Se encuentran los restos de casi 1.000 niños indígenas en internados católicos de Canadá

La repercusión ha sido la quema de 4 iglesias católicas en lo que va de la semana.

 Entre los meses de mayo y junio de este año, Canadá fue sacudido ante la conmoción que produjeron dos hallazgos: una fosa común con los restos de 215 niños en el internado “Kamloops Indian Residential School” en Columbia Británica, (al oeste de Canadá) que se encontraba cerrado desde 1978 y otras 750 tumbas sin identificación en el emplazamiento de otro internado de la iglesia católica en la Residencia Merieval. Las repercusiones por estas horas, es la quema de 4 iglesias católicas en lo que va de la semana; dos en Okanagan y otras dos al sur del país. 

 Si bien aún se desconocen los detalles de las muertes, las especulaciones más fuertes giran en torno a una política de “exterminio” de las comunidades originarias de la zona que tenía como eje el “Sistema Escolar de residencias indígenas” y que se extendió desde 1860 hasta 1998 aproximadamente. Este sistema comprendía 139 internados/ escuelas, que estaban administrados por el gobierno y por autoridades religiosas, particularmente de la Iglesia Católica entre el siglo XIX y XX. Los internados/escuelas cumplían la función de integrar por la fuerza a los jóvenes indígenas. Entre 1869 y 1998, más de 150.000 niños fueron arrancados de sus familias para ser enviados a estas escuelas donde no podían ni siquiera hablar su propia lengua. 

 «Los graves descubrimientos han reavivado el trauma sufrido por unos 150.000 niños amerindios, mestizos e inuit que fueron apartados de sus familias, su lengua y su cultura y reclutados a la fuerza (…). Muchos de ellos fueron sometidos a malos tratos o abusos sexuales y más de 4.000 murieron, según una comisión de investigación que concluyó que Canadá había cometido un «genocidio cultural» (Elmundo.es, 28/6).

 Por el momento, solo el primer ministro Justin Trudeau pidió disculpas en nombre de su país, una mera formalidad, mientras que el Papa y las iglesias se han negado siquiera a pronunciarse.

 Las tropelías cometidas por la iglesia católica no cesan y las estrategias para encubrir o quitarle responsabilidad de los hechos tampoco. Llevan una larga tradición encubriendo los abusos de sus propios miembros a menores de edad, bloqueando el acceso a nuestros derechos, interfiriendo en la educación y en todos los estratos estatales dada su connivencia con los gobiernos.

 Por ello, más que nunca ¡Separación de las Iglesias y el Estado!

 Laura Carboni

Las elecciones iraníes y el futuro del plan nuclear

Las elecciones presidenciales iraníes del 18 de junio arrojaron como ganador a Ebrahim Raisi, presidente del Poder Judicial y miembro del ala conservadora del régimen teocrático. Raisi era el candidato favorito del ayatollah Ali Jameneí. 

 Sin embargo, el dato distintivo fue la abstención, superior al 50%, la más alta en una elección presidencial desde la revolución de 1979. Tomando en cuenta este dato, Raisi ganó con el 62% de los votos emitidos, pero con el respaldo de apenas un tercio del padrón. A su vez, el voto en blanco y nulo rondó el 14% de los emitidos, con lo que quedó en segundo lugar. 

 Es probable que la pandemia haya influido en la baja participación, pero hay otros factores más importantes. Por un lado, la proscripción de candidatos críticos por parte del Consejo de los Guardianes, que motivó el boicot electoral de una porción del ala reformista. Por otro, el malestar ante la corrupción y una situación social crítica: la inflación ronda el 40% anual y el desempleo el 11%, con una tasa mucha más elevada aún en la juventud. 

 De esta manera, se da la contradicción de que el ala conservadora consolida sus posiciones de poder, pero en el marco de un régimen más cuestionado por las masas. Vale recordar que en noviembre de 2019, el anuncio oficial de un aumento en los combustibles desató enormes movilizaciones populares, en el curso de las cuales las fuerzas represivas asesinaron a más de cien manifestantes. El nuevo presidente está acusado de ordenar arrestos masivos y de garantizar la impunidad de los asesinos.

 Raisi sucederá en el cargo a Hassan Rohaní, una figura calificada como “moderada”, que no pudo competir esta vez porque ya ocupó el lugar en dos ocasiones consecutivas. Los conservadores habían ganado a su vez la mayoría de las bancas en juego en las elecciones legislativas de febrero de 2020, aunque en el marco de una abstención aún superior. 

 Los reformistas, como ya indicamos, se dividieron. Mientras que un sector promovió la abstención o el voto en blanco, otro se inclinó -ante el veto de sus candidatos- por apoyar la candidatura del exgobernador del Banco Central Abdolnasser Hemmatí, quien apenas obtuvo el 8,5% de los votos. Hemmatí era el único candidato que no pertenecía a la facción conservadora. 

 El acuerdo nuclear 

La consolidación del ala más dura del régimen parece una respuesta al abandono del acuerdo nuclear por parte de Donald Trump, quien reimpuso las sanciones económicas contra la nación persa. Además de bloquear las exportaciones petroleras, EE.UU. castiga a los bancos que hacen transacciones con Irán.

 El gobierno de Joe Biden, como es sabido, expresó su disposición a retomar el acuerdo y ya hay negociaciones abiertas en Viena. Ocurre que, si bien la reintroducción de las penalidades golpearon a la economía persa, la decisión de Trump llevó al régimen iraní a profundizar sus vínculos con China y Rusia, reforzando la influencia de estos en la zona. Cabe agregar aquí que los gobiernos europeos, también defensores de los compromisos de 2015, perdieron grandes negocios como resultado del portazo del magnate yanqui. 

 Como parte del intento por recuperar la influencia perdida en el Medio Oriente, Biden apuesta además a mediar entre Israel y la Autoridad Palestina, tras el fracaso del “acuerdo del siglo” de Trump-Netanyahu, un tema que hemos abordado en un artículo específico. 

 Raisi, el nuevo presidente iraní, se ha mostrado proclive en su primera conferencia de prensa a avanzar en el diálogo. Pero, según los trascendidos periodísticos, lo que está trabando la negociación es que los norteamericanos sólo se muestran dispuestos a un levantamiento temporal de las sanciones. Y, al mismo tiempo, estos quieren que Irán se comprometa no sólo a frenar el plan nuclear, sino a abrir conversaciones sobre su programa misilístico y su apoyo a organizaciones como Hezbollah. Irán es un jugador de peso en el tablero regional, con influencia en Siria, Líbano e Irak.

 El establecimiento de un acuerdo parece posible, pero aún preñado de obstáculos. Entre los problemas adicionales que enfrenta Biden está el rechazo a los acuerdos de 2015 por parte de sus aliados en la región, Israel y Arabia Saudita. Y, claro, la agitación contraria del trumpismo.

 Fuera el imperialismo

 Los ataques contra Irán en los últimos años por parte de EE.UU. no han sido solamente económicos, como lo mostraron el asesinato del general Qasem Soleimani y las provocaciones navales en el Golfo Pérsico. Washington tiene desplegados decenas de miles de soldados en sus bases militares en la región. Es necesario reclamar el retiro sin condiciones de las sanciones económicas contra Irán y luchar por la expulsión del imperialismo del Medio Oriente.

 En cuanto al régimen teocrático, es precisa la organización e irrupción independiente de los trabajadores para derrotarlo. 

 Gustavo Montenegro

La crisis etíope

Guerra étnica, crisis humanitaria y una cortina de humo electoral en el país africano. 

 Con el pronóstico de una clara victoria oficialista, aunque sin resultados oficiales a la vista, el 21 de junio se celebraron elecciones legislativas generales en Etiopía. Acosado por una crisis de proporciones mayúsculas, el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed busca encubrir la dramática situación nacional y salir fortalecido de los comicios. Sin embargo, todos los ingredientes que hacen a la convulsión en el país, incluida la posibilidad de una desintegración nacional, siguen en pie y, con toda seguridad, se profundizarán en el próximo periodo. 

 Enfrentamientos étnicos y masacre 

El principal factor de crisis en el país del cuerno de África viene siendo el conflicto armado que, desde noviembre del año pasado, se libra entre el gobierno federal y el Frente Para la Liberación de Tigray (FPLT), la principal organización política de esa región del norte etíope. La causa inmediata del conflicto fue la decisión del FPLT de realizar elecciones locales, contra la prohibición dictada desde Adís Adeba (capital) habida cuenta la pandemia de coronavirus. Empero, el motivo de fondo del enfrentamiento lo constituye la tentativa de las autoridades centrales de reemplazar al régimen federal basado en criterios étnicos que rige en el país desde la caída, acaecida en 1991, del pro soviético gobierno del Derg. 

 Hasta la llegada a la primera magistratura de Ahmed en 2018, el país fue gobernado por una coalición de partidos étnicos representativos de las distintas regiones del país, en donde la primacía de uno u otro generaba recelos en los demás y tensiones interétnicas, azuzadas por el contexto de miseria y expoliación en una de las regiones más pobres del globo. Lejos de buscar una salida democrática y transformadora, el gobierno actual busca imponer un régimen autoritario pasando por encima de las distintas poblaciones. 

 Así, la orientación ensayada por Ahmed ha provocado no solo la guerra en la región de Tigray, sino también revueltas en las regiones de Benishangul-Gumaz y en Oromía, de donde es el propio primer ministro. La respuesta del gobierno federal ha sido el encarcelamiento masivo de opositores y el cercenamiento de la actividad de los partidos políticos étnicos. 

 Con todo, la muestra más clara del carácter del gobierno de Ahmed (premio Nobel de la paz 2019 por haber cesado la guerra con Eritrea), ha sido su accionar en Tigray. Allí ambos bandos estarían cometiendo crímenes de guerra, pero desde Adís Adeba se está bombardeando a la población civil y bloqueando la ayuda humanitaria y alimenticia con lo que 300 mil personas se encuentran sufriendo hambruna y cerca de dos millones están en una situación de emergencia alimentaria. 

 Las elecciones y la disputa interimperialista 

En este cuadro de proscripción a opositores y masacres contra la población, el acto eleccionario fue una puesta en escena con la que el gobierno busca legitimarse. Los principales partidos de la etnia oromo rehusaron su participación y solo se presentaron quienes comparten el programa de Ahmed de pasar a un régimen centralista. Incluso, el gobierno dispuso que en las soliviantadas regiones de Benishangul-Gumaz y Oromía la elección se traslade al 6 de septiembre mientras que en Tigray directamente no tienen fecha. Para completar el cuadro de este verdadero fiasco electoral, solo un 25% de la población se empadronó para votar. Así las cosas, el objetivo buscado por Ahmed difícilmente sea alcanzado. 

 Las potencias extranjeras se encuentran medrando en Etiopia y en toda la región. Estados Unidos y la Unión Europea rechazaron enviar veedores de los comicios denunciando que no estaban dadas las condiciones para que desarrollen correctamente sus tareas. El gobierno de Biden ha impuesto sanciones a los funcionarios del gobierno etíope con motivo de la situación en Tigray, como el retiro de visados, y ha conminado a sus pares europeos a seguir el mismo camino. 

 Para la potencia americana, lejos de una genuina preocupación humanitaria, se trata de un aspecto más para buscar aumentar su influencia en esta disputada región en donde apoya a Egipto y a Sudán en la disputa que libran contra Etiopía alrededor de la monumental represa que este último país aspira a construir en el origen del río Nilo. En esta cuestión se enhebra otra crisis para el primer ministro Ahmed, ya que sus vecinos vienen de firmar un pacto militar de ayuda mutua, dirigido contra el país del cuerno de África. El principal punto de apoyo de Etiopía es China, principal financista de la represa y desde donde se han emitido declaraciones contrarias a las sanciones norteamericanas en nombre de la no intromisión. Con la alianza con China, las perspectivas de una apertura general de la fuertemente estatalizada economía etíope al capital occidental, otro aspecto clave del programa “modernizador” de Ahmed, parecería encontrar límites. Con todo, el interés de una u otra potencia pasa por ganar espacios en el marco de la recrudecida guerra comercial internacional y no por el bienestar de los pueblos de la región. 

 Frente al sectarismo étnico y el gobierno autoritario de Ahmed, las masas trabajadoras del país deben construir una alternativa democrática basada en sus propios intereses: la unidad socialista de Etiopía y del conjunto del cuerno de África. 

 Leandro Morgan

Colombia: la situación tras la entregada del Comité Nacional del Paro

La rebelión continúa. 

 La rebelión en Colombia, luego de casi dos meses de movilizaciones ininterrumpidas, enfrenta el desafío de reagrupar fuerzas e impulsar nuevamente acciones decididas de masas. Las medidas del gobierno para golpear las manifestaciones, apoyándose en el repliegue coyuntural del movimiento, buscan instalar un clima de retorno a la normalidad. Ni lerdos ni perezosos, han hecho coincidir el inicio de las vacaciones escolares con la reapertura de las actividades económicas y el levantamiento de varias medidas de cuarentena, a la vez que anuncian el peligro de una “tercera ola” de la pandemia. Aunque el riesgo -según el gobierno- no provendría del desguace sistemático del sistema de salud, la falta de vacunas o la ausencia de protocolos laborales, sino que sería culpa de los “vándalos” que continúan participando de las protestas. 

 En este operativo recibieron la ayuda inestimable de quien aparecía como una de las cabezas de las protestas: la dirección del Comité Nacional de Paro (CNP), que levantó todas las medidas de lucha. La deserción del CNP se expresó decididamente la semana pasada, cuando la federación docente (Fecode), el pilar fundamental del CNP y el gremio con más afiliados, anunció que no sólo discontinuaría el paro, sino que se aprestaba a la vuelta a la presencialidad escolar a mediados de julio y que le sacaba el cuerpo hasta a las reivindicaciones educativas que, junto al resto de los puntos del llamado “pliego de Emergencia”, debían ser trabajados como proyectos legislativos. 

 No se trata, por lo tanto, de un debate sobre el acatamiento del paro o los medios para continuar la lucha, sino de una defección en función de cálculos electorales. El Comité Nacional del Paro está dirigido por una burocracia sindical centroizquierdista opositora al gobierno del presidente Iván Duque, y alineada mayormente con el sector de intendentes “alternativos” que tributan, en líneas generales, a un armado electoral que consagre a Gustavo Petro como jefe de estado en 2022. Es una estrategia de derrota del movimiento, porque lo saca de las calles y del enfrentamiento contra el Estado para llevarlo al callejón sin salida del parlamento burgués.

 Un hecho llamativo es que, durante el momento más álgido de las protestas, el gobierno retaceaba las mesas de diálogo con el Comité Nacional del Paro con pedidos que sabía imposibles de cumplir: por ejemplo, hacer depender la continuidad de la mesa del levantamiento de los bloqueos, cuando ambos lados estaban al tanto que eran procesos por abajo, por fuera del control del CNP, y críticos de su liderazgo. 

 Así, el gobierno ponía en tela de juicio la capacidad de la “oposición” de Gustavo Petro (él mismo un opositor tenaz a los bloqueos y los combates callejeros) para contener la rebelión. Ahora, con el anuncio de la Fecode y el CNP sobre el levantamiento de sus medidas debido a la falta de diálogo, el gobierno da una voltereta y reconoce al CNP como la dirección de las protestas, para decretar, acto seguido, el fin de las movilizaciones y el reforzamiento represivo para quienes no lo acaten, como la reciente propuesta de modificar el decreto 003/2021 que endurece -aún más- las medidas contra la protesta social.

 El activismo obrero colombiano, y de toda la América Latina que hoy mira a Colombia, debe sacar conclusiones de la entregada de la dirección burocrática del Comité Nacional de Paro. Al plegarse a la campaña por un recambio electoral el año entrante, el CNP le dio un aire impensado a un gobierno que venía de sufrir la caída de ministros, el retiro de una parte de su paquete de reformas y la amenaza cierta de que el movimiento de lucha se lleve puesto al mismísimo Duque. Como muchos en Colombia se encargan de aclarar, “el Comité Nacional de Paro no nos representa”. 

 La Asamblea Nacional Popular y sus perspectivas 

Como contrapartida a la deserción de la burocracia, se encuentran los esfuerzos por poner en pie una dirección alternativa que logre encarnar los reclamos y aspiraciones de las protestas. En esa línea debe entenderse la convocatoria a una Asamblea Nacional Popular (ANP) a principios de este mes. El llamamiento, al cual adhirieron decenas de organizaciones populares y combativas, tuvo el mérito de buscar una coordinación entre diversos sectores en lucha y plantear el fuera Duque, acompañado de un pliego de reivindicaciones. Se constituyó como un espacio de apoyo a la rebelión y contra la represión, y de clara delimitación con el electoralismo del Comité Nacional de Paro. 

 La asamblea se desarrolló en Bogotá y congregó, entre asistentes presenciales y virtuales, a cerca de 2000 compañeros. Se trata, aún, de un intento de coordinación entre grupos y activistas -no de una deliberación con alcances de masas. A pesar de que importantes organizaciones -como el CRIC indígena, a la cabeza de las sentidas luchas en Cali- no participaron, se desarrollaron ricas discusiones entre protagonistas genuinos de la rebelión y miembros de la “primera línea”. 

 La ANP fue organizada por Congreso de los Pueblos, un partido combativo y con peso en el activismo, que coloca como uno de sus ejes principales el sostenimiento y profundización de los acuerdos de paz con la guerrilla y su extensión al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que aún continúa operando en el norte del país. Reivindican la estrategia de construcción de “poder popular”, entendida como una acumulación de fuerzas alternas al Estado, sin pasar por el proceso de lucha política por ganar a la vanguardia obrera a una línea revolucionaria en los sindicatos u otras organizaciones de masas ya existentes. 

 El rol positivo de la ANP no borra las limitaciones de la iniciativa. Entre ellas, la ausencia de una perspectiva concreta de intervención en el movimiento obrero y de confrontación con la burocracia de los sindicatos, destinada a recuperar para el activismo las representaciones gremiales y crear cuerpos de delegados y sindicatos allí donde no existan. Este punto no puede ser reemplazado por la coordinación sectorial.

 El paro de las últimas semanas, dirigido por la burocracia, se cuidó muy bien de afectar lo menos posible lo más importante: la producción. El relevo en esta tarea lo cumplieron los formidables bloqueos -atacados tanto por Duque como por Petro. Pero, lo que puede servir como un impulso inicial que contagie a otros sectores, no reemplaza la necesidad de emprender el camino de la huelga general, la forma privilegiada de imponerle un coto a la burguesía y despertar un embrión de poder. 

 La Asamblea tampoco dio forma concreta en su pronunciamiento político a las tareas de los luchadores en la situación de crisis nacional y continental, ni tampoco avanzó en una delimitación con las diferentes alas de la burguesía que disputan hoy la continuidad o recambio electoral. Está ausente el programa o pliego de reivindicaciones que marque objetivos inmediatos para que la Asamblea avance con acciones de frente único entre los grupos heterogéneos que lo componen. El pliego es reemplazado por referencias generales o definiciones ideológicas representativas de la mayoría convocante. Esta carencia priva a la vanguardia de una herramienta que la unifique en su intervención política. 

 Entre el 17 y el 21 de julio sesionará la segunda Asamblea Nacional Popular en la ciudad de Cali. Ya anunciaron que esta vez serán de la partida algunos sectores indígenas, y también la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP), un conglomerado que reúne a diversas expresiones del sindicalismo combativo local.

 Una campaña militante hacia la Asamblea debe introducir la deliberación en fábricas y establecimientos laborales, fomentando las asambleas y la elección de delegados con mandato. También en los bloqueos y en los barrios, y en las concentraciones contra la represión, como las respuestas populares frente a los nuevos asesinatos de activistas en Usme y Suba, cerca de Bogotá. La segunda ANP tiene que concentrar esfuerzos en constituir un encuentro representativo de trabajadores y sectores en lucha, que contribuya a agotar la experiencia de los obreros con el Comité Nacional de Paro y con sus mandamases políticos, y le dé un nuevo impulso a la rebelión. 

 Ni la reincidencia gubernamental en intentos de reformas ni los índices de pobreza inaudita pueden ser tapados con represión. La crisis está lejos de cerrarse. Las acciones de solidaridad que se replican por el mundo, como el evento organizado por el Frente de Artistas, muestran que el futuro es de los que luchan.

 Luciano Arienti

Un golpe contra el ascenso obrero y popular de los 70

Este 27 de junio se cumplen 48 años del golpe cívico militar y el comienzo de la huelga general con que los trabajadores enfrentaron a la naciente dictadura. Frente a los intentos de borrar estos acontecimientos de la memoria colectiva la Coordinadora 27 de junio convoca a movilizase el domingo

 Desde distintos sectores sociales, e inclusive medios de comunicación, parece haber un intento de borrar de la memoria colectiva un hecho tan importante como el golpe de estado cívico militar del año 73. 

 Los 27 de junio de cada año parecen ser un día común, sin grandes actos conmemorativos que recuerden el aniversario del comienzo de la dictadura y de la huelga con la que los trabajadores la enfrentaron. No se trata de un hecho casual, se pretende cubrir con un manto de olvido las atrocidades que cometieron los militares contra los trabajadores y también la responsabilidad política que tuvieron integrantes de los partidos que hoy se encuentran en el gobierno para que los acontecimientos se dieran de esa manera. 

 Una variante de esta posición es la que propone entender el golpe como una consecuencia del accionar de la guerrilla del MLN, es decir que en todo lo que hicieron los militares (con apoyo de sectores civiles) caso fue una simple respuesta a las acciones de los tupamaros en los años previos. 

 Con la huelga general sucede algo parecido, se intenta minimizar su significado y presentarla como una acción popular que solo intentaba defender la democracia. Como trasfondo de todos estos intentos de deformación de la historia se encuentra el ocultamiento del ascenso obrero y popular que en Uruguay (al igual que en otros países de Latinoamérica y el mundo) ponía en jaque al capitalismo y abría las posibilidades de una profunda transformación social . 

El ascenso obrero de los 60 y 70 

 El golpe que se consumó en junio del 73 no fue hecho azaroso. 

 El Uruguay no fue la excepción en un panorama regional y mundial de ascenso obrero, revoluciones y rebeliones contra los colonialismos, así como de auge de luchas por los derechos civiles y democráticos.

 El mayo francés y la revolución cubana son algunos de los hitos de esas décadas en que trabajadores y estudiantes cuestionaban el orden burgués en el marco de luchas y movilizaciones que se extendían por todo el planeta. 

 El golpe fue el corolario de un avance represivo que en nuestro país comenzó con las Medidas Prontas de Seguridad que dictaron distintos gobiernos desde mediados de los 60.

 La supresión de garantías constitucionales apuntaba a enfrentar el creciente proceso de movilización que los trabajadores y el pueblo uruguayo llevaban adelante para enfrentar los ataques sobre las condiciones de vida que intentaban descargar los gobiernos blancos y colorados. La relativa bonanza de posguerra comenzó un lento declive desde mediados de los 50 y esto repercutió en pérdidas salariales y aumento de la inflación, así como en los primeros acuerdos con el FMI con sus recetas de liberalización de la economía y endeudamiento externo. 

 Ante estos ataques los trabajadores llevan adelante grandes acciones de resistencia, en un contexto de radicalización y ascenso, que en perspectiva abrían la posibilidad de romper con el imperialismo y avanzar cambios estructurales que terminaran con el capitalismo.

 Las clases dominantes, con la complicidad de blancos y colorados implementan distintas medidas represivas, con una mayor injerencia de las fuerzas de seguridad (policías, fuerzas armadas, bandas parapoliciales, etc.) con desalojos, detenciones, ilegalizaciones de grupos políticos, represión de movilizaciones etc.

 La huelga general enfrenta la naciente dictadura 

 El golpe abre un periodo en que se implementan cambios económicos regresivos que disminuyen drásticamente las condiciones de vida de los sectores populares (trabajo, salud, educación) y a la vez promueven mayores ganancias empresariales y una mayor injerencia imperialista y de las multinacionales.

 El golpe del 27 de junio desencadenó una huelga general por casi 15 días en que los trabajadores enfrentaron heroicamente a la naciente dictadura. En la noche que se decreta la disolución de las cámaras y la imposición del gobierno de facto de Bordaberry y las fuerzas armadas, fueron la clase trabajadora, el movimiento estudiantil, y sectores populares quienes se opusieron al golpe. 

 Con gran heroísmo las bases obreras (pese a las vacilaciones de la dirección de la CNT) ocupaban sus lugares de trabajo, resistían la proscripción de los sindicatos y sufrían detenciones masivas de sus principales dirigentes y activistas. 

El movimiento estudiantil acompañó la Huelga con movilizaciones masivas que fueron brutalmente reprimidas y que le costaron la vida a dos estudiantes, Ramón Peré y Walter Medina.

 La Huelga duró 15 días en los que la clase obrera dio enormes demostraciones de valentía y disposición a la lucha. Pero la dirección mayoritaria de la CNT (hegemonizada por el Partido Comunista) no desarrolló todo el potencial de ese gran movimiento dispuesto al combate y renunció a postular a la clase obrera como sector social que podía convertirse en hegemónico entre las clases subalternas para derrotar el golpe militar. 

 Esta alternativa podría haber abierto la posibilidad de profundizar el cuestionamiento del orden burgués y llevar a cabo un cambio revolucionario.

 El 12 de Julio la dirección de la CNT decidió levantar la medida llamando a resistir “por otros medios”. 

 Esta posición era la continuidad de la política de confianza en un sector de los militares considerados “patriotas” o “peruanistas” (como ya habían hecho en ocasión de los comunicados 4 y 7 de los militares de febrero), lo que llevó al movimiento a un callejón sin salida, y que permitió en definitiva que la burguesía infringiera una derrota física y moral a toda un generación y una relación de fuerzas favorable a los sectores reaccionarios de la sociedad.

 Por otra parte, los “demócratas” de la burguesía lejos de resistir el golpe de Estado en las calles, demostraron su cobardía no solo frente a los militares, sino también frente a la movilización popular, a la que en todo momento observaron temerosos.

 El interés de estos sectores era que nada se saliera de los carriles de la negociación y el respeto a las instituciones de la democracia para ricos. 

 La dictadura cívico militar 

 La derrota de la huelga, en la que también tienen responsabilidad las corrientes hegemónicas en el movimiento obrero, abrió las puertas a más de 10 años de gobierno autoritario. 

 Decenas de miles de presos y exiliados, asesinatos políticos y desapariciones durante el gobierno cívico militar es el costo que pagaron los trabajadores en la resistencia a los planes antipopulares.

 Los que implementaron este modelo socioeconómico así como los que cometieron crímenes y violaciones de los derechos humanos hoy están libres gracias a la impunidad que les garantizó el régimen político desde el Pacto del Club Naval en adelante. 

 El aparato represivo no fue desmantelado y lo esencial de toda esa estructura se mantiene hasta el día de hoy. 

 El Golpe de Estado de Junio fue apoyado por las grandes patronales nacionales y extranjeras, entre ellas la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos del Uruguay, y la Cámara de Industrias del Uruguay. Todas estas instituciones reaccionarias, sumadas a algunos sectores de la Iglesia y a los sectores más conservadores de los partidos tradicionales (Partido Nacional, Partido Colorado y la Unión Cívica) promovieron que los militares dieran la asonada. 

 Vale recordar que ya desde antes, en el gobierno de Jorge Pacheco, los partidos tradicionales sostuvieron la política represiva de éste, la instauración sistemática del régimen de excepción a través de las medidas prontas de seguridad y la declaración del estado de guerra interno en 1972, medida que fue votada por el parlamento y apoyada por los sectores mayoritarios de los partidos tradicionales. 

 El golpe fue el punto cúlmine de esta política represiva, que a sangre y fuego se propuso detener el ascenso obrero y popular y el exterminio de toda una generación que luchaba por terminar con el capitalismo. 

 Fue también la respuesta que tuvo el imperialismo a nivel regional, por eso se suceden los golpes en Chile, Argentina, Bolivia y otros países y se expresa en la coordinación represiva del Plan Cóndor. 

 Ayer y hoy políticas represivas 

 Con distintos gobiernos y a lo largo de las décadas podemos observar una continuidad en las políticas represivas que lleva adelante el Estado. 

 El capitalismo no se sostiene sin represión; a veces más descarnada y cruda como cuando los militares dieron el golpe de estado o a veces más sutil y con ropajes democráticos como en estos últimos 35 años. 

 En los 60 y 70 la represión tuvo como cometido el aniquilamiento de los militantes trabajadores y estudiantes que estaban al frente de las luchas populares y resistiendo con una perspectiva anticapitalista el ajuste que en ese momento se quería implementar. 

 Hoy, detrás de la consigna de mayor seguridad, se quiere imponer la mano dura y la represión como “solución” a los problemas que genera el propio régimen social. Grandes sectores de excluidos están en el foco de todos los mecanismos de control social que dispone el Estado, desde las leyes penales hasta las fuerzas represivas; y en mayor o en menor medida todas las variantes del régimen proponen cárcel, condenas más largas y más castigo para aquellos que quedan en los márgenes del sistema. 

 En los próximos años los ajustes tenderán a empeorar las condiciones de vida de los trabajadores; con el aumento de las fuerzas represivas y las leyes más duras también el régimen se prepara para enfrentar a los que como en los 60 y 70 opongan resistencia. 

 La lucha contra la impunidad no es una cuestión del pasado, los torturadores y genocidas libres son señales de que se intenta preservar al aparato represivo y reconciliar a las fuerzas represivas con la sociedad, para poder recurrir a ellos cuando vuelva a ser necesario.

 Este nuevo aniversario del golpe de estado se da en un contexto en que el gobierno de la Coalición Multicolor, formado por los impulsores directos de la ley de caducidad e incluso de los que reivindican el accionar represivo estatal de los 60 y 70, promueve tácita o explícitamente el olvido y el perdón para los crímenes de lesa humanidad, y a la vez propone un claro avance represivo en el presente con la Ley de Urgente Consideración, sus operativos policiales y sus políticas de criminalización de la pobreza, como ha sucedido en estas semanas en el Barrio San Miguel de Santa Catalina. 

 A movilizarnos este 27 de junio

 Esta es la lucha en que nos encontramos hoy, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, contra la impunidad de ayer y de hoy y contra el nuevo avance represivo que se intenta imponer. 

 Hoy, ante el fallecimiento del torturador y asesino más despiadado de Uruguay, José Nino Gavazzo, debemos salir fuertemente a las calles a seguir gritando MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA.

 A pesar de las múltiples condenas Gavazzo estuvo preso en cárcel vip o en su propia casa y gozó de múltiples privilegios; la lucha es también por cárcel común para los genocidas, que los asesinos, violadores y torturadores de la dictadura no sigan muriéndose impunemente, y que paguen por los crímenes que cometieron. La Izquierda Diario Uruguay convoca a marchar este domingo en recuerdo de aquellos hechos, junto a la Coordinadora 27 de junio, a partir de la hora 13, desde la Explanada de la Universidad hacia la Embajada de Estados Unidos. 

 La Izquierda Diario Uruguay

 Sábado 26 de junio | 15:09

Murió el genocida José Gavazzo

En las últimas horas murió el genocida uruