reaccionario y proimperialista. Aunque el Parlamento no ha sido disuelto por el golpe, el Poder Ejecutivo hace caso omiso del mismo. Añez anunció el pedido de un préstamo (1500 millones de dólares) al FMI para enfrentar la pandemia. Como las condiciones no estaban claras (tasas de interés, etc.) el Parlamento se negó a aprobarlo hasta que llegaran las informaciones pedidas. El gobierno lo resolvió por decreto. Los comandantes de las Fuerzas Armadas enviaron una lista de ascensos que privilegiaba a los mandos golpistas. Como el parlamento la dejó en suspenso, el gobierno de Añez la aprobó por decreto. Igual en política internacional (incorporación al Grupo de Lima con Trump y Bolsonaro, etc.), etc. Los parlamentarios del MAS que cuentan con mayoría en ambas cámaras tampoco han presentado y menos tratado proyectos de defensa del pueblo, frente a la pandemia y la crisis social, en el medio de la catástrofe que se está descargando.

Una estrategia desmoralizante

El golpe cívico-militar contra Evo Morales fue enfrentado por este con una… estrategia electoral. Pero las movilizaciones fascistoides, golpistas y derechistas deben ser derrotadas en las calles. “Pacificar” a las masas a la espera de una convocatoria electoral envalentona a la derecha. Esta no ha dado un golpe provocando una crisis mayúscula y una movilización de masas para entregar el poder 9 meses después, acatando el resultado de las urnas. La derecha no reconoció la amplia mayoría electoral que obtuvo el MAS en octubre pasado. ¿Por qué la reconocería en caso de un nuevo triunfo de esta coalición nacionalista-indigenista?
Justamente, es la disgregación que la crisis ha acentuado en la derecha, impidiéndole presentar una candidatura única, la que hace que una y otra vez se posterguen las elecciones. Ahora el gobierno ha salido a pedir internacionalmente la captura de Evo Morales por terrorista. Y presentó escritos pidiendo la proscripción del candidato presidencial del MAS, Arce, por ‘revelar’ una encuesta que le daba ganador el 6 de septiembre. Las elecciones bajo este gobierno golpista o no se harán (las versiones de nuevo golpe circulan por varias fuentes) o serán proscriptivas y fraudulentas.
La táctica de Evo Morales y la conducción del MAS es la misma que usó Lula y el PT en Brasil. Permitieron que una cincuentena de senadores destituyeran a la presidenta Dilma Rousseff, que había sido elegida por 50 millones de brasileros. No hicieron nada frente a este golpe pseudo parlamentario, en realidad instrumentado por las Fuerzas Armadas, a pesar de contar con la central obrera (CUT) y las centrales estudiantiles, campesinas y otras organizaciones de masas. Luego dejaron que se sacara una reforma laboral rabiosamente antiobrera y reaccionaria, también sin organizar la huelga general. Y así, paso a paso, con el planteo de que había elecciones en el 2018 y entonces el PT volvería al poder. Finalmente se lo proscribió y encarceló a Lula, el candidato presidencial del PT, en forma arbitraria. Se fue paralizando y desmoralizando al pueblo trabajador, se lo fue atomizando y se abrió el camino al ascenso de la derecha fascistizante de Bolsonaro.
Evo Morales está aplicando la misma estrategia errada de desmovilización. Hay elecciones –dice-, ganamos y volveremos al gobierno. Así se van tragando sapos de todo tipo. El pueblo está sufriendo una fenomenal pandemia de coronavirus y la crisis capitalista: la crisis la están pagando las masas explotadas.
No se debe esperar. Es necesario un plan de lucha para acabar con el gobierno golpista y satisfacer las urgencias de las masas trabajadoras.
La Central Obrera (COB), con la adhesión de diversas entidades campesinas y ciudadanas han convocado a una jornada nacional de lucha contra la postergación de las elecciones, para este martes 28 de julio en toda Bolivia.

¿Será este el inicio de un plan de lucha creciente hasta terminar con el golpe derechista?

No parece ser la intención. Hay sectores del MAS que son partidarios de aceptar la nueva postergación. “El MAS Tarija dice estar de acuerdo con la postergación de las elecciones”, tituló Página Siete (24/7). La presidenta masista del Senado, Eva Copa, también ha tenido declaraciones confusas en las que planteó que si el TSE envía un proyecto de ley postergando las elecciones lo trataría, porque no está para “obstruir el funcionamiento de las instituciones”.
Lo que se impone es un plan de lucha para hacer realidad el Fuera Añez y el régimen golpista. Es necesario que en la COB –que en el momento del golpe se plegó a este pidiéndole la renuncia a Evo Morales y ahora ha vuelto al campo de la oposición- se convoque a un congreso nacional y regionales de bases del movimiento obrero, campesino y los movimientos de lucha de las masas para elaborar un programa obrero y un plan de acción hacia la huelga general con cortes y piquetes para derribar a un gobierno en crisis, pero peligroso en sus ataques contra el pueblo.

Rafael Santos

La memoria (también) es un campo de batalla simbólico




Memorándum sobre los olvidos funcionales

Entre los planes de toda dominación, económico-cultural, ocupa un lugar de privilegio la usurpación simbólica incluso en los campos de la identidad y de la memoria. Nunca será fácil someter a un pueblo que tenga “fresco” en su recuerdo, el bagaje histórico de las luchas con sus derrotas y sus victorias. No es que sólo de recuerdos viva la especie humana y tampoco que los archivos mnemotécnicos, por sí solos, salven a los pueblos de las tragedias opresoras. Pero es seguro que las batallas en los campos simbólicos de la memoria son decisivos no sólo por la cantidad sino por su calidad movilizante y su oportunidad coyuntural. Es urgente re-politizar a la memoria.
También es preciso emancipar a la memoria de todas las emboscadas ideológicas que pretenden reducirla a sólo “archivo muerto”, “ocioso” y “estorboso”, capricho de la imaginación “solipsista”. No es suficiente la “memoria activa” si no es, específicamente, memoria crítica y descolonizadora. Recordar por recordar comporta el peligro de las nostalgia boba. Recordar es una parte de la producción de sentido donde entran en juego todas las formas de la memoria que no sólo es repertorio de “retratos mentales” quietos. La memoria opera en toda la red de los sentidos, objetivos y subjetivos. Umberto Eco, en algunos temas desmemoriado, entendía que uno recuerda rostros, aromas, fechas, frases, gestos, afectos, texturas… pero, por más que se las ingenien para que así parezca, ninguna memoria es puramente individual. El recuerdo expresa al conjunto de las relaciones sociales y en ellas los modos y los medios de la producción económica e ideológica.
Nada tiene la memoria de “enciclopédica” per se, no es un plan armado por coleccionistas organizadores de saberes. Es mucho más parecida a un “collage” (no caprichoso) que cobra sentido sólo en el sentido de la dialéctica social desde el epicentro de esas contradicciones internas que la convierten en “cultura de masas”, “comics”, letras de canciones, mitos cinematográficos, éxitos de propaganda, obsesiones de educación religiosa… a fuerza de emociones que dan adherencia a los fanatismos. Tales contradicciones internas son la presión sanguínea de un cierto metabolismo ideológico, siempre con pronóstico reservado, según la trama en que se activan o manipulan los recuerdos. Sólo con luchas emancipadoras a conciencia, se recupera la memoria crítica de sí y del contexto, porque sin cuerpo político, sin poder social emancipador, pensamientos y recuerdos se quedan en la infancia o la adolescencia de tipo museísticos y contemplativos. Ésta es quizás la parte más revolucionaria de una semiótica emancipadora de la memoria, donde las fuerzas del recuerdo se vuelven movilizadores y marcan la vida simbólica de los pueblos que, al final, se revitaliza en clave abolicionista contra toda manipulación, usurpación o degeneración de la memoria.
A la burguesía le gusta jugar con la memoria para homenajearse a sí misma, convirtiéndose en añoranza profunda que se nos inserta como “recuerdo del futuro” inexistente. Inventaron “épocas de oro” para inocularnos ensoñaciones e ilusionismos nostálgicos, para hacernos sentir que perdimos esa “tierra prometida” que nunca tuvimos. Nos hacen sentir tristeza y ansias para rescatar, compulsivamente, la época en que todo fue “prospero”, abundante y feliz… con una especie de memoria taxi que nos lleva hacia lo que nunca existió pero que está ahí, motorizado por películas, cancioneros, museos y baratijas ideológicas de moda. Si “todo tiempo pasado fue mejor” estamos fritos. Lo peor no ha “pasado”, lo “mejor” no ha existido (más que para unos cuantos) y la memoria es, en manos de la ideología dominante, mercancía del capricho hegemónico. La realidad de los seres humanos simplemente empeora: más hambrunas, más desempleo, más inflación, más pobreza… menos futuro bajo el capitalismo. ¿Alguien lo recuerda?
Un lugar específico (no exento de necesidad crítica y autocrítica) ocupa el estudio científico de las patologías de la memoria. El repertorio es muy amplio, y con excepciones, estudiado bajo muchas limitaciones, voluntarias e involuntarias. No será aquí donde se pueda profundizar con solvencia esa revisión. Lo que sucede en el campo de las “enfermedades de la memoria” contiene desorientación, dudas y cuestionamientos que debemos elaborar y profundizar como contribución teórica en un área tan sensible que, más de una vez, ha sido estancia de los peores experimentos en la guerra psicológica orquestada por el imperio. Recordemos Hiroshima y Nagasaki y la manipulación “clásica” sobre cuánto de nosotros es “propio” y cuánto producto de la manipulación simbólica fabricado por la cultura dominante aunque, a veces, lo “olvidemos”. Algunos sueñan con que el único sentido de nuestras vidas opere como respuesta a una suma de “recuerdos” inducidos por cierta capacidad de compra. Memoria del consumismo fabricada en laboratorios de semiótica burguesa.
Dicen algunos que la memoria es un “género de ficción”. Eso supondría que hay un “autor”, demiurgo de memorias al antojo de las circunstancias o las conveniencias. Como los publicistas. Pero eso sería cierto en una definición del individualismo que ignorara el peso de la Historia sobre la memoria con los lenguajes, las arquitecturas, los modos de producción y las relaciones de producción. Al otro lado del conflicto, en el campo de Batalla que, también, es la Memoria, está el bastión del amor (única fuerza capaz de reconciliarnos con nosotros mismos decía Breton) y todas sus expresiones. En el amor no mercantil, que genera tantas memorias, está la fuente de lo mejor de nosotros mismos, la base de toda idea de futuro, la clave de un humanismo de lo concreto y de nuevo género. Algo que está muy presente en nuestras vidas, que lucha contra las tinieblas ideológicas (falsa consciencia) imperantes. Principio fundamental y programa de lucha emancipador para recuperar a la memoria y ponerla a salvo de nuestro propio olvido.
Mucho cuidado. En memoria de “grandes luchas” y “grandes luchadores” se han cometido equivocaciones inmensas. Bajo la cualidad aparente del “homenaje” memorioso a personas o eventos, puede habitar una no poco tendenciosa usurpación simbólica que termine desplazando a los hechos concretos y los convierta en despojos anecdóticos para condimentar discursos ampulosos o charlas en cocteles diplomáticos. Un día, por fin, las fuerzas de la epistemología y la pedagogía comprometidas con la multidisciplina y la política emancipadoras, resarcirán el papel de la memoria en la construcción del sujeto social crítico hoy cercenado de los modelos educativos. Harán lugar a una Semiótica para la Emancipación inserta, también, en la revolución de las consciencias. Y eso es urgente, no lo olvidemos.

Dr. Fernando Buen Abad Domínguez, Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride, Universidad Nacional de Lanús

lunes, 27 de julio de 2020

Aumentan las tensiones entre los gobiernos de EE.UU. y China




El gobierno de Donald Trump cierra el consulado de China en Houston. Dos días después, el gobierno de Xi Jinping anunció el cierre del consulado estadounidense en Chengdu.

El día 22 de julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la orden de cerrar el consulado de China en Houston, ya que Mike Pompeo, Secretario de Estado, acusa al gobierno de Xi Jinping de estar involucrado en el espionaje e intento de robo de investigación científica por parte del ejército chino con la ayuda de los diplomáticos en Houston, debido a que se registró a los trabajadores ejecutivos del consulado del país asiático quemando papeles, lo cual llamó la atención en el gobierno de Donald Trump.
Además, Pompeo asegura que China es responsable de las violaciones a los Derechos Humanos a las minorías musulmanas ubicadas en Xinjiang en el noroeste de China, lo que fue negado por el Gobierno de Xi Jinping.
Con estas acusaciones, Pompeo buscaba que se dispongan restricciones a las visas de funcionarios gubernamentales y del Partido Comunista como sanción, como también aumentar las restricciones ya existentes a las empresas de China, por ejemplo la prohibición de venta de semiconductores a Huawei, a lo que China responde a restricciones a Apple en el país. Todo esto bajo el contexto de la guerra tecnológica entre los dos países con mayor valoración del PIB nominal.
Dos días después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció el cierre del consulado estadounidense en Chengdu, en respuesta a la medida de clausurar el consulado chino más antiguo en Estados Unidos. Según la cancillería, los trabajadores estadounidense de la oficina ejecutiva "interfirieron en los asuntos internos de China y pusieron en peligro la seguridad y los intereses del país”.
Estas acciones aumentan más las tensiones entre los gobiernos de ambos países, lo cual ha sido la tendencia en estos últimos meses debido a las acusaciones de Donald Trump hacia China que indican, según él, que "el virus habría sido creado en un laboratorio en China". Por otro lado, el gobierno de Xi Jinping niega a aquella acusación y además culpan al gobierno de Trump de “grave interferencia” en sus asuntos internos, lo que fue un factor a considerar a la hora de cerrar el consulado.
Cabe considerar que, Estados Unidos es el país con más personas contagiadas con el COVID-19, con un total de 4.186.329 casos confirmados, y al mismo tiempo es el país con más personas fallecidas a causa del virus con un total de 147.650 muertes confirmadas. Mientras tanto, China registra un total de 85.921 casos confirmados, además de registrar 4.653 personas fallecidas.
Como antecedente relevante, desde el año 2018, los gobiernos de ambos países sostienen una “guerra comercial”, generada por Donald Trump al imponer aranceles elevados, específicamente de 50 millones de dólares a los productos provenientes de China. Por su parte el gobierno de China haría lo mismo al aumentar los aranceles a 128 productos provenientes desde el país norteamericano.
Por otro lado, está la imposición de China de la aplicación de una ley de seguridad en Hong Kong, en que consiste en criminalizar la secesión, subversión y colusión con fuerzas extranjeras, y también restringirá el derecho a las protestas y la libertad de expresión. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, pidió revocar el estatuto especial de comercio, que permite a Hong Kong evitar los impuestos a los productos chinos.
Además, en el Mar del Sur de China se están realizando ejercicios militares de los dos países involucrados, y esto se debe a la presencia de dos portaviones estadounidenses hace algunas semanas, lo cual provocó el rechazo de parte del gobierno de Xi Jinping. China construyó bases militares sobre arrecifes e islotes desde hace meses, lo cual generó respuesta militar de parte de Trump, argumentando que las prácticas ejercidas por China eran “ilegales”.
En Estados Unidos se registraron las tasas de desempleos más altas del último tiempo, que son comparables a lo registrado previo a la “Gran Depresión”, en 1929. Además de identificar nuevos brotes de coronavirus, principalmente en los estados de California, Texas, Florida y Arizona.
Por otro lado, China aumenta su puntuación en el PIB nominal de 3,2% entre el mes de abril y junio de este años pero, sin embargo, la pandemia aumentó las diferencias entre ricos y pobres en ese país, lo que podría disminuir las cifras que han ido aumentando, como también por el descontento de la población hacia el manejo del gobierno para afrontar la pandemia, debido a la identificación de nuevos brotes en Pekín.

