lunes, 18 de marzo de 2024

Super-PACS, super-«influencers»


Para entender los fenómenos políticos y sociales en América latina y en otros continentes, es imposible ignorar lo que ocurrió o está ocurriendo en Estados Unidos. Los ejemplos van desde diseños de agencias secretas, traspiraciones ideológicas de grandes compañías, manipulación de medios, redes y elecciones hasta decisiones judiciales. 
 Actualmente, según la Ley Federal de Campañas Electorales, las contribuciones están sujetas a ciertos límites. Por ejemplo, un ciudadano común no puede donar más de 3.300 dólares por elección. Una vez limitada la generosidad de gente común, la ley muestra sus debilidades por los lobbies. Uno de los actores de peso en la administración del poder social son los Political Action Committees (PACS) los cuales, como las iglesias, están exentos de pagar impuestos, pese a que su accionar gira entorno al gran capital. Exentos de pagar impuestos y exentos de revelar sus fuentes de ingresos. Libres para acosar a las instituciones―carajo.
 En 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos (como en las últimas décadas, con una amplia mayoría de jueces elegidos por presidentes conservadores) falló en favor de Citizens United, otra “organización sin fines de lucro” a favor de los derechos de las grandes corporaciones. Su fundador, masón y admirador de Ronald Reagan, Floyd Brown, lo definió de forma sintomática: “Somos gente a la que no les importa la política; gente que desea que el gobierno los deje en paz; pero si su país los llama a luchar en el extranjero, lo hará con gusto”. Para este fanatismo anglosajón, las brutales intervenciones en otros países no son políticas ni son sobre intereses económicos, sino puro patriotismo y amor por la libertad―la libertad de la unión esclavista, representada en la bandera amarilla de la viborita que flamean con orgullo y pasión los colonizados en América latina. 
 Como toda organización conservadora y funcional a una elite oligárquica, su lema incluye la palabra “restaurar” y “volver a los buenos viejos tiempos”, todo en nombre del “we the people”: debemos “devolver el gobierno de Estados Unidos a los ciudadanos”, junto con la clásica narrativa que se chorrea hacia el sur desde hace un par de siglos: “reafirmar los tradicionales valores estadounidenses de un gobierno mínimo, de la defensa de la libertad de empresa, por una familia fuerte y por la soberanía y seguridad nacional”. La libertad irrestricta de los amos.
 En 2009, esta poderosa organización privada inició una demanda contra la Comisión de Elecciones Federales. Con cinco votos en nueve, la Suprema Corte mencionó la Primera enmienda y dictó que las megacorporaciones son ciudadanos y asociaciones de ciudadanos “participando en discursos políticos…”. Es decir, que una corporación multimillonaria o un señor multimillonario no pudiesen donar unos cientos de millones de dólares a un candidato al senado o a la presidencia iba contra la “libertad de expresión”. La decisión liberó múltiples restricciones y mantuvo una sola: los ultra millonarios no pueden donar sumas obscenas a los candidatos, si no es a través de fundaciones fachadas, conocidas como “sin fines de lucro” y diferenciadas de los PAC por el superlativo “super”: los super-PACS no tienen limitación de donación a grupos que promueven una determinada candidatura. Además, pasan a tener el derecho de hacerlo de forma anónima, lo que pasó a llamarse dark money (“dinero oscuro”). 
 Claro, otra vez, en el país de las leyes se hace todo legal. La corrupción ilegal, históricamente funcional a estas mismas transnacionales, es cosa de las razas inferiores (las culturas enfermas, la mentalidad subdesarrollada) de las colonias. Otra prueba irrefutable de la observación que hiciera a fines del siglo XIX Anatole France: “La Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”.
 Como suele ocurrir en una democracia como la de Estados Unidos, secuestrada por las corporaciones, los ciudadanos tenían otra opinión. A principios de 2010 una encuesta de ABC y The Washington Post reveló que el 80 por ciento de los estadounidenses se oponía a la eliminación de trabas y límites en las donaciones a los políticos propuesta por Citizens United. Obviamente, nada de eso importa ni tiene algún efecto legal. Cinco votos en nueve decidieron el destino de 320 millones de estadounidenses y, por extensión cultural e ideológica, de gran parte del resto del mundo.
 Desde entonces, hubo varios intentos para al menos revelar la identidad de los superdonantes. Uno de los más recientes fue una ley aprobada por el estado de California, la que pretendía obligar a revelar el nombre de los donantes multimillonarios a causas políticas. La demanda contra la ley fue impulsada por la fundación Americans for Prosperity, otra “organización sin fines de lucro” exenta de impuestos y fundada por el multimillonario Charles Koch y su hermano David Koch, y por el grupo conservador Thomas More Law Center. Naturalmente, el 0,01 por ciento de los de arriba saben cómo hacerlo. La Suprema Corte determinó que la ley violaba el derecho de los supermillonarios, establecido en el fallo de 2010. La transparencia es una violación del derecho a la privacidad de los lobbies. 
 Estas prácticas son conocidas desde el siglo XIX, pero a partir del nuevo fallo de 2010, el negocio de la política se multiplicó. Veamos, por ejemplo, un caso entre cientos de empresas dedicadas a crear opinión pública, ahora con más impunidad que antes. Berman and Company, fundada por el lobista Richard Berman, es uno de los mayores conglomerados dedicados a la creación de opinión a través de la demonización o el enchastre de los adversarios de sus clientes. Aunque es una empresa privada con ganancias de decenas de millones de dólares, posee decenas de “organizaciones sin fines de lucro” que actúan como fachada, para su acción en el mundo mediático y para la recepción de donaciones y pagos. ¿Por qué? Porque, según las leyes que lograron aprobar estos mismos grupos de intereses especiales, las donaciones a los grupos “sin fines de lucros” se realizan en total y completo secreto. La ley protege la anonimidad de los donantes. Todo en nombre de la libertad. Rick Berman, abogado especializado en relaciones laborales, fundó “Enterprise Freedom Action Committee (Comité de Acción por la Libertad Empresarial)”, una organización de derecha, dedicada al astroturf (ver capítulo “Relaciones sociales y astroturfing” en Moscas en la telaraña), es decir, a crear “movimientos populares” falsos desde arriba, para servir los intereses de los de arriba. Berman inventó el “Center for Consumer Freedom”, “American Beverage Institute” (en favor del consumo de alcohol), “Employment Policy Institute Foundation” (para beneficiar a los obreros), “Center for Union Facts” (para educar a los trabajadores sobre los males antidemocráticos de los sindicatos), entre otras organizaciones gremiales y proletarias.
 El 30 de octubre de 2014, el New York Times publicó una confesión del poderoso señor Berman a un micrófono abierto: “La gente siempre me pregunta: ¿Cómo sé que no seré descubierto, que lo que hago tiene una intencionalidad política? Es que todo lo que hacemos lo hacemos a través de organizaciones sin fines de lucro, las que están protegidas de cualquier obligación de revelar quiénes son sus donantes. Existe un anonimato total. La gente no sabe quién nos apoya”. También dejó escapar algunos consejos para manipular la opinión pública: “Se debe usar el humor para desacreditar o marginar a nuestros adversarios”. Como sabemos que el humor ya casi no existe en las redes sociales, a lo que seguramente se refería el nuevo Bernays era a la ridiculización del adversario. “Algunos dicen que somos helicópteros negros… En parte tienen razón. Nuestro trabajo es atacar la capacidad de operación de nuestros adversarios”, reconoció Berman. 
 La libertad de presión se llama libertad de expresión y no incluye el derecho a saber. 

