El significado de la presencia de las tropas israelíes y yanquis en Venezuela

Delcy Rodríguez junto a miembros de la delegación israelí 

A raíz de una petición del gobierno de Delcy Rodríguez, efectivos de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) se encuentran en Venezuela desde fines de junio para colaborar en las tareas de reconstrucción tras el terremoto que dejó más de 3 mil muertos en la nación caribeña. 

 El hecho no es políticamente inocente. Desde 2009, las relaciones entre Venezuela e Israel están rotas, debido a la ofensiva de aquel año contra la Franja de Gaza. El arribo de la delegación de las FDI (con una treintena de integrantes, según algunos medios) sienta las bases para avanzar en un restablecimiento de los vínculos entre Caracas y el Estado sionista.

 La invasión norteamericana del mes de enero (que derrocó a Nicolás Maduro) dio paso a un control casi directo del país por parte de la Casa Blanca. El gobierno de Rodríguez reformó las leyes de hidrocarburos y minería para facilitar la entrega de estos recursos al capital extranjero. El dinero del petróleo que Estados Unidos compró a Venezuela en enero fue a parar a una cuenta bancaria supervisada por Washington. Venezuela alberga las mayores reservas de crudo del mundo y Trump las quiere bajo su órbita. 

 El terremoto se transformó en una oportunidad adicional de los Estados Unidos para ampliar su dominio en la zona. Se estima que son casi mil los militares yanquis presentes en Venezuela. Y, en este contexto, no es extraño que uno de los principales socios del imperialismo, como es Israel, pise también el terreno. 

 En estas horas críticas para el pueblo venezolano, rechazamos las manipulaciones políticas del imperialismo y el sionismo. 

 Prensa Obrera

Asamblea General de la ONU

Las negociaciones entre la Casa Blanca e Irán, tras la derrota del imperialismo

El vicepresidente yanqui J.D. Vance junto al primer ministro de Pakistán, país mediador 

Desde el comienzo de la guerra contra Irán, los medios de comunicación occidentales, siguiendo con su larga historia de desinformación con respecto a Medio Oriente, intentaron justificar esta nueva arremetida imperialista. Esto se suma a las decenas de declaraciones de victoria de Trump en estos últimos meses. Esta aceitada maquinaria comunicativa demuestra una vez más su subordinación al capital. 

Sin embargo, las imágenes que hemos visto del campo de batalla, junto a la firma de un memorándum de entendimiento que favorece a Irán, nos revelan una dura derrota del imperialismo. Un análisis de este momento debe tener en cuenta, sin embargo, la fragilidad de este documento y su carácter provisorio.

Memorándum de entendimiento 

 Este documento presenta 14 puntos de los cuales la gran mayoría favorecen al régimen de los ayatollah. Los más claros son el levantamiento de sanciones, un plan de reconstrucción por 300 mil millones de dólares, la liberación de todos los activos congelados, el retiro de las tropas estadounidenses en los diferentes frentes y la reapertura del estrecho de Ormuz bajo protección de Irán y Omán. Considerando que Trump apostaba, en vísperas de la guerra, a derrocar al régimen iraní, el desenlace no podría estar más alejado de las expectativas.

 El punto que ha sido de vital importancia para esta derrota es la capacidad iraní de bloquear el estrecho de Ormuz para imponer presión sobre los mercados internacionales, lo que condujo a una abrupta escalada de los precios del petróleo. Estados Unidos, utilizando toda su capacidad bélica, ha sido incapaz de reabrir este estrecho, del cual depende la economía de algunos países aliados como Japón. El aumento del petróleo tuvo repercusiones económicas que llegaron a todos los países del mundo, incluso llevando a una escalada inflacionaria en Estados Unidos. 

 El cierre de esta vía navegable forzó a los países del golfo a presionar a Trump para que termine con la guerra. El presidente estadounidense prometió la rápida reapertura del estrecho con la creación de una coalición de la Otan dedicada a este objetivo. Lo que no tuvo en cuenta Trump fue que sus principales aliados le denegaron la ayuda militar, ante una sorprendente capacidad iraní sobre sus aguas territoriales. En este hecho se demostró no sólo la incapacidad estadounidense de arrastrar a sus aliados de la Otan sino también la falta de capacidades propias para mantener la seguridad de los buques en esa área. 

 Los países del golfo, que se vieron claramente afectados por esta disrupción del comercio internacional, también sufrieron las consecuencias directas de albergar tropas estadounidenses en su territorio y permitir utilizar sus espacios aéreos para facilitar los ataques a Irán. Por primera vez en su historia, Irán llevó a cabo una campaña de bombardeos a sus países vecinos apuntando a destruir las capacidades militares occidentales en la región y el proceso de producción de combustibles fósiles del cual estos países son tan dependientes. 

 Estos estados del golfo se vieron envueltos, entonces, en una doble crisis, tanto por el impacto económico de la guerra como por el rechazo entre los pueblos de Medio Oriente a la agresión imperialista y sionista contra Irán. Así, le recordaron a Trump que no sólo son ellos los dependientes del petróleo, sino que también lo es el dólar. El concepto de petrodólar, que en un inicio condicionaba a los países de la Opep a aceptar solamente dólares a cambio de su petróleo, y que hoy mantiene al dólar como la principal moneda en la cual se hacen estas transacciones, se vio claramente en peligro. En esta nueva guerra, la continuidad del petrodólar se puso en duda con acciones tan claras como la temprana libertad de paso que obtuvo China por el estrecho y la intención de pagos en yuanes por parte de los buques que quisieran pasar por allí con seguridad. Esta fue una de las razones por las cuales Estados Unidos impuso su propio bloqueo imposibilitando una mayor influencia china en esta área. 

 El bloqueo del estrecho de Ormuz demostró la fragilidad del sistema capitalista. Ante esto, no solo Estados Unidos tuvo que firmar el memorándum para poder reabrir el estrecho sino que además, la Casa Blanca tuvo que reconocer la autoridad de Irán y Omán sobre el mismo. Luego de la firma de este acuerdo del día 17 de junio se abrió un período de 60 días en los cuales estos dos países deben dejar paso libre a los buques de manera gratuita y acordando un diálogo para definir su futura administración. Las bases están sentadas para el cobro de tasas millonarias por parte de Omán e Irán. 

 El segundo punto más importante con relación a este acuerdo son las capacidades nucleares iraníes. Ya Obama había arribado en 2015 a un acuerdo por el cual Irán se comprometía a no construir una bomba nuclear y permitía la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Fue Trump, durante su primera presidencia, el que rompió ese tratado con Irán. Ahora, en el mejor de los casos, se volvería, respecto a este punto, a la situación previa. 

 De la misma manera, Irán es firmante del tratado de no proliferación nuclear. Por lo tanto, el argumento de la Casa Blanca de evitar que Teherán desarrolle un arma nuclear se nos presenta desde un inicio como una mentira, semejante a la que habían utilizado en 2003 para invadir Irak. 

 Irán ratifica su postura contraria a la creación de una bomba nuclear teniendo la confianza de que, incluso sin ella, se puede vencer a Estados Unidos y sus aliados, utilizando tácticas de guerra asimétrica. Cabe recalcar que Israel posee bombas nucleares. 

 Líbano 

 El Líbano es una pieza clave para el proceso de paz en Medio Oriente ya que Irán ha dejado claro que este no puede llevarse a cabo sin la retirada israelí de este país. La determinación de cumplir con sus amenazas le dio a Irán una gran credibilidad que fortaleció su posición negociadora. Esto se vio claro cuando la delegación iraní canceló las rondas de negociaciones en Suiza el 19 de junio debido a los ataques perpetrados por Israel. Una posición muy distinta a las amenazas vacías de Trump de eliminar a la civilización iraní por completo.

 La situación en el Líbano y el memorándum de entendimiento desató tensiones entre Israel y Estados Unidos. Israel utiliza su ofensiva sobre Líbano para tratar de tirar abajo el memorándum y reavivar una guerra de la cual, supuestamente, depende su propia existencia. Este sionismo mesiánico que es la base constitutiva del Estado de Israel y presupone la limpieza étnica de casi todo Medio Oriente para avanzar en sus planes de anexión, es un proyecto que no puede ser abandonado por los políticos israelíes. Esto ha llevado a que los principales ministros de Israel critiquen públicamente a la administración Trump por el acuerdo con Irán. Tanto Trump como su vicepresidente Vance rápidamente se pronunciaron, recordándoles a esos funcionarios que Estados Unidos es el aliado más importante con el que cuentan. 

 La situación en el Líbano es frágil debido a la negativa de Israel de acatar cualquier pacto. Desde el primer acuerdo de paz conseguido hace meses, Israel ha demostrado, tanto con acciones como con declaraciones, que no tiene intenciones de dejar de atacar ni de retirarse de ese territorio. 

 El proceso de negociaciones en curso es endeble. Estados Unidos no descarta la posibilidad de reemprender los ataques. Por su lado, diferentes medios apuntan a que Irán ya reconstruyó gran parte de sus capacidades militares destruidas y demostró tener gran capacidad de producción de drones y minas. Sólo queda ver si el imperialismo digiere los términos de un documento que fortalece claramente al régimen iraní, o inicia una nueva ofensiva aún más mortífera. 

 Camilo Mancuello

Trump sufre un revés judicial, pero la guerra contra los migrantes continúa

Un fallo de la Corte Suprema ratificó el derecho de ciudadanía por lugar de nacimiento. 

 El gobierno de Donald Trump sufrió un revés esta semana en su política migratoria a raíz de un fallo de la Corte Suprema que ratificó el derecho a la ciudadanía por lugar de nacimiento, en contra de una norma del magnate que la negaba a aquellos bebés nacidos en suelo estadounidense que no contaran al menos con un padre o madre que sean ciudadanos norteamericanos, o residentes permanentes. 

 La medida de Trump, dictada al comienzo de su segundo gobierno, encontró trabas en la justicia, debido a presentaciones de organismos defensores de los derechos humanos y las libertades civiles, y el asunto terminó, finalmente, en la Corte Suprema. Una mayoría de este tribunal convalidó el criterio que figura en la 14° Enmienda de la Constitución, que reza: "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del Estado en que residen". 

 Más allá de este importante revés, que fue celebrado por los defensores de los derechos humanos, conviene tener presente que la ofensiva trumpista contra los migrantes sigue su curso, incluso con la colaboración de esa misma Corte, que hace solo una semana convalidó el fin de un estatuto de protección temporal para haitianos y sirios, que coloca bajo riesgo de deportación a más de 350 mil personas. Asimismo, la Corte, que cuenta con una mayoría conservadora, convalidó límites en el derecho de asilo y mayores atribuciones a los agentes de migraciones en el trato con los residentes permanentes. 

 Hasta aquí, se estima que el gobierno de Trump, que usa a los migrantes como chivo expiatorio de la crisis estadounidense, deportó a casi un millón de personas en lo que va de su segundo mandato. Y, si bien las cifras de deportación, comparadas anualmente, no son mayores que las de la época del demócrata Joe Biden, la gran diferencia se produce en la brutal caída de los arribos a través de la frontera, que disminuyeron hasta un 90 por ciento. El éxito de Trump en este punto radica en la militarización, los acuerdos de repatriación con otros Estados y el terror. Para disuadir a migrantes, el gobierno montó centros de detención masivos e impulsó las redadas fascistas del ICE. Es una política que encuentra, sin embargo, una fuerte resistencia, como lo mostró el levantamiento en Minneapolis, que logró expulsar a esos agentes. 

 Cuesta encontrar un patrón común en los fallos de la Corte estadounidense, que propinó un severo golpe a Trump con el fallo que reserva la imposición de aranceles al Congreso y ahora le dió un nuevo cachetazo al magnate, pero que en otros fallos muy importantes, como el rediseño de los circuitos electorales, le dió la razón al gobierno. 

 Indudablemente, las masas en lucha no pueden depositar ninguna expectativa en los tribunales, más allá de éxitos parciales. La derrota de la agenda fascistizante del magnate dependerá de la lucha en las calles, como lo mostraron el levantamiento de Minneapolis que expulsó al ICE y las movilizaciones de millones de personas del mes de marzo.

 Gustavo Montenegro

Mesa Redonda, 250 años de EE.EUU: De la Independencia al imperio

Ernest Hemingway, también nuestro

Nacido el 21 de julio de 1899 y fallecido el 2 de julio de 1961, hace 65 años, el más universal de los escritores estadounidenses subsiste en los hechos excepcionales que protagonizó y, con más razón, en su obra

 El escritor Ernest Hemingway no necesita un motivo específico para ser recordado. Tan grande es la obra de uno de los más célebres novelistas del siglo XX, tan obvio su humanismo y tal su leyenda, que con solo nombrarlo, se juntan en el pensamiento saberes y enigmas que conforman su existencia.

 Nacido el 21 de julio de 1899 en Chicago, y fallecido en Ketchum, el 2 de julio de 1961, hace 65 años, cuando un balazo suicida puso fin a su vida, el más universal de los escritores estadounidenses subsiste en los hechos excepcionales que protagonizó y con más razón en su obra –conocida y avalada hasta nuestros días por millones de lectores– y entre las que cuentan, junto a cuentos y ensayos, novelas como Fiesta, Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas y El viejo y el mar, cuyo argumento se desarolla en Cuba, la isla que tanto amó y a la que lo unieron muchas de las historias que conformaron el mito que se ciñó a su personalidad. 

 Sabida es la anécdota que, entre muchas otras, deja claro sus cálidos vínculos con nuestra patria, la suya por adopción. Al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1954, fue a un periodista cubano a quien eligió para conceder la primera entevista a razón del acontecimiento. «Soy el primer cubano que consigue un premio Nobel», declaró, sin que esto significara en absoluto renuncia ni adversidad por su país, sino una muestra del profundo vínculo afectivo con la tierra en la que plantó su residencia, en 1940, al instalarse en Finca Vigía, en San Francisco de Paula, y en la que ancló su yate Pilar, justo en el pueblo de Cojímar. 

 No resultó extraño que el escritor, de fuerte presencia en las calles e instalaciones habaneras, célebre en un país en el que vivió retadoras experiencias, dedicara el Premio a su gente de Cojímar; ni que ofrendara la medalla de oro del lauro a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba y de los pescadores. 

 Del mismo modo en que la Isla le fue primordial, Hemingway ha sido correspondido por ella. En tierra cubana se le eterniza con respeto y admiración. Dos esculturas en su honor se encuentran en el Floridita, uno de los sitios preferidos del autor; un modesto monumento se erige en su memoria, en Cojímar, aquel poblado que ganó su corazón. Finca Vigía, convertida en museo el 21 de julio de 1962, es la primera institución creada en el mundo para divulgar su vida y su obra.

 El Coloquio Internacional Ernest Hemingway, organizado por el propio museo y en coordinación con el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, tiene lugar cada dos años, para propiciar espacios de debate e intercambio de información sobre el quehacer creativo del escritor antifascista, del que mucho queda por investigar. 

 En 2019, cuando la edición XVII del coloquio se dedicó al 120 aniversario del natalicio del escritor, el investigador estadounidense Andrew Feldman –quien permaneció por dos años en La Habana para acceder a los archivos y la biblioteca de Finca Vigía– presentó en el foro el libro Ernesto, la historia no contada de Hemingway en la Cuba revolucionaria, con sello de la editorial Melville House. 

 En el texto, Feldman recoge momentos trascendentales de la vida del escritor. De la calidad de la investigación ha dado fe el catedrático Jeffrey Herlihy-Mera al referir que se trata de «uno de los títulos más importantes sobre Hemingway en aparecer en los últimos años. Comprensivo, matizado y lleno de nuevas perspectivas oportunas, lo que distingue a este libro es el enfoque sensible y sensato del autor acerca de asuntos políticos y culturales complejos».

 Por su parte, en Cuba, vio la luz en 2020 el título Hemingway, ese desconocido (Editorial Abril), del destacado escritor Enrique Cirules, quien, en este ensayo distinguido con una mención en el concurso de Casa de las Américas, puso sobre el papel no solo la indiscutible conexión entre el escritor estadounidense y la Isla caribeña, sino que invita a la reflexión y al esclarecimiento en torno a zonas oscuras que han pretendido en vano ensombrecer al prominente narrador, que, al decir del doctor Salim Lamrani «supo cumplir su primer deber de ciudadano libre siendo un eterno indignado». 

 Que junto a estas lecturas, sigan proliferando espacios de debate e instrucción para que se abra paso la verdad es lo menos que podemos pedirnos cuando ideales filosóficos y de justicia como los que defendió Hemingway son tan necesarios en estos tiempos.

 Madeleine Sautié | madeleine@granma.cu 

 2 de julio de 2026 07:07:52

Ola de calor en Europa: la clase obrera paga lo que la burguesía provoca

Europa acaba de vivir la ola de calor más severa desde que hay registros. El fin de semana del 27 y 28 de junio, varios países batieron sus máximas históricas al mismo tiempo: Alemania llegó a 41,7°C, República Checa a 41,1°C, Polonia a 40,5°C y Dinamarca a 37°C, con trenes cancelados o demorados en Polonia por el calor. Un estudio del World Weather Attribution, que reúne a científicos de varios países europeos, concluyó que el cambio climático es responsable "sin lugar a dudas" de la intensidad de esta ola de calor. Según sus cálculos, esa misma ola de calor no podría haber ocurrido en el clima de hace cincuenta años: en 1976, habría marcado 3,5 grados menos de día y 2,4 grados menos de noche. Las noches con calor extremo, que no dejan al cuerpo recuperarse del calor del día, son hoy cien veces más probables que durante la ola de 2003, y los picos de calor diurnos, diez veces más probables. Los científicos también descartaron que el fenómeno El Niño tenga algo que ver. La causa es el calentamiento acumulado por el uso de carbón, petróleo y gas durante décadas (DW, 29/06).

 El costo humano fue enorme. La Organización Mundial de la Salud contó más de 1.300 muertes vinculadas al calor en todo el continente desde el 21 de junio, con unos 150 millones de personas viviendo bajo temperaturas extremas mientras escuelas cerraban y las redes eléctricas se tensionaban al límite (La Gaceta, 29/06). Francia fue el país más golpeado: la agencia de salud pública registró alrededor de mil muertes solo en esa semana, la gran mayoría personas mayores. Las morgues de París se quedaron sin lugar. Tuvieron que sumar cámaras frigoríficas de urgencia y algunas funerarias empezaron a mandar cuerpos hasta ochenta kilómetros de la ciudad porque ya no tenían dónde guardarlos. "Nos enfrentamos a una situación realmente catastrófica", dijo un empresario del sector funerario (A24, 29/06). 

 Un satélite de la Agencia Espacial Europea fotografió desde el espacio la masa de aire caliente que quedó estancada sobre el continente (Perfil, 30/06), el mismo día en que Francia vivió su jornada de junio más calurosa de la historia. Esa imagen mostró una capa de aire caliente quedó atrapada arriba de Europa como una tapa, sin dejar que el calor se disipara, ni de día ni de noche. 

 Detrás de las muertes hay también un costo en plata que ya empieza a calcularse. La aseguradora Allianz estima que el gasto acumulado para Europa va a superar los 600.000 millones de dólares para 2030, con Francia, España e Italia entre los países más golpeados. Las olas de calor anteriores, más leves que esta, ya le habían costado al continente hasta un 0,5% del PBI, y hasta un 1% en el sur (WSWS, 1/07). Esa plata no la va a pagar la clase trabajadora en forma de salarios más bajos, despidos y recortes en los servicios públicos, sumada a lo que también dejan las sequías, las inundaciones y las tormentas. 

 Y esto no es un problema solo de Europa. Estados Unidos espera una ola de calor propia para el 4 de julio, con 40 grados en sus principales ciudades. Pero el impacto más grave no está en los países ricos: aunque Europa y Estados Unidos concentran apenas el 15% de la población mundial, un estudio de la Universidad de Oxford calcula que la cantidad de personas que sufre calor extremo en el planeta se va a duplicar para 2050, de 1.540 a 3.790 millones. Otro estudio, del Climate Impact Lab, calcula que el 90% de las muertes por este calor creciente va a ocurrir en los países más pobres del norte de África, Medio Oriente y el suroeste de Asia (Idem). 

 Aunque este tipo de olas de calor, según la estadística, ocurrían cada cien años, ahora se repiten cada pocas décadas. El planeta se calentó por la quema constante de petróleo, gas y carbón durante más de un siglo, y esa acumulación de gases de efecto invernadero -retención del calor- es el que hoy empuja los termómetros a niveles superiores. Es la consecuencia directa de un modelo de producción que nunca dejó de depender de los combustibles fósiles, aun sabiendo desde hace décadas el daño que provocan.

 Los hospitales, las morgues, los sistemas de salud se ven desbordados por imprevisión pero sobre todo por el vaciamiento de los presupuestos de salud. Está planteado quién financiará la reconversión industrial y la adaptación de las ciudades a esta nueva realidad. La ultraderecha -con apoyo de la centroizquierda- proponen financiar con el preupuesto público la instalación masiva de aires acondicionados. No sólo saben que es un parche, es más, que puede agravar el problema, sino que tampoco nadie ignora que los cambios climáticos catastróficos amenazan a la humanidad. El capitalismo vive de la depredación del trabajador y de la destrucción del planeta. 

 Ahí está el fondo del problema: mientras la producción y los recursos sigan en manos de un puñado de empresas que deciden según su rentabilidad y no según la necesidad de los trabajadores, cada ola de calor va a volver a encontrar los mismos flagelos. Frenar esto de raíz y prepararse en serio para lo que viene requiere sacarle el poder a esa minoría y organizarla de forma planificada, pensando en las necesidades de toda la población. Eso sólo lo puede garantizar un gobierno de los trabajadores.

 Iara Bogado 

 03/07/2026

El revés judicial por abuso sexual acorrala a Donald Trump

Esta semana la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el último intento de Donald Trump de anular el fallo que lo declaró responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll en los años 90. Trump va a tener que pagarle a Carroll los 5 millones de dólares que fijó un jurado en 2023, mientras todavía pelea en otra instancia la segunda condena, de 83,3 millones, por difamarla otra vez desde la Casa Blanca al llamarla mentirosa. Con los intereses, ya le debe más de 100 millones de dólares. Como resumió la abogada de Carroll tras conocerse el fallo: "la decisión confirma de una vez por todas el veredicto unánime del jurado" (CNBC, 29/6) que declaró a Trump responsable de agresión sexual y difamación, después de que "fracasaran todos sus intentos de apelar" (Ídem). El tribunal no explicó por qué rechazó el caso impulsado por el presidente norteamericano, como suele pasar en este tipo de decisiones.

 Este fallo no aparece solo. En el juicio se permitió que declararan otras dos mujeres que también lo acusaron de agredirlas sexualmente años atrás, justamente para mostrar que no se trataba de un hecho aislado sino de una conducta repetida. También se usó como prueba el video de Access Hollywood, donde se lo escucha a Trump jactarse de manosear mujeres sin que ellas quieran. A esto se suma la causa por los pagos a la actriz Stormy Daniels, donde un jurado lo declaró culpable de 34 delitos por falsificar registros para esconder un soborno de 130.000 dólares y evitar que se conociera ese episodio durante la campaña de 2016. La condena quedó firme, pero el juez le dio una salida sin cárcel ni multa, lo que muestra hasta dónde llega la protección que recibe alguien que ocupa la presidencia. 

 El caso más grande y más sucio sigue siendo el de [Epstein] (https://politicaobrera.com/15839-la-red-epstein-y-el-entramado-global-de-poder). La red del magnate no era el capricho de un pervertido suelto: era un entramado armado para conseguir favores entre empresarios, políticos y gente de inteligencia, y [Trump] (https://politicaobrera.com/15679-la-podredumbre-moral-de-la-elite-capitalista-sale-a-flote) estaba entre sus contactos. Cómo manejó el caso el propio gobierno de Trump -el nombramiento y la caída de [Pam Bondi] (https://politicaobrera.com/16024-crisis-electoral-en-estados-unidos-trump-sacrifica-a-bondi-oculta-los-archivos-epstein-y-busca-anular-las-primarias), la censura selectiva de los archivos, la protección de los poderosos mientras se exponía a las víctimas- deja claro que no es un problema de algunos corruptos sueltos, sino de cómo funciona el poder de esta clase. 

 Lo que une estos expedientes -Carroll, Daniels, Epstein- es que muestran a una clase dominante que ya no logra esconder su propia podredumbre. Cada juicio, cada archivo que se filtra, cada testimonio bajo juramento rompe un poco más el relato de que esta gente está arriba porque se lo merece. Y esa misma elite que abusa, encubre y compra silencios es la que todos los días explota a la clase trabajadora, le recorta derechos, y ahora además quiere cambiar las reglas electorales para no perder el poder, aunque cada vez más gente la rechace en la calle. 

 Y exactamente en el terreno electoral, esta semana Trump sufrió otra derrota. La Corte Suprema, por 5 votos contra 4, falló en contra de un [planteo republicano] (https://politicaobrera.com/16451-el-trumpismo-prepara-un-fraude-electoral) que quería impedir que se cuenten los votos por correo que llegan después del día de la elección (aunque hayan sido enviados a tiempo). El fallo, escrito por la jueza Amy Coney Barrett, "supone un revés para el presidente, Donald Trump, quien suele criticar el voto por correo, alegando sin presentar pruebas que está plagado de fraude" (Telemundo, 29/6). Y no es el único traspié: distintas juezas federales ya frenaron de forma permanente la exigencia de mostrar documentos de ciudadanía para votar, impidieron armar un padrón electoral único a nivel nacional, y prohibieron cruzar los padrones con una base de datos de migración que podía sacar del padrón a gente que sí tiene derecho a votar. 

 Es el mismo patrón en los dos terrenos: un gobierno que sabe que no puede ganar limpio recurre a maniobras de todo tipo -jurídicas, administrativas, represivas- para no soltar el poder. Esta fragilidad de Trump y su entorno va más allá de la corrupción de un personaje en particular, muestra que ese sector del capital, el más poderoso del mundo, ya no puede gobernar sin hacer trampa todo el tiempo. Ni siquiera una Corte Suprema tan favorable a Trump puede taparlo del todo. 

 Frente a esto, no alcanza con esperar que la Justicia haga su trabajo, ni con confiar en que las elecciones de noviembre resuelvan el problema. Los tribunales pueden frenar algunos atropellos de Trump, pero no van a terminar con un sistema que produce gobernantes como él una y otra vez. La verdadera fuerza para enfrentarlo está en la calle: en las movilizaciones que ya lo hicieron retroceder, como las marchas "No Kings" o la protesta que frenó el manoseo de distritos electorales en Georgia. Ese es el camino: que los trabajadores se organicen por su cuenta, sin depositar la confianza en jueces ni en urnas, para barrer no solo a Trump sino al sistema que lo puso ahí. 

Iara Bogado

 Fuentes: 

 https://www.cnbc.com/2026/06/29/supreme-court-trump-carroll-appeal.html https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/elecciones-estados-unidos-2026/en-un-reves-para-los-republicanos-la-corte-suprema-permite-contar-voto-rcna352227

De negociados internacionales y mundiales de fútbol

A partir del Mundial de 1974, cuando João Havelange consiguió para la FIFA condiciones de negociación extraordinariamente favorables con las empresas patrocinadoras y las cadenas de televisión, la entidad comenzó a transformarse en una de las organizaciones con mayor facturación del mundo. 

 Tras el escándalo impulsado por Estados Unidos, que terminó desplazando a Joseph Blatter de la presidencia de la FIFA para facilitar el desembarco de Gianni Infantino, las concesiones políticas y económicas quedaron más expuestas que nunca. La realización del Mundial 2026 en Estados Unidos fue presentada como una organización compartida con México y Canadá, bajo el discurso de la confraternidad continental. Sin embargo, también puede interpretarse como una forma de diluir las sospechas que dejó la controvertida adjudicación del Mundial 2022 a Qatar. 

 En ese mismo contexto apareció otra decisión presentada como una medida humanitaria: la aprobación del cooling break, una pausa de tres minutos en cada tiempo para proteger a los jugadores de las altas temperaturas del verano boreal. 

 Las declaraciones de Cristiano Ronaldo, cuestionando la aplicación de esos cortes, incluso en partidos disputados con temperaturas ideales para la práctica deportiva, reavivaron una polémica que Marcelo Bielsa ya había planteado al manifestar su oposición a la medida. 

 ¿Se entiende el punto, compañeros?

 La FIFA ya ni siquiera parece ser Gianni Infantino, porque la FIFA expresa hoy intereses políticos y económicos mucho más amplios. Infantino aparece como el gerente de un negocio global de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que excede al fútbol y que se presenta bajo el discurso de la protección de la salud y del bienestar de los jugadores.

 Las declaraciones de Ronaldo también pueden interpretarse como un mensaje hacia quienes administran ese negocio, porque nadie conoce mejor que él cómo convertir cada intervención pública en una herramienta para fortalecer su posición económica y mediática. 

 Para el ciclo financiero del Mundial 2026, la FIFA proyectó ingresos cercanos a los 13.000 millones de dólares. Sólo por marketing corporativo y patrocinio se aseguró más de 3.000 millones, cerrando acuerdos con 16 grandes marcas globales antes del comienzo del torneo. Todo indica, tras haberse diputado más de un tercio del campeonato mundial, que esas cifras terminarán siendo ampliamente superadas. 

 Aunque la FIFA no percibe directamente el dinero que las cadenas de televisión obtienen por la venta de publicidad, el cooling break constituye un negocio gigantesco. Cada interrupción habilita espacios publicitarios que las emisoras comercializan a valores extraordinarios. Se estima que esas pausas pueden generar alrededor de 500 millones de dólares adicionales durante el torneo, una cifra que podría incrementarse significativamente en los partidos de mayor audiencia.

 Marcelo Bielsa fue contundente al referirse a estas interrupciones: "Los motivos son muy claros y no es necesario que yo agregue opiniones que han sido unánimes y que están explicadas". 

 La cuestión es sencilla, compañeros. Mientras las decisiones militares y económicas de Donald Trump buscan consolidar zonas de influencia favorables a los intereses de las grandes corporaciones, buena parte del resto del mundo enfrenta políticas de exclusión, controles migratorios cada vez más severos y, en numerosos conflictos, las bombas de Trump y Netanyahu sobre sus cabezas. 

 Por eso este Mundial no puede interpretarse únicamente como otro gran negociado de dirigentes multimillonarios, este mundial también constituye una enorme vidriera política y económica desde la cual se intenta naturalizar la discriminación, las deportaciones y hasta decisiones arbitrarias dentro del propio espectáculo deportivo, transmitiendo la idea de que cualquier oposición al capitalismo global resulta inútil. 

 La impunidad con que la burguesía lleva adelante estos negociados también revela sus propias contradicciones. En la Argentina, condenar a gran parte de la población a salarios de apenas 500.000 pesos constituye una prueba evidente del agotamiento del sistema económico vigente. Sin embargo, mientras millones de trabajadores ven deteriorarse sus condiciones de vida, alrededor de 100.000 argentinos viajaron a Norteamérica para presenciar el Mundial, más del doble que en Qatar 2022. Ese contraste demuestra hasta qué punto la concentración de la riqueza permite a una minoría acceder a privilegios cada vez más inaccesibles para el resto de la sociedad. 

 El fantasma que recorre el mundo ya no es un ectoplasma en busca de quienes lo reciban. Es una realidad cada vez más visible que resurge con fuerza frente a cada avance del capitalismo global. Ningún trabajador consciente de su pertenencia de clase puede aceptar como inevitable la dominación de quienes convierten la riqueza colectiva en beneficio privado. Ningún trabajador debería resignarse a que gobiernos que se proclaman defensores de la libertad terminen restringiendo derechos y debilitando la solidaridad internacional entre los pueblos. 

 ¡Por los pueblos del mundo unidos, contra la guerra y el avasallamiento capitalista! 

 Juan Romero

 01/07/2026

Bolivia: Paz Pereira mantiene el "estado de excepción" para imponer un golpe devaluatorio exigido por el FMI

Desde el martes pasado, las carreteras bolivianas se encuentran sin bloqueos ni movilizaciones. Al levantamiento de la huelga general por parte de la COB y el “cuarto intermedio” de los bloqueos por parte de la Túpac Katari (ver artículo La COB y Paz Pereira pactan la liquidación de la rebelión boliviana), le siguió el levantamiento de los bloqueos por parte de la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, dirigidas por Evo Morales, acusando de traidores a los dirigentes de la COB y la Túpac Katari (Los Tiempos, 22/06). 

 El presidente boliviano no dudó en jactarse de haber “derrotado los bloqueos”. De todos modos, afirmó que el 'estado de excepción' continuará, sin precisar su duración, que por ley puede extenderse hasta 90 días (El Deber, 23/06). Cuando el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, levantó la huelga general y llamó a levantar los bloqueos de las organizaciones campesinas, después de firmar un acuerdo político con el gobierno de Paz Pereira, afirmó que lo hacía para “evitar un derramamiento de sangre y la imposición del estado de excepción” (El Deber, 19/06); pero la COB ha guardado completo silencio ante su declaración y continuidad. El ejército y la policía patrullan y realizan controles por las calles de La Paz, El Alto y las principales ciudades del país, en un claro acto de intimidación pública. 

 Trump festeja con Paz Pereira

 La victoria política de Paz Pereira fue festejada por EEUU, que desde el y principio se jugó por el sostenimiento del presidente boliviano, acusando a los obreros y campesinos rebelados como “narcoterroristas”. En el marco de la 56° reunión de la OEA, la embajada norteamericana impulsó la realización de un comunicado firmado por 16 países del continente, entre ellos Argentina, para solidarizarse con Paz Pereira y la “defensa de la democracia” (El Deber, 23/06), haciendo del 'estado de excepción' una línea de acción para enfrentar a las masas que enfrenten sus políticas de ajuste en todo el continente.

 El “moderado” Paz Pereira no solamente incorporó a Bolivia al Escudo de las Américas del fascista Donald Trump; ahora es el puntal para la conformación de una Coalición Anticarteles de las Américas (ACCC), impulsada por Trump y su ministro de Guerra, Pete Hegseth (El Deber, 16-06). Mientras negociaba con la COB el levantamiento de la lucha, firmaba un acuerdo de “políticas de seguridad hemisférica contra el crimen organizado transnacional” con el gobierno de EEUU, con el objetivo de “perseguir, derrotar y destruir” a organizaciones “terroristas”. Por el acuerdo, Bolivia recibirá un financiamiento de 20 millones de dólares y habilitará la intervención militar norteamericana en Bolivia, como ya sucede en Venezuela y se organiza en Ecuador y Guatemala (Ídem). La intervención del imperialismo norteamericano en favor de Paz Pereira limitó una crisis por derecha contra su gobierno y llevó a la oligarquía cruceña y sus facciones políticas a no torpedear la línea política del presidente contra la rebelión boliviana.

 Avanzada penal

 En el acuerdo con la COB, Paz Pereira se comprometió a no “criminalizar” la protesta; un eufemismo utilizado para negociar que el Estado no promovería las causas abiertas contra los dirigentes de la COB y que no “impulsaría” una ley antibloqueos, como hizo después de la rebelión de enero pasado contra su decreto 5503. Sin embargo, el gobierno anunció procesos judiciales contra los “responsables” de los bloqueos, sin especificar quienes (El deber, 24/06) y sigue deteniendo dirigentes sociales. Tampoco han sido liberados los detenidos en los bloqueos y movilizaciones que enfrentan procesos judiciales. Por otro lado, la Cámara Nacional de Comercio, el Comité Pro Santa Cruz, la dirigencia de Transportes pesados y diputados de la alianza Libre, del derechista Tuto Quiroga, han presentado, cada uno por separado, denuncias penales contra Mario Argollo de la COB, Vicente Salazar de la Túpac Katari, el expresidente Evo Morales y algunos parlamentarios que apoyaron los bloqueos (Visión 360, 24/06). A la vez, se han incrementado los proyectos de ley “antibloqueos” en ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional Boliviana (Ídem), en donde el Partido Demócrata Cristiano de Paz Pereira no tiene mayoría simple. 

 Esta avanzada penal no ha sido respondida ni por la COB ni la Túpac Katari; tampoco por Evo Morales. La COB se ha limitado a declarar “persona no grata” al diputado derechista de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, uno de los impulsores del tratamiento inmediato de una ley antibloqueos. Por su parte, la Túpac Katari, suspendió sin fecha su cabildo en donde se iba a discutir cómo continuar la lucha y se sumó en un pase de facturas con otros sectores que promovían la movilización y acusaron a su dirección de ser sobornada por el gobierno (La Razón, 23/06). El expresidente boliviano aseguró que él nunca había pedido la renuncia de Paz y que algunos sectores “exageraron” con ese pedido (Los Tiempos, 25/06). De todos modos, este recule no ha servido para que el gobierno deje de amenazar con su arresto por la causa de estupro en su contra, aunque ahora se discute su arresto como una acción política contra la posibilidad de nuevas rebeliones (a pesar de que Evo Morales se montó muy tarde en la lucha del pueblo boliviano contra Rodrigo Paz Pereira y no jugó un rol dirigente más allá de las Federaciones del Trópico de Cochabamba). 

 Del mismo modo que durante la rebelión de los obreros y campesinos bolivianos, sus direcciones se muestran impotentes para luchar contra esta avanzada, a la vez que la desconfianza de buena parte de sus bases se ha generalizado. 

 Desabastecimiento 

La llamada “derrota de los bloqueos” que Paz Pereira festeja no ha terminado, sin embargo, con el desabastecimiento de gasolina y diesel, como afirmaban los funcionarios del gobierno. Las colas por combustibles en las estaciones de servicio de todo el país persisten, con una duración de “hasta días y noches” (La Razón, 25/06). Ahora Paz Pereira afirmó que el desabastecimiento se debe a controles de calidad y que la cantidad de combustible está “más que garantizada”. A la vez, afirmó que en una semana estaría solucionado, reiteró que la demora es producto de más de 50 días de bloqueos y volvió a acusar al gobierno anterior, del masista Arce, por la gasolina basura (El deber, 24/06).

 El ministro de hidrocarburos anunció una deuda de 500 millones de dólares de YPFB por la importación de combustible, lo que obligó a que las autoridades de la empresa estatal explicaran que las demoras en las estaciones de servicio se deben a cuestiones de logística y no a esa deuda. Transportistas ya han emplazado al gobierno con retomar medidas de lucha en 48 horas (La Razón, 26/06). 

 Desde diferentes sectores de la población se ha cuestionado qué es lo que Paz Pereira ha hecho con el ahorro de 10 millones de dólares diarios que garantizó su gasolinazo de enero, mediante el fin de las subvenciones en el mercado interno, dejando en evidencia que la derrota de la rebelión no ha revertido la desconfianza y el choque de buena parte de las masas bolivianas contra Paz Pereira. En este marco, el presidente de YPFB ha descartado nuevos aumentos en nombre de la “normalización” de los precios internacionales (Ídem).

 Devaluación 

Confiado en el reflujo de la rebelión en su contra y de los límites insalvables de las actuales direcciones de las masas bolivianas, Paz Pereira aprovechó la ocasión para imponer una devaluación del 40 % desde el lunes próximo y un nuevo esquema de flexibilidad cambiaria (El Deber, 27/06), que plantea devaluaciones sucesivas. La medida estaba programada desde el inicio de su gobierno y figuraba dentro del extenso articulado del abrogado decreto 5503 por una primera rebelión contra su política. Ahora es exigida por el FMI para otorgar 3 mil millones de dólares al gobierno, que serían claves para hacer frente a los vencimientos de deuda de este año bajo la crisis de divisas del Estado boliviano. 

 Objetivamente, el golpe que implica para los ingresos de la masa asalariada y campesina boliviana es motivo para una nueva rebelión. Licúa además los aproximadamente 4 mil millones de bolivianos que implican los diferentes acuerdos con los diferentes sectores gremiales y sindicales para bajarlos de la rebelión. Diferentes analistas advierten sobre el impacto que tendrá esta medida en la posibilidad de hacer frentes a las importaciones de combustibles (Ídem), aunque está clara que la línea del gobierno es financiarse con endeudamiento externo. Los senadores y diputados de la Asamblea Plurinacional han aprovechado para aprobar nuevos créditos con organismos internacionales en nombre de paliar la crisis provocada por los bloqueos.

 Con el avance de la influencia del imperialismo norteamericano sobre el país, el 'estado de excepción' y este golpe devaluatorio, la clase obrera y el campesinado boliviano afrontan un golpe político y económico que replantea la necesidad de retomar la lucha contra el gobierno de Paz Pereira y por un gobierno propio. 

 Julio Quintana 

 27/06/2026

Nuevas derechas: escuela austriaca y neofascismo | Entrevista a Néstor Kohan

Volkswagen prepara una masacre laboral de hasta 100.000 despidos

La automotriz pretende descargar sobre los trabajadores su crisis y la competencia con los fabricantes chinos. El plan incluye el cese de la producción en cuatro plantas alemanas 

 El grupo Volkswagen prepara uno de los mayores ataques contra los trabajadores de la historia de la industria automotriz. La empresa proyecta eliminar hasta 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo, una cifra equivalente a casi uno de cada seis empleados de su planta global, compuesta por aproximadamente 625.000 trabajadores.

 El plan representa una profundización de la reestructuración que ya se encuentra en marcha. Volkswagen había acordado recortar 50.000 empleos en Alemania hasta finales de 2030 y reducir su capacidad productiva en el país en 500.000 vehículos anuales. Ahora, la dirección del grupo analiza eliminar otros 50.000 puestos de trabajo. 

 De concretarse, la reestructuración superaría los 74.000 despidos ejecutados por General Motors durante la década de 1990 y los 60.000 puestos eliminados por IBM en 1993. Se trataría, por lo tanto, de una de las mayores masacres laborales llevadas adelante por una sola empresa.

 Cierre de plantas y reducción de la producción

 Las nuevas medidas incluirían el cese de la producción en otras cuatro fábricas alemanas: las plantas de Volkswagen ubicadas en Emden, Zwickau y Hannover, y la fábrica de Audi en Neckarsulm. 

 Estos cierres se sumarían al de la planta de Dresde y al anunciado cese de la producción en Osnabrück, previsto para el próximo año. Volkswagen busca compradores o nuevos destinos para estas instalaciones, entre ellos su utilización por parte de otras automotrices o de empresas vinculadas con la industria militar. 

 El director ejecutivo del grupo, Oliver Blume, pretende reorganizar el conglomerado alrededor de su actividad automotriz principal, desprenderse de activos y obtener nuevos recursos. En esa línea, Volkswagen vendió su división de motores marinos Everllence al fondo estadounidense Bain Capital por 7.400 millones de euros.La empresa se había fijado el objetivo de ahorrar 6.000 millones de euros anuales hasta 2030. Para alcanzar esa meta, pretende reducir salarios, puestos de trabajo y capacidad productiva, mientras continúa realizando operaciones multimillonarias y preservando los intereses de sus accionistas. 

 La crisis capitalista de la industria automotriz 

 Volkswagen justifica la ofensiva por el impacto de los aranceles estadounidenses, la guerra en Medio Oriente, el deterioro de su posición en China y el avance de los fabricantes chinos en el mercado europeo. 

 Durante los primeros cinco meses del año, las marcas chinas representaron casi uno de cada diez automóviles nuevos vendidos en Europa. La expansión de estos fabricantes ha agudizado la competencia por el mercado mundial, especialmente en el sector de los vehículos eléctricos, donde las automotrices europeas acumulan un importante retraso.

 La dirección de Volkswagen busca presentar los despidos como una consecuencia inevitable de esta competencia. Pero los trabajadores no son responsables de las decisiones empresariales, de la falta de inversiones ni de la crisis provocada por la disputa entre los distintos monopolios automotrices.

 Mientras las patronales compiten por mercados, subsidios estatales y mayores márgenes de beneficio, pretenden que sean los trabajadores quienes paguen las consecuencias mediante despidos, cierres de fábricas, aumentos de los ritmos de producción y pérdida de conquistas laborales. 

 La burocracia sindical allanó el camino 

 A finales de 2024, Volkswagen llegó a un acuerdo con los sindicatos para reducir puestos de trabajo y capacidad productiva en Alemania. Ese acuerdo, presentado como una forma de evitar cierres inmediatos, abrió el camino para la ofensiva actual. 

 Ahora, frente a la posibilidad de que la compañía duplique la cantidad de despidos y avance sobre nuevas plantas, los representantes del comité de empresa y de IG Metall anunciaron que se opondrán al plan. 

 "Si se siguen adelante con esos planes, nos opondremos con todas nuestras fuerzas”, declararon Daniela Cavallo, presidenta del comité de empresa de Volkswagen; Christiane Benner, presidenta de IG Metall, y Thorsten Gröger, dirigente del sindicato en Baja Sajonia.

 Sin embargo, la defensa de los puestos de trabajo no puede quedar subordinada a nuevas negociaciones destinadas a administrar la reestructuración patronal. La experiencia demuestra que los acuerdos basados en retiros “voluntarios”, jubilaciones anticipadas y reducción de la producción solo escalonan los despidos y preparan nuevos ataques. 

 El consejo de supervisión de Volkswagen, donde participan representantes sindicales, debe analizar el nuevo plan el próximo 9 de julio. También se discute una reorganización interna que podría reducir los derechos de intervención de los trabajadores dentro de la compañía.

 Por una respuesta obrera internacional

 La amenaza contra los trabajadores de Volkswagen forma parte de una ofensiva más amplia de las automotrices europeas. Las patronales buscan utilizar la competencia internacional y la transición hacia los vehículos eléctricos para cerrar plantas, eliminar empleos y flexibilizar las condiciones laborales.

 Frente a una empresa transnacional que organiza su producción a escala mundial, es necesaria una respuesta coordinada de los trabajadores de todas las plantas y países. La defensa de cada puesto de trabajo exige superar la política de acuerdos por fábrica y de colaboración con la dirección empresarial.

 Es necesario impulsar asambleas en todas las plantas, elegir delegados con mandato de base y preparar un plan de lucha común contra los despidos y los cierres. Ante la reducción de la producción, corresponde repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores, sin reducción salarial. 

 Volkswagen debe abrir sus libros al control de los trabajadores. Si la empresa amenaza con cerrar fábricas o despedir masivamente, debe plantearse su ocupación y puesta en funcionamiento bajo control obrero. 

 La crisis de Volkswagen vuelve a mostrar la incompatibilidad entre las necesidades de los trabajadores y la búsqueda de beneficios de los grandes monopolios. La defensa de los puestos de trabajo requiere una lucha independiente de las patronales, los gobiernos y la burocracia sindical. 

 Prensa Obrera

Trump presiona al Congreso para avanzar en la estafa electoral

Deja en suspenso la ley de vivienda, hasta que se apruebe la ley electoral SAVE. Donald Trump ha suspendido la promulgación de la recién aprobada (por ambos partidos) ley sobre vivienda. Cuando todo estaba preparado para una ceremonia donde el presidente firmaría lo que NYT define como “la legislación sobre vivienda más importante en 36 años”, Trump decidió dejar en suspenso la ley planteando un nuevo chantaje al congreso: no la firmará hasta que sea aprobada la ley SAVE -a través de la que impulsa una gran estafa electoral. 

 La ley de vivienda fue negociada en forma bipartidista durante meses, y es presentada como una reforma tendiente a reducir el costo de la vivienda. La cuestión del costo habitacional se ha demostrado como una de las principales preocupaciones de la población, y fue uno de los ejes de la campaña victoriosa de Zohran Mamdani en Nueva York. Los Republicanos consideraban la aprobación como “un logro crucial para su partido a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, en las que están en juego sus mayorías en el Congreso. Los votantes han criticado duramente la gestión económica del presidente, con tan solo un 33% de aprobación” (NYT, 23/6). 

 La ley “busca abordar la crisis de la vivienda impulsando la oferta en un país que enfrenta una grave escasez de viviendas nuevas”. “Los precios de las viviendas existentes han aumentado un 54 por ciento desde 2020, y las casas cuestan casi cinco veces el ingreso medio, muy por encima de los estándares históricos”. Según el New York Times, “Durante años, la crisis de la vivienda se concentró en las ciudades más grandes y liberales de Estados Unidos, como Nueva York y San Francisco. Pero el auge inmobiliario de la pandemia disparó los precios de las viviendas y los alquileres a máximos históricos en ciudades que nunca antes habían experimentado tales presiones, como Boise (Idaho) y Bozeman (Montana). Esto generó una crisis para los legisladores republicanos y una oportunidad excepcional para alcanzar un consenso bipartidista en un Congreso profundamente dividido” (ídem). 

 Trump -un capitalista del sector inmobiliario- no impulsó la ley, que provocó en su tratamiento muchas crisis a la interna de los Republicanos, pero tampoco la frenó. “Ante el tibio apoyo del presidente, las luchas internas dentro del Partido Republicano amenazaron repetidamente con frustrar la aprobación de la medida. El proyecto de ley también se enfrentó a una fuerte oposición por parte de legisladores de extrema derecha, quienes lo calificaron de ejemplo de despilfarro y extralimitación del gobierno, e incluso horas antes de la votación final amenazaron con intentar bloquearlo en la Cámara de Representantes.” Tras las negociaciones la ley se aprobó y Trump la calificó con su usual estilo grandilocuente como “la legislación de vivienda más completa y trascendental en la historia de nuestro país”. 

 Especulación y crisis habitacional

 La llamada “escasez” de viviendas no significa que falten casas o apartamentos, sino que la especulación inmobiliaria ha disparado los precios tanto para la compra como para el alquiler. Grandes fondos de inversión no sólo poseen edificios de apartamentos sino también casas unifamiliares, lo que eleva el costo de la vivienda a niveles históricos. La nueva norma promete limitar la compra masiva de viviendas unifamiliares por parte de esos fondos, lo que se afirma tendería a bajar el precio de esas casas. La ley votada “prohíbe a las empresas poseer más de 350 viviendas unifamiliares ya existentes, aunque no les obliga a vender las viviendas adquiridas antes de su entrada en vigor. Una propuesta más estricta, que habría exigido a los inversores vender las viviendas unifamiliares construidas específicamente para alquiler tras siete años, fue descartada”. Los especuladores sostienen que el efecto de la norma va a implicar no más sino menos construcción de viviendas, ya que gran parte de ellas son directamente construidas por los especuladores con vistas a alquilar. 

 La ley también incentiva a los gobiernos locales a simplificar los trámites (acelerar permisos de construcción, recategorizar zonas donde está limitada la construcción, reducir las exigencias ambientales). Otro eje es habilitar en mayor medida las viviendas prefabricadas de baja calidad.

 La crisis de la vivienda no se va a resolver con estas medidas parciales, cuando está ligada a la existencia de una enorme masa de capital ficticio que busca su valorización a través de la especulación inmobiliaria entre otros rubros que afectan la canasta familiar.

 La ley pretende tomar en cuenta la cuestión de la “asequibilidad”, es decir, el alto costo de vida, que se ha convertido en una bandera política de cara a las elecciones en el marco de una carestía creciente. Ahora Trump la deja en suspenso para exigir a sus propios legisladores que vayan a fondo en la estafa electoral que se viene preparando.

 Trump presiona a su partido

 La Casa Blanca justificó la suspensión de la firma de la ley de vivienda al calificar la aprobación del paquete electoral como una “emergencia nacional” (Infobae, 24/6). 

 La SAVE Act busca suprimir el derecho al voto a millones de ciudadanos -especialmente jóvenes y trabajadores de bajos ingresos. Ha sido aprobada ya varias veces en la Cámara de Representantes, pero no logra el apoyo de todos los senadores Republicanos ni mucho menos de los Demócratas. Trump ha venido presionando a su bancada para que el Senado termine con el llamado “filibusterismo”, por el que la minoría puede obstruir la aprobación de una ley extendiendo el debate, ya que declarar el cierre de la discusión requiere un 60% de los votos de la cámara. El propio Senado podría cambiar su reglamento por mayoría simple y eliminar el requisito del 60% que protege a la minoría. Ya existen antecedentes respecto a eliminar esa mayoría especial en algunos casos puntuales en gobiernos anteriores. Sin embargo, una buena parte de los Republicanos se resiste a ese cambio, con el criterio de que ellos pueden ser en el futuro la minoría y perderían el poder de obstruir leyes. La construcción de la dictadura personal de Trump requiere, por el contrario, acabar con toda esa deliberación parlamentaria que limita o enlentece las medidas adoptadas por el presidente. 

 Dejar en suspenso la ley de vivienda va a profundizar la crisis entre los Republicanos, donde los más fieles trumpistas vienen apurando a la aprobación de la SAVE Act para que tenga efecto en las elecciones de medio término. Trump ya había planteado un chantaje similar respecto a la ley FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) que también busca aprobar el Congreso, diciendo que no la aprobaría hasta que se vote el paquete del fraude electoral.

 Georgia se rebela contra el fraude 

Otra faceta del fraude electoral es el que se desarrolla a nivel de los Estados dominados por los Republicanos, donde a exigencia del Presidente -y con el aval de la Suprema Corte trumpista- se viene redibujando los distritos electorales para inflar artificialmente la representación del Partido de gobierno. Estos cambios ya se aprobaron en varios Estados del “sur profundo”, como Luisiana (se eliminó un distrito de mayoría negra), Alabama (la Corte autorizó un cambio similar), Tennessee (se modificó el distrito de Memphis), Florida, que siguieron el ejemplo de Texas, Misuri, Ohio, Carolina del Norte. Se estima que los Republicanos se asegurarían (o serían más competitivos) en 10 a 17 distritos que antes favorecían a los Demócratas. Por su parte, los Demócratas podrían ganar unos 6 Representantes en distritos nuevos en California y Utah.

 En el caso de Georgia -otro Estado del sur profundo- se produjo una gran protesta de la población contra una maniobra similar. “Georgia iba a ser el último estado del sur en considerar la redistribución de distritos tras un reciente fallo de la Corte Suprema que debilitó las protecciones de la Ley de Derechos Electorales para la representación de la población negra” (NYT, 17/6). Sin embargo, “activistas y manifestantes por los derechos civiles se congregaron en Atlanta, considerada la cuna del movimiento por los derechos civiles”. “Marchas y manifestaciones recibieron a los legisladores cuando se reunieron para [una] sesión especial” convocada para tratar la modificación distrital de cara a las elecciones de 2028 (ya no para noviembre de este año). Las protestas provocaron el levantamiento de la sesión y el anuncio del gobernador que no se trataría (por ahora) la modificación. El gobernador Kemp ya había resistido la presión de Trump para aprobar de apuro los cambios con vistas a noviembre (como hicieron muchos Estados) y prefirió esperar a los fallos judiciales respecto a los cambios en otros Estados, y apuntar a un cambio recién para 2028. Esto también quedó por ahora en suspenso, ya que una parte de los Republicanos teme que este tema se convierta en un eje en las próximas elecciones en el Estado (para gobernador y legisladores), lo que permitiría a los Demócratas movilizar al electorado en el que “se ha convertido en el estado indeciso más importante del sur profundo”. 

 La cuestión de la reforma electoral forma parte de la intentona trumpista de establecer un régimen de dictadura personal, incluso en el contexto de una presidencia que ha perdido popularidad, en particular por los efectos de la guerra imperialista sobre las condiciones de vida populares. 

 Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay) 

 25/06/2026

Los condenados de la tierra y la vigencia de Fanon | con Geraldina Colotti

La COB y Paz Pereira pactan la liquidación de la rebelión boliviana

El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira ha dado un paso clave para la liquidación de la rebelión obrera y campesina en contra de él. El pasado viernes por la noche, después de una semana de negociaciones y dos reuniones de “diálogo”, ha logrado un acuerdo político con la COB. Esa misma noche, ante los medios de comunicación, el secretario ejecutivo de la Central Obrera, Mario Argollo, levantó la huelga general establecida desde el Primero de Mayo, que no se efectivizó, sin embargo, en la mayoría de los lugares de trabajo, y llamó a levantar los bloqueos sostenidos por organizaciones campesinas e indígenas y obreros autoconvocados. El “diálogo” se estableció a pedido de una “conminatoria” de la COB. 

 Estado de excepción

 A las dos de la mañana del sábado, Paz Pereira decretó el estado de excepción para “liberar” las rutas y calles del país. Inmediatamente, el ejército y la policía boliviana fueron movilizados para el operativo de despeje, lo que da cuenta de una preparación previa a la firma del acuerdo con la COB. El presidente volvió a llamar a la población a “acompañar a la policía y el ejército en los desbloqueos”. Ayer, domingo, se sostenían aún 31 bloqueos en La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz (El Deber, 21/06). En Chuquisaca y Pando, los bloqueos refluyeron completamente durante la semana. Potosí amaneció sin bloqueos; hubo enfrentamientos civiles en varias zonas de El Alto (Latitud Bolivia, 21/06). 

 El Comité Cívico de Santa Cruz, bastión de la oligarquía fascista boliviana y del conjunto de las cámaras empresariales, aplaudieron la medida que habían exigido desde el principio. El derechista y expresidente boliviano Tuto Quiroga inmediatamente exigió la aprobación exprés del estado de excepción por parte de la Asamblea Plurinacional boliviana. Según la ley 1740, que reglamenta el estado de excepción, es necesaria una mayoría agravada de la Asamblea Plurinacional en un plazo máximo de setenta y dos horas. Fue lo que ocurrió a las dos de la mañana del domingo, con más de dos tercios de diputados y senadores. 

 Las direcciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), la CSUTCB Túpac Katari y los Ponchos Rojos, junto a otras organizaciones campesinas e indígenas, han denunciado a la COB y las Fejuves de traidoras y ratificaron en un primer momento proseguir la lucha por la renuncia del presidente. Un dirigente de la Túpac Katari reconoció que los miembros de la COB se habían retirado de los piquetes desde hacía al menos una semana (La Razón, 19/06). Todo esto es muy instructivo, porque la llamada izquierda, en Bolivia y más allá, había lanzado la consigna del gobierno de la COB.

 La semana pasada, la Túpac Katari también había “conminado” al gobierno a un “diálogo” con un pliego que pedía la derogación de una serie de decretos considerados “inconstitucionales”, entre ellos la ley de reglamentación del estado de excepción (Unitel, 16/06). También hubo denuncias en contra de algunos de sus propios dirigentes por haber participado en las negociaciones de la COB con el gobierno de Paz Pereira. Bajo este marco, la Túpac Katari decretó el “cuarto intermedio “de los bloqueos y convocó a un cabildo para el lunes próximo (RENNO, 20/06), aunque su realización está cuestionada por la prohibición de las reuniones públicas que establece el estado de excepción. 

 La coordinadora de las seis federaciones campesinas del trópico de Cochabamba, dirigidas por Evo Morales, ratificaron proseguir la lucha. El ministro de gobierno amenazó con la intervención del departamento de Cochabamba, acusó a Evo Morales de impulsar acciones vinculadas al narco-terrorismo y advirtió que la policía y el ejército boliviano están definiendo el plan operativo para ingresar a la zona (Los Tiempos, 20/06). 

 Crónica de una entrega 

Hace dos semanas, Paz Pereira ya había logrado la cooptación de cinco de las nueve centrales obreras departamentales; un acuerdo con la Federación Nacional de Trabajadores Fabriles y, la semana pasada, con las seccionales sindicales de los mineros de Huanuni y Colquiri. También firmó, por enésima vez, un acta acuerdo con la dirección de los autotransportistas de La Paz, afectados por la “gasolina basura”.

 El fin de semana anterior, la dirección de la COB había suspendido su ampliado dos veces consecutivas en una clara muestra de desorientación ante la avanzada del gobierno sobre sus departamentales y sindicatos afiliados. Finalmente, el comité ejecutivo de la COB dirigido por Mario Argollo decidió “conminar” a principios de semana al presidente Rodrigo Paz a un “diálogo”, con un pliego de ocho puntos, bajo la amenaza grandilocuente de “revolucionar el país”. El pliego exigía la liberación de más de un centenar de detenidos, la finalización de la política de criminalización de la protesta social y que el gobierno combata al “racismo”, la no entrega de los recursos naturales, rechazaba el acuerdo con el FMI, solicitaba mecanismos de “consenso” de las medidas del gobierno y el cumplimiento de las promesas electorales, exigía una “redistribución” equitativa y la “protección” de la canasta familiar. La primera sesión de negociaciones entre el Gobierno y la COB se levantó bajo el compromiso de liberar a los detenidos durante las represiones a las movilizaciones y bloqueos. 

 El carácter abstracto del pliego de la COB permitió que Paz Pereira pudiera comprometerse con todos los puntos establecidos por esa central obrera. Pero fue categórico en defender el acuerdo con el FMI, anunciado días antes como “cercano”, junto a una devaluación del 40 % de la moneda local (Bloomberg Línea, 15/06). La COB resignó su rechazo al FMI y aceptó un mecanismo de “administración transparente” de los recursos obtenidos de organismos de crédito internacionales. 

 Repliegue 

Hasta el momento, el operativo militar y policial de despeje ha sido masivo y concentrado en los puntos de bloqueos ya abandonados por los manifestantes. En el caso de Caracollo, en Oruro, se desplegaron más de mil efectivos (Wara TV, 21/06). El bloqueo de San Julián en Santa Cruz, que semanas atrás había derrotado una represión policial y parapolicial de la Unión Juvenil Cruceña, fue levantado mediante una negociación encabezada por el gobernador cruceño y bajo la promesa de obras de infraestructura y otras reivindicaciones (El Deber, 21/06), claramente condicionada por la entrega de la COB y el repliegue de la Túpac Katari en La Paz. En Cochabamba, Paz Pereira tratará de hacer efectiva la prisión de Evo Morales. 

 En lo inmediato, Paz Pereira sale políticamente muy reforzado de esta crisis. Con el levantamiento de la mayoría de los bloqueos y la declaración del estado de excepción, ha reforzado su influencia política en las capas medias que nunca fueron atraídas a la lucha por la COB o la Túpac Katari. Ahora, Paz deberá seguir su arbitraje entre los sectores derechistas que exigen ir a fondo. 

 El desabastecimiento de combustible y su calidad no ha sido resuelto, como tampoco la carestía de la vida, que se agravará por la fuerte devaluación que está exigiendo el FMI. 

 Julio Quintana

 22/06/2026

Cuba rinde homenaje póstumo al comandante Ramiro Valdés Menéndez

El G7, en un marco de guerra en Europa

La Cumbre del G7, celebrada en Evian-les-Bains (Francia), vuelve a exhibir el estado real del llamado orden internacional. Lejos de la retórica de unidad que pregonaron Macron y otros líderes, la reunión reflejó la crisis profunda del bloque. 

 El G7, foro de economías avanzadas, ha evolucionado de plataforma económica a coordinador de sanciones y apoyo militar selectivo. Desde su creación en 1975 como foro de las “democracias” imperialistas, ha perdido terreno ante el ascenso de China, y sobre todo, ante las crecientes tensiones entre sus propios miembros.

 Irán 

El anuncio de un acuerdo marco entre Washington y Teherán apenas veinticuatro horas antes de la cumbre marcó el tono. “Trump firmó el llamado memorando de entendimiento en el Palacio de Versalles, cerca de París, el miércoles por la noche, al término de la cumbre del G7” (Bloomberg). 

 “El resultado para Israel es, como lo describe uno de los diplomáticos del país en Jerusalén, «un fracaso glorioso»”, cita The Economist (16/6). Los sectores identificados como más duros han ganado influencia interna tras el conflicto. “La exigencia del acuerdo de que las fuerzas estadounidenses se retiren de la "proximidad" de Irán en un plazo de 30 días permite a Irán presumir de haber expulsado al ejército estadounidense de la región” (New York Times 18/6). 

 Ucrania 

Entre los temas principales que ocuparon los debates, Macron destacó la "removilización del G7" para aumentar la presión sobre Rusia; "de suma importancia", cita Le Monde, que subrayó que los países de las siete potencias habían "reconocido" que "no existía una voluntad seria por parte de Rusia" de negociar (Le Monde, 17/6). El apoyo occidental a Kiev acumula más de 300.000 millones de dólares. El G7 se comprometió a ceder más sistemas de defensa aérea, munición de largo alcance y endurecimiento de sanciones al petróleo y gas rusos, facilitado por la posible reapertura de Ormuz.

 Trump llegó tarde, cinco líderes (Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia y Japón) se reunieron sin él ni Macron antes de la sesión inaugural. Asociated Press destaca el nuevo paquete de sanciones británico contra la “flota fantasma” rusa, que atraviesa, desde el Báltico, el Canal de La Mancha. Las agencias internacionales coinciden en señalar el mensaje de “unidad” de la cumbre, pero en lugar de un comunicado conjunto, el G7 emitió nueve declaraciones separadas por temas, fórmula que permite a cada país suscribir sólo lo que le conviene y eludir lo que no. Un procedimiento que expresa la hemiplejia del bloque. Las divisiones ya existentes en la OTAN se han trasladado al G7 con toda su crudeza.

 La crisis de los aliados 

Trump criticó al resto de la OTAN por no respaldar la guerra de Washington contra Irán y por negarse a conceder acceso inmediato a bases europeas para ataques aéreos. En una reunión de ministros de defensa en Bruselas este jueves, Pete Hegseth, el secretario “de Guerra”, señaló que muchos aliados no superaron esta “prueba” y antepusieron negativas, debates legales y críticas públicas. Este anuncio se suma a la reciente decisión de retirar 5.000 soldados de Alemania y cancelar el despliegue de un batallón de artillería de largo alcance. Hegseth advirtió que las contribuciones financieras de EE.UU. a la OTAN dependerán de que los aliados cumplan sus objetivos de gasto en defensa, y anunció recortes en capacidades asignadas al Modelo de Fuerza de la OTAN, incluyendo grupos de portaaviones y submarinos con misiles Tomahawk. Además, acusó a la Alianza de haber perdido su propósito principal al priorizar temas como la igualdad de género y el cambio climático en lugar de capacidades militares reales. 

 Camilo Márquez 

 19/06/2026

El Comando Sur bombardea Venezuela en una “operación conjunta” con el gobierno de Delcy Rodríguez

Cuba en la mira. 

 El viernes se realizó la primera operación militar conjunta entre el Comando Sur de los Estados Unidos y las fuerzas venezolanas para descabezar a la supuesta organización ´narco terrorista´ denominada "Tren de Aragua". The Washington Post señaló que las fuerzas del Mando Conjunto de Operaciones Especiales llevaron a cabo el ataque con un misil y que la CIA colaboró sobre el terreno con fuerzas venezolanas durante la operación. La participación preponderante de los estadounidenses en este ataque demuestra que la figura de “protectorado” le va quedando chica al chavismo residual.

 El bombardeo ocurrió en la zona de Las Claritas, en el estado de Bolívar, al sur de Venezuela, para asesinar a Héctor “Niño” Guerrero, presunto líder de la banda criminal Tren de Aragua. Resulta incomprobable, pues la identificación de los restos no ha sido posible por la explosión del misil. Ninguno de los dos gobiernos informó tampoco cuántas personas fueron asesinadas en total. 

 Además de cuestionar la soberanía de Venezuela, esta operación viola todos los marcos legales nacionales e internacionales. Utiliza armamento militar pesado para resolver una cuestión que, en el caso más extremo, constituye un problema de seguridad corriente. La desproporción en el uso de la fuerza no tiene precedentes en el continente. Ni siquiera el Plan Colombia llegó a tanto: el Congreso de los Estados Unidos impuso un límite máximo de efectivos en territorio colombiano y no les permitía participar formalmente en misiones de combate directo. Su radio de acción se limitaba a las bases militares donde entrenaban a los efectivos locales. En aquel momento se cuestionaban las fumigaciones con glifosato sobre las plantaciones de coca, no los bombardeos sobre civiles.

 Esta operación constituye un salto en la política de guerra que Trump está planteando en el continente. Esta política comenzó con el bombardeo de lanchas de pescadores en el mar Caribe y continuó con el secuestro de Nicolás Maduro. Ahora pretende sentar el precedente de un ataque en territorio continental para naturalizar la presencia del Comando Sur, violando la soberanía de todos los países de América Latina.

 Es la implementación plena de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, que plantea un repliegue de Estados Unidos sobre el continente americano para fortalecerse en su enfrentamiento con China. Las pretensiones de Trump no se limitan al sur, sino que periódicamente reitera sus intenciones de anexar Groenlandia y Canadá. No se trata de los caprichos de un megalómano, sino de la necesidad de controlar la cadena de suministros y los pasos comerciales cuando el imperialismo se ve amenazado por el derrumbe de su competitividad frente a China. 

 La excusa para justificar el ataque es por demás absurda porque, según los propios informes de la DEA, Venezuela no es ni un país de tránsito de drogas hacia Estados Unidos ni un país productor. 

 Hasta principios de este año, muchos analistas ponían en duda la existencia del grupo criminal Tren de Aragua, ya que se lo creía diezmado. La propaganda de “lucha contra el crimen”, utilizando como excusa a este grupo, le sirvió a Trump para deportar hacia las cárceles de El Salvador a centenares de venezolanos que se encontraban exiliados en Estados Unidos solo por portar un tatuaje. Trump había invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para detener y deportar a venezolanos, acelerando el proceso y suprimiendo su derecho a una audiencia ante un tribunal de inmigración. Además, a grupos de delincuentes comunes de toda América Latina se los está considerando miembros de ese grupo, como si formaran parte de una franquicia -como pasó con Al Qaeda-. La idea es seguir inventando una realidad a la medida de las intenciones represivas y fascistas del imperialismo.

 Washington dirige la política interna de Venezuela en todos los órdenes. La facturación de las exportaciones de petróleo entra directamente a Estados Unidos. La corporación estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA) suscribió este jueves acuerdos con la británica Shell para el desarrollo y la explotación de proyectos de gas natural en alta mar y de crudo en tierra. Inició la exploración en el campo Loran -que estuvo sin avances durante veintitrés años- y que tiene reservas estimadas en 7,5 billones de pies cúbicos. El imperialismo necesita ampliar la extracción de gas para paliar la crisis energética mundial que él mismo ha generado a través de las guerras en Ucrania y Medio Oriente. Como parte del mismo proceso de expoliación del país, la “comendadora” Delcy Rodríguez acaba de firmar un acuerdo con General Electric para que se haga cargo de renovar el sistema eléctrico del protectorado. La reactivación de la explotación petrolera lo ha dejado al límite.

 La mayor parte de la deuda externa de Venezuela -que en total equivale al 200 % de su PBI- se encuentra en manos de China. Los pagos acordados con este país eran en crudo, algo a lo que el imperialismo se niega. La reestructuración que planea está en función de no desatender la inversión, sobre todo porque no le cuesta nada dejar esperando a Xi Jinping. Desde el 3 de enero, cuando procedió al secuestro de Nicolás Maduro, Trump está discutiendo con las petroleras para que inviertan en Venezuela. Las empresas, dispuestas a llevarse las ganancias con el mínimo esfuerzo, pretenden que las arcas del Estado carguen con todos los gastos. 

 Ni el cipayismo de Delcy Rodríguez ni el ataque militar estadounidense en suelo venezolano han merecido el más mínimo pronunciamiento por parte de los líderes latinoamericanos. El colombiano Gustavo Petro apenas criticó las celebraciones del ataque y cuestionó la lógica de responder a problemas complejos mediante el uso de la fuerza militar, pero no ha dicho una palabra sobre la violación de la soberanía.

 Los nacionales y populares creen que, si pasan desapercibidos, el bravucón del continente los ignorará. Hasta hace unos meses se les cuestionaba su falta de acción frente al bloqueo a Cuba, los ataques en el Caribe o el mismo secuestro de Maduro. Ahora ni siquiera se gastan en declaraciones verbales. Sin embargo, ni la inmovilidad ni el colaboracionismo pueden salvarlos de los planes de Trump. Por el contrario, la pusilanimidad envalentona al fascista del norte, que avanza con el Escudo de las Américas en intervenciones militares directas que no tienen precedentes en el continente en lo que va del siglo. 

 La misma excusa de la lucha contra el narcotráfico ya fue ensayada retóricamente por Trump en Brasil y, de manera más concreta, en México. Pete Hegseth y Marco Rubio han extendido esa lógica a Cuba, a la que vuelven a presentar como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y frente a la cual han advertido sobre posibles respuestas militares y un endurecimiento de las medidas de presión. Como si no fuera suficiente la crisis humanitaria que están provocando en la isla a través del bloqueo. Las amenazas de Washington contra Cuba, Groenlandia y México muestran que el bombardeo en Venezuela es parte de una doctrina de intervención que busca legitimar la injerencia directa de Estados Unidos en los asuntos internos de los países de la región. La apelación al crimen organizado o a la seguridad funciona como cobertura ideológica de una política orientada a reforzar el control del continente americano en el marco de la disputa estratégica con China. Una amenaza semejante sobre las condiciones de vida de los trabajadores de toda América debe ser respondida con la movilización popular contra el imperialismo y todos los gobiernos cómplices.

 Aldana González 

 18/06/2026

Crítica al marxismo occidental | con Néstor Kohan

El hombre más rico de la historia y una empresa que pierde millones: la paradoja de SpaceX

Apenas tres días después de su debut histórico en la bolsa de valores NASDAQ, SpaceX anunció este martes la adquisición de Anysphere, empresa matriz del asistente de programación Cursor, por 60.000 millones de dólares en un acuerdo enteramente en acciones (Financial Times, 16/06). La operación consolida el bloque monopólico que Elon Musk viene construyendo a ritmo acelerado: cohetes, inteligencia artificial, redes satelitales, semiconductores y ahora las herramientas de software más usadas por los programadores del mundo.

 Las acciones de SpaceX treparon más de un 10% en la apertura del martes, elevando su capitalización de mercado a 2,77 billones de dólares y superando a Amazon -valuada en 2,6 billones- para convertirse en la quinta empresa más grande del mundo (Forbes, 16/06). La fortuna personal de Musk superó los 1,4 billones de dólares, consolidándolo como el primer billonario ("trillonaire" en inglés) de la historia. Sin embargo, detrás del relato del éxito bursátil, los números reales de la compañía cuentan otra historia: SpaceX cerró 2025 con pérdidas netas de 4.900 millones de dólares y acumuló otros 4.280 millones en rojos durante el primer trimestre de 2026 (Forbes, 16/06). Como señaló el inversor Michael Burry -conocido por anticipar la crisis de 2008-, no hay nada en los documentos presentados ante la SEC que justifique una valuación de siquiera un billón de dólares (Forbes, 16/06).

 La lógica del monopolio integrado

 La adquisición de Cursor no es un movimiento comercial ordinario. Es la pieza que completa un rompecabezas estratégico. En febrero de 2026, Musk fusionó SpaceX con xAI -el laboratorio creador del chatbot Grok- absorbiendo también la red social X en una estructura valuada en más de un billón de dólares (New York Times, 16/06). En mayo anunció el proyecto Terafab, una planta de fabricación de chips avanzados en Texas con una inversión inicial de al menos 55.000 millones de dólares. Ahora, con Cursor, incorpora la herramienta de programación asistida por IA de mayor crecimiento en el mercado, fundada en 2022 y respaldada por fondos como Andreessen Horowitz y Thrive Capital. 

 El objetivo declarado es construir "los centros de datos espaciales más útiles del mundo" (New York Times, 16/06). El objetivo real, como señalamos en notas anteriores, es blindar la infraestructura informática del imperialismo norteamericano: trasladar el procesamiento de datos a la órbita terrestre para ponerlo fuera del alcance de sabotajes, ciberataques o apagones, garantizando la superioridad militar de los Estados Unidos en la guerra mundial imperialista en curso.

 Una burbuja sostenida por el Pentágono

 El mercado convalida pérdidas siderales porque sabe que detrás de SpaceX no hay un negocio civil rentable, sino contratos militares garantizados por el Estado imperialista. El 1° de mayo, el Pentágono cerró acuerdos con siete empresas tecnológicas -entre ellas SpaceX- para integrar inteligencia artificial en sus redes clasificadas. Los contratos vigentes de la compañía con el Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia ratifican que su rentabilidad no se mide en ganancias comerciales, sino en su valor estratégico para la guerra.

 La absorción de Cursor profundiza esta lógica. Cursor utilizó originalmente el modelo Claude de Anthropic para potenciar su agente de programación; luego de que Anthropic lanzará su propio producto competidor -Claude Code-, la startup desarrolló modelos propios (New York Times, 16/06). Ahora, bajo el paraguas de SpaceX y xAI, esa capacidad quedará integrada directamente en la cadena de producción de tecnología militar. Los mismos algoritmos que hoy escriben código para startups de Silicon Valley serán mañana optimizados para los sistemas autónomos de combate del Pentágono. 

 El billonario y la clase obrera 

Mientras Musk se convierte en el primer billonario de la historia, la IPO (oferta pública inicial) de SpaceX se presenta en los grandes medios como una victoria del "capitalismo popular": miles de empleados recibirán acciones millonarias, se nos dice. Lo que no se dice es que ese esquema de compensación en acciones funcionó durante años como mecanismo de disciplinamiento: los trabajadores de los complejos de Texas debieron someterse a jornadas extenuantes y contratos de permanencia obligatoria de cinco o más años para que sus acciones quedaran en firme. Quienes no resistieron el régimen o se fueron antes perdieron todo derecho al cobro. 

 La unificación de cohetes, IA, redes de información, robótica y semiconductores bajo un solo bloque monopólico -lo que Musk llama ProjectX- no es el triunfo de la innovación, que no ha dado resultados tangibles como tal, salvo en su aplicación para la guerra. Es la forma que adopta el capital, en un cuadro de anarquía de mercado: empresas deficitarias sostenidas por una especulación sin precedentes, que convierte a una minoría de capitalistas en una oligarquía con derecho a una descomunal apropiación de la riqueza social. Mientras los gobiernos capitalistas desfinancian la salud y la educación, el sistema financiero coordina tsunamis de liquidez para perfeccionar los instrumentos de destrucción material y social.

 Iara Bogado 

 17/06/2026