Jorge Viza

Trump y Zuckerberg

Sendos informes del New York Times y Washington Post mostraron la relación de Zuckerberg con Trump, y levantaron preguntas sobre si Facebook está apoyando a Trump para evitar el llamado a la regulación entre las grandes compañías tecnológicas.
El Washington Post, mediante entrevistas a más de una docena de empleados de Facebook y documentos internos, publicó un informe en junio que detalla cómo la política ha dado forma a los procesos de toma de decisiones de la compañía con respecto a la moderación de contenido y el “News Feed” (actualizaciones de amigos de FB) en los últimos cinco años (período en que Trump ascendió al poder).
El 20 de noviembre de 2019, NBCnews anunció que Mark Zuckerberg, Donald Trump y un miembro de la junta de Facebook, Peter Thiel, habían cenado juntos en la Casa Blanca en octubre. “No está claro por qué la reunión no se hizo pública o qué discutieron Trump, Zuckerberg y Thiel”, señala el informe. Facebook había sido demandada por aceptar publicidad política falsa, sobre todo en las escandalosas elecciones de 2016 (“Russiagate”). Trump gastó en Facebook 44 millones de dólares en 2016 y se espera que supere con creces este año, lo que significa que necesita a la compañía en su campaña de reelección, sobre todo cuando está acorralado por los medios (sólo Fox lo apoya) y por las movilizaciones populares contra la violencia racista. En su intento de establecer un estado policial, los medios de comunicación ocupan un lugar central.
El NYT se pregunta: “¿El Sr. Trump y el Sr. Zuckerberg llegaron a algún tipo de acuerdo? Zuckerberg necesita, y parece estar recibiendo, una aprobación tanto de los tuits enojados del presidente como de las serias amenazas de demandas y regulaciones que enfrentan otras grandes compañías tecnológicas. Trump necesita acceso a la plataforma de publicidad de Facebook y su poder viral” (21/6).
“Creo que tienen un acuerdo”, dijo Roger McNamee, uno de los primeros inversores de Facebook que ahora es un crítico feroz, y agregó que “probablemente fue implícito en lugar de explícito (…) El acuerdo de Mark con Trump es altamente utilitario, básicamente se trata de obtener rienda suelta y protección contra la regulación. Trump necesita el pulgar de Facebook en la escala para ganar estas elecciones” (ídem).
Durante la campaña presidencial de Trump en 2016 y 2017, Facebook y Twitter desarrollaron políticas sobre “interés periodístico” e “interés público”, que parecían diseñadas para acomodar las publicaciones de Trump a sus plataformas. “Trump, por su parte, ha sido notablemente más suave en Facebook que en Amazon, Google, Twitter o Netflix en un momento en que su aparato regulador a menudo se centra en los enemigos políticos que identifica en los tweets” (ídem).
Facebook decidió no actuar en la publicación de Trump en Minneapolis: en una declaración publicada en línea, Zuckerberg argumentó que la invocación de Trump a la Guardia Nacional significaba que se entendía mejor como “una advertencia sobre la acción estatal”. “Creemos que la gente necesita saber si el gobierno planea desplegar la fuerza”, escribió (ídem). Facebook tuvo una revuelta de sus empleados. Zuckerberg, dijo que no es el rol de la compañía convertirse en “árbitros de la verdad”. Timothy Aveni, un ingeniero de software, dijo: “Mark siempre nos dijo que trazaría una línea en el discurso que llama a la violencia”, “Facebook seguirá moviendo los postes cada vez que Trump escala”.
En 2019, los investigadores de Facebook descubrieron que los usuarios de Instagram percibidos como negros tenían un 50% más de probabilidades de ser deshabilitados de sus cuentas que los blancos (NBCnews, 23/7).
34 ex empleados de Facebook, publicaron “El Facebook al que nos unimos diseñó productos para capacitar a las personas y las políticas para protegerlos”, decía. “Ahora, al parecer, ese compromiso ha cambiado”. No tienen sindicato, gracias a las políticas antisindicales de diferentes administraciones.
Jesse Lehrich, cofundador de Accountable Tech, dijo que “Trump puede enfurecerse con Big Tech y Mark (Zuckerberg) puede decir que está disgustado por las publicaciones de Trump, pero al final del día el statu quo sirve a sus intereses” (NYT, ídem).
A principios de este año, en una entrevista con el Times, Joe Biden propuso revocar la Sección 230 en su totalidad, para “Zuckerberg y otras plataformas”. El Departamento de Justicia está llevando a cabo investigaciones antimonopolio. Facebook adquirió compañías, y fusionó Messenger, WhatsApp e Instagram, creando un monopolio.
La Sección 230 afirma que “ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o la voz de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información”. Según la Sección 230, Airbnb no es responsable si las unidades para alquiler so ilegales, y no hace responsable a Dropbox del contenido de lo que se distribuye utilizando su servicio.
Detrás de esto está el tráfico sexual, la pornografía infantil, la trata de personas, o el Lawfare. Detrás de diferentes leyes, las tecnológicas se han librado de la responsabilidad legal del contenido de sus servicios.
Como mecanismo de presión, Trump firmó una orden ejecutiva (que debe pasar por el Congreso) que alienta a los reguladores federales a reexaminar un escudo legal que impide que compañías como Facebook, Twitter y Google sean legalmente responsables de lo que publican los usuarios y les da a las plataformas la capacidad de controlar el contenido según sus propias reglas internas (NPR, 2/6). Trump necesita a las tecnológicas de su lado para su alicaída campaña y para el intento ahondar el estado policial norteamericano. Sólo la lucha de los trabajadores podrá quebrar este intento.