 Jorge Majfud | 06/03/2024

domingo, 17 de marzo de 2024

La larga crisis de Haití


La formación de un gobierno transicional es un operativo reaccionario impulsado por el imperialismo.

 A fines de febrero, las bandas armadas que dominan zonas enteras de Haití, incluyendo la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe, lanzaron una serie de ataques contra comisarías, comercios y aeropuertos con el propósito de conseguir el desplazamiento del primer ministro Ariel Henry (del PHTK, los “cabezas rapadas”). El punto más elevado de estas acciones fue el operativo sobre dos cárceles, que permitió la fuga de más de dos mil detenidos. 
 En un marco crítico, el lunes 13 se produjo una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Jamaica, con la presencia en persona del titular del Departamento de Estado yanqui, Antony Blinken, que instó a Henry –otrora aliado de la Casa Blanca- a dar un paso al costado y la formación de un consejo de transición que nombre nuevas autoridades.
 Desde Puerto Rico, donde se encuentra varado, debido a que los aeropuertos están cerrados, Henry acató la directiva estadounidense. Casi en paralelo, el gobierno de Kenia anunciaba la suspensión del despliegue de 1.000 policías en el país antillano, que había sido aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023, hasta tanto se aclare el panorama. 
 Pero, al momento de escribirse estas líneas, no se habían completado todos los casilleros del gobierno transicional y, tras algunos días de relativa calma que siguieron al anuncio de dimisión de Henry, las bandas armadas asaltaron la residencia del jefe de policía y reemprendieron los ataques. 
 Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, el líder pandillero más importante de Haití, criticó la intromisión del Caricom (“nosotros los haitianos tenemos que decidir quién va a ser el líder del país y qué modelo de gobierno queremos”) y volvió a elevar su perfil político, al señalar que “también vamos a buscar cómo sacar a Haití de la miseria en que está ahora”. 

 Contexto 

Para poner las cosas en contexto, hay que señalar que las bandas armadas que ganaron tanto peso en la nación antillana crecieron en las barbas de la misión internacional de la ONU, la Minustah, patrocinada por Estados Unidos e instalada en 2004 -bajo el liderazgo de Brasil. En un comunicado de agosto de 2022, la OEA admitió que fue en ese marco que “fermentaron y germinaron las bandas criminales que hoy asedian al país y a su pueblo (…) y se gestó el proceso de desinstitucionalización y de crisis política que hoy vivimos”. Sostuvo, a su vez, que “los últimos 20 años de presencia de la comunidad internacional en Haití significan uno de los fracasos más fuertes y manifiestos que se haya implementado y ejecutado en ningún marco de cooperación internacional”. A pesar de ello, el imperialismo norteamericano alienta el desembarco de una nueva fuerza internacional, esta vez compuesta por los policías kenianos, con el propósito de afianzar sus intereses en la región. Vale recordar que Estados Unidos ocupó Haití entre 1915 y 1934. Y, posteriormente, apoyó las dictaduras de Duvalier padre e hijo, que se derrumbó en 1986. Es una larga historia de sometimiento.
 Las bandas armadas cultivaron buenos lazos con los gobiernos del PHTK. La de “Barbecue”, un exmiembro de la Policía Nacional, lo hizo con el gobierno de Jovenel Moïse, quien fue asesinado en 2021 y sucedido en el poder por Henry. 

 Crisis política

 Desde 2016, año en que el difunto Moïse fue elegido presidente, en Haití no se celebran elecciones. El parlamento quedó completamente acéfalo el año pasado. Henry, cuya ilegitimidad en el cargo era fuente de un gran repudio popular y protestas, venía dilatando la convocatoria electoral.
 Para materializar el consejo de transición, desde la Casa Blanca y el Caricom se propuso un loteo del poder entre los principales partidos y conglomerados empresarios. De los siete lugares con potestad de voto, las ofertas fueron para el Acuerdo 21 de diciembre (que respalda a Henry); Comprometidos por el Desarrollo (EDE, el partido del exprimer ministro Claude Joseph); el Acuerdo de Montana (coalición opositora que lleva ese nombre por el hotel en que vio la luz); Fanmi Lavalas (fuerza del expresidente Bertrand Aristide, depuesto en 2004); el Colectivo 30 de Enero (una liga que incluye al expresidente Michel Martelly); y la Cámara de Comercio. En tanto, el Pitit Dessalines del exsenador Moïse Jean Charles (que promovió muchas manifestaciones contra el gobierno de Henry) rechazó el lugar propuesto. Hay otros dos puestos con voz pero sin voto, que ocuparían el Reagrupamiento por una Entente Nacional y Soberana (REN) y un representante de la comunidad haitiana en el extranjero. La formación de este gobierno transicional es un operativo reaccionario impulsado por el imperialismo para seguir manteniendo bajo su férula a la nación antillana. 
 La miseria, desplazamientos forzados y masacres que padece el pueblo haitiano son males que solo pueden ser enfrentados con la organización y movilización, retomando el camino de los levantamientos de 2018 y 2019 contra las subas en los combustibles y el gobierno de Moïse. 

 Gustavo Montenegro

sábado, 16 de marzo de 2024

Reforcemos la campaña internacional por libertad a Laura Villalba


Presa política en Paraguay. 

Una delegación la visitó en la unidad carcelaria. El sábado 9 de marzo, desde Posadas, un grupo de compañeras de distintas agrupaciones viajamos a visitar a Laura Villalba, presa política en Paraguay, quien se encuentra en la unidad carcelaria de la localidad de San Juan Bautista. 
 Laura Villalba está detenida desde septiembre de 2019, cuando las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay ejecutaron a dos niñas de 11 y 12 años (Lilian y María Carmen Villalba) en el departamento de Concepción, en el marco de un operativo contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que fue celebrado públicamente por el entonces presidente Mario Abdo Benítez. Laura es incriminada bajo numerosos cargos, todos armados por el Estado para descargar sobre ella la responsabilidad de un crimen que cometieron las FTC. 
 Desde entonces, ha sufrido distintos regímenes de detención. Nos comentó que la están amenazando con un nuevo traslado, porque ella protesta ante las arbitrariedades a que es sometida; sufre requisas y mucho mayor control que el resto de las internas. Y cada traslado significa la ruptura de los lazos que pudo forjar con las demás internas y un deterioro de las condiciones de arresto. 
 Ningún miembro de la familia Villalba, residente en Argentina, puede ingresar al Paraguay pues serían detenidos. Por lo tanto, depende de la solidaridad de las distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales, una tradición internacional de la clase obrera, para recibir acompañamiento y ayuda en su situación. 
 Desde Posadas, un grupo de compañeras de distintas agrupaciones la va a visitar periódicamente. Esta vez, en un vehículo que proveyó la CTA Autónoma.
 Laura nos contó que quiere estudiar, pero esa unidad carcelaria no tiene convenios con ninguna universidad, por lo que desde la campaña de apoyo se está viendo cómo hacer para que tenga acceso a una carrera virtual. Es admirable la inquietud que tiene la compañera de continuar sus estudios, considerando que ya tiene un título de Licenciada en Enfermería en Paraguay y de Técnica en Enfermería en Argentina.  Es admirable su entereza, cada vez que la vemos somos las visitantes quienes salimos más fortalecidas. En nuestra marcha por el 8M, en Posadas, que realizamos tres días después por el paro de colectivos, estuvo presente el reclamo de libertada a Laura Villalba. 
 Reforcemos la campaña. 

 Virginia Villanueva

Argentina: El impase económico y político de la “motosierra”


Antes del traspié político en el Senado, la 'semana económica' de Milei y Caputo había estado dominada por dos medidas que tomaron por sorpresa a los observadores financieros. La más notoria fue la decisión de bajar la tasa de interés que paga el Banco Central por el dinero que toma de los bancos privados –“pases”-. Al mismo tiempo, el gobierno eliminó la obligación a estos bancos de reconocer una tasa mínima a los ahorristas que ponen sus colocaciones a plazo fijo. Como consecuencia de ello, esa tasa de interés se desplomó al 70 % anual, lo que representa un rendimiento mensual que no llega ni a la mitad de la inflación presente. La reducción de los intereses, por lo tanto, implica una licuación de la deuda del Banco Central con los bancos privados; pero más fuertemente aún, es la pulverización de los ahorros privados colocados en pesos. A su manera, Milei-Caputo están cumpliendo con el pronóstico que tantas veces se formuló sobre la deuda del Banco Central –a saber, que ésta sólo podría eliminarse con un plan Bonex, o sea, con la confiscación de los ahorristas-. 
 Con vistas a la futura “competencia de monedas” que anuncia Milei, la reducción de tasas le asesta un golpe al peso argentino, pues promueve el traslado de colocaciones financieras de pesos a dólares, en sus diferentes modalidades. Como el gobierno carece de reservas suficientes para proveer a esa 'corrida', el resultado de la baja de tasas debía conducir a una suba de los dólares financieros y paralelos, que es lo que efectivamente ocurrió en los últimos días. El gobierno, en definitiva, actuó contra su propia orientación, que es la de “planchar” al dólar y favorecer un elevado rendimiento en divisas de las colocaciones financieras en el mercado argentino (carry trade). 
 A la luz de lo anterior, es claro que la leve recuperación del dólar –o devaluación del peso- de estos días ha sido promovida por el propio gobierno. Esta contramarcha se explica por las brutales distorsiones desatadas por la bicicleta financiera de estos meses: en primer lugar, el atraso cambiario y la inflación en dólares, que han anulado, virtualmente, el impacto de la devaluación sobre los precios (no sobre los salarios y jubilaciones, que han sido demolidos). 
 Es cierto que el gobierno podría contrarrestar la mayor demanda de dólares que resulte de un abandono del peso con los dólares de la cosecha gruesa. Pero el ingreso de ese “maná del cielo”, precisamente, entra en colisión con el atraso cambiario, y un posible almacenamiento de cereales hasta la llegada de otra devaluación. Esa decisión podría acentuarse, además, por la declinación de los precios internacionales. La reducción de la brecha cambiaria de estos meses–entre los dólares financieros y el comercial-, que el gobierno celebra todo el tiempo, ha fruncido el ceño de los exportadores agrarios, que reciben por sus despachos un mix entre uno y otro tipo de paridad (y consiguen por lo tanto una ventaja cuando el dólar financiero se dispara). 
 La deflación del dólar constituiría para el gobierno una victoria si, como resultado de ello, pudiera declarar enseguida la liberación del mercado cambiario (fin del cepo). Pero no cuenta para ello con un colchón suficientemente importante de reservas internacionales. Milei acaba de confesar esta imposibilidad, al asociar un eventual levantamiento del cepo con alguna una operación internacional de préstamo, sea del FMI o de fondos privados. Con la reducción de tasas, en definitiva, la política económica oficial ha girado sobre su propio círculo. 

 Precios y recesión 

Por las mismas razones -la violenta inflación en dólares- el gobierno ha debido apartarse del libreto “libertario” y 'retar' a los productores y comercializadores de alimentos, algunos de los cuales, según Caputo, “están un 50 % más caros que en Estados Unidos”. El ministro les ha implorado a los supermercadistas que cuando ofrezcan rebajas no lo hagan con el “2 x 1” sino que admitan una reducción real de los precios unitarios, para que ello “se refleje en el índice de precios”. Pero los pulpos alimentarios no quieren bajar precios que, suponen, volverían a subir en el caso de una devaluación. Como represalia, el gobierno anunció la liberación de las importaciones de ciertos alimentos, algo que fue celebrado por sus comercializadores –pero recibido con furia por los productores agroindustriales-. En cualquier caso, el gobierno no tiene los dólares para abrir mano de esta alternativa importadora, y los monopolios locales lo saben. La “liberalización” de precios oficial excluyó, por un lado, al dólar, sometido al cepo; por el otro, a los salarios y jubilaciones, derrumbados en el sector público y sometido a “techos” y vetos en las paritarias privadas que llegan a la secretaría de Trabajo. 
 Ese derrumbe de los ingresos del trabajo ha concluido en una recesión atroz, que aviva las contradicciones del plan oficial. El ficticio superávit fiscal -cosechado con la licuación de las jubilaciones y la postergación de pagos del Tesoro- recibirá un nuevo golpe con la caída en picada de la recaudación de impuestos. La industria registra caída de dos dígitos en sus rubros fundamentales –cemento, automóviles, acero-. Al desplome del mercado interno se suma la dificultad de exportar una producción cada vez más “cara”, en términos de dólares. 

