martes, 31 de diciembre de 2019

La carrera armamentista y la guerra comercial: un cóctel explosivo hacia la guerra global




Durante la administración Obama, en 2016, Estados Unidos gastó 611.000 millones de dólares en nuevo armamento. El gasto militar mundial creció en 2018 hasta alcanzar la cifra de 1,82 billones de dólares, destacándose en el mismo Estados Unidos, Arabia Saudita, India y Francia. El imperialismo norteamericano ha invertido en armamentos durante 2018 un 76% más que en 1998 y un 4,6% más que en 2010, y en 2019 un 7% más que en el año anterior. El SIPRI (instituto internacional de Estocolmo para la investigación de la paz) da cuenta de que en dicho año (2018) Estados Unidos erogó la friolera de 649.000 millones de dólares en esta industria de la muerte y en 2019,7 16 mil millones. Durante 2018 China gastó en ese menester 250 mil millones de dólares y Rusia 61.400 millones de dólares.

¿Por qué ocurre la carrera armamentista?

El CIM (Complejo Militar Industrial) es la principal industria del mundo. Se trata para la clase capitalista del motor del desarrollo económico de las últimas décadas, a partir de una demanda incesante de armas por parte de los Estados, que se explica porque las armas se vuelven rápidamente obsoletas frente a los rivales tanto en el plano bélico, como económico y geopolítico, que buscan innovaciones permanentes. De esta forma se pretende superar el impasse económico que ocasionan las crisis de sobreproducción y de la sobreacumulación de capitales. Es que como producto de esa circunstancia se pronuncia la tendencia a la eliminación del capital sobrante y la producción excedente, esto es de la destrucción de fuerzas productivas, una de cuyas manifestaciones es la guerra.
Mediante la carrera armamentista el capitalismo tiene la pretensión de menguar las crisis de sobreproducción y resolver la declinación de la tasa de ganancia, no obstante lo cual lejos de suprimir sus tendencias a la descomposición del mismo, las acentúa y al mismo tiempo desenvuelve aquello que pretende evitar (la tendencia declinante de la tasa de beneficio). Pero la producción de armamento requiere obligadamente la inversión de una mayor proporción de capital constante (maquinaria, equipos, tecnología), que es trabajo muerto que no crea valor, en desmedro del capital variable que paga la fuerza de trabajo, única que crea valor y da lugar a la acumulación de capital mediante la obtención de plusvalía. Al haber más capital constante en la composición orgánica de capital tiene lugar la disminución de la tasa de beneficio.
A propósito, es ilustrativa la visión de Larry Summers (secretario del tesoro norteamericano desde 1999 a 2001 y economista jefe del FMI) en relación a la crisis presente del capitalismo, citado por Pablo Heller en “El capitalismo zombi”: “Alvin Hansen (asesor de los presidentes Roosevelt y Truman) anunció el riesgo de un estancamiento secular a finales de los años 30, a tiempo para asistir al auge económico contemporáneo y posterior a la segunda guerra mundial. Es muy posible que se produzca algún acontecimiento exógeno de gran alcance, que lleve a aumentar el gasto o reducir el ahorro en medida tal que incremente el nivel de interés real por el pleno empleo en el mundo industrial y haga irrelevantes las preocupaciones que he expresado. Descartando la guerra, no está claro que otro tipo de acontecimiento de este calibre tendrá que ocurrir”. Lo dicho por Summers revela no solo la opinión de un autorizado representante del imperialismo, sino que manifiesta claramente la tendencia a la guerra, como expresión de la inviabilidad del progreso humano en el capitalismo en descomposición. Esta tendencia imparable encuentra expresión en la constante demanda de armamento por parte de los Estados, que los obliga a desenvolverlos en aventuras bélicas permanentes y a un endeudamiento billonario en dólares por parte de los mismos. Los beneficiarios de este endeudamiento son grandes fondos de pensión, aseguradoras y bancos que han ingresado hace tiempo en el negocio de la guerra, por ser uno de los más rentables, sino el más rentable: “La industria mundial de las armas nucleares es financiada y mantenida viva por más de trescientos bancos, fondos de pensión, compañías de seguros y gestores de activos…. Esas instituciones realizan sustanciales inversiones en la fabricación de armas atómicas” (Question digital.com).La campaña internacional por abolir las armas nucleares, en un estudio de 180 páginas, señala que las naciones con poderío nuclear gastan cien mil millones de dólares al año fabricando nuevas ojivas, modernizando las viejas y construyendo misiles balísticos, bombarderos y submarinos para lanzarlas. Estas compañías, objeto de la denuncia son: Bae System y Babcock International de Gran Bretaña, Lockheed Martin y Northrop Grumman de Estados Unidos, Thales y Safran de Francia, etc .Los bancos más involucrados con la industria de armas nucleares son Bank of America, Black Rock y Morgan Chase de Estados Unidos ,BNP Paribas en Francia, Allianz y Deutsche Bank de Alemania, Mitsubishi UJF DE Japón, BBVA y Banco Santander en España, Credit Suisse y UBS en Suiza, y Barclays, HSBC, LLoyds y Royal Bank Scotland de Gran Bretaña. Aquí está retratado con gran fidelidad la naturaleza destructiva del régimen capitalista en su etapa imperialista, en nombre de su razón de existir, la tasa de ganancia, por la cual no se ahorra una sola gota de sangre humana.

Las consecuencias humanas y económicas de la carrera armamentista

Empujadas por la necesidad de garantizarse un mercado cautivo que permita la realización de superganancias la clase capitalista y sus estados se han lanzado a la carrera armamentista. Esa carrera ha tenido como consecuencia guerras con secuelas catastróficas para la humanidad. Se trata de guerras locales que han dejado daños irreparables en términos de muertes y refugiados. El Alto comisionado de la ONU para refugiados da cuenta de que los desplazados de sus hogares y territorios dentro y fuera de las fronteras de sus países suma en lo que va del siglo 21, 45.200.000 personas. En este plano, la guerra de Siria ha contado con once millones de desplazados, Sudán del sur sufrió parecidas consecuencias: cuatro millones de habitantes, y Yemen 264.000, Pakistán y Afganistán, como consecuencia de sus respectivas guerras expulsaron a 1.195.000 víctimas de sus hogares. La cantidad de muertes producidas por estas guerras de saqueo es menor, pero no menos impresionante: en la segunda guerra del Congo, entre 1998 y 2003 murieron tres millones de víctimas; en Siria la cantidad de muertos fue de 353.935, en Irak desde 2003 hasta febrero de 2019 se contabilizaron 288.000 muertos (informe del Syrian observatory of human rights). Los factores centrales de estas guerras, además de sostener el negocio de armas, ha sido el saqueo de fuentes de energía, riquezas acuíferas, alimenticias y minerales. (Puede afirmarse que el consumo de plata, níquel y cobre con fines militares supera a Asia, África y América Latina juntos, y que la voracidad con la que se realiza conduce a su agotamiento.) Gran parte de estas guerras fueron estimuladas por la lucha por el mercado petrolero: en Nigeria por la construcción de un oleoducto desde África hasta Europa; en Yemen por el dominio del golfo de Adén, ruta obligada de la mayoría de los barcos petroleros. En todas estas aventuras bélicas de saqueo han intervenido las potencias imperialistas, a veces con mediaciones de naciones títeres: en Somalia fue el ejército etíope respaldado por el imperialismo norteamericano, en Yemen fue el ejército saudí con armamento norteamericano y británico. En la segunda guerra del Congo la fuerza militar estaba formada por 115.000 efectivos de la Fuerza Militar de Paz de las Naciones Unidas, una organización que expresa los intereses de las naciones imperialistas.
El endeudamiento ha traído consecuencias enormemente negativas para la economía norteamericana. Solamente la guerra de Irak le ha ocasionado a Estados Unidos un endeudamiento de tres billones de dólares, en el contexto de los 23 billones de deuda pública de la mayor potencia imperialista, un 107% de su PBI. El mismo es en parte, consecuencia de la carrera armamentista, pero también y fundamentalmente a las exenciones impositivas y subsidios de las que se benefician las grandes corporaciones, con una disminución anual de la recaudación de 90.000 millones de dólares anuales.

Las guerras tecnológica, energética y comercial echan combustible a favor de la tendencia a la guerra

En 2018 el déficit comercial norteamericano aumentó 621 mil millones de dólares, según datos publicados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. el transcurso de ese año hubo una pérdida neta en el comercio de bienes y servicios de 59 mil millones de dólares. Huawei ha desplazado a Apple en las ventas de celulares, se desenvuelve una vigorosa batalla entre la OPEP, que ha decidido bajar la producción de petróleo y los Estados Unidos que han recurrido al fracking, aumentando su producción para bajar el precio y desplazar a sus competidores. Aunque en los días recientes ha habido una tregua entre China y Estados Unidos para eliminar las barreras arancelarias mutuamente, ésta tiene un carácter efímero y precario por la pretensión yanki de que las importaciones de sus productos a China se dupliquen. Los choques entre la Unión Europea y Estados Unidos por la competencia entre Lockheed y Airbus en el campo aeronáutico irrumpieron en la reciente cumbre de la OTAN cuya existencia tiene futuro incierto y se ha creado una organización de defensa europea sin la presencia de Estados Unidos. También Estados Unidos impuso barreras arancelarias al acero y al aluminio de la Unión Europea sumándola a la impuesta antes a China. Para agravar el cuadro de disputas entre Estados Unidos y Rusia, Trump ha anunciado el 19 de diciembre sanciones contra ésta por la construcción de un gasoducto, el Nordstream 2, que pasa por debajo del mar Báltico y que beneficiaría a países de Europa occidental, especialmente a Alemania. Las sanciones serán aplicadas a Gazprom (empresa rusa) y a otras empresas asociadas europeas: Uniper, Shell, Wintershall, OMV, Engie y Dea) y consisten en el congelamiento de activos y quita de visas a Estados Unidos a las empresas mencionadas. Ucrania, Polonia y los países bálticos apoyan la decisión yanki en nombre de que el gasoducto (construido en un 80%) va a ser un factor de sometimiento a Rusia. A su turno las principales naciones imperialistas de la Unión Europea se oponen a la sanción. Como podemos observar esta disputa sin duda agrava el cuadro de guerra comercial, y por añadidura agrega combustible a la potencialidad de un estallido bélico generalizado.
La situación descripta, el creciente endeudamiento norteamericano para financiar la carrera armamentista ha agravado su crisis, que impacta socialmente sobre las masas norteamericanas debido a la disminución en gastos de salud y educación, como así también en las naciones oprimidas y sus pueblos y clases obreras, cuyas respuestas han sido en muchos casos de rebeliones y alzamientos populares (Argelia, Sudán, Argelia, Egipto, Irak, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Puerto Rico, Panamá, etc.). Estamos asistiendo a un choque objetivo entre el imperialismo expoliador y belicista, que financia su carrera armamentista endeudando a las naciones oprimidas y a sus trabajadores, y la insurgencia obrera y popular que puja por abrirse paso para que la crisis la paguen los capitalistas. Es el socialismo o la barbarie. Construir el partido obrero de la revolución socialista mundial y dotar de una dirección revolucionaria a las masas insurgentes es el desafío. Es que la carrera armamentista y las guerras que hemos enumerado no son sino la consecuencia de la tendencia al colapso y la catástrofe, intrínsecas al régimen capitalista en su etapa de decadencia, y solo se puede terminar con ellas y con el peligro de una conflagración a escala planetaria terminando con su germen.

Roberto Gellert

lunes, 30 de diciembre de 2019

2019, nada halagüeño para la economía mundial

Este 2019 deja varios saldos que no son muy halagüeños para el mundo en que vivimos, caracterizado por una administración en Estados Unidos que ha tratado de mantener su hegemonía mundial con agresivas extorsiones financieras, ataques y desestabilizaciones contra gobiernos progresistas y la utilización de amenazas de guerra con ese fin.

Guerra comercial EE.UU.-China

La guerra económica que desarrolla el magnate estadounidense Donald Trump, esta poniendo en peligro la recuperación económica mundial y la pérdida de miles de empleos a lo largo de todo el orbe. Durante 2019 se ha mantenido la tirantez económica entre Estados Unidos y China con una especial guerra de aranceles a los productos de ambos países que ha determinado también la pérdida en los intercambios comerciales mundiales. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) el conflicto ha traído graves consecuencias para la economía mundial y para el crecimiento económico.

¿Crisis económica mundial?

Varios factores se han unido para que los analistas y medios de comunicación especializados insistan en que se avecina una crisis económica mundial a semejanza de la ocurrida en 2008. Entre las cuestiones más álgidas aparecen la disminución de la producción industrial mundial, la caída de la confianza de las empresas, algunos importantes países al borde de la recesión, el desmedido aumento de la deuda global, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como la incapacidad de los bancos centrales del orbe en tomar las medidas adecuadas para estabilizar la situación.

América Latina en declive

En América Latina la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron a 191 millones y 25 millones de personas o sea, el 31 y 11,5 % de la población y según CEPAL se ha perdido un decenio pues son cifra parecidas a 2009. Este año solo crecerá 0,1 % y la CEPAL indica que la desigualdad es estructural, multidimensional e ineficiente lo que constituye obstáculos para el desarrollo. Grandes diferencias sociales con la imposición de sistemas neoliberales, impulsaron las demandas y manifestaciones de la población a lo largo del año.

Desaceleración en Europa

Europa se desacelera al entrar varios países en crecimiento casi cero y en total la zona euro lo hará 1,2 %. La salida de Gran Bretaña de la Unión, conocido como Brexit, creará problemas comerciales y económicos para ambas partes y debilitará en gran medida a la Unión Europea.

Fracaso de la COP 25

La cumbre contra el cambio climático (COP 25) realizada en Madrid concluyó en un completo fracaso al no poderse lograr un acuerdo mundial para reducir los gases de efecto invernadero debido a la intransigencia de los países desarrollados en contra de la mayoría de las naciones del planeta que sufren los grandes desastres. Las consecuencias a lo largo del 2019 han sido devastadoras con la ocurrencia de grandes desastres naturales como potentes huracanes, incendios forestales, violentos terremotos, mientras el presidente Donald Trump abandonó los acuerdos alcanzados en la anterior Cumbre climática de París bajo el pretexto de no dañar la economía de su país. Asimismo, la destrucción de la Amazonía (pulmón del planeta) por las ambiciones del presidente brasileño Jaír Bolsonaro y la desaparición de los glaciales en Groenlandia y la Antártica, auguran un inmenso desastre natural para la existencia del planeta.

Golpetazos al dólar

Países del orbe están apartándose de la utilización del dólar en sus transacciones comerciales para alejarse de las ataduras del billete verde. En ese camino se encuentran China, Rusia, Irán, India, Turquía y varias naciones del sudeste asiático. La adquisición de petróleo en yuanes, euros y otras monedas comienza a causar sus efectos. El próximo lanzamiento de un nuevo activo de reserva por parte del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), denominados derechos de giro asiáticos (equivaldrá a 2 dólares) se convertirá en una fuerte divisa. Se augura que desdolarizará el comercio en la región asiática al adquirir esos países petróleo a Rusia y a las naciones de la OPEP mediante esos giros.

Persiste bloqueo contra Cuba

El gobierno de los Estados Unidos arreció con más fuerza su bloqueo económico y financiero contra Cuba a pesar de volver a sufrir una gran derrota en la Asamblea General de Naciones Unidas al aprobarse por 187 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, la Resolución: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. La persecución contra barcos y compañías que transportan petróleo a Cuba, la eliminación de la llegada de cruceros turísticos a la Isla, así como la reducción de los vuelos de aeronaves desde Estados Unidos fueron algunas de las medidas adoptadas por la Administración de Donald Trump para tratar de ahogar al pueblo cubano.

El desastre de los inmigrantes

A lo largo del año continuó incrementándose el número de inmigrantes que huían de guerras, acciones de bandas armadas, pobreza y políticas neoliberales instrumentadas por varias naciones. Miles han perdido la vida al cruzar las temidas aguas del Mediterráneo para tratar de alcanzar desde África las costas europeas, o los que realizaron extensas caminatas para atravesar ríos, montañas y selvas para llegar desde Centroamérica hasta las fronteras de Estados Unidos en busca de un mejor estatus económico. El desastre humano que eso significa ha sido prácticamente ignorado por las antiguas metrópolis europeas y la administración estadounidense culpables del saqueo de esos países durante siglos.

La ASEAN marca la diferencia

Los países agrupados en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) resultaron los impulsores de la economía mundial y sobre todo regional pues sus 11 integrantes lograron crecer en promedio alrededor de 6 % de su PIB. Ya varios analistas auguran que para el 2050 la región se convertirá en la cuarta economía del planeta con cerca de 9,5 billones de dólares en conjunto.

África avanzó con dificultades

Con 38 países en la lista de los 50 menos desarrollados del mundo, debido fundamentalmente a largos siglos de colonialismo y de neocolonialismo, el continente africano obtuvo avances en el presente año con un crecimiento promedio de 4 % y un PIB de 2,8 billones de dólares. Casi todos sus países son ricos en recursos naturales pero se les hace difícil mejorar la vida de sus ciudadanos porque gran parte de las ganancias se las llevan las compañías transnacionales o se escapan por el síndrome de la corrupción. Pese a los inconvenientes, sus 55 países, integrados en la Unión Africana lograron trabajar por la integridad, el avance de sus afiliados, profundizar en la estabilidad y la paz en el continente.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

domingo, 29 de diciembre de 2019

Falleció el Héroe de la República de Cuba Harry Villegas, el «Pombo» de la guerrilla del Che en Bolivia




El general de brigada y Héroe de la República de Cuba, Harry Villegas Tamayo, conocido como «Pombo» en la guerrilla del Che Guevara, falleció este domingo 29 de diciembre de 2019 en La Habana, a los 79 años de edad.
Su fallecimiento se debió a una disfunción múltiple de órganos. Su cadáver fue cremado por voluntad de la familia. Mañana lunes 30 de diciembre se le rendirá homenaje póstumo al destacado combiente.
Harry Villegas nació en 1940 en una familia de campesinos pobres, en Yara, una localidad situada en las estribaciones de Sierra Maestra, entre Bayamo y Manzanillo. Su hermano Téogenes era un joven dirigente local del Partido Ortodoxo, activo opositor a la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958) y seguidor de Fidel Castro, referente de la Juventud Ortodoxa que dirigió el asalto al cuartel Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953.
En 1954, con apenas 14 años, Harry Villegas comenzó a apoyar a los activistas del Partido Ortodoxo en sus acciones de oposición y sabotaje contra la dictadura. Cuando Fidel Castro fundó el Movimiento 26 de Julio el 12 de junio de 1955, Villegas, como muchos jóvenes ortodoxos, se incorporó e integró una célula clandestina que incluía, entre otros, a Leopoldo Cintra Frías («Polo»), Teté Puebla, Manuel Lastre Pacheco, quienes luego se destacarían en la Revolución cubana.
Al comienzo de 1958, Villegas y otros jóvenes decidieron subir a la Sierra Maestra para integrarse a la guerrilla del Movimiento 26 de Julio, pero fueron rechazados por el Che Guevara, quien les dijo que con las armas de bajo calibre con las que estaban no era posible enfrentar a los soldados, invitándolos a volver a bajar al llano, para quitarle las armas a algún soldado y volver. Villegas y sus compañeros buscaron armas de mayor calibre entre las familias conocidas. En esa segunda oportunidad sí fueron aceptados por Guevara, quien en ese momento se encontraba en La Plata.
En los primeros tiempos actuó como mensajero y ayudante y fue enviado a la Escuela de Reclutas de Minas del Frío. Durante la ofensiva del gobierno contra la guerrilla de Sierra Maestra, iniciada en mayo de 1958, Villagas fue enviado a combatir en la Columna 1, dirigida por Fidel Castro, y participó en los combates del Jigüe, Las Vegas, San Lorenzo, Meriño y Las Mercedes.
Cuando se formó la Columna 8 Ciro Redondo, al comando del Che Guevara, Villegas fue asignado a la misma y se convirtió rápidamente en uno de los hombres de confianza del Che, quien integró su escolta con Juan Alberto Castellanos, Hermes Peña, Carlos Coello («Tuma») y Harry Villegas («Pombo»).
En su condición de escolta, permaneció toda la campaña militar junto a Guevara. Participó en la Batalla de Santa Clara y otros combates y luego se estableció en la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, La Habana, a partir de enero de 1959.
En 1961, se desempeñó como administrador de la empresa estatal Sanitarios Nacionales, designado por el Che Guevara en su condición de Ministro de Industria.
En 1963, el Che Guevara envió a varios de dos hombres de confianza (Hermes Peña y Juan Alberto Castellanos) a formar parte del grupo guerrillero que se instaló en el norte de la Argentina, al mando de Jorge Masetti bajo el nombre de Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP). Villegas recibió una clara explicación sobre su ausencia del grupo por parte del Che, quien le mencionó que no lo enviaba debido a su piel negra, que lo hubiera impedido pasar desapercibido en el norte argentino.
Sin embargo, la misma razón jugó un papel importante para que el Che Guevara lo convocara en 1965 a combatir en el grupo de guerrilleros cubanos que aquel encabezaba, en la República Democrática del Congo. Allí tomó el sobrenombre de «Pombo», con el que ha sido mundialmente conocido, que en idioma swahili significa «hoja».
Entre 1966 y 1967 «Pombo» participaría del foco guerrillero que el Che Guevara instaló en Bolivia, en la zona del río Ñancahuazú, y en donde este último moriría. El grupo guerrillero tomó el nombre de Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia con secciones de apoyo en Argentina, Chile y Perú. Los enfrentamientos armados comenzaron el 23 de marzo de 1967.
Villegas fue uno de los cinco hombres3​ (3 cubanos y dos bolivianos) que logró escapar del cerco militar que aniquiló al grupo guerrillero.
Luego de 1967 continuó sirviendo en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, participando como asesor militar en Angola y Nicaragua.
Nació en 1940, en Yara, provincia de Granma. A los diecisiete años ya combatía en el Ejército Rebelde en la Sierra Maestra. En la invasión al centro de la Isla integró la columna 8 Ciro Redondo y formó parte de la escolta personal del Che.
Recibió la condecoración Héroe de la República de Cuba. Fue General de Brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), miembro del Partido Comunista Cubano PCC, vicepresidente y secretario ejecutivo de la Dirección Nacional de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y estudioso del pensamiento militar de Ernesto Che Guevara.

Cubadebate

Tensión por encuentro del MAS convocado por Evo Morales en Argentina




Con la agenda electoral instalada nuevamente en el país, luego de que el MAS vino negociando sin parar con los golpistas, Evo Morales convocó a un acto este 29 de diciembre con dirigentes y delegados de los 9 departamentos de Bolivia para discutir quiénes serán sus futuros candidatos para las elecciones del 2020. Mientras tanto la derecha discute aceleradamente si proscribe al MAS o no.

Este encuentro ha sido convocado en puntos fronterizos entre Argentina y Bolivia (se habla de las ciudades de Orán o Salvador Mazza de la Provincia de Salta). Evo Morales había señalado que cuenta con el apoyo, en cuestiones de seguridad, del gobierno argentino. Sin embargo, varios medios informativos hicieron referencia a una publicación en la cuenta de twitter de Evo Morales, del sábado 21 de diciembre, en la que señalaba que dicho evento se realizaría en Buenos Aires.
Lo cierto es que más allá de donde finalmente se lleve este encuentro las tensiones son evidentes. Un ejemplo de ello y que al mismo tiempo refleja el claro alineamiento del gobierno golpista con Trump, es la delegación estadounidense que llegó a la Casa Rosada para pedir explicaciones sobre este evento y señalando que Morales no debe “abusar de su condición de refugiado”. Esto ha generado intercambios sobre cómo se garantizará la seguridad este #29D dado que según señaló Evo, estimarían que participen como 1000 dirigentes y delegados de los 9 departamentos de Bolivia además seguidores del MAS que viajarán al encuentro.
En medio de estos preparativos, en La Paz, el representante de la Central Obrera Departamental, Hugo Torrez, señaló que rechazan que los candidatos del MAS sean elegidos en el exterior y que estos deben surgir del consenso de las organizaciones sociales en el interior de Bolivia. Manifestaciones de este tipo, provenientes de seguidores y partidarios del MAS dejan abierta la posibilidad de que aún no se definan candidatos en el encuentro de este domingo.
Hay cuatro nombres que se barajan con fuerzas entre las posibles variantes para representar al MAS en las próximas elecciones. Éstas van desde representantes del ala más orgánica con Evo Morales, como Adrónico Rodríguez dirigente de las federaciones del Trópico de Cochabamba, pasando por el ex Canciller David Choquehuanca, el ex ministro de Economía, Arce Catacora, hasta los más conciliadores como la propia Eva Copa (actual presidenta del senado) que no tiene reparos en posar abrazada con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, responsable de la violencia y las masacres de Senkata y Sacaba.
Otro elemento, que no se puede descartar, y tiene que ver con la eventual proscripción que la derecha boliviana busca materializar para que el MAS no pueda participar de los comicios del 2020. Algunos sondeos han dejado ver que pese a que el MAS no tiene candidatos definidos es el partido con más intención de voto. El propio Evo Morales, declaró tener seguridad que "volverán a ganar en primera vuelta". Esta visión también es percibida por la derecha y la razón por la que podrían proscribir al MAS.
La llamada “pacificación” del país que fue firmada entre los golpistas y el MAS que utilizó como moneda de cambio, para las negociaciones, la sangre derramada de la resistencia contra el golpe que dejó un saldo de más de 30 asesinados, no concretó la “ley de garantías”. El propio presidente de la cámara de diputados del MAS, Sergio Choque señaló que la Ley de Garantías ya no tiene sentido debido a que ya todos están en la carrera electoral empero advirtió “Ahí ya veremos quiénes también van a pedir posteriormente la Ley de Garantías”, en una velada amenaza -en caso de que ganara el MAS- al gobierno golpista por las masacres de Sacaba y Senkata.
La situación de crisis política y social en Bolivia es profunda. Mientras una parte del país festeja la recuperación de lo que llaman democracia, Áñez está avanzando de manera acelerada en imponer su programa neoliberal. La fuerte campaña mediática y todas las disposiciones desplegadas desde el llamado “gobierno de transición” siguen operando para convencer al mundo de que en Bolivia no hubo un golpe de Estado. El MAS ha sido y sigue siendo responsable de haber entregado a esta derecha que hoy volvió al poder, las banderas de la democracia liberal. Sin embargo, cada día que pasa se va desnudando el contenido neoliberal y profundamente reaccionario y antipopular de lo que marcó la pelea por el “respeto al voto”.
Evidentemente los nuevos hechos que marcarán el escenario rumbo a las elecciones del 2020 serán turbulentos y conflictivos donde la derecha golpista intentará mantener el control del Gobierno y del Estado.

Juana Runa

¿Qué pasó el año que pasó?

Un abajo que se mueve… y un arriba muy nervioso

Lo más sobresaliente del 2019 han sido los triunfos electorales de fuerzas progresistas en México y Argentina y las grandes protestas populares en Colombia, Chile, Ecuador y Haití contra gobiernos neoliberales, que contrastan con la estabilidad en Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, Argentina e incluso Uruguay, pese a la derrota electoral del Frente Amplio.
De enorme valor han sido este año las masivas manifestaciones populares contra las imposiciones neoliberales en varios países sudamericanos y también del Caribe. En todos los casos, las políticas de ajuste y sumisión a los dictados del Fondo Monetario Internacional han quedado jaqueadas y los gobiernos desacreditados y cuestionados por las violaciones a los derechos humanos debido a la represión desatada.
El año que pasó, América Latina y el Caribe perdió su lugar de territorio de paz, pero los estallidos sociales también fueron marcando la agonía del neoliberalismo en medio de la disputa entre los intereses del capital trasnacionalizado y los de los pueblos, que parecen haber comprendido la necesidad de construir democracias que no abandonen las calles.
En la región, y particularmente en Chile, Ecuador, Colombia y Haití, nada será como antes. No hay una sola fórmula ni tiempos preestablecidos para las transformaciones, pero seguramente, estas insurrecciones populares de 2019 darán como resultados procesos de cambios progresistas de sus sociedades.
Los triunfos progresistas en Argentina y México abren, pese al convulsionado contexto, esperanzas sobre el relanzamiento de los organismos de articulación e integración latinoamericano-caribeña. Mientras, en Panamá el socialdemócrata Laurentino Cortizo declaró por primera vez duelo nacional el 20 de diciembre, a 30 años de la sangrienta invasión estadounidense al istmo. Significa oficializar la memoria histórica del pueblo.
Surgen nuevas temáticas, nuevas agendas: el fortalecimiento de la unidad desde abajo, el feminismo como herramienta de emancipación, el desarrollo científico-tecnológico para la soberanía, la justicia social y las dinámicas de la guerra híbrida en el continente, junto a la lucha por el cambio climático, el tema de las migraciones o el de los cambios tecnológicos y el futuro del trabajo.
Se afirma el feminismo como movimiento clave y protagónico en la disputa por los territorios pero también en el movimiento internacional, plagado de onegeísmos e intereses que poco tienen que ver con los de nuestros pueblos. Es desde la calle que se construye un feminismo popular.
La teoría de los ciclos no deja de ser más que una falacia desmovilizadora y paralizante de la lucha de los pueblos. Es como si los pueblos estuvieran condenados, hagan lo que hagan, a volver a sufrir gobiernos militares o fascistas, represores, entregados a los intereses de las empresas trasnacionales y a los dictados de Washington.
No es el fin de la historia de Francis Fukuyama, es una variación más inmovilizadora y pervertida: el ritornello permanente de la historia, impulsado desde think tanks de Europa, que obliga a la pregunta obvia de si se trata solo de derrotas electorales o de derrotas culturales.
El “ciclo progresista” se dio cuando la correlación de fuerzas lo permitió y cuando los liderazgos se pusieron en concordancia con los pueblos. Es cierto que estos factores no siempre se presentan al mismo tiempo, pero también es cierto que desde el inicio del milenio se produjeron en nuestra región nuevas formas de la lucha de clases.
Pero desde la izquierda, los viejos pensadores críticos insisten en manejar la teoría como dogma, tratando de amoldar metodologías del siglo 19 a un mundo totalmente diferente, donde las herramientas de lucha debieran ser, también, diversas, ante los violentos y permanentes cambios tecnológicos y las diferentes luchas geoestratégicas.
¿En cuál ciclo vivimos? ¿En el “progresista” que marca la llegada al gobierno de Alberto Fernández en Argentina y antes, de Andrés Manuel López Obrador en México, en el reaccionario que establece la derrota del Frente Amplio en Uruguay, en el neofascista de Bolsonaro y del golpe de Estado en Bolivia?, se pregunta Sergio Rodríguez.
Quizá el ciclo que vivimos en este final del 2019, es el de la lucha creciente de los pueblos que se levantan contra el neoliberalismo como en Haití, Honduras, Ecuador, Chile y Colombia y en el de la resistencia anti imperialista de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Dominica, añade.
Es la lucha permanente entre lo viejo que trata de perpetuarse y lo nuevo que se abre paso. Hoy los estallidos muestran una apuesta por la redistribución de la riqueza. El gobierno siempre está en disputa, incluso en los procesos progresistas (¿nacional-populares?) con coaliciones que logran gran apoyo en las urnas. Y el Estado no se logra desmontar del todo, ya que, en general, la policía y el ejército, el poder fáctico (las elites económicas y mediáticas), no siempre responden a la conducción.
El imperialismo utiliza distintas tácticas, dependiendo del lugar donde actúa estratégicamente. Desde sus tanques de pensamiento, estudian las distintas organizaciones populares para poder manejar una guerra híbrida y multidimensional, donde cada territorio está en disputa.
Surgen nuevos actores sociales, nuevas consignas, nuevas luchas… y la necesidad de aggiornarse en el uso de las herramientas de dominación que usa el mismo enemigo. Pero no terminan de surgir nuevos liderazgos, porque una de las fallas mayores de los gobiernos progresistas e la de no haber formado cuadros que garantizaran la continuidad de los cambios, las revoluciones, en buena parte por el egocentrismo de los dirigentes, acicalados por asesores europeos que poco saben de la idiosincrasia regional.
El modelo de economía neoliberal ya no sirve. El sistema de democracia republicana, representativa, tampoco. Y por eso la necesidad de democracias participativas (no de partidos sino de pueblo), que ayuden al aislamiento del enemigo principal que es el imperialismo y las dependientes y cómplices oligarquías locales.
Quizá esa izquierda derrotada a finales del siglo 20, no fue capaz de asumir tal derrota en términos políticos, careció de capacidad de reflexión y análisis. Pero creó el imaginario de que es posible un mundo diferente, más equitativo, donde la salud, la educación y el trabajo para todas y todos sea la prioritario: un cambio cultural.
¿Nos quedamos sin líderes cuando las masas vuelven a tomar las calles? Hoy –y por ahora- el liderazgo lo ejercen los pueblos, la masa trabajadora, desempleada, de la economía popular, la clase media pauperizada.
Y desde el viejo pensamiento crítico se critica a los chilenos, haitianos, ecuatorianos y colombianos porque se lanzan a la lucha sin conducción política; al nuevo gobierno argentino por ser peronista y no “revolucionario”, a Evo por su inocencia, a Lula por haber salido en libertad por decisión política y no por la lucha del pueblo… Desde los escritorios, criticar todo resulta más fácil.
Nuestro pensamiento crítico, valioso pero anclado en el siglo pasado, no ofrece armas para pelear en este mundo nuevo y esta América Latina actual, que son diferentes y que cambian a pasos vertiginosos de la mano del big data, la inteligencia artificial, los algoritmos. Se necesita un pensamiento crítico joven para acompañar estas luchas.
La lucha no es solo política y electoral. Muchas veces no se le da importancia a la disputa cultural, que significa entre otras cosas construir alternativas para los millones de pobres, pero también los millones que logran zafar de la miseria (lo que llaman las clase medias posneoliberals). Y para eso es necesario contar con proyectos mediáticos: saber qué se quiere comunicar, a quién se debe comunicar para asegurar imaginarios colectivos que acompañen los cambios.
Pese a lo que piensan los aliados-cómplices de Grupo de Lima, Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses, y muy especialmente sobre los recursos naturales de los países de la región y para lograr sus objeticos alientan golpes de Estado, desestabilización, bloqueos, saqueos, invasiones, usando sus armas propias (DEA, Departamento de Estado, Comando Sur, Usaid) o “ministerio de las colonias”, la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo la batuta del injerencista y falseador Luis Almagro..
Mientras, Venezuela sigue estable, pese a todos los intentos de Washington por terminar con el virus del bolivarianismo, inventando la figura del “presidente interino” y autoproclamado, financiado a la oposición –con apropiación de empresas y recursos venezolanos- incluyendo un show “humanitario” desde Cúcuta, un frustrado y frustrante golpe de estado, un superbloqueo económico y financiero y amenzas continuas de invasión.
Al mismo tiempo, Bolivia, el país latinoamericano con mayor estabilidad política, económica y social fue quebrado por un golpe de Estado con una dura represión y una presidenta autoproclamada (Jeanine Añez), y con Evo Morales refugiado en Argentina.
Parafraseando a Mario Benedetti en "Cielito del 69": Un arriba nervioso y un abajo que se mueve, del norte al sur y del sur al norte de esta América la pobre . Ya llega el 2020, pero será solo un cambio de fecha, porque la realidad seguirá siendo la misma y también la lucha por la dignidad de los pueblos.

Aram Aharonian
Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige surysurtv y el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )

sábado, 28 de diciembre de 2019

Lucha política y de clases en Bolivia




Bolivia es un volcán en ebullición que puede volver a erupcionar con una violenta lucha de clases.

Las fuerzas represivas no consiguieron derrotar a los amplios sectores de masas que se movilizaron contra el golpe derechista que destituyó a Evo Morales. Fue la colaboración directa del mismo Evo y del MAS que se empeñaron en “la pacificación”, lo que contuvo la irrupción en marcha.
Se ha ido generando un cogobierno de hecho entre la presidenta Añez, impuesta por el golpe, y la dirección del MAS en Bolivia. Más allá de las declaraciones opositoras, el MAS está permitiendo el mantenimiento de este régimen de transición, apoyado en las iglesias (católica y evangélicas), las Fuerzas Armadas (depuradas) y policiales (en constante depuración), el Imperialismo, la OEA, las Cámaras Patronales y gran parte de las burocracias sindicales.
Han logrado llegar a un acuerdo para nominar el nuevo Tribunal Supremo Electoral que tendrá a su cargo la convocatoria a elecciones, presumiblemente en mayo próximo. Se elegirá no solo al presidente, sino también a diputados, senadores y diversos funcionarios. Se anula, por lo tanto, la elección de la primera vuelta, también, para los miembros del Congreso. Aunque el MAS obtuvo entonces mayoría, había perdido los dos tercios automáticos con que contaba en el período anterior. La derecha pretende dividir y hacer retroceder parlamentariamente al masismo.

Transición derechista

No se trata de un gobierno de transición hacia una salida electoral “democrática” como lo pintan el imperialismo y sus aliados. Pretende modificar la correlación de fuerzas para garantizar un triunfo derechista. Realizar el golpe en dos etapas: primero la destitución -en este caso violenta- del régimen masista y luego la institucionalización, a través de elecciones manipuladas, de un gobierno derechista. Como en Honduras, Paraguay y Brasil.
El gobierno de Añez no se ha limitado a ordenar la transición electoral. Ha incorporado a Bolivia al Grupo de Lima siguiendo los mandatos de Trump y Bolsonaro contra Venezuela y las rebeliones latinoamericanas. Especialistas yanquis e israelíes están “capacitando” en operaciones antiterroristas a las fuerzas represivas. El gobierno golpista no autoriza los salvaconductos para salir del país a los funcionarios masistas refugiados en la embajada de México. Siguen las detenciones, el cierre masivo de radios comunitarias indígenas y de colectivos sociales, etc. Como los campesinos de la combativa región del Chapare han expulsado a la fuerza policial durante la resistencia antigolpista y le impide retornar a sus bases, el nuevo ministro del interior, Murillo, con la excusa de garantizar el próximo acto electoral, amenaza con una intervención militar y nuevos baños de sangre o en caso contrario no colocar urnas allí. Se ha proscripto la presentación electoral de Evo Morales y de su exvicepresidente García Linera. La fiscalía plantea sus detenciones para impedir su retorno a Bolivia. Agrupaciones derechistas han reclamado (y movilizado) exigiendo al Tribunal Electoral que proscriba directamente al MAS del proceso electoral. El clima reaccionario que se intenta imponer se evidencia en el pedido de Sánchez Berzain -exministro del gobierno del Goñi depuesto por un alzamiento revolucionario, acusado de la represión que cobró 70 víctimas-, a través de una carta a Añez, pidiéndole que anule las sentencias que le impiden retornar a Bolivia, “para poner preso a Evo Morales”.

Divisiones y realineamientos

La oposición derechista no consigue, aún, unificarse. Por un lado, está la candidatura de Carlos Mesa (segundo en las elecciones anuladas). Por el otro, se presentan las candidaturas del dirigente fascista Camaño (de la Asamblea Ciudadana de Santa Cruz) y del “populista” Pumari (de la Asamblea de Potosí). Camaño intenta hacer una fórmula común con el segundo, sin llegar todavía a un acuerdo. Pero un audio, que se ha hecho público, señala que Pumari (considerado por sectores izquierdistas como un dirigente “proletario”) pidió para aceptar una suma inicial de 250 mil dólares y el control de las aduanas de Potosí y Oruro.
Por su lado diversas informaciones señalan que el MAS está fracturado siendo una parte de sus dirigentes críticos de Evo Morales y más abiertamente colaboracionistas e integracionistas con el gobierno golpista. La Cámara de Diputados ha aprobado la “Ley de Garantías Constitucionales” que pretende blindar a los dirigentes del MAS contra persecuciones “judiciales”. Pero Añez, esgrime el problema judicial como una espada de Damocles sobre los dirigentes que se retoben. Ha anunciado que en caso de ser aprobada por el Senado la vetará y la enviará para que se declare anticonstitucional.
Una encuesta última ha señalado que el candidato masista más nombrado, Andrónimo Rodríguez, tiene un 23% de intención de voto, seguido a corta distancia por Carlos Mesa con el 21% y un retroceso de Camacho que está en el 13% y Pumari en el 11%.

La “garantía” bonapartista de Evo Morales

Como suele suceder con los regímenes bonapartistas nacionalistas burgueses, su caída, produce una tendencia a la fragmentación de su dirigencia política. Para impedir el estallido del MAS (y hasta el surgimiento de sectores radicalizados) es que se ha armado el operativo del retorno de Evo Morales… a la Argentina. Se quiere asegurar un tránsito ordenado al nuevo gobierno surgido de las próximas elecciones e impedir una fuerte división del MAS y que las masas pasen a organizarse en alternativas independientes y radicalizadas. Por eso, el imperialismo (y hasta el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales) ha aceptado la presencia del Evo en Argentina y su intervención política.
Evo Morales pretende encapsular la actividad política de los explotados detrás de las elecciones de mediados del 2020, alejándolo de toda medida de resistencia.
El acto que para el domingo 29 tiene anunciado Evo Morales en el norte de Argentina juega este doble papel: colocar a Evo en el rol bonapartista de arbitraje respecto a las candidaturas y sumergir a las masas en el clima electoral. Por eso el acto señalado como de “inicio de campaña” se hace en el exterior. No se quiere acelerar ningún proceso que pueda abrir un canal de movilización para las masas.

La lucha por la independencia política de la clase obrera

Las burocracias sindicales que se reclamaban masistas fueron de las primeras que abandonaron el barco y se pasaron al golpe cuando vieron que este estaba en marcha.
Vitalicio Mamani, secretario de organización de la central obrera (COB), acaba de jurar como viceministro de Trabajo. Es la punta de un iceberg de evoluciones de burócratas sindicales del MAS hacia el gobierno golpista. La burocracia sindical no tiene ideología, su tendencia es a adaptarse a los gobiernos de turno, no ve más futuro que su integración al estado burgués.
Muchos sectores burocráticos se han declarado “independientes”, renegando de su militancia masista. Es simplemente una maniobra, para mejor ubicarse frente al poder actual y el que surja de una eventual próxima elección.
La lucha por la independencia de los sindicatos es fundamental, es la llave para constituir una autentica dirección clasista. Basado en el mandato de Asamblea, sin subordinarse a ningún partido burgués, ni gobierno de turno: el movimiento obrero debe luchar por su autonomía. Esto no significa encerrarse solo en los reclamos propios de cada categoría, hoy fundamental. Sino organizar la intervención unificada de la clase con su programa reivindicativo y antimperialista, en la perspectiva de un gobierno propio, de un gobierno obrero y campesino.
En febrero próximo está convocado el Congreso de la COB. Si se reúne con estos burócratas actuales no habrá futuro para el movimiento obrero. El anterior, 18° Congreso de la COB, aprobó unas Tesis de apoyo a Evo Morales. Es necesaria una renovación, una nueva dirección. Para ello es fundamental que los sectores clasistas agiten en favor de la realización de un Congreso de Bases de la COB, con delegados elegidos y mandatados en Asambleas. Para que fije un programa y un plan de acción para imponerlo. Los militantes que se reclaman marxistas revolucionarios deberían organizarse para poner en pie un Partido Revolucionario de la Clase Obrera, que es lo que permitirá garantizar una alternativa revolucionaria en este proceso boliviano, latinoamericano y mundial de irrupción de las masas contra el capital. La presencia de Evo Morales en la Argentina acrecienta la importancia que la vanguardia de la extendida comunidad boliviana en el país, mayoritariamente trabajadora, avance también en este reagrupamiento clasista y revolucionario.

Rafael Santos

viernes, 27 de diciembre de 2019

Adiós al oasis chileno




Cuando se escriba la historia de la inédita revuelta del año 2019 que cambió el destino de Chile, destacará, sin duda, una frase pronunciada por el presidente Sebastián Piñera el 8 de octubre en un programa de televisión en Santiago: “En medio de una América convulsionada, Chile… es un verdadero oasis.”
Aquellas palabras trasuntaban una ceguera ilimitada y una soberbia impenetrable, no solo del Primer Mandatario, sino de toda una clase dirigente que no entendía lo que pasaba en el país real que incubaba en esos mismos momentos el estallido social que ningún miembro de la encapsulada elite había anticipado.
En efecto, mientras Piñera peroraba televisamente, miles de estudiantes chilenos se saltaban con júbilo los torniquetes del Metro de Santiago, rehusándose a pagar un alza de treinta pesos que el gobierno había decretado recientemente, tan solo dos días antes de que Piñera se ufanara de que Chile fuera tan diferente del díscolo continente latinoamericano.
En vez de entender la desesperación que se agitaba detrás de esta forma de protesta pacífica, los ministros de Piñera (entre los que había una caterva de enriquecidos vilmente durante la dictadura de Pinochet) hicieron oídos sordos y respondieron con una violencia cada vez más salvaje, lo que, en vez de amenguar los desórdenes atizaron el descontento del que se valieron elementos anarquistas y lumpen, amén de grupos aliados a narcotraficantes para desatar saqueos y vandalismo. El presidente declaró que se trataba de una guerra a muerte contra el pueblo, impuso un estado de emergencia y toque de queda, y ordenó a los militares a la calle. Desde el tiempo de Pinochet que no se veían tanquetas y soldados patrullando las ciudades.
El pueblo chileno no se dejó amedrentar. En forma mayoritariamente pacífica, millones de hombres y mujeres y niños salieron a desafiar la represión, embarcándose en un octubre liberador que recordaba la gesta de otro octubre, el de 1988, cuando el pueblo chileno derrotó a la dictadura en un plebiscito que dio comienzo al lento retorno a la democracia. Aquella epopeya de 1988 había sido liderada por los políticos de centro-izquierda que supieron crear las condiciones para que el país pudiera respirar en paz después de tantos años de tiranía.
Aquellos líderes lograron, durante las décadas que siguieron, algunos notables progresos: una disminución importante de la pobreza, una serie de juicios a los más escalofriantes violadores de los derechos humanos de la época de Pinochet, algunas mejorías en la salud y la educación, proyectos de infraestructura y transporte, modernizaciones del aparato estatal. Pero no pudieron terminar del todo con los enclaves autoritarios que habían heredado de la dictadura ni supieron cuestionar la extraordinaria desigualdad de un Chile donde un pequeño y ávido grupo se había apropiado de una inmensa y obscena tajada de la riqueza nacional. El desparpajo con que estos aristócratas y nuevos ricos ostentaban sus franquicias y la impunidad de que gozaban alimentaba la rabia de los chilenos ordinarios para quienes el alza de los treinta centavos era una carga significativa y, por cierto, una provocación en un país donde la corrupción de los privilegiados rara vez se sancionaba.
Y sobrevino, entonces, una insurrección generalizada que sobrepasó las estructuras partidarias y los políticos desprestigiados que no habían sabido dar una solución a los problemas profundos de Chile, un movimiento que ha sacudido los cimientos del desigual modelo político y económico que ha regido al país durante las últimas décadas.
Menos de tres meses después de que los jóvenes se rebelaron contra una cúpula que no los incluía ni escuchaba, Chile ha cambiado en forma trascendental. Todas las fuerzas políticas han acordado un itinerario para dotar al país de una nueva Constitución que reemplace la que impuso fraudulentamente Pinochet en 1980, si bien la derecha se ha opuesto exitosamente a la paridad de género y la presencia necesaria de sectores independientes y de pueblos originarios en la constituyente. Y se están implementando medidas que comienzan a enfrentar - aunque en forma exigua – las graves deficiencias en pensiones y salud, en parques y viviendas y educación, que aquejan a la población en forma mayoritaria.
Queda por ver si estas reformas se efectuarán o si, de nuevo, se han de frustrar las ansias de un país más bello y equitativo. Queda por ver si los policías que respondieron a las demandas ineludibles de los jóvenes con balines y torturas van a ser juzgados y castigados. Queda por ver si la derecha chilena, acostumbrada a menoscabar la democracia con impunidad, aceptará una contracción de su poder y sus granjerías o si pondrán cada vez más trabas al proceso que llevará a una nueva Constitución. Queda por ver si las exigencias de políticas sustentables para enfrentar la crisis climática, derechos de sindicalización de los trabajadores, control de las aguas urbanas y rurales (Chile es el único país en el mundo donde el agua se encuentra en manos privadas), serán postergadas otra vez más. Queda por ver si los políticos de centro-izquierda se darán cuenta de que no hay que temer la movilización del pueblo. Queda por ver si los sectores fascistas, nostálgicos de la mano dura de Pinochet, no aprovecharán el desorden y los saqueos, para revivir la quimera de una nueva tiranía. Queda por ver si los militares, contemplando un país dividido y cada vez más destrozado por el vandalismo criminal de unos pocos que aprovechan las protestas pacíficas de la mayoría, no decidirán que es hora de salir de los cuarteles. Queda por ver si a los jóvenes chilenos que no tuvieron miedo a los golpes y las balas y las violaciones y los gases lacrimógenos tendrán espacio protagónico para respirar tranquilos, que se les permita sacar todo el potencial creador que tienen adentro. Queda por ver si las eternamente pospuestas demandas de mujeres maltratadas y de pueblos originarios tendrán el reconocimiento que se merecen.
Queda por ver, queda por ver.
Pero hay algunos que no verán más, casi trescientos jóvenes que quedaron ciegos debido a los disparos de la policía, aquellos que quedaron sin ojos para que los aislados dueños de Chile pudieran abrir los ojos a la realidad de un país al que han tratado con ignorancia y menosprecio, al que han querido olvidar. Otro sacrificio en la larga lista de sacrificios que han padecido tantos, las penas y pérdidas que nunca faltan para que nazca una patria nueva.
Lo que es seguro es que, en este sumamente convulsionado 2019, Chile despertó. Se ha cuestionado a fondo el modelo neoliberal consumista vigente, reivindicando un nuevo modelo humano donde prima lo humano y no el lucro desmedido.
No somos, mal que le pese a Piñera y los suyos, un oasis en América Latina, sino parte de la historia perpetua de nuestro vasto y rebelde continente que lucha desde siglos por un mundo más justo y participativo.
Dependerá del pueblo chileno cómo se escribirá la próxima página de esa historia.

Ariel Dorfman

* Este comentario se basa, en parte, en el folleto, Chile: Juventud Rebelde, que acaba de sacar Fondo de Cultura Económica que también ha publicado Allegro, la última novela de Ariel Dorfman.

jueves, 26 de diciembre de 2019

Bolsonaro: “tolerancia cero” y licencia para matar




Jair Bolsonaro no perdió la oportunidad de las fiestas para impulsar una medida escandalosa, de alto contenido reaccionario. Bajo la modalidad de un “indulto navideño”- beneficio que establece la Constitución brasileña para la supresión de determinadas penas, que puede otorgarse en estas fechas- el presidente de Brasil acaba de favorecer a integrantes de las fuerzas de seguridad condenados por homicidios, y otros crímenes, en el ejercicio de sus funciones. La medida también alcanza a los agentes que aun encontrándose fuera de su horario de servicio hayan ejecutado crímenes con la intención de “eliminar un riesgo existente” para la sociedad o para sí mismos.
Estas medidas vienen a convalidar una línea de “mano dura” y reforzamiento del aparato represivo, que entonan con el discurso del derechista Bolsonaro, conocido por sus célebres expresiones como “bandido bueno es bandido muerto” o "el error de la dictadura fue torturar y no matar".

Reforma penal y bala

La señal de impunidad de Bolsonaro para las fuerzas represivas de Brasil se da en medio de la sanción de una reforma al código penal que endurece las penas y elimina beneficios para los condenados.
Entre algunos de los puntos de la reforma, resaltan la extensión del máximo de las condenas de 30 a 40 años, la eliminación del beneficio de las salidas temporales para los acusados de cometer “delitos atroces” que provoquen la muerte, y la extensión de la extracción compulsiva de ADN a determinados acusados- el proyecto original implementaba restricciones a esta práctica, pero el artículo fue vetado por Bolsonaro, entre otros 22 artículos-.
Bolsonaro se ha propuesto como una de sus principales metas la reducción de la tasa de homicidios sobre la base de una política de “tolerancia cero” al delito. Mientras que las estadísticas oficiales señalan una baja del 21,2% en los homicidios comparado el primer semestre del 2019 con el mismo periodo del 2018, se estima que las muertes a manos de las fuerzas de seguridad aumentaron bajo este gobierno: en Rio De Janeiro el 30% de los asesinatos son perpetrados por los operativos policiales, los cuales se realizan principalmente en las favelas y en los barrios pobres (France24.com 24/12). Es la doctrina de quien afirmó que los integrantes de las fuerzas armadas que tengan "10 o 15 ladrones muertos" deben ser homenajeados y no investigados.
La medida del gobierno también alcanza a los militares que hayan cometido crímenes “en operaciones de Garantía de la Ley y el Orden”, dentro de lo que se encuentran las represiones a las manifestaciones de todo tipo (Pagina12 24/12). Con esta misma política Jeanine Áñez y su gobierno de facto ahogaban en sangre la resistencia del pueblo boliviano.

Doctrina paramilitar

La extensión del indulto a los agentes que cometan crímenes por fuera de su servicio no es un dato menor. Brasil asiste a un fenómeno de proliferación de bandas paramilitares y milicias ilegales que actúan bajo el amparo del gobierno.
Lo que se ha dado a llamar “ejecuciones extrajudiciales”- un apelativo similar al de “gatillo fácil”- se ha extendido por fuera de las fuerzas policiales para materializarse en ejecuciones perpetradas por grupos al margen de las instituciones del régimen.
La doctrina de Bolsonaro alienta la conformación de grupos de tareas que, bajo el pretexto de eliminar el delito, dirimen sus reyertas internas o sirven a los intereses de determinados grupos económicos. Como de lo que se trata es de “eliminar delincuentes”, sin especificar a cuáles de ellos, estos grupos terminan realizando una labor selectiva que en la mayoría de los casos sirve para dirimir disputas entre el crimen organizado.
A su vez, se extiende la modalidad de la extorsión a los comerciantes a cambio de “seguridad”, incluso se brinda estos servicios a los propios delincuentes, ejecutando a quienes no paguen las sumas demandadas (Clarín 23/12).
En otros casos se trata solamente de vendettas policiales en respuesta al asesinato de un miembro de las fuerzas de seguridad. En Brasil, 57 sospechosos mueren por cada policía asesinado, según hallaron analistas (Clarín 23/12).
Esta doctrina es la que está presente en el crimen de Marielle Franco- edil carioca del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) asesinada en marzo del 2018- donde los principales imputados son elementos pertenecientes a las fuerzas policiales y los vínculos del crimen llegan hasta el propio Bolsonaro.
El indulto de Bolsonaro se inscribe en la línea de extender un cheque en blanco a las milicias asesinas y a la brutalidad de las fuerzas represivas del Estado Brasileño, quienes en muchos casos realizan las tareas sucias que el gobierno no se anima a realizar sin dar un salto en calidad hacia su degeneración reaccionaria. Al reforzamiento de la represión sangrienta debemos oponerle el desmantelamiento del aparato represivo y sus bandas asesinas.

Marcelo Mache

miércoles, 25 de diciembre de 2019

Francia: la lucha por las jubilaciones y contra Macron




Sin tregua, la huelga continua

El 5 de diciembre se abrió una nueva etapa en el movimiento obrero francés con la huelga lanzada por los obreros del transporte y la movilización nacional. El gobierno apostó a que la huelga perdiera fuerza con motivo de la navidad. Las direcciones sindicales nacionales se adaptaron a estas circunstancias fijando recién una nueva jornada de movilización para el 9 de enero. Todo el esfuerzo por sostener la huelga recae entonces en los obreros ferroviarios y del subte- los docentes están de vacaciones- y en los miles de militantes y activistas que se organizan e intervienen para reforzar y ampliar este movimiento. Gracias a esta energía de clase, el gobierno no ganó la partida, pero tampoco se pudo generalizar la huelga de masas para sellar la suerte del proyecto de jubilaciones y del gobierno de Macrón.

Una negociación tramposa

La movilización del día 17 fue similar a las del 5 de diciembre: con menos gente en las calles de París y más gente en el resto de las provincias; manifestantes más decididos; y una fuerte participación docente. En el comunicado de las centrales obreras tras la jornada, saludaron “la enorme movilización (…) sin tregua hasta fin del año 2019”, mientras anuncian una nueva jornada recién para el 9 de enero: los obreros y sindicatos en huelga tendrían que esperar tres semanas para que la fuerza de las masas vuelva a ganar la calle.
Este comunicado mantiene expectativas en una negociación con el gobierno haciendo eje en el “equilibrio presupuestario impuesto”. Lo notable es que el sistema de jubilaciones por puntos supone ese equilibrio presupuestario a través del manejo del valor del punto por el gobierno- como está indicado en el proyecto-. Es todo el proyecto y no el “equilibrio presupuestario” el que impide toda negociación. La declaración de la CGT y de Fuerza Obrera (FO) fue un giño a la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), que acepta la jubilación por puntos pero le pide al gobierno que retire toda disposición que extienda los años de trabajo en nombre del financiamiento equilibrado. La CFDT se había unido a la manifestación del 17 pero sin aportar nada a la convocatoria.
Estas idas y venidas resultan de una respuesta empírica a las maniobras del gobierno. El jueves 19 el Primer Ministro reunió a las confederaciones sindicales y a las patronales para anunciar que mantenía el proyecto, con su cláusula de alargamiento inicial de la edad jubilatoria de 62 a 64 años, y sólo admitía negociar algunas cuestiones menores. Solidaires- alineado más a la izquierda- y los docentes no fueron convocados: a diferencia de la CGT y FO no tuvieron que justificar una reunión inútil, que sólo respondía a una maniobra. La CFDT se desilusionó y anunció acciones a partir del 6 de enero, siempre al margen del bloque CGT-FO-Solidaires. UNSA- con presencia importante entre ferroviarios y subterraneo- fue la única central que modificó su posición y anunció que se retiraba de la huelga. Por unas horas se pudo pensar que el gobierno estaba ganando la partida, una subestimación a la fuerza del movimiento obrero.

La energía proletaria

Más de 100 asambleas ferroviarias decidieron continuar la huelga, con la participación de unos 5.000 trabajadores del sector. La CFDT ferroviarios, de poco peso, resolvió continuar la huelga, a pesar de la orientación de su central. Más significativo aún, UNSA del subte parisino publicó un comunicado afirmando “Recordamos que este movimiento de huelga pertenece a los asalariados y a las Asambleas Generales. Si las confederaciones han decidido capitular ante este gobierno y partir de vacaciones hasta el 9 de enero, UNSA-RATP (transporte del área metropolitana de París), por su parte, confirma su determinación y llama a la movilización sin tregua. Todos estamos implicados! Todos estamos movilizados!”
En los ferrocarriles la cantidad de huelguistas disminuyó, bien que no significativamente. La cantidad de trenes que circula es reducida. En el subte la huelga continúa con fuerza. Dos refinerías de petróleo adhirieron y podría extenderse a otros sectores. Más de la mitad de la población apoya la huelga, a pesar de los ataques mediáticos y los noticieros contra los huelguistas. Macrón no ha logrado ganar a la pequeña burguesía y a los jubilados a la hostilidad antiobrera. La tregua de navidad no estaría surtiendo efectos.
En este escenario, las confederaciones no proponen ningún plan de lucha hasta el 9 de enero y simplemente se dedican a exhortar genéricamente a la pelea. Todo indica que la huelga se mantendrá en los transportes, con el esfuerzo de los huelguistas y las Asambleas Generales, las acciones locales, la solidaridad de la población a través de los fondos de huelga, las coordinaciones con los docentes y los jóvenes. Las federaciones ferroviarias en huelga organizan una movilización para el sábado 28: es la fecha que debe tomarse de referencia para que nuevamente miles de obreros, docentes, jóvenes y chalecos amarillos, ganen las calles, con la agitación política de la huelga general contra Macrón y su política de ajuste.
La intervención independiente de los militantes clasistas tiene todavía un carácter minoritario y no está centralizada. En los gremios de transporte, el método de la Asamblea General se ha vuelto cotidiano, aunque en ciertos casos es utilizada por los dirigentes locales de la CGT solamente con carácter informativo.
En localidades y ciudades de las provincias, y en las afueras de París, se han constituido coordinadoras intersindicales que pueden ser el centro de una actividad sistemática, como es el caso de Rouen- ubicada al norte de Francia-. Hay un esfuerzo militante por constituir coordinadores interprofesionales, las cuales de hecho agrupan ahora a los ferroviarios, el subte y los docentes. Estos embriones de coordinadoras logran lanzar actividades callejeras de difusión, como el lunes pasado en la Gare de Lyon en París, y de piquetes de huelga en los depósitos de ómnibus. Se va gestando una política independiente de las burocracias.
El movimiento obrero francés está disputando esta pelea tan importante después de un período de derrotas y de retroceso de las prácticas y los agrupamientos de activistas en los lugares de trabajo. La crisis obliga a un aprendizaje rápido, que sigue siendo difícil. En un período de huelgas, movilizaciones, agitación callejera, enfrentamientos físicos contra la represión brutal, las decisiones inmediatas tienen toda su importancia. Hay que reflexionar, intercambiar, discutir, con rapidez, diariamente. Después del año de los chalecos amarillos, de la huelga ferroviaria derrotada en 2018 y de estas semanas de huelga contra el gobierno, los agrupamientos militantes anticapitalistas enfrentan un enorme desafío. Hay que terminar el año con un buen balance y una buena perspectiva.

Roberto Gramar

Radiografía de la crisis haitiana

Haití vive un estado de rebelión popular, disgregación estatal e incertidumbre. Todos, hasta el presidente, que resiste como puede en su cargo, hablan de un «cambio radical», mientras las elites políticas y económicas siguen desangrando el país. Entre tanto, el desacreditado Jovenel Moïse se mantiene en el poder con apoyo de Estados Unidos.
En 1986, año del derrocamiento de la dictadura de 28 años de los Duvalier, todos los demócratas creyeron que el país había dado vuelta a la página y se dirigía hacia un nuevo sistema político y económico, y que el modelo depredador y la cleptocracia de un régimen de opresión iban a ser al fin sustituidos por un Estado de derecho y de desarrollo.
Una nueva Constitución, aprobada en un referéndum el 29 de marzo de 1987 por la gran mayoría de la población, cristalizaba estas aspiraciones. En el preámbulo se instituyeron los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, además de la democracia representativa, la nueva Carta apuntaba a la descentralización como uno de los ejes del nuevo sistema político.
No obstante, este mismo año de 1987, las primeras elecciones realmente libres fueron ahogadas en un baño de sangre atizado por los militares del antiguo régimen y los halcones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esas elecciones las habría ganado el fundador de la primera Liga de Defensa de Derechos Humanos en los últimos años de la dictadura de Jean-Claude Duvalier, el profesor y abogado Gérard Gourgue, candidato de un bloque que abarcaba las fuerzas de izquierda y de centroizquierda.
Finalmente, lo que la Guerra Fría impidió que se concretara se logró en 1990 con el triunfo electoral del cura católico Jean-Bertrand Aristide, cuyo discurso era mucho más radical. El Muro de Berlín había caído un año antes. La mayoría de la población vio en Aristide, como antes en Gourgue, la esperanza de un cambio real y la realización de las aspiraciones contenidas en la Constitución de 1987. Pero no fue el caso. Los militares volvieron a tomar el poder pocos meses después y en octubre de 1994, al regresar Aristide desde el exilio en un avión militar norteamericano, quedó en claro que, más allá de las convulsiones permanentes de la coyuntura política en Haití, el sistema que habían dejado los Duvalier no cambiaba. Al mismo tiempo, la situación de miseria del pueblo se mantenía intacta mientras un pequeño grupo se enriquecía, tanto por medio de negocios privados como en los puestos políticos (o en ambos sitios a la vez). En paralelo, la dependencia del país de la ayuda externa se acentuaba día a día.
Después del terremoto de enero de 2010 que destruyó gran parte Haití y puso en evidencia su gran precariedad, se pensó de nuevo que se iba a reconstruir el país sobre nuevas bases ecológicas, políticas y sociales. Treinta y tres años después de la caída de la dictadura y de la nueva Constitución de 1987 y diez años después del terremoto, constatamos que solo la libertad de palabra y la de asociación sobreviven hasta ahora como conquistas. El país se ha hundido en una crisis multidimensional que no se puede comparar sino con la que precedió a la ocupación militar estadounidense entre 1915 y 1934, y quizás con la crisis de 1867-1869 que terminó con el fusilamiento del presidente Sylvain Salnave.
Los sucesivos gobiernos después de 1986 eliminaron las barreras arancelarias, lo que contribuyó a destruir la producción local, particularmente de arroz. El presidente Bill Clinton confesaría que una de sus principales faltas fue haber favorecido la importación de ese cereal estadounidense a Haití, la cual, como efecto de la economía de escala y las subvenciones, destruyó la producción local y aumentó la dependencia alimentaria. Esta política neoliberal ciega hace que hoy Haití importe cuatro veces más de lo que exporta, sobre todo de Estados Unidos y de la República Dominicana, una situación insostenible para cualquier economía nacional.
Según los datos del Banco de la República de Haití (BRH), la tasa de crecimiento para el ejercicio 2018-2019 será negativa y se situará entre -0,6% y 0% a causa de la degradación del clima económico y de la persistencia de los disturbios sociopolíticos. El mismo informe subraya que no tiene en cuenta los acontecimientos que han golpeado la economía a partir del mes de septiembre, relacionado con la crisis de las actividades productivas y la ruptura de los circuitos de comercialización.
Desde 1986 hasta la fecha actual, en Haití ha habido ocho golpes de Estado, 34 cambios de gobierno (por cambio de primer ministro), cinco elecciones abortadas, tres intervenciones militares extranjeras y cinco misiones de laOrganización de las Naciones Unidas (ONU) para la estabilidad y la paz. Respecto al Consejo Electoral Permanente que estipulaba la Constitución de 1987, nunca se logró constituir y hasta ahora todas las elecciones se realizaron con 19 Consejos Electorales Provisionales. En este contexto, ha venido bajando la participación electoral. Jovenel Moïse, el actual presidente, conocido como «rey del plátano», fue elegido con 55,6% de los votos, pero la participación fue de solo 21%. Pertenece al Partido Haitiano Tèt Kale (Partido de las Cabezas Calvas) del ex-presidente Michel Martelly (lo de las cabezas calvas es una suerte de autohomenaje).

Los acontecimientos que llevaron a la crisis actual

A principios de junio de 2018, en plena etapa final de la Copa Mundial de Fútbol, el gobierno trató de aumentar el precio de la gasolina, lo que suscitó una violenta ola de protestas a escala nacional que duraron tres días. Las autoridades debieron retroceder, y el entonces primer ministro Jacques Guy Lafontant renunció como un fusible para distender la situación. Pero el descontento generalizado acumulado desde hacía muchos años desencadenó una crisis que dura hasta hoy y mantiene al país a la deriva.
Moïse designó a un nuevo primer ministro, Jean-Henry Céant, notario y ex-candidato a la Presidencia, quien fue aprobado por el Parlamento el 17 de septiembre de 2018. Y fue el mismo Moïse quien contribuyó a destituirlo el 21 de marzo de 2019, solo seis meses después, mediante su mayoría en el Parlamento. Desde entonces, el presidente no ha logrado, en dos ocasiones sucesivas, que el Parlamento apruebe a dos de sus candidatos a primer ministro. Ante la ausencia de un gobierno que responda a las normas constitucionales, Moïse decidió nombrar, de manera inédita, a Jean-Michel Lapin, uno de los candidatos no ratificados por el Parlamento, como primer ministro ad interim. En el marco de una disgregación casi total de los poderes del Estado, incluido el Parlamento, Moïse tampoco logró tampoco que se aprobara el presupuesto nacional 2019-2020. A menudo la oposición parlamentaria apeló a formas poco ortodoxas, como romper el mobiliario, arrancar los micrófonos o cortar la electricidad.
Acusado de estar implicado en la dilapidación de los fondos de Petrocaribe, Moïse vio agravarse su situación tras la difusión de un informe del Tribunal de Cuentas que lo implica directamente en actos de corrupción. Frente a esto, Moïse lo descalificó diciendo que es un informe político y propuso que la Organización de Estados Americanos (OEA) enviara una comisión especial de expertos que ayudara al Estado haitiano a realizar una auditoría del uso de esos fondos.

La rebelión popular

A raíz del informe del Tribunal de Cuentas, los «Petrochallengers», un movimiento de jóvenes que organizó el 2 de septiembre de 2018 con gran éxito la primera marcha multitudinaria contra la malversación de los fondos multimillonarios de Petrocaribe, se unió a otros grupos de oposición para exigir la renuncia del presidente.
Este fue el comienzo de la última ola de manifestaciones que ha sacudido al país desde entonces y que persiste hasta la fecha. No han logrado hasta ahora ni la renuncia del presidente ni alguna salida negociada aceptable, ya sea para el gobierno o para la oposición. Los «Petrochallengers» y los autodenominados «Nou Pap Dòmi» (No dormimos) anunciaron un programa de reivindicaciones con cuatro letras «R»: ruptura, rectificación (fiscal), reorientación y rigor, en un documento de seis páginas de lineamientos para organizar el país luego de la renuncia de Moïse. Esta transición debía romper con la política « antipopular», «antidemocrática» y «antirrepublicana». La característica de este movimiento es que se trata sobre todo de jóvenes en un país donde más de la mitad de la población tiene menos de 20 años. Tienen además un lenguaje muy diferente del acartonado de los viejos políticos.
Sin embargo, este movimiento inicial de protestas fue sobrepasado por grupos con más medios y con un lenguaje más radical e incluso violento.
El principal y más activo ha sido el Movimiento Democrático y Popular (MPD), dirigido por el abogado André Michel y por el senador Youry Latortue, los principales acusadores de Moïse en el caso Petrocaribe. El 7 de febrero de este año, MPD lanzó un movimiento que bloqueó las actividades a lo largo y ancho del país, al que llamaron «pays lok» (país bloqueado). Estas protestas devinieron en una insurrección popular con barricadas, incendios, saqueos y corte de carreteras nacionales y de las principales arterias de la capital y de las ciudades de provincia.
Tras diez semanas de bloqueo, la economía nacional comenzaba a desintegrarse: cierre de hoteles, restaurantes, negocios, fábricas, medios de transporte, etc, que tuvo como paso siguiente una ola de despidos. Los hospitales no trabajan y ni siquiera las oficinas públicas funcionan porque su personal no cobra y tampoco puede llegar al trabajo por las barricadas y manifestaciones. Las escuelas tampoco han podido abrir más de unos pocos días, con riesgo para alumnos y padres.

… pero Moïse no renuncia

La pregunta es: ¿sin un verdadero ejército que lo respalde, cómo se mantiene el presidente en el poder? ¿Solamente por la represión? En este contexto, ha habido masacres y operaciones de grupos de bandidos que portan armas de guerra. Según la Comisión de Desarme del Estado mismo, hay 76 grupos operando. Estos grupos son armados por parlamentarios, el propio gobierno e incluso empresarios con fines de intimidación y autodefensa. Pero también a menudo actúan por cuenta propia en función de sus propios intereses.
Uno de los hechos más graves fue la masacre en La Saline, un barrio popular cerca del puerto, con 71 muertos, entre ellos mujeres y niños y 400 casas incendiadas, en la que estarían implicados altos funcionarios del poder. Pero esta matanza ocurrida en noviembre de 2018 no fue la única.
Además, en varias ocasiones, se ha revelado la presencia de extranjeros armados en las calles durante manifestaciones. El caso más relevante fue durante la gestión del primer ministro Céant. El domingo 17 de febrero de 2019, la Policía arrestó, casi por casualidad y en pleno corazón de la capital haitiana, a un grupo de ocho hombres: cinco ex-marines estadounidenses, dos serbios residentes en Estados Unidos y un haitiano fuertemente armados y en actitud sospechosa. Estos circulaban en un vehículo por las cercanías del Banco de la República de Haití. Habiendo entrado por el aeropuerto Toussaint Louverture en Puerto Príncipe con todo el arsenal que traían, el gobierno nunca aclaró las razones de su arribo al país, más aún cuando estos, luego de ser interrogados por un tribunal, fueron liberados y sacados de Haití por la Embajada de Estados Unidos.
Sin embargo, la represión no basta para explicar que Moïse se mantenga en el poder. La explicación hay que buscarla en las relaciones entre Washington y Caracas. Luego de unas cuestionadas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue reelecto en Venezuela, Moïse fue personalmente a felicitarlo por su victoria. Más tarde, ante la ola creciente de protestas en su contra en Haití, el 22 de marzo de 2019 Moïse asiste a un breve y sorpresivo encuentro con Donald Trump en Florida. A su regreso, decide reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, apoyado por Estados Unidos y otros países de América Latina y Europa, y rompe con Maduro, cambiando el voto de Haití en la OEA. Es su última carta de salida. Hace un acuerdo con Trump, que se vuelve su último apoyo y su salvavidas.
Al mismo tiempo, en Haití el «Core Group», formado por diplomáticos de Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil, España y Canadá, pide la negociación de la oposición con el presidente. Pero las voces que piden la renuncia de Moïse aumentan. Se les unen grupos del sector empresarial que habían sido víctimas de los motines del 6 de junio de 2018 y las iglesias. Piden también la renuncia del presidente y un cambio del sistema corrupto y de exclusión social que impera en el país desde el asesinato del padre de la Patria, Jean-Jacques Dessalines, en 1806.
La oposición, frente a la crítica que le hacen tanto el gobierno como la comunidad internacional por estar dividida y carecer de un programa, decide unificar sus esfuerzos. Un grupo denominado La Passerelle (el puente) logra realizar el 8 y 9 de noviembre una reunión donde participaron la Alternativa Consensual por la Refundación de Haití, el MPD, la oposición llamada «institucional», constituida por un grupo de parlamentarios, el grupo Mache Kontre (Hacia el Encuentro), que nuclea a los partidos socialdemócratas, Fanmi Lavalas (Familia La Avalancha) del ex-presidente Jean-Bertrand Aristide, el Foro Patriótico de Papaya y el Bloque Democrático por la Recuperación Nacional. Cada uno de estos bloques está compuesto por varias organizaciones. Estos firmaron, el 10 de noviembre pasado y contra la opinión de Fanmi Lavalas, un documento titulado «Entendimiento Político Nacional».
En este documento, los firmantes deciden adoptar una fórmula común para la transición post-Moïse, así como un plan de transición: en el momento de la renuncia del presidente, si es que llega, el presidente provisional será, como lo estipula la Constitución de 1987, un juez miembro de la Corte de Casación. Y al momento de escribir este artículo, aún discuten una propuesta de programa que prevé siete objetivos para la transición de tres años y un organigrama con los objetivos de la transición: terminar con la inestabilidad política, reactivar la economía, restablecer la seguridad, concretar y llevar adelante los procesos de Petrocaribe y por otros crímenes económicos y un segundo proceso contra los responsables de la matanza de La Saline, Carrefour-Feuilles y otros, organizar una Conferencia Nacional para sentar las bases de las reformas económicas, políticas, sociales y culturales necesarias y negociar con la comunidad internacional para poner fin a la tutela extranjera.

El presidente también lucha por el cambio de sistema

Mientras tanto, Moïse se defiende diciendo que lo quieren sacar del poder porque fue precisamente él quien se dio cuenta de estos hechos de corrupción sistémica y trató de revertirlos combatiendo a los «oligarcas» corruptos, casualmente hasta ese momento sus aliados. Su caballo de batalla se vuelve el «cambio del sistema» y los ataques a uno de esos tres grupos privados, Sogener, que le vende energía eléctrica al Estado haitiano. De esta manera, Moïse quiere atribuirse, en esta fase en la que ya tiene casi todo perdido, esta lucha para así quitarles un argumento a los que piden «cambio del sistema corrupto» que utilizan sus opositores. Es así como todo este año Haití se ha visto sacudido por protestas, muchas veces muy violentas, que según la ONU han dejado al menos 42 muertos y 89 heridos desde mediados de septiembre.
Es evidente que Moïse no cumple con ninguno de los requisitos de un presidente en funciones y que él y su grupo no dirigen nada, a punto tal que el mandatario ni siquiera puede desplazarse libremente dentro del territorio nacional. Sin embargo, se aferra al poder y no acepta renunciar como le pide la inmensa mayoría de la población. En este contexto, Trump envió a Haití el 20 de noviembre de 2019 a Kelly Craft, su amiga personal y representante estadounidense en la ONU y en el Consejo de Seguridad. Esta se reunió con Moïse y con representantes de la sociedad civil y de los movimientos de oposición y pidió un diálogo entre estos sectores para formar un gobierno de consenso, al tiempo que señaló que Moïse debe terminar su mandato.
Mientras tanto, el 16 de octubre, la Misión de las Naciones Unidas para la Justicia en Haití (MINUJUSTH), ha sido reemplazada por el Buró Integrado de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). Sectores de la oposición temen una nueva misión militar de la ONU y rechazaron la posición del Consejo de Seguridad que pide también la formación de un nuevo gobierno sin la renuncia de Moïse.
En medio de todo este conflicto, no se realizaron las elecciones parlamentarias que debían renovar en octubre la Cámara de Diputados y dos terceras partes del Senado. De esta manera, a partir del 7 de febrero ya no habrá Parlamento en Haití. Muchos piensan que a eso apunta precisamente el presidente para así gobernar por decreto y preparar las elecciones legislativas de manera de asegurar la victoria de una alianza con el ex-presidente Martelly y el hijo de Jean-Claude Duvalier, Nicolas Duvalier, que podría ser un futuro candidato a la presidencia.

Arnold Antonin
Nueva Sociedad

Arnold Antonin es economista y cineasta haitiano, profesor de la Universidad del Estado de Haití. Es fundador y director del Centro Petión-Bolívar de Haití.

martes, 24 de diciembre de 2019

El gobierno golpista de Bolivia se integra al Grupo de Lima




El gobierno de Alberto Fernández, que ratificó su participación en el agrupamiento de países latinoamericanos a medida de Trump, no cuestionó la aceptación del gobierno de Añez.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia comunica el ingreso de Bolivia al Grupo de Lima. Así Bolivia contribuirá a lograr una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis en Venezuela, que debe ser guiada por el pueblo venezolano”.
Sin más palabras, el gobierno golpista de Jeanine Añez anunció su entrada en el órgano creado a mediados de 2017 como vehículo de las presiones del imperialismo yanqui en Venezuela, y en general como catalizador de la política de Trump en América Latina.
El Grupo de Lima fue fundado en franca oposición a la hoy disuelta Unasur, en cuya conformación había sido protagonista Hugo Chávez. De hecho, la “solución” de la cuestión venezolana –es decir el derrocamiento de Nicolás Maduro y el establecimiento de un gobierno títere de Estados Unidos- es el único objetivo explícito y concreto de esta alianza, que reconoce al derechista Juan Guaidó como “presidente encargado” del país caribeño.
Estamos ante la concreción de lo que advirtiera el propio Donald Trump desde su cuenta de Twitter, cuando saludó la caída de Evo Morales producto del golpe de Estado como un paso adelante para reforzar la presión contra Maduro. Añez no hace más que cumplir con el mandato que le dicta el Departamento de Estado norteamericano, motivo por el cual fue inmediatamente saludado su ingreso al Grupo por el gobierno peruano, que oficia de coordinador. Referentes de Juan Guaidó destacaron que esperan visitar pronto el país del altiplano para aceitar relaciones.
Este reconocimiento al gobierno golpista de Bolivia dejó en ridículo las declaraciones del flamante canciller Felipe Solá, quien días atrás justificaba la permanencia de Argentina en el Grupo de Lima asegurando que la política exterior no debe “ideologizarse”. Ni Solá ni ningún otro funcionario ha salido a impugnar la aceptación de Añez. El gobierno de Alberto Fernández, al congraciarse con Trump y sus planes para la región, se ubica objetivamente en el campo del imperialista contra Venezuela.
De hecho, Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, viene de refrendar frente a los funcionarios de la embajada yanqui todos los acuerdos bilaterales suscriptos por el macrismo, en primer lugar los de cooperación militar y en materia de seguridad. Por lo pronto, ya ha sido ratificada la catalogación de Hezbollah como “organización terrorista”, decretada por el gobierno de Macri en julio tras la visita del alto funcionario trumpista Mike Pompeo.
El imperialismo yanqui busca hacer valer la aparente estabilización del golpe en Bolivia para recrudecer las presiones sobre el gobierno Venezuela, tras un año de empantanamiento de la ofensiva comandada por Guaidó. En una América Latina convulsionada por tenaces rebeliones populares, Trump intenta fortalecer sus posiciones y los embates contra las masas.
La lucha contra los golpistas en Bolivia y Venezuela, y contra la ofensiva imperialista que pretende imponer a los trabajadores latinoamericanos los planes fondomonetaristas, requiere de una delimitación implacable de las capitulaciones del nacionalismo burgués.
La permanencia en el Grupo de Lima, por parte del gobierno de Alberto Fernández, testimonia la ausencia de toda perspectiva de desarrollo independiente. Finalmente, ha puesto a toda la economía argentina (empezando por la plata de los jubilados) al servicio de honrar los compromisos con el FMI y el capital financiero internacional.

Iván Hirsch

lunes, 23 de diciembre de 2019

Cascos azules de la ONU, brasileños y uruguayos, violaron a 2.000 mujeres y niñas en Haití

Más de 2.000 mujeres en Haití, muchas de ellas menores, han sufrido abusos sexuales por parte de las fuerzas de paz desplegadas por las Naciones Unidas (Minustah) desde 2004 hasta 2017, según un estudio realizado por las profesoras británicas Sabine Lee y Susan Bartels, de la Universidad de Birmingham.
El mismo determinó que cientos de mujeres y niñas haitianas que vivían en las cercanías de las bases de la ONU fueron abusadas sexualmente. La investigación que fue publicada en el medio académico The Conversation, se basó en 2.500 entrevistas a mujeres de Haití a las que se les preguntó cómo es ser una mujer o niña que vive en una comunidad que acoge una misión de paz.
La prensa brasileña señaló que, comandados por general Augusto Heleno, militares brasileños abandonaron más de 200 hijos en Haití.
De acuerdo con los testimonios, los militares y otros funcionarios de las Naciones Unidas encargados de restablecer la paz en la zona habrían mantenido encuentros sexuales incluso con niñas de 11 años, aprovechándose de la pobreza y miseria que varios años de guerra civil y catástrofes meteorológicas han provocado entre la población.
Fruto de estos abusos, muchas de las mujeres –entre las que se cuentan menores– han concebido niños que han pasado ser conocidos como los ‘Petit Minustah’, en referencia al acrónimo de la misión de paz de la ONU en Haití. Algunas fuentes hablan de que cerca de un centenar de niños concebidos tras las violaciones. Según el informe, en el 28,3 % de las 265 historias de embarazos producidas por cascos azules hubo personal uruguayo identificado y en el 21,9 % personal brasilero
Cerca de un 10 % de los entrevistados han mencionado la existencia de niños concebidos después de los encuentros sexuales que se habrían producido, mientras otros tantos hablan de que algunos funcionarios de la delegación de la ONU “ponían monedas en las manos de las niñas” o les daban comida a cambio de estos favores.
Por su parte un portavoz de las Naciones Unidas ha asegurado que desde la organización se toman muy en serio estos problemas y reconocen que al menos hay 29 víctimas y 32 niños nacidos de estos abusos sexuales. En ese sentido ha informado de que la ONU está “activamente involucrada” y actualmente garantiza que los pequeños y sus madres están recibiendo la manutención y cuidados adecuados.
El estudio ha recogido unas 2.000 entrevistas a personas que residían cerca de las bases militares que la ONU asentó en la isla desde 2004 y denuncia que la política de actuación de la ONU es “ineficaz”, puesto que de acuerdo con el sistema actual, la organización internacional no puede procesar a sus trabajadores por los atropellos cometidos durante el cumplimiento de sus labores en el extranjero.
“El entrenamiento debe ir más allá, no puede ser que vengan a un sitio, violen a una mujer y se vayan”, ha denunciado Lee, para quien la ONU debería plantear medidas disciplinarias más duras contra aquellos soldados y mandos que lleven a cabo este tipo de abusos y conductas sexuales.

Niñas embarazadas por militares brasileños y uruguayos

Entre los casos más dramáticos se registraron niñas de 11 años embarazadas. “Te daban unas monedas y a cambio te metían un bebé”, dice uno de los testimonios. 265 de estas mujeres hablaron, sin que se les preguntará directamente, sobre situaciones de abusos. Entre estas se incluían casos de niñas hasta de 11 años y en donde algunos abusos terminaron en embarazos.
Asimismo se especifica que los violadoes, eran “cascos azules” que provenían de 13 países, pero que en su mayoría correspondían a brasileños y uruguayos.
Se agrega que los militares ofrecían comida a cambio de tener relaciones sexuales y se resalta el hecho de que los miembros de las misiones de paz involucrados sólo eran sancionados con ser de vueltos a su país de origen, sin ningún otro tipo de condena.
Mientras aún resonaban los ecos de la denuncia por la violación del joven haitiano Johny Jean a manos de cinco soldados uruguayos en 2011, la ONU denunció la presunta «mala conducta» de efectivos uruguayos en la ciudad dominicana de Dajabón, donde fueron acusados de violar a mujeres, entre ellas menores de edad.
El caso más reciente tiene que ver con tres investigaciones abiertas a partir de una denuncia presentada por la ONU el 15 de octubre de 2012 ante la cancillería uruguaya.
Ante todo esto el ministro de Exteriores haitiano, Bocchit Edmond, exigió justicia para las casi 2.000 mujeres y niñas que se han visto afectadas durante las misiones de paz de la ONU entre 2004 y 2017.

Los “haitianos” en el gobierno de Bolsonaro

Los fantasmas de la masacre de Haití persiguen a los generales del G obierno de Jair Bolsonaro, la “clase haitiana” que ocupa posiciones estratégicas en Brasilia, lo que hace difícil cualquier tipo de sanción para los violadores.
Al amanecer del 6 de julio de 2005, las tropas de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah), lideradas por el general brasileño Augusto Heleno, llevaron a cabo una operación de «pacificación» en Cité Soleil, el barrio marginal más grande de la capital haitiana, Puerto Príncipe.
Según los testigos, unos 300 hombres fuertemente armados, comandados por Heleno, irrumpieron en el vecindario y mataron a 63 personas, dejando a otras 30 heridas. Hoy Heleno es el primer ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), responsable de la inteligencia del Gobierno de Jair Bolsonaro.
Además de los generales Floriano Peixoto (Secretario General de la Presidencia) y Augusto Heleno, otros tres ministros estaban en el país caribeño: los generales Ferando Azevedo da Silva (ministro de Defensa) y Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaría de Gobierno), además del capitán Tarcisio Gomes de Freitas (Infraestructura).
También cuatro secretarías estratégicas están en manos de la “clase haitiana”: el coronel José Arnon dos Santos Guerra y Freibergue Rubem no Nascimento, en el Ministerio de Justicia, el general Edson Leal Pujol, en Defensa, y el portavoz de la Presidencia general Otávio Santana do Rêgo Barros, además del general Ajax Porto Pinheiro asesor especial del presidente del Tribunal Supremo Federal (STF), Dias Toffoli.

Juraima Almeida
Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

La deuda pública argentina es impagable y condiciona la política

En tiempo récord y a menos de dos semanas de asumido el nuevo gobierno de la Argentina, se acordó una mega ley que legisla la política económica en el corto y mediano plazo, con el horizonte del 2020, aun cuando todavía no hay Presupuesto para el próximo año. Este se formulará si es que en el corto plazo se renegocian los vencimientos con los acreedores de la deuda pública, con la hipótesis de postergar vencimientos por lo menos en el 2020/21. El texto aprobado incluye orientaciones que tienen como trasfondo la negociación con los acreedores de la deuda pública, sea el FMI o los privados.
Al mismo tiempo se dispuso desde el poder ejecutivo el canje de deuda con vencimientos en estos días, antes de fin del 2019, en pesos por 25.000 millones y por 9.000 millones de dólares. Son operaciones que se realizan en el mismo sentido del re-perfilamiento de la deuda impulsado por el anterior gobierno. En la medida de lo posible, se pretende diferir los pagos de manera negociada, sin necesidad de evidenciar la cesación de pagos, aun cuando la deuda no es sostenible, algo que sostiene reiteradamente el Ministro de Economía Martín Guzmán.
Los recursos públicos no alcanzan para comprar divisas y cancelar la deuda al vencimiento. Así, no hay más remedio que renovar los vencimientos con nueva deuda, algo que se dificulta por el elevado costo argentino derivado del “riesgo país”. Por eso las señales relativas a una política económica para el 2020 orientada al logro del superávit fiscal suena muy bien para los acreedores externos, interesados en cobrar ahora o más adelante, lo que exige “sostenibilidad” de la deuda.
Si el país ofrece una política económica de mejora de los ingresos fiscales y expectativas por baja del gasto, los “mercados” (especulativos) y por ende los tenedores de la deuda deducen que habrá condiciones objetivas para atender los pagos de la deuda, por lo que baja el “riesgo país” y suben bonos y acciones.
Con superávit fiscal, el Estado puede comprar divisas para cancelar deuda, premisas para volver al mercado de crédito con tasas menos elevadas que las actuales.
Los acreedores esperan expectantes ese escenario antes de demandar al país por compensaciones que involucren al patrimonio de los recursos naturales o bienes comunes, algo poco mentado, pero sobre lo que conviene tener presente. En épocas anteriores se aludió a la “capitalización” de la deuda, sustento de lo que luego fueron las privatizaciones del capital público en los noventa del siglo pasado.
El superávit fiscal proviene de disposiciones en la mega ley de reciente aprobación relativas al aumento de la recaudación vía retenciones a las exportaciones, aun cuando algunas bajen; por incremento de las alícuotas del impuesto sobre “bienes personales”, especialmente por capital invertido en el extranjero; o por imposición a las compras en el exterior, mal llamado dólar turista.
La mega ley incluye un supuesto relativo a la reducción del gasto previsional, trascendente en el conjunto de las erogaciones públicas.
El supuesto deviene del congelamiento de las jubilaciones, excepto la mínima que recibirá un bono de 5.000 pesos en diciembre y enero, elevando el mínimo previsional a una cifra de 19.068 pesos mensuales.
Todo ingreso superior a la mínima no recibirá las actualizaciones según la fórmula aprobada en diciembre del 2017 con base en la inflación pretérita. La medida está planteada hasta junio del 2020, con actualizaciones por decreto en marzo y junio próximos, mientras se organiza una fórmula de actualización de los ingresos previsionales.

¿Reactivación económica?

Son muchas las incógnitas relativas al impacto económico de las medidas adoptadas, pensadas para no tener que acudir a la emisión monetaria, un supuesto previo que se asignaba a la política del nuevo gobierno en la Argentina.
La lógica parece sugerir que la apuesta del rumbo de la política del Estado se sostiene con la estabilidad macroeconómica.
Poco se deduce de lo aprobado en la mega ley con relación al crecimiento económico, salvo la lógica derivada de las medidas de alivio fiscal a sectores de la pequeña y mediana empresa, y a la potencial negociación con los acreedores, lo que posibilitará liberar recursos públicos para inducir políticas activas que superen la recesión de estos últimos dos años, o el estancamiento de mayor duración.
Recordemos que el vencimiento de deuda en dólares para el próximo año ronda los 35.000 millones de dólares, que si se postergan supone destinos alternativos de esos fondos o parte de ellos, los que se consigan, para pensar y actuar una política económica de superación del estancamiento actual.
Una cifra similar está asociada a los vencimientos en moneda nacional, los que siempre pueden resolverse con “emisión”, aun cuando se sustenta la negativa. También, la mega ley autoriza a un mayor endeudamiento del Estado con entes de gestión estatal, especialmente el Fondo que administra la ANSES, que ahora podrá suscribir títulos de la deuda pública hasta un 70%.
La gran incógnita es la reactivación económica, lo que supone incrementar la inversión.
¿Es previsible que crezca la inversión privada, incluso, que sectores del capital privado?
Los sectores hegemónicos continúan presionando para una reforma regresiva del régimen laboral, incluso y más allá de la legislación general, se pretende ir en contra de los convenios colectivos de trabajo. La flexibilización laboral y salarial estará a la orden del día.
Es previsible que el Estado empuje acuerdos financieros con organismos internacionales para inducir reformas en ese plano, algo que se sugiere de la especialización desarrollada en los últimos años en el BID por Gustavo Beliz, Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.
Resulta de interés la apuesta a la pequeña y mediana empresa, pero está claro que la reactivación del capitalismo local demanda de importantes ingresos de inversiones externas, algo que no se logró en el periodo anterior bajo el gobierno Macri.
Las condiciones de la economía mundial no son favorables para el ingreso de capitales de riesgo del exterior, salvo para sectores emblemáticos del modelo productivo local, caso del agro negocio, la mega minería y los hidrocarburos no convencionales. Más allá de lo concreto en este plano, lo principal provendrá de la capacidad de inversión pública, en un país que hace rato se abandonó un horizonte productivo del sector estatal.
Una cuestión central que aparece como prioridad del accionar público es el combate a la pobreza y al hambre, al mismo tiempo que sectores organizados de la economía popular (movimientos sociales, cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos diversos, etc.) demandan políticas especiales para organizar en condiciones de regularidad un trabajo que hoy suponen ingresos de subsistencia.
Resolver la articulación productiva de la economía campesina, comunitaria, de la agricultura familiar, las empresas recuperadas y la circulación de bienes y servicios más allá de la lógica dominante del “supermercadismo” (destino de las tarjetas de alimentos que ahora provee la política estatal) es una posibilidad a considerar.

No solo resolver la diaria es lo que importa

La expectativa por cambios económicos definió el sentido principal del voto del 27 de octubre pasado, lo que supone ir contra el flagelo de la inflación, mecanismo de transferencia de ingresos de los muchos que no pueden fijar precios hacia los muy pocos que si los fijan.
Discutir estas cuestiones supera el corto plazo, aun cuando deben iniciarse de inmediato.
Los fundamentos de la mega ley aprobada en estos días parte del supuesto de “tranquilizar” la economía, según sostiene Martín Guzmán, algo que podemos leer como atemperar las tendencias inflacionarias, que en sí mismo pueden mejoran las condiciones económicas de la cotidianeidad afectadas por el incremento de los precios y resolver la diaria de los empobrecidos.
Se sostiene que la tendencia a la baja de la inflación es la precondición para frenar la caída de la producción local y con ello promover el crecimiento económico, base para pensar en la distribución del ingreso y quizá de la riqueza. Un problema en este sentido que ello supone modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados.
Entre los primeros, el sector más concentrado de la economía, los privilegiados del modelo productivo asentado en el agro negocio y las exacerbadas formas del extractivismo que depreda la naturaleza, en el sentido que se avanza en estas horas con la apropiación del agua en Mendoza, a contramano del reclamo social en defensa del derecho al agua y en contra de la mercantilización de la misma. Entre los perjudicados, la mayoría de la sociedad, con expectativas por resolver la cotidianeidad e ir más allá, lo que nos convoca a pensar en términos de emancipación social.
Queda claro el condicionante de la deuda pública y la negociación encarada por el Gobierno, pero más allá de ello, la demanda es por un debate sobre el modelo productivo en su conjunto y las formas de distribuir el ingreso y la riqueza entre toda la población.
Son parte de los debates que aún no son patrimonio del conjunto social, menos aun de interés de los principales medios de comunicación y del poder económico.

Julio C. Gambina