Emiliano Monge
25/07/2020

sábado, 25 de julio de 2020

La grandeza de una isla pequeña




Era muy caro, para mis recursos monetarios a los 16 años, enviar un telegrama a Cuba desde México. No obstante, hice «las mil y una» y pude poner en la oficina del telégrafo un mensaje: «Comandante Fidel Castro: feliz aniversario del 26 de Julio». ¿A qué domicilio lo envía?, me preguntó el telegrafista, y no supe qué decir. Ponga usted «Palacio de Gobierno de Cuba». Pagué por mi telegrama y me fui. Con el paso de los años recuerdo mi audacia (y mi ignorancia) no sin perplejidad: ¿cómo se me ocurrió semejante idea, de dónde saqué la locura de creer que, «así como así», uno podía enviarle a Fidel mensajes de aniversario que llegarían sin obstáculos a sus manos? Evidentemente no me pareció un imposible.
Una cantidad de recuerdos me ayuda a explicar por qué, para mi generación, Cuba y Fidel parecieron siempre muy cercanos y amigables. Yo nací en 1956, crecí con la Revolución Cubana instalada en mi casa. A los 16 años ya un tío me había obsequiado La Historia me Absolverá (1953) y mi abuela me había regalado El Diario del Che en Bolivia. En la unam había carteles con la imagen de Fidel, la música de Carlos Puebla nos llegaba en discos «sencillos» y el «long play». Entre la «secundaria» y la «prepa» (escuela nacional preparatoria) ya escuchaba a Oscar Chávez cantándole al Che y a Camilo. Mi abuela decía que quería a «los barbudos», porque hacían cosas buenas por su pueblo. Cuba, Fidel y la Revolución eran parte de mi familia desde mi adolescencia y antes. Muy rápido me di cuenta de que semejante familiaridad recorría las casas, las escuelas y los centros laborales de todo el país. No exagero, Cuba tocó fibras sociales muy sensibles en México.
He oído historias muy similares a lo largo de los años, historias de amor y compromiso engendrados por una isla pequeña del Caribe, que supo hacerse gigante en los corazones de los pueblos. No es solo una metáfora para un ejercicio de retórica. Es una confesión de parte. Mujeres y hombres de la intelectualidad, de la academia, de las artes y de las luchas populares crecimos impregnados de Cuba. De sus luchas y de sus ejemplos. Se nos estanció en la cabeza y en el corazón para florecernos en ideas y debates sobre la Revolución y sus motores de clase; sobre el método cubano para transformar el mundo; sobre el socialismo argumentado con acento de Caribe, con la proximidad rebelde y geográfica enmarcada por el Golfo de México. Todavía se ve la estela del Granma partir las aguas hacia una historia, que se nos hizo maestra de la vida desde la Sierra.
Llegaba hasta mi casa, la de mis padres, la revista Bohemia, porque me anoté en una lista que circuló en la «secundaria». Era una delicia hojearla en las tardes de tareas escolares. Mi padre fruncía el ceño, entre preocupado y curioso. Pronto se le acabaron los recelos porque leyó, de Rius, su Cuba para Principiantes (1966) y también leyó Marx para Principiantes (1972), salidos de la pluma genial de un amante de Cuba como pocos: Eduardo del Río, extrañado. Por cierto, libros leídos por millones de mexicanos que también aprendimos, con dibujos de un cómic singular, lo elemental de una experiencia revolucionaria que conectaba a Zapata, Villa y Flores Magón con Fidel, Camilo, Raúl y el Che en el mismo sendero que sigue el «espíritu que recorre el mundo».
De noche, tarde, en la radio de mi padre –que tenía onda corta– oíamos mi hermano y yo Radio Habana, Radio Reloj y música cubana, constantemente interferido por ese ruido de frecuencias entrecruzadas. Era un manjar sonoro de Cuba que saciaba el hambre de sonidos antimperialistas y anticapitalistas. Unas cuantas veces pudimos escuchar a Fidel sin entender del todo lo que decía, pero solazados por la dignidad de sus palabras en combate. Una escuela política nocturna con la oreja pegada a la radio. Delicias revolucionarias. ¿Por qué?, ¿qué estaba pasando que tantos jóvenes nos sentimos atraídos por Cuba y la Revolución que hacíamos nuestra a nuestro muy peculiar modo? ¿Qué amor extraño, de nuevo género, crecía en nuestras cabezas y corazones? No éramos pocos.
Ojalá fuese posible contarle al oído al pueblo cubano, cuánto nos ha educado su ejemplo titánico de resistencia y entereza. Ojalá fuese posible que unas cuantas líneas resumieran, y expresaran, el cúmulo de emociones fraternas que anidan en nuestras vidas gracias al ejemplo solidario de Cuba con todos los pueblos hermanos, en Angola tanto como en Venezuela, por solo mencionar un eje geopolítico e histórico de nuevo género en el tiempo y en el espacio.
Escribo en primera persona con el supuesto de que es así como mejor se explica el amor entrañable que sentimos muchos mexicanos por la Revolución Cubana y, también, la deuda inmensa que tenemos con su ejemplo de lucha y dignidad a toda prueba. Así, en primera persona, supongo que puedo dejar a la vista las tantas horas de lecturas y debates, la tanta música, cine, poesía y filosofía recogidos de tantos extraordinarios talentos cubanos. Casa de las Américas… Prensa Latina. Pablo, Silvio. Escribo en primera persona endeudado con las horas buenas de la mejor producción científica y cultural de Cuba y endeudado con la solidaridad (nunca suficiente) en las horas amargas de acoso, bloqueo y humillación contra un pueblo ejemplar e irrompible como es el cubano. A mis años ya sé que nunca podré retribuir lo tanto recibido. Me atengo, no obstante, a las palabras de Martí, que yo entiendo como canto guerrero en pie de lucha siempre humanista: «Amor con amor se paga». Espero estar a la altura en cada 26 de Julio, en primera persona.

Fernando Buen Abad Domínguez

viernes, 24 de julio de 2020

La guerra por TikTok: Estados y corporaciones digitales




La prohibición de la plataforma china en la India se inserta en la disputa por el mercado tecnológico entre Estados Unidos y China.

“Make your day” (Hacé tu día) es el lema de TikTok –alguna vez habría que escribir una antología con las promesas que agitan los eslóganes de las corporaciones digitales-, la aplicación china que, en línea con Snapchat y con las historias de Instagram, permite publicar videos de no más de 15 segundos que redundan en personas que bailan, cantan o comparten alguna escena cotidiana. Si entretener significa “mantener a alguien en suspenso”, la cuarentena global se convirtió en un escenario y una oportunidad ideales para estas aplicaciones. De hecho, ya cuenta con 800 millones de usuarios, una cifra que supera a los de Twitter y se aproxima a los que consumen Instagram y Facebook. Y no solo reúne a jóvenes consumidores: casi el 30% de los usuarios tiene más de 45 años. Según un informe, “fue la aplicación más descargada globalmente en marzo de 2020 con más de 115,2 millones de instalaciones (desplazando a Whatsapp)” (La Nación, 18/7) y “generó $5.600 millones en ingresos” solo en el primer trimestre del año, más del doble del 2019 (ídem).
En otras palabras, TikTok es hoy la primera red social china que disputa el mercado occidental. Por eso, está colocada en el centro de la guerra económica y por la hegemonía de la carrera tecnológica entre los Estados Unidos y China.

Tus datos, mis datos

Hace tres semanas, la India prohibió 59 aplicaciones chinas, entre ellas TikTok, donde esta había consolidado su segundo mercado más importante después de China. El mandatario Narendra Modi justificó la medida como respuesta al conflicto militar entre los ejércitos de ambos países en Cachemira. Pero agregó otro motivo: tales aplicaciones y plataformas constituyen una “amenaza a la soberanía y la integridad” (La Vanguardia, 1/7).
Esta denuncia se alinea con las que dispara Donald Trump, quien todavía no se recuperó de la humillación que los fans del K-pop le infringieron, desde esa plataforma, al simular un retiro masivo de entradas para el mitín en Oklahoma que terminó vaciando el acto con el que pretendía reiniciar su campaña. Para Estados Unidos, el robo de información personal, que se genera al descargar la aplicación, y el hecho de que tales datos sean recopilados por una empresa ligada al Estado chino, son razones más que suficientes para justificar su campaña contra TikTok. Y, sobre todo, para amenazar con prohibirla también en los Estados Unidos.
Frente a esta campaña, el comunicado oficial de TikTok no puede ser más irónico. Asegura que trabaja diligentemente para desarrollar una infraestructura de seguridad, pero sobre todo dice que “tiene un CEO estadounidense” y “un jefe de Seguridad de la Información con décadas de experiencia militar y de aplicación de la ley en Estados Unidos” (Infobae, 17/7). El CEO es Kevin Mayer, directivo de streaming de Disney y jefe de operaciones de ByteDance, la corporación que produce TikTok.

Sale TikTok, entra Reels

La expulsión de TikTok de la India, que dejó a cerca de 200 millones de usuarios huérfanos de videos, no pudo ser más oportuna para las compañías estadounidenses. Facebook se alistó rápidamente para introducir Reels, una aplicación muy similar a la china. De este modo, la compañía de Mark Zuckerberg consolida su posición en el mercado indio, donde ya había conquistado un primer lugar para su red Whatsapp y comprado el 10% de las acciones de Jiu, una de las principales compañías de telecomunicaciones de ese país.
Ni Modi ni Trump elevaron la voz contra Facebook, que hace apenas dos años estuvo en la picota por el escándalo de espionaje y manipulación en las campañas electorales de decenas de países a través del robo de datos personales de sus usuarios.
Las denuncias contra la aplicación china no difieren de aquellas que se presentaron contra Zuckerberg, las que se filtraron en los documentos de Snowden en 2013, o las que se renuevan ante cada plataforma global en manos de unas pocas corporaciones. No asistimos a una campaña contra el espionaje de algunas corporaciones para evitar el uso de nuestros datos personales sino a una guerra por el control de los datos y del mercado global.