 Disputa

 En este cuadro, la cuestión del dólar –y de una nueva devaluación- se ha colocado en el centro de las contradicciones y choques de la política oficial. La dolarización económica generada luego de la devaluación y la liberación de precios (https://politicaobrera.com/11313-la-implosion-financiera-y-las-perspectivas-politicas) ha representado una gigantesca operación especulativa, en beneficio de los fondos que ganaron un 9 % mensual en dólares y de los acreedores de la deuda pública transitoriamente valorizada –en primerísimo lugar, la propia burguesía nacional-. Las patronales de AEA y la UIA bancan al gobierno por la expectativa de recuperar el financiamiento internacional y, principalmente, por la contrarrevolución laboral que esperan del gobierno libertario. Al mismo tiempo, cargan con el peso de un derrumbe industrial. 
 Por un lado, la “corrección” cambiaria que empieza a reclamar una parte de la clase capitalista reavivaría la hoguera inflacionaria, tirando abajo todas las promesas de estabilidad que se formularon. Por el otro: seguir aguantando el dólar, a la espera de una deflación de precios promovida por una brutal recesión, acentuará los desequilibrios en danza. Las contradictorias medidas adoptadas por Caputo en estos días son una confesión de este impasse.
 Los choques y divisiones en el Congreso –y en el propio gabinete nacional- suelen ser presentados como “internas políticas” que transcurren en medio de los supuestos “logros económicos”. No: los “logros” son un verdadero castillo de naipes, lo que explica las divergencias que atraviesan a la burguesía y sus partidos. Este es el escenario “por arriba”, que la clase obrera debe reconocer para abrirle paso a su propia salida. 

 Marcelo Ramal 
 15/03/2024

viernes, 15 de marzo de 2024

China: se agravan los problemas económicos


Un eslabón de la crisis capitalista 

 En estos días tiene lugar la Asamblea Nacional china, el Parlamento del gigante asiático que se reúne anualmente. En medio del hermetismo general que caracteriza los actos de gobierno, el evento permite obtener algunas pistas del estado de situación en que se encuentra el país, de los problemas con que tropieza y de las medidas y acciones que tiene en vista Pekín. Sin nos guiamos por eso, las señales no son tranquilizadoras. La Asamblea Nacional china fue la ocasión para dar a conocer una nueva agenda económica. Todo sugiere que el plan dista de ser sólido para enfrentar la crisis económica y que algunos de sus objetivos son fantasiosos. 
 El primer ministro de China, Li Qiang, reveló un objetivo de crecimiento del PBI de alrededor del 5% en 2024. La meta es superior a las previsiones de los economistas, que promediaban el 4,6%. Hay quienes señalan que los anuncios oficiales pecan de optimismo, pues aún con el rebote que ocurrió luego de la salida del Covid y las expectativas que eso despertaron en las autoridades chinas apenas se logró ese porcentaje. 
 Además, para lograrlo, China necesitaría más incentivos del Estado, pero el déficit fiscal que se proyecta es del 3% para 2024, demasiado exiguo para revertir la curva descendente. Nada que ver con los grandes paquetes de estímulo que Pekín ejecutó en el pasado. Basta recordar que en 2008 representó, ni más ni menos, que el 15 por ciento del PBI. La situación del gigante, sin embargo, no es la misma que quince años atrás, cuya economía está condicionada por una deuda colosal que asciende a casi tres veces el PBI. China ha tratado de contrarrestar su creciente desaceleración económica, apelando a un endeudamiento, cuya persistencia en el tiempo se ha vuelto cada vez más insostenible. Ese endeudamiento, facilitado por la emisión estatal y el crédito barato, ha creado una gran burbuja inmobiliaria que ha comenzado a estallar, como se constata con la quiebra del gigante inmobiliario Evergrande y que se encuentran en la cuerda floja otras inmobiliarias, entre ellas, otra de las grandes, como Country Garden. 
 El estallido se terminó precipitando cuando el régimen chino quiso poner un freno a la especulación, cerrando la canilla monetaria. El colapso del sector inmobiliario afecta al conjunto de la economía china, si tenemos presente que es responsable, en forma directa o indirecta, del 25% del PBI de la economía china. Asistimos, en este contexto, a una retracción de la inversión y el consumo. Esto es lo que explica que, a diferencia de lo que sucede en las potencias occidentales azotadas por la inflación, en China se registra una deflación: los precios al consumidor cayeron un 0,8% interanual en enero. 
 Para revitalizar su economía, China necesitaría de un envión del sector privado. Las inversiones privadas representan la mitad del total nacional, pero cayeron un 0,4% en 2023, en gran parte debido a la caída del sector inmobiliario. La inversión extranjera está en su nivel más bajo en 30 años. Los inversores están tan desilusionados que la capitalización de las acciones chinas ha caído en picada. Mientras que la Bolsa norteamericana bate récords, estamos frente a un desplome de las bolsas de Shanghai y Hong Kong, donde se concentran las transacciones en el gigante asiático, que ha perdido más de 6 billones de dólares, lo que representa un tercio del PBI chino.
 La corriente se ha invertido y el fenómeno dominante ya no es el ingreso sino la huida de capitales, lo cual está unido a la tendencia cada vez más manifiesta del capital internacional a mudar sus inversiones y relocalizar sus empresas en otras plazas más seguras y con mano de obra más barata, especialmente en el sudeste asiático, pero también en México. Según las cifras publicadas por la Administración Estatal de Divisas el mes pasado, la entrada de capital extranjero en el país en 2023 fue de 33.000 millones de dólares, un 82% menos que el año anterior y la cifra anual más baja desde 1993. 
El  gobierno no tiene las espaldas para restaurar la confianza entre los empresarios y alentar la inversión privada y tampoco estimular la inversión pública. El régimen chino tropieza con límites insalvables para una política fiscal y monetaria expansiva. Encima, una parte de cada vez mayor del presupuesto debe ser destinada a los gastos de defensa en momentos que las tensiones con Estados Unidos y la escalada militar en torno de Taiwán se incrementa. Por más que se trató de no agitar las aguas y se puso énfasis a un “desarrollo pacífico” de las relaciones con Taiwán, el clima de “guerra fría “domina la escena e incluso la amenaza de una guerra caliente. El gasto en defensa aumentará un 7% este año, por encima de la mayoría de las previsiones para el PBI nominal. Al comenzar la reunión, China firmó un nuevo acuerdo de defensa con las Maldivas (un diminuto país, pero ubicado estratégicamente en cercanías de la India), lo que aumentó las tensiones en el Océano Indico. Importa señalar, además, que un relanzamiento de la emisión monetaria provocaría un debilitamiento del yuan, lo cual, en el actual contexto, podría acelerar una corrida hacia el dólar y un salto explosivo en la fuga de capitales. 

 Nuevo plan

 La burocracia gobernante presentó un plan a largo plazo bajo el lema “nuevas fuerzas productivas”. La idea es ir provocando un giro en la economía china pasando de un sector inmobiliario inflado, inversiones financiadas con deuda y manufactura básica a industrias de alta productividad, como la energía verde, la inteligencia artificial y la industria de alta tecnología.
 El nuevo giro plantea una serie de problemas. La cuestión a largo plazo es si la producción de alta tecnología puede reemplazar el lugar que ha ocupado esta última década el sector inmobiliario y la manufactura. Una cuestión inmediata si China expande la producción de alta tecnología, como vehículos eléctricos, almacenamiento de baterías y paneles solares, es donde se venderán estos productos en condiciones de débil demanda interna. 
 El discurso del primer ministro restó importancia a las exportaciones como motor de crecimiento, presumiblemente para evitar provocar una reacción en el extranjero. Pero la verdad es que el principal destinatario solo podría ser el mercado externo, incluso aplanado a prácticas de dumping, lo que podría amenazar con nuevas sanciones, tanto por parte de Estados Unidos como de la Unión Europea.
 No se puede ignorar la guerra comercial y la escalada militar emprendida por Estados Unidos, que impone una lista cada vez mayor de barreras a los chips y otros productos necesarios para el desarrollo de alta tecnología, por temor a que el crecimiento de China por esta vía socave aún más su dominio de la economía mundial. Biden, en este plano, no solo continuó sino que fue más lejos que su antecesor. Coincidentemente con las deliberaciones de la Asamblea Nacional, la Casa Blanca ha tomado nuevas prohibiciones contra los autos eléctricos del país asiático, planteando que sus dispositivos inteligentes, como los teléfonos, que viene al interior de sus unidades, podrían afectar la seguridad estadounidense. Esto es simplemente una pantalla para evitar la competencia china, que podría estar en condiciones de producir autos eléctricos iguales o mejores estándares técnicos, pero a menores precios. Recordemos que ese mismo tipo de argumentos relativos a la seguridad nacional fueron utilizados contra Huawei, antes de que Washington se lanzara a una cruzada contra la empresa. 
 Esta política proteccionista podría recrudecerse aún más en caso de un triunfo de Trump en la carrera presidencial. El magnate inmobiliario anunció que podría llevar los aranceles de importación a un 60%. Aunque no fue ventilado públicamente, la preocupación acerca del desenlace de las elecciones norteamericanas y sus consecuencias está fuertemente instalada entre los jerarcas chinos. 

 Perspectivas 

Lejos de sacar al mundo de la crisis capitalista, como se auguraba una década atrás, China se ha convertido en un factor de su agravamiento. A las contradicciones propias de la economía mundial capitalista se suman las contradicciones internas del gigante asiático, que asume características explosivas. Habrá que ver si la desaceleración actual termina en un aterrizaje brusco. Hay quienes señalan que las verdaderas cifras sobre crecimiento -que serían más bajas- permanecen veladas por el fuerte hermetismo oficial del régimen; de todos modos, el impasse estaría erosionando las bases de apoyo más cercanas a los círculos dirigentes, empezando por una capa más acodado de la población, que tenía sus ahorros invertidos en el sector inmobiliario e, incluso, parte de ellos, en la Bolsa china. El malestar también abarca a funcionarios y elementos asociados al aparato del Estado en los gobiernos locales, cuya fuente principal de ingresos y hasta de enriquecimiento personal se han visto a afectados por el descenso operado en la venta de terrenos, consecuencia del colapso inmobiliario. De un modo general, la crisis económica en desarrollo pone en jaque toda la base de sustentación del régimen chino. El propio Xi Jinping había señalado años atrás que sin un crecimiento del 8 por ciento peligraba la estabilidad social del país. Por lo pronto, el empleo juvenil supera la friolera del 20 por ciento. El desinfle que se está experimentando augura un panorama social explosivo. Resta ver cuándo este descontento que se está acumulando en la población se traduce en las calles. Sin lugar a dudas, esto le quita el sueño a la elite dirigente y en particular de Xi Jinping, cuya capacidad de arbitraje va a ser puesta a prueba más temprano que tarde. Por lo pronto, los trascendidos sobre cambios en el gabinete circularon con insistencia en el curso de las deliberaciones de la Asamblea Nacional. Antes de que tuvieran inicio las sesiones, se lo apartó de sus funciones al presidente de la Comisión de Valores, Yi Hiuman, en medio del desplome accionario del mercado chino. Todo indica que no será la última cabeza que ruede, exponiendo que la crisis económica empieza a tener una traducción más franca y descarnada en el plano político. 

Pablo Heller

jueves, 14 de marzo de 2024

Siete de cada diez niñxs son pobres en Argentina, según Unicef


La motosierra de Milei tala el futuro de las infancias. 

 El 2023 finalizó con 7 de cada 10 niñxs y adolescentes sumidxs en la pobreza. Se trata de 8,6 millones de pibes habitando hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, o bien, están privados de algún derecho básico, como el acceso a la vivienda digna, a la educación y a la salud. Es sin dudas la muestra más inequívoca del fracaso al cual nos han conducido los sucesivos gobiernos capitalistas. Milei, lejos de intentar remediarlo, hace todo lo posible para seguir empobreciendo a las infancias con sus políticas de ajuste. 
 El dato fue dado a conocer por Unicef en un reciente informe. El mismo arroja que la pobreza estrictamente monetaria entre lxs menores de 18 años alcanzó el 57,5% (un universo de 7 millones de jóvenes), mientras que la indigencia en ese grupo etario se ubicó en el 19,4%. Es decir, 2 de cada 10 niñxs y adolescentes vive en hogares que no pueden costear la canasta básica alimentaria. Milei los termina de sentenciar al hambre desde el momento que decidió suspender la entrega de alimentos a los comedores populares, al cual recurren miles de familias en todo el país. 
 La pobreza monetaria infantil ascendió a 67,9% en los hogares monomarentales, demostrando que, a diferencia de lo que sostiene el presidente, la brecha salarial entre varones y mujeres sí existe y perjudica directamente a las niñeces. Por su parte, en los hogares cuya jefatura recae en unx asalariadx informal, dicho índice trepó al 75%, sin embargo, el decretazo del gobierno pretendía premiar el fraude laboral infligido por la patronales eliminando la doble indemnización en esos casos. 
 Las proyecciones son desoladoras. Según Unicef, el primer trimestre 2024 finalizaría con un 70% de chicxs pobres en términos de ingreso y con una tasa de indigencia infantil del 34%. Sucede que las partidas asignadas a la niñez -que corresponden al presupuesto 2023 prorrogado- muestran una caída real del 75% respecto al año pasado. A su vez, el gobierno está empeñado en demoler los ingresos de las familias trabajadoras estableciendo topes salariales en medio de tarifazos y disparada de precios. Como vemos, la motosierra de Milei destruye el porvenir de las infancias. 
 Mientras consolida este cuadro de barbarie, Milei, de manera hipócrita, culpa a los docentes que hacen huelga del deterioro del sistema educativo, esgrime una supuesta defensa de la vida de lxs niñxs atacando el derecho al aborto legal y estigmatiza a las mujeres piqueteras que llevan a sus hijxs a las marchas. Utiliza como chivo expiatorio, para dividir a las mayorías populares, justamente a aquellos colectivos que están cotidianamente preocupados por el bienestar de esas niñeces que el gobierno hunde en miseria: por un lado, la docencia que lucha por presupuesto para que funcionen los comedores en las escuelas y haya aulas en condiciones; por otra parte, el movimiento de mujeres y diversidades que combate el abuso sexual en las infancias, se moviliza para que aparezcan las pibas secuestradas por las redes de trata y promueve que las nuevas generaciones forjen vínculos más amorosos y libres de opresión. También centra su ataque en las mujeres del movimiento piquetero, cuando estas están al frente de los comedores comunitarios garantizando el plato de comida de lxs niñxs que habitan los barrios pobres del país. 
 Por otro lado, resulta inaceptable que Milei prometa combatir el narcotráfico en Rosario cuando está llevando la pobreza infantil a niveles sin precedentes. De esta manera, deja a los jóvenes de las barriadas completamente vulnerables a ser captados por estas mafias ante la falta de perspectivas. A lo sumo, con el envío de fuerzas federales montará una pantomima encarcelando a los eslabones más débiles de la cadena -los soldaditos dedicados al narcomenudeo-, mientras los dueños del negocio de la droga continúan impunes multiplicando sus ganancias a instancias del poder político. Se vale del flagelo que están viviendo los rosarinos para justificar una escalada represiva contra la población trabajadora, mientras mantiene intacto el narcoestado. 
 En la misma línea, intentó legalizar la doctrina del gatillo fácil mediante la frustrada Ley Ómnibus. De esta manera, fomenta el fusilamiento de los “pibes chorros” por parte de la policía, sin reparar que el propio Estado los condena a la marginalidad antes de que decidan salir a robar para, parafraseando a César González, “disfrazar la pobreza” -cuando no son los mismos uniformados los que los instigan a delinquir. El gobierno deja a la deriva a lxs jóvenes de los barrios, para luego proyectar sobre ellos la imagen de un “enemigo interno” al que hay que erradicar. Otra forma de distraer al pueblo sobre quiénes son los verdaderos responsables de sus padecimientos. 
 Que en Argentina haya más pibes pobres que pibes con sus necesidades básicas cubiertas debería ser motivo suficiente para que las centrales sindicales paren el país hasta que caigan los planes antiobreros de Milei y los gobernadores. No sucede debido a la naturaleza entreguista de sus direcciones burocráticas, por eso, debemos construir la huelga general desde abajo. A ese objetivo se subordinan la jornada de piquetes del lunes 18 y la convocatoria a una asamblea nacional de trabajadores ocupados, desocupados y sectores en lucha. Solo a través de la lucha podemos cimentar un futuro deseable para nuestras infancias.

 Sofía Hart

miércoles, 13 de marzo de 2024

Dengue, una epidemia que se extiende


La epidemia de Dengue se ha multiplicado y extendido en todo el continente, abarcando zonas y regiones que estaban fuera del alcance de la misma en años anteriores. 
 Brasil, con 1.500.000 casos (se esperan que superen los 4 millones), es donde la situación se encuentra fuera de control, especialmente en la capital, Brasilia, o en Rio de Janeiro, que concentran la mayoría de los casos. 
 Paraguay está llegando a los 700 mil infectados. Cifras elevadas también se han producido en Perú, pero han crecidos los casos en el resto de los países del continente, superando lo ocurrido en el periodo 2022-2023. 
 Argentina no escapa a este panorama. En 18 de las 24 provincias se han producidos casos de dengue de origen autóctono. Los contagiados suman hoy 100.000 casos, cuando en todo el periodo de octubre a octubre 2022-2023, llegaron a los 130.000. En Tucumán, por ejemplo, se acercan a los 7.000 los infectados, cuando el año anterior, para la misma fecha, los casos apenas sumaban 910. En toda la región norte del país la epidemia se ha transformado en endemia. En los países más afectados, los fallecidos se contabilizan por miles. En la Argentina, por ahora, son 47 los fallecidos. 
 Todos los especialistas coinciden en que los datos siempre se refieren a los casos registrados en los centros de salud pública o privada, pero que por cada caso registrado hay que sumarle otros 10 casos, ya sea porque se puede presentar como asintomático, o en forma leve y la persona afectada decida no concurrir al centro de salud.
 Otro hecho que destacan los especialistas es que en los países con más afectados ya circulan los 4 serotipos del dengue, lo cual complica la inmunidad de quien sufrió la enfermedad y se sobrepuso. Aunque queda inmunizado para ese serotipo, puede contagiarse con los otros, con el agravante de que las segundas infecciones siempre se presentan de manera agravada. En la Argentina ya circulan tres de esos serotipos. Desde los organismos oficiales se ha puesto el acento en la responsabilidad individual, en los que se denomina el descacharreo, el uso de repelentes, mosquiteros y tules de protección. 
 Está claro que gran parte de la población hundida en la pobreza o la indigencia, no está en condiciones de asumir estos gastos e inclusive tareas. Los repelentes más comunes superan los 1.000 pesos, otros están por encima de los 1.500, y está plenamente comprobado que los repelentes o las tareas de fumigación han perdido efectividad pues los mosquitos han generado gran resistencia a todos estos insecticidas.
 Estos mismos especialistas han señalado que el acento tiene que estar en las acciones de gobierno orientadas al saneamiento ambiental, la eliminación de charcos y aguas estancadas, de basurales y microbasurales (son centenares en las todas las ciudades), y la fumigación en zonas muy especiales y realizadas por personal especializados y con uso de insumos autorizados y verificados. 
 El vaciamiento del sistema de salud ha producido entre otros factores la carencia de personal para la atención multiplicada de los casos y la vez la falta de agentes sanitarios que puedan recorrer los barrios y zonas afectadas para enseñar y verificar las tareas necesarias de las familias y las acciones de los gobiernos para contener y evitar la propagación de los contagios. 
 Otro hecho que se ha introducido este año es la llegada de la vacuna contra el dengue, que el gobierno no ha incluido dentro del calendario (sí se aplica en Brasil, incluso reclamada por los sectores bolsonaristas), con el argumento de que no está comprobado que surta efecto, cuando ha sido autorizada por la ANMAT. La vacuna importada de Japón está en el país, pero solo la aplican en vacunatorios privados en dos dosis separadas por tres meses, y cuyo valor actual de la primera dosis es de 70 mil pesos, y la segunda es actualizada de acuerdo al costo de vida. 
 El dengue es una epidemia muy seria, con poca letalidad por el momento, pero que muchos casos requieren internación, es muy dolorosa en sus síntomas, incluso se están estudiando secuelas de diversos tipos productos de haberla sufrido, con el riesgo de volverse a infectar.
Los movimientos de lucha piqueteros y sindicales deben incluir en sus plataformas de reclamos, la aplicación gratuita de la vacuna contra el dengue, en segundo lugar, la provisión de todos los insumos para uso cotidiano en el hogar, (repelentes, espirales, telas mosquiteras, tules, etc.); la incorporación de agentes sanitarios que en combinación con delegados electos por manzana efectúen el recorrido y se establezca la hoja de ruta de las tareas de saneamiento ambiental y acceso al agua. Finalmente, la incorporación de personal especializado para la atención y eventual internación de los casos de mayor gravedad, lo cual supone el aumento del presupuesto de salud en todas las jurisdicciones.La política de Milei y de sus socios gobernantes en las provincias va a contramano de estas acciones. Con la organización y la lucha se debe imponer estas medidas de emergencia. 

Daniel Blanco 
 12/03/2024

lunes, 11 de marzo de 2024

La mítica foto del Che y la frase Patria o Muerte


Enfrentar a Milei… ¿con qué estrategia?


El ataque de ajuste de Milei se profundiza mientras los mercados financieros festejan. En la semana del cierre de Télam, policía mediante, se conoció que el ajuste fiscal, que alcanzó el 36% en febrero, recayó un 43% en la rebaja jubilatoria producto de la inflación imparable y una fórmula diseñada para que los aumentos lleguen con enorme rezago.
 Los despidos arrecian en el Estado y los privados, como lo muestra el pedido del Ministerio de Capital Humano de echar a 1.200 trabajadores en Cultura, el anuncio de 200 inmediatos sobre un plan de más de mil en Aysa, el cierre de los CDR de Desarrollo Social (más de 600), y, en el sector privado, en la ex Alpargatas Tucumán, o Acindar, que cerró por un mes la totalidad de sus plantas, entre otros. El festejo de los buitres y la “calma de los mercados” pintan de cuerpo entero un gobierno de camarilla del capital financiero. Bajo este cuadro de guerra, se anuncian tarifazos impagables en todo el país en el transporte, la electricidad, el gas y todos los servicios. 
 Esta realidad tremenda está echando leña al fuego a la caldera social. El ataque al movimiento piquetero, retirando la contención de los barrios más humildes del país, completa el cuadro. El gobierno avanzó en el desenganche del programa Potenciar Trabajo respecto del salario mínimo, eliminando los aumentos, y anunció que lo absorberá en dos nuevos programas, cuyo funcionamiento se desconoce pero que buscarán desarticular a las organizaciones sociales. 

 10 puntos 

Este ajuste detonó una enorme crisis política. Los golpes a las provincias venían de hacer detonar el tratamiento de la Ley Ómnibus. El anuncio del gobierno de Chubut, que después reculó, de cortar los envíos de petróleo para reclamar la devolución de la coparticipación agregó más leña al fuego. Esta crisis con los gobernadores puso a Milei al borde de una nueva derrota parlamentaria si el Senado sancionara el rechazo al decretazo 70. El discurso de Milei y sus “10 puntos” apuntan a ganar tiempo y capear esta crisis política para llevar a los gobernadores a un acuerdo de cogobierno. Las huellas de Gita Gopinath y el FMI en el planteo son indisimulables: buscar apoyatura política para que el ajustazo vaya adelante y no escale una pelea por arriba que puedan aprovechar los de abajo. Por eso también un foco en algún asistencialismo por afuera de las organizaciones sociales y de lucha. 
 ¿En qué consiste la estrategia de Milei? En enarbolarse de la agenda de la burguesía contra los trabajadores, para colocarla en el centro de un programa que resulta un “bocado de cardenales” para las patronales y que, por lo tanto, lleve a las fuerzas políticas del régimen a concentrarse en esa agenda.
 Allí figuran, por ejemplo, la “defensa de la propiedad privada” que vale para el gran capital y la deuda externa pero nunca para la propiedad del salario y las jubilaciones, confiscada por el gobierno. Figura la extracción de los recursos naturales de las provincias, la agenda minera. La rebaja impositiva para el capital, mientras se envía al Congreso un proyecto para restituir el impuesto a los salarios. Y, por supuesto, la reforma laboral y jubilatoria, esta última con la introducción de la jubilación privada, que acentuaría la crisis fiscal. El gobierno presentó el proyecto de nueva fórmula indexada pero a partir de abril, para descargar todo el shock inflacionario sobre las jubilaciones puesto que la movilidad actual no sólo es a la baja por la baja de salarios y recaudación, sino que opera con un trimestre entero de atraso.
 Milei busca valerse del apoyo de las patronales a estas medidas para condicionar a la oposición, fundamentalmente al radicalismo, pero también a los gobernadores del PJ y los partidos provinciales.

 Las crisis del “acuerdo de mayo” 

Pero este apoyo no alcanza para garantizar que la estrategia de Milei prospere. Es que la crisis hace su trabajo de zapa. La idea de llevar el presupuesto estatal al 25% del PBI es un golpe de ajuste monumental, que plantea la quiebra no solamente de los jubilados sino de provincias enteras. La reactivación de la ley ómnibus y su paquete fiscal amenaza con volver a colocar una crisis con diferentes sectores patronales de las provincias. Llaryora, el gobernador de Córdoba, ya advirtió contra el aumento a las exportaciones industriales y Pullaro, el de Santa Fe, contra el aumento de retenciones. Un acuerdo con los gobernadores requiere que estos depongan sus reclamos por el incentivo docente, los fondos del transporte, la renegociación de las deudas provinciales y una extensa agenda de golpes de ajuste a las provincias, o bien que sea el gobierno el que ceda y comprometa al menos en parte el objetivo de déficit cero. Para cerrar con ellos volvió a la escena el impuesto al salario, otro mazazo contra los trabajadores… pero coparticipable. Milei no quiere tocar la vaca lechera del impuesto país que va enterito a las arcas nacionales y a la deuda, obviamente. 
 El rumbo de esta crisis estará condicionado fundamentalmente por dos factores. Por un lado, por la marcha de la crisis económica que tiene serios puntos de crisis. La paridad cambiaria fija en un cuadro de alza inflacionaria está atrasando el tipo de cambio real. El “campo” especula con que una nueva devaluación, que sería un golpazo inflacionario previo a cualquier levantamiento del cepo. La recesión se acentúa, la baja de la recaudación fiscal se empieza a sentir, empujando nuevos ajustes. Y el clima social se empieza a caldear. 
 El segundo factor que condicionará la marcha (o no) del acuerdo será la intervención del movimiento obrero y popular. Por ahora, los mercados festejan que no hay una reacción popular a la altura del ajuste en marcha, a pesar de las huelgas y movilizaciones parciales que recorren el país.

 El peronismo

 Es a la luz de estos factores que hay que mensurar el “combativo” discurso de Axel Kicillof y la estrategia del peronismo en esta etapa. Dos días después del discurso, Kicillof visitó Expoagro, buscando coincidir en agenda con los gobernadores de la “zona centro” (Llaryora y Pullaro). Mientras buscaba un acuerdo con los gobernadores radicales, sus aliados sindicales Baradel y Maldonado carnereaban el paro docente del 4 de marzo, evitando una continuidad en el plan de lucha docente y debilitado las medidas, tal como lo habían hecho una semana antes los gremios de la CGT con el paro de Ctera. 
 No es casualidad que este discurso no estuviera anunciada ninguna medida concreta para contrapesar el golpe del ajuste nacional a costa del festival del capital financiero. Es que el peronismo no es más que una variante nacionalista en decadencia de los mismos intereses que hay detrás de los “10 puntos” de Milei. Y ajusta su política a esta situación. Nadie podría estar más de acuerdo con la línea megaminera de la habilitación a la explotación de recursos naturales que los gobernadores del PJ. Cristina Fernández dijo en su carta que “resulta ineludible discutir seriamente un plan de actualización laboral”, en sintonía con la “modernización” de Milei. Massa está trabajando para un fondo buitre y Scioli en el gobierno de Milei.
 Mientras tanto, la burocracia de la CGT sigue archivando el paro nacional y las paritarias cierran a la baja. En suma, el peronismo busca una estrategia en donde los paros parciales, choques y movilizaciones fortalezcan una capacidad de negociación frente a Milei de sus gobernadores y sus bloques parlamentarios, aunque desgasten a los trabajadores, sin ir a fondo en una lucha que se les iría de las manos inevitablemente, en un cuadro donde la bronca popular contra el gobierno está empardada con el recuerdo del desastre que dejó Alberto Fernández, quien se retiró de la presidencia con el 40% de pobreza. Así como Milei cuenta con el tiempo para que se produzca un rebote económico, el peronismo requiere que el paso del tiempo le permita rearmarse luego de una demoledora derrota en 2023. Por eso Cristina tituló su carta “Milei, 2023–2027”. Nada más lejos de la estrategia del helicóptero.

 Preparemos la huelga general contra Milei 

Pero para los trabajadores y el pueblo la estrategia de CFK es una línea de derrota que nos condena a terminar en un desastre. La consolidación de un gobierno como el de Milei es un golpe contra todo el pueblo. Las reformas de los 10 puntos son un mazazo de largo alcance contra la clase trabajadora y no deben pasar. Y frente a un gobierno que cuando se tropieza con un obstáculo, acelera, la única forma viable de frenarlo es con una acción de alcance histórico de la clase trabajadora: la huelga general.
 La huelga general es incompatible con el franeleo y las expectativas en sectores patronales, porque es un choque de clases de fondo y, en tanto tal, cuestiona el poder de clase de la burguesía sobre la clase trabajadora. 
 Por eso, se trata de explotar el cuadro de crisis política y las luchas que abre, para propiciar esta acción. En esta preparación, van a jugar un rol central las luchas parciales que se van imponiendo desde abajo; la enorme iniciativa del gremio docente en Neuquén y Córdoba, que van imponiendo planes de lucha masivos contra la burocracia de Ctera marca, por ejemplo, un camino a la docencia en todo el país. El movimiento piquetero marcha a una movilización masiva el próximo martes 12 contra el ajuste brutal en los barrios. En las universidades se empiezan a discutir las medidas para enfrentar el ajuste contra la educación. Rodear de solidaridad cada lucha es central para ir que avancen las tendencias combativas.
 Pero además, en un marzo de luchas y organización, el 8 y el 24 de marzo van a tener un peso central. Nuestro planteo coloca en ambas movilizaciones el planteo de plan de lucha y huelga general hasta derrotar al gobierno, en jornadas que van a desafiar abiertamente el protocolo de Bullrich. En cambio, la integración a las organizaciones del peronismo y la burocracia sindical con el argumento de la “unidad” disuelve este polo independiente y abreva en una “unidad de la oposición” con los gobernadores que negocian la entrega de todos los reclamos en el Congreso Nacional. 
 Por eso, finalmente, es clave marchar a una asamblea nacional de trabajadores ocupados, desocupados, asambleas y organizaciones populares, y de la cultura, para unificar fuerzas por un plan de lucha hasta derrotar a Milei, como la que está dispuesta en la coordinación unitaria para el 13 de abril. 
 En las asambleas populares, en los sindicatos, las universidades y todos los frentes, hay que colocar esta política: frente único siempre y cuando sea para impulsar la lucha por los reclamos, pero con una estrategia y un programa de independencia de clase. Al ajuste para el pago de la deuda hay que oponerle su investigación, desconocimiento y no pago. Frente a la entrega al capital financiero hay que plantear la nacionalización de la banca y el comercio exterior. La salida frente a la larga decadencia de la Argentina bajo todos los gobiernos patronales, dictatoriales y democráticos es un gobierno de los trabajadores.

 Juan García