Santiago Gándara

Colombia: el país con mayor número de asesinatos políticos

El acuerdo de paz se firmó el 24 de noviembre de 2016 y desde ese momento son 971 indígenas, campesinos, afro, sindicalistas y ambientalistas asesinados hasta el 15 de julio de 2020 (semana, 16/7). En lo que va del año, fueron asesinados 152 líderes sociales.
Durante el Gobierno de Iván Duque se han asesinado a 572 líderes sociales. El informe revela que desde que Iván Duque asumió la Presidencia se han consolidado homicidios de líderes y defensores en 29 de los 32 departamentos del país. Así mismo, los crímenes se presentaron en 125 municipios; es decir el 11% del total de municipios de Colombia, lo que claramente muestra que hay zonas puntuales de mayor impacto que coinciden con los territorios azotados por grupos criminales, el narcotráfico, la pobreza y desigualdad.
El campesinado con 342 homicidios y los indígenas con 250 constituyen los sectores más golpeados por la muerte donde se identificado que los conflictos agrarios por tierra, territorio y recursos naturales representan el 70,13% de las causas de los hechos. “Los perfiles de liderazgos más victimizados en Colombia son, justamente, líderes y lideresas vinculados con Juntas de Acción Comunal que representa el 30% de los asesinatos. A su vez, los liderazgos indígenas 18% y liderazgos campesinos 14%” (Pares, 22/7).
Cauca es el lugar con mayor cantidad de asesinatos (20%). Tibú es el municipio donde más asesinatos se han registrado en contra de líderes y lideresas sociales, el 7,2 % de los hechos ocurrieron allí (Pares, 22/7). Huila tiene el 7,2% de los asesinatos en 2020, Algeciras, el 5,8%.
Los responsables son grupos como el Clan del Golfo o Los Rastrojos, que provienen de la Autodefensas Unidas Colombianas (AUC) creadas por el ex presidente Álvaro Uribe, quien puso a Duque en el poder.
En 2019 “63 por ciento de los asesinatos fueron cometidos por desconocidos, 17 por ciento por narcoparamilitares, 11 por ciento por residuales de las Farc, 5 por ciento por el ELN y 4 por ciento por la fuerza pública” (ídem).
El acuerdo de Paz fue un fracaso y lo que sucedió fue una remilitarización. Según un especialista, desde que asumió Duque “las disidencias de la FARC hacían presencia en 56 municipios, una vez Duque llega a la Casa de Nariño y, hoy por hoy, ocupar 101 municipios. Por su parte, el ELN está operando en más de 140 municipios y recién empezó el gobierno de Duque; no llegaban a los cien municipios” (Pares, 22/7). En los departamentos del Cauca, el Meta, Putumayo, el Chocó, Nariño y Antioquia hay seguidillas de asesinatos de excombatientes de las FARC-EP. Desde el 26 de marzo se han verificado 19 asesinatos, para un total de 37 en 2020, y una “situación vulnerable de aproximadamente dos tercios de los excombatientes” (UN, 14/7). Mientras tanto, el ejército y los servicios siguen divididos por el escándalo de las escuchas, violencia sexual y las denuncias de corrupción. La acción de las autodefensas armadas y grupos derivados de ellas siguen generando masacres, como las recientes en Carboneras o en Algeciras.

Desplazados y genocidio

Colombia es el país con mayor número de desplazados del mundo durante la última década (más de 8 millones), superando a regiones en conflicto como Congo, Yemen, Siria, Afganistán o Somalia (eacnur). Colombia es el primero en desplazados internos y el segundo en el globo que más recibe refugiados, esto por el caso venezolano.
En Norte de Santander, la ONU reportó más de 45.000 sometidos a confinamiento forzoso en mayo. Asimismo, más de 7500 personas fueron desplazadas por la fuerza en la región del Pacífico, más del 80% eran mujeres y niños y el 50% pertenecían a comunidades étnicas.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), dice que desde los Acuerdos de Paz hasta noviembre de 2019 se denunciaron 43.033 hechos victimizantes en el país. De esos, 184 corresponden a homicidios, 11.643 a desplazamiento y 25.903 a confinamiento. Solo durante el primer año de gobierno del presidente Iván Duque se reportaron 868 amenazas, 128 homicidios, 5.180 personas desplazadas y 12.549 confinadas.
Aida Quilqué (ONIC) declaró que “El gobierno nacional de Iván Duque, que es el responsable de seguir cumpliendo los Acuerdos de Paz de La Habana e implementar la paz en Colombia, no se ha dado a implementarlos. Por eso en el marco de su gobierno ha habido más muertos, más desplazados, más asesinados y más hechos victimizantes en todos los sentidos. De tal manera que eso implica que en Colombia seguramente los procesos no van a cambiar, porque la paz no es solo firmar un acuerdo y que se cumpla. La paz tiene que ver con los planes de gobierno” (ipdrs, 4/7).
Decretaron un Estado de Emergencia y un “genocidio sistemático, basados en los repetitivos casos de asesinatos de líderes sociales indígenas que se han presentado sin interrupción”. Indicaron que de los 158 asesinatos de líderes sociales indígenas reportados a octubre de 2019, 94 se dieron durante el gobierno de Duque.

Emiliano Monge
23/07/2020

jueves, 23 de julio de 2020

Una lucha por la dignidad que se unifica y se fortalece




El pasado viernes se llevó a cabo una jornada de movilización de los trabajadores del transporte interdepartamental, el suburbano, las cooperativas de transporte urbano y el taxímetro. Según los protagonistas de la jornada, fue evaluado de forma “muy positiva” y rescataron la importancia de la unificación de un sector que está teniendo en distintos niveles una problemática similar.

La crisis económica que provocó la pandemia por causa de la caída de la actividad económica y por la política del gobierno, encuentra manifestaciones diversas: cientos de ollas populares, envíos al seguro de paro, despidos, rebajas salariales, y en muchos casos, jornadas de trabajo extenuantes para quienes continúan en actividad y deben cubrir el trabajo de más de una persona. Los trabajadores del transporte, los que unen distintos puntos del país, y los que transportan diariamente a la población, en su mayoría trabajadores, están denunciando los abusos de las patronales y de los gobiernos nacional y municipal, quienes plantean el salario y los puestos de trabajo como variables de ajuste.
Fue por este motivo que cientos de trabajadores de distintos gremios nucleados en la UNOTT realizaron una jornada conjunta que comenzó el mediodía del pasado viernes en la terminal de ómnibus de Tres Cruces. Luego de una hora de manifestarse ante cada salida de coches, los trabajadores y trabajadoras realizaron una conferencia de prensa en la que destacaron lo injusto del ataque empresarial y plantearon efusivamente la necesidad de seguir unificando sectores como forma de tonificar los reclamos y dar ánimo a todos los gremios en lucha por sus condiciones de trabajo.
La jornada prosiguió con una extensa caravana que recorrió distintos puntos de Montevideo y que señalaba en su recorrido a las distintas patronales de los distintos rubros. La caravana luego se dirigió hacia Torre Ejecutiva y después a la Intendencia de Montevideo. En todo el trayecto se pudieron observar las demostraciones de apoyo de una sector importante de la población, que, en muchos casos, sufre los mismos recortes en sus lugares de trabajo o en los servicios.

La crisis del sector interdepartamental y suburbano

Con la excusa de la pandemia, los empresarios del transporte han sacado tajada de la situación en distintos niveles. Envíos al seguro de paro y rebajas salariales son las propuestas más comunes por estos días. En el caso del transporte interdepartamental las empresas le plantean a sus empleados que no hay viajes para todos, por lo tanto, los trabajadores deben repartirse lo que hay. Esto, denuncian los propios trabajadores, implica una rebaja del salario. A su vez, se ven afectados otros ítems que componen el salario, como el monto mínimo asegurado por 8 mil kilómetros, ya que choferes y guardas cobran por kilómetro rodado. El “toma y cese”, es decir, el tiempo que el guarda y el conductor se toman para inspeccionar las unidades y realizar tareas de atención del pasaje, también se ve afectado con la propuesta de la empresa.
Los trabajadores denuncian que la mayoría de las empresas del sector realizo envíos al seguro de paro sin acordar criterios previos. También plantean que la actitud del Ministerio de Trabajo ante esta situación ha sido de complicidad con las empresas.
En este sector el caso emblema es el de los trabajadores y trabajadoras de la empresa CITA, a quienes se les confiscó el 30% de su salario sin aviso ni negociación previa. Los trabajadores damnificados son unos 160 y continúan con una huelga que ya lleva más de 10 días. Lo novedoso de esta medida de lucha y en otras empresas es el nivel de acatamiento a la misma, incluso de personal no sindicalizado.
Las empresas aducen crisis. Sin embargo, los trabajadores argumentan que no conocen los números contables y la situación financiera de las empresas. Consultado por La Izquierda Diario, José Duarte, dirigente del sindicato planteó que “El gobierno sigue bancando a las empresas, por eso no entendemos por qué quieren recortar el salario”. Es que el Ministerio de Transporte renovó el fideicomiso a las empresas en iguales condiciones que 2019. Es decir, el Estado está subsidiando a las empresas como si funcionaran a pleno, cuando durante mucho tiempo el servicio fue reducido a su mínima expresión, producto de la emergencia sanitaria y las exhortaciones a no circular.
Y afirma que “hay una situación donde no sabemos ni conocemos la contabilidad de las empresas, porque a diferencia de Montevideo, acá no hay paramétrica, no hay manera de saber nada de los números de las empresas… Solo sabemos que ellos vienen y dicen que están en crisis”.
Para Duarte “la movilización estuvo muy buena. Por el poco tiempo que tuvimos, estuvo muy bien. Fuimos a la UNOTT y encontramos el respaldo de varias filiales, como los compañeros del transporte cooperativo que están luchando también contra una rebaja salarial, así como también de los compañeros del taxi, que están siendo víctimas del robo del viático”. Y prosiguió: “Esta movilización nos dejó muy fuertes pensando en lo que se viene y esto nos compromete mucho con todos los trabajadores”.

ASCOT continúa su lucha contra la paramétrica de Di Candia y Salgado

A la manifestación de los interdepartamentales, se sumaron los trabajadores nucleados en ASCOT, que se movilizaron nuevamente en contra del cambio de paramétrica propuesto por la Intendencia de Montevideo. La medida propuesta por la comuna implica una rebaja en los salarios en el orden del 12,5%.
Las cooperativas de transporte urbano COETC y UCOT acompañaron la jornada que comenzó en Tres Cruces, con una paralización de sus actividades desde las 10.30hs de la mañana hasta las 17hs.
En el caso de Montevideo, el cambio de paramétrica en el boleto fue propuesto por la Intendencia de Montevideo con el aval de la empresa CUTCSA. Los trabajadores, como te contamos aquí rechazan la aplicación de la nueva paramétrica y han sido enfáticos en rechazar cualquier tipo de rebaja salarial. Cabe destacar que, a pesar de la reducción de frecuencias, muchos trabajadores del transporte urbano continuaron con sus tareas en los días de mayor incertidumbre ante la llegada del Covid-19 a Uruguay, trabajando sin protocolos y con una exposición importante al virus.
La condición salarial del sector varía entre los 30 a 45 mil pesos líquidos mensuales, divididos en tres categorías: guarda, conductor y conductor-cobrador. El recorte que propone el intendente Di Candia afecta los ya golpeados salarios de los cooperativistas, quienes muchos destinan hasta una tercera parte de sus haberes a pago de alquileres o hipotecas. Esto sucede en un contexto de que tiene como contratara la suba de los precios de todos los bienes y servicios a un ritmo más acelerado que antes.
ASCOT viene realizando distintas movilizaciones y asambleas desde hace aproximadamente un mes. Denuncian que desde la comuna capitalina en sus distintas gestiones se ha atacado al transporte cooperativo. En este tramo han sido recibidos por la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y las negociaciones con la IM siguen estancadas. Aún así, el sindicato viene movilizándose sistemáticamente, realizando una nueva movilización por el centro de Montevideo el pasado jueves.
Consultado por La Izquierda Diario, Martín Burguez, presidente de ASCOT y trabajador de UCOT destacó que “el balance de la convocatoria fue muy positivo, ya que hacía mucho tiempo que no se podía sacar un paro de esta manera donde faltó muy poco para que fuera un paro general de toda la UNOTT. Y añadió: “Todas las filiales pudieron exponer y sacar a la calle su problemática (...) y la verdad que la unificación de la lucha hace que tome más peso. Quedó demostrado que si lo hacíamos individualmente como hasta el momento, la verdad que no venía teniendo mucha repercusión y hasta el momento no había generado ningún efecto. Creo que ahora van a tener que tomar diferente a los trabajadores y creo también que en la próxima UNOTT tiene que ir madurando la idea de un paro general. La semana que viene comenzamos con el cantón en la intendencia y tenemos que seguir pensando como seguimos esta lucha. También vamos a ir a la comisión del parlamento nuevamente”.

Un paso en la unificación de los conflictos

El sindicato del taxi también acompañó la jornada con una paralización de 24hs en solidaridad con el sector interdepartamental y en reclamo por la pérdida de su propio viático.
En el estado ya se están sintiendo los primeros efectos de la aplicación del decreto 90/020 y el gobierno planea recortes del orden del 15 a 20% en administración central, entes autónomos y en la Universidad de la República. Este 29 de julio los trabajadores nucleados en la Mesa Sindical Coordinadora de Entes paralizarán sus actividades planteando su rechazo a la aplicación de este decreto.
En el sector de la pesca, el SUNTMA se encuentra en conflicto en el sector carga, donde se plantea el despido de trabajadores.
El miércoles pasado vimos la multitudinaria asamblea del SUNCA, quien también resolvió luchar para no perder salario.
En áreas como call center se han extendido los seguros de paro y existe también la no renovación de contratos. En otros sectores de comercio y servicios, a la vez que se plantea una rebaja del salario real, las empresas ajustan también despidiendo, ya que han probado que pueden funcionar con menos personal, recargando de tareas a los trabajadores y trabajadoras que quedan en actividad.
La jornada del transporte del viernes es un paso importante en la unificación de los sectores en conflicto. Será la única manera de enfrentar un avance empresarial y del gobierno que tiene sus tres ejes en el cambio de las reglas de juego jurídicas y todo el andamiaje represivo que significa la LUC; así como también el presupuesto de ajuste que en el propio gobierno califican como “de guerra”; y la avanzada de rebaja salarial y despidos en el ámbito privado. Estos pasos hacia una lucha unificada es un importante precedente para plantear de forma urgente un paro de 24hs de todo el PIT-CNT.
Como pudo escucharse en los discursos de la conferencia de prensa en Tres Cruces, esta es una lucha por la dignidad y por el pan para las familias trabajadoras.

Damián Recoba
Domingo 19 de julio | 13:55

martes, 21 de julio de 2020

Mientras subsidian a Wall Street, la economía se derrumba

"Aunque superamos la ola inicial del período de marzo a abril, la enfermedad todavía es capaz de sorprendernos", dijo un presidente regional de la Reserva Federal (FED). "Sin una gestión de riesgos más granular por parte de la política de salud, podríamos obtener una ola de quiebras sustanciales y [eso] podría alimentar una crisis financiera".
James Bullard, presidente de la FED de St. Louis, reitera que el riesgo de una crisis financiera persiste - “aún estamos en el medio de una crisis”- e insistió en que la política de la Fed de proporcionar billones de dólares a los mercados financieros, ahora extendida a la compra de deuda corporativa, incluidos los llamados bonos basura, tenía que continuar. Eso fue porque hubo "giros y vueltas" en una crisis que “todavía está aquí”.
Las declaraciones de una autoridad financiera de tal nivel eximen comentarios. Estamos en el medio de una crisis que puede producir una “ola de quiebras” si la pandemia no cede. Y una nueva ola de contagios azota y produce a mediados de Julio más de 70 mil contagios diarios, el mayor número desde el inicio de la pandemia.
Trump logró el lamentable primer puesto –“America first”- en cantidad de contagios de Covid-19, con 3,7 millones y 140 mil muertes superando a Brasil, India y China sumados.
Desde mediados de junio, una nueva ola de contagios llevó a 26 estados que habían implementado aperturas las revirtieran. Las previsiones de Bullard cobraron total actualidad, la crisis financiera y económica “está aquí” y el avance de la pandemia no cesa.

Grieta entre la economía y Wall Street: nueva ola de quiebras y desocupados

Nuevas olas de despidos anunciaron empresas de diversos sectores – HSBC, 35 mil despidos; Deutsche Bank, 18 mil; Wells Fargo, con 265 mil empleados, recortará su plantilla entre el 7 y el 12%; J. P. Morgan, Goldman Sachs, reducirán personal. Las empresas de tecnología IBM, INTEL, Oracle, Cisco, las aerolíneas, automotrices, Hertz; y una lista interminable de nuevos despidos, diluye la recuperación que se produjo en desde mayo. La nueva ola desocupados ya se está produciendo.
Mientras la caída de la actividad económica se profundiza, las bolsas han tenido una suba que ha llevado a recuperar gran parte de las bajas de marzo y nuevas cumbres en la tecnología. Como si se tratase de dos economías diferentes, Wall Street obtiene con la cuarentena grandes beneficios. Mientras aumentan los desocupados, el sector financiero vive otra realidad.
Luego del derrumbe de marzo del mercado de deuda y acciones, la Reserva Federal puso un piso al mercado de deuda anunciando la compra de emisiones de bonos corporativos y en el mercado, préstamos a empresas y bajando a cero la tasa de interés, que se comprometió a mantener sin aumentos hasta 2022.
Los rescates del gobierno y la Reserva Federal privilegian a los bancos y empresas Las empresas se lanzaron a emisiones de deuda que fue comprada por la Reserva Federal financiada con emisión monetaria, esos fondos se canalizaron a pagos de dividendos y compra de acciones produciendo una fiesta en Wall Street, mientras la economía real se desplomó, produciendo decenas de millones de desocupados.
En la crisis del 2008, el estado rescató a los bancos con billones de dólares en préstamos y compra de los activos tóxicos (bonos basura) para mejorar los balances. No dio subsidios a los 10 millones de familias que perdieron la vivienda, ni apoyó a los millones de desocupados. Gracias a esa política, hoy hay más inquilinos por los masivos desalojos luego de la crisis hipotecaria y se retrocedió a una mayor precariedad de la economía familiar.

¿Estamos ante una crisis bancaria o una crisis del capitalismo?

Si la crisis del 2008 dejó una enseñanza es que el estado apoyaría al sector financiero incondicionalmente. El alcance del rescate era desconocido, hasta que una auditoria de la FED estableció que se gastaron 16 billones de dólares en diversos rescates y compra de activos desvalorizados, un monto superior al producto bruto nacional del 2008.
Este rescate incluyó a los principales bancos globales de Estados Unidos Citi, como Morgan Stanley, J. P. Morgan, entre otros, y extranjeros, como Royal Bank of Scottland, Deutsche Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Dresdner Bank. Societé General, etc. La crisis del sistema financiero se extendió a todo el planeta, transformando a la Reserva Federal en el banco de rescate mundial, ante el hundimiento del sistema financiero global.
Esta forma de rescate al sector financiero de 2008 nunca finalizó, continuó con bajas tasas y compra de activos financieros y se convirtió en una “adicción” para el sector financiero. Se inició durante la presidencia de Obama y, desde el rescate de la pandemia, Trump dejó de criticar al presidente de la Reserva Federal. Tampoco el parlamento lo reprueba o cree necesario supervisar, es una política de Estado. El sector financiero, desde la presidencia de Obama, ha sido privilegiado en materia de rescates y subsidios. Si Trump pierde las elecciones, los demócratas no han anunciado cambiar esta política.

Rescates y la insolvencia en la Reserva Federal

La suba de las bolsas y los bonos públicos y privados, empujados por la emisión monetaria, muestra al capitalismo dependiendo ya no de la creación de plusvalía sino de la emisión monetaria. Un reciente estudio de varias universidades revela que las empresas han repartido más dividendos a los accionistas que ingresos registrados. Ese exceso financiado con deuda las pone “en mayor riesgo de colapso”. Los subsidios al sector financiero alimentan una burbuja en los activos financieros, con subas y endeudamiento impulsado desde el estado.
Las finanzas de Estados Unidos sufren un deterioro agravado desde 2008. Con crónico déficit de presupuesto y de la balanza comercial, se ha financiado con un mayor endeudamiento, mediante la emisión de bonos del Tesoro. Ahora la Reserva Federal tiene más bonos que China, que dejó de ser su principal comprador.
Los subsidios al sector financiero han tenido un gran crecimiento desde la pandemia. Los recientes subsidios facilitaron compras de acciones y distribución de dividendos a los accionistas. No han aliviado los efectos de la pandemia en la economía. Que “hará que la recesión sea más profunda, los costos para los gobiernos serán mucho mayores y extenderá la necesidad de intervención del banco central”.
Ya han quebrado 3.000 empresas y los bancos esperan mayores dificultades de las empresas y previendo una nueva ola de impagos aumentan sus reservas. Hertz, con mucha deuda, quebró al iniciarse la cuarentena ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones.
El capitalismo no logra salir de terapia intensiva, el salvataje del sistema financiero en Estados Unidos en Europa y Japón la está llevando a mayor insolvencia del estado y las empresas sin lograr detener el desbarranco económico.
Los trabajadores no pueden cifrar esperanzas que el capitalismo pueda resolver esta crisis que ellos han creado, una recesión más profunda producirá mayor desempleo y miseria. Mientras los gobiernos capitalistas privilegian subsidiar y rescatar al sistema financiero, Los trabajadores deben luchar por una salida que contemple las reivindicaciones de los trabajadores y desocupados.

Sergio Rivero
19/07/2020

Lo que España o Francia no permitirían pero exigen a Cuba




Imagínense que la izquierda llegara a varios gobiernos del Sur de Europa y aplicara decididas políticas públicas. Y que, afectados ciertos intereses transnacionales, EEUU les impusiese una guerra comercial. ¿España permitiría que miembros de organizaciones españolas, con fondos de la Casa Blanca, se dedicaran a destruir su industria turística? ¿Francia permitiría que supuestos activistas de derechos humanos, pagados por Washington, alentaran el bloqueo total a su economía?

lunes, 20 de julio de 2020

Uruguay: Crónica de un saqueo anunciado

El presidente Luis Lacalle Pou que lidera la derechista Coalición Multicolor (CM) que gobierna desde el primero de marzo en Uruguay, se propone llevar adelante su plan de ajuste neoliberal: un saqueo de las arcas del Estado, un extractivismo de arriba hacia abajo, una transferencia de recursos de las clases populares hacia las élites.
El instrumento predilecto para llevar adelante las reformas es la Ley de Urgente Consideración (LUC), de casi 500 artículos, redactada antes del estallido del Covid-19, pero que en las modificaciones posteriores que se le introdujo no se contempló ningún aspecto para paliar la crisis pandémica.
En resumen apunta a tres ejes de acción: mercantilización de la educación, desguace y posterior privatización de las empresas públicas y criminalización de la protesta. Esta ley divide a la población uruguaya, donde la última encuesta que realizara la consultora Opción, arrojó como resultado un 42% a favor y un 43% en contra.

La “herencia maldita”.

Los quince años de gobierno del centroizquierdista Frente Amplio no “hicieron temblar las raíces de los árboles” como expresara el ex presidente Tabaré Vázquez en su acto de asunción en 2014. El Frente Amplio dejó un déficit fiscal de 4,9% del PIB, una deuda bruta del sector público al cierre de 2019 que ascendía a 37.160 millones de dólares, lo que representa 66,4% del PIB.
La deuda pública neta, excluyendo las reservas de los bancos comerciales en el Banco Central del Uruguay (BCU), alcanzó 43,5% del PIB.
En 2019 se destruyeron más de 10.000 puestos de trabajo en la economía, confirmando lo que venía sucediendo en la última administración de Tabaré Vázquez, en el que se perdieron en el orden de 56.000 puestos laborales. Según la Rendición de Cuentas del gobierno anterior la caída del PIB de 1,6% confirma que nuestro país se encuentra en recesión desde el último trimestre del año anterior, al acumular dos variaciones de signo negativo.
El horizonte no augura buenas nuevas para los que venden su fuerza de trabajo. De un presente incierto, pendiendo de un hilo, se suma un gobierno neoliberal junto con una pandemia global que sirve de tapadera y excusa para dar rienda suelta al proyecto de saqueo de la oligarquía uruguaya con apoyo del sector militar-nacionalista-ultraconservador y los poderes económicos concentrados.

La receta

La coalición gobernante posee las mayorías parlamentarias para votar a tapa cerrada prácticamente cualquier proyecto de ley. El oficialismo festeja esta nueva mayoría como un hecho democrático a destacar. “Ganó la democracia” espetó el legislador nacionalista Jorge Gandini. Pero cuando las mayorías parlamentarias las tenía el Frente Amplio, se acusaba desde tiendas de la oposición en ese entonces, de autoritarismo y falta de debate.
El Presidente Luis Lacalle expuso en un hilo de 27 tweets por qué la Ley de Urgente Consideración es “popular, justa y necesaria”. Allí plantea las bondades de la flexibilización de la forma de pago, ya sea de manera virtual o en efectivo, de los salarios. Esto divide las aguas, donde especialistas plantean que esta medida será campo fértil para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
En la izquierda este tema genera urticaria, ya que defender lo que fue denominada la “inclusión financiera” combate al lavado de activos pero ha hecho que los bancos aumentaran exponencialmente sus ganancias ya que todas las transacciones deben de pasar por una sucursal o terminal bancaria.
Cual manual del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de la Coalición Multicolor pretende una reforma de las jubilaciones y la seguridad social. Busca reducir el déficit fiscal con una regla fiscal. El 3.3% del total son de intereses de deuda pública. ¿Ese 1.6% que pretenden reducir, será a través de un ajuste o una auditoría de la deuda pública? La realidad demuestra que los gobiernos que siguen los mandatos del FMI optan por la primer opción.
Siguiendo los dictámenes del organismo multilateral, el gobierno de coalición de derechas impulsará una reforma tributaria que favorecerá al sector agropecuario. Sumado a una suba del dólar del 26% en los primeros 6 días de gestión que favoreció al sector agropecuario exportador.
“Lo más importante para nuestra política económica es el mantenimiento de las políticas públicas.” sentenciaba en un spot de campaña la actual Ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche. La misma Arbeleche este 14 de julio declaró: “Si no mejoran los resultados fiscales, políticas sociales no podrán mantenerse.”
Una confesión de parte de la verdadera importancia que tienen las políticas sociales para el gobierno. Todo esto en un contexto donde la Cepal prevé una caída del PBI en América Latina de 9.1% y 28 millones de nuevos pobres.
En materia de seguridad pública se pretende declarar emergencia nacional, introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, pena perpetua revisable, y volver a que los ex funcionarios policiales como militares puedan portar armas. “Agredir, amenazar o atentar contra un policía” será considerado un delito. La cuestión reside en que el concepto de agresión y amenaza es muy laxo en la ley y prácticamente podría caber casi cualquier acción dentro de la misma.
Lentamente se está macerando una reforma educativa. Reducto predilecto de los neoliberales que pretende privatizar todo lo que cruce su paso. Con la promulgación de la LUC se le quitó a los docentes el voto en órganos de decisión, a la vez que forma a los estudiantes para ser emprendedores, futuros empresarios con los valores del libre mercado y así reproducir los valores hegemónicos del capital por encima de la vida.
La LUC apenas contempla unos pocos artículos para combatir la violencia de género que se lleva un alto número de vidas por año en Uruguay. “Compromiso por las mujeres.” era uno de los postulados de la Coalición Multicolor en campaña. Una de las consecuencias de la promulgación de la LUC es que el ajuste del gasto del poder judicial afectará el combate a la violencia de género, según el diario El Observador.
El capítulo de la agenda de derechos en un país que se granjea por sus avances en inclusión y pluralidad en la primavera progresista, puede desmoronarse con un soplido. Varios sectores dentro de los partidos que integran la CM están abiertamente opuestos a leyes como el matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana, la protección de las personas trans o la despenalización del aborto.
Una nueva encuesta de aprobación de gestión da como resultado que el Presidente Lacalle mantiene un porcentaje por encima del 50%. Paralelamente a su raid televisivo y mediático en la vecina orilla argentina, los conflictos sindicales van en aumento. Tal es el caso de AUTE, funcionarios de la estatal empresa de energía eléctrica; gremios de la educación y la enseñanza, funcionarios del área de Presidencia y los sindicatos bancarios, entre otros.
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que el año pasado apoyó más de 800 proyectos, cerrará temporalmente, se van a recortar los cursos de formación profesional destinados a personas desempleadas o en el seguro de desempleo y según el semanario Brecha, el Ejecutivo le comunicó a la Universidad de la República que en el próximo presupuesto para gastos e inversiones el recorte será entre un 15 y un 20 por ciento.

La puja

La central única de trabajadores PIT-CNT ha firmado un acta en una reunión tripartita entre Gobierno, trabajadores y cámaras empresariales, que acepta la propuesta económica del gobierno en torno a los salarios. El hecho suscitó mucha polémica ya que varios sindicatos y organizaciones señalan que ese acuerdo es aceptar una pérdida de salario real para los trabajadores durante este año.
Incluso el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) realizó una asamblea al aire libre en la Plaza Mártires de Chicago con un aforo de más de 15 mil trabajadores rechazando el acta firmada por la central de trabajadores. Por su parte, la central de trabajadores argumenta que es un preacuerdo y que no está todo dicho aún.
Vuelve el fútbol el 8 de agosto, abren los shoppings, las colonias de vacaciones y centros hoteleros. Los teatros sin embargo, a pesar de tener la habilitación del Ministerio de Salud, desde la Presidencia se ha vetado su reapertura.
El Frente Amplio -como oposición- transita un camino que parece inexorable, hacia un partido más de la alternancia en la democracia representativa. La dirigencia no ha asumido sus errores en la derrota de octubre pasado e insiste con la misma fórmula que le resultó negativa.
La conformación de una intersocial que nuclee a sindicatos, gremios, organizaciones sociales, partidos políticos es, junto con el movimiento feminista los dos espacios que tienen más potencial para movilizar, reclamar y resistir el embate neoliberal.
Memorias de un saqueo en el presente que condena el futuro otra generación más de naides, como diría Eduardo Galeano. La Coalición Multicolor liberal en lo económico, excluyente en lo social, conservador en lo cultural, y con la impronta represiva y autoritaria imprescindible para imponer este retroceso en marcha.

Nicolás Centurión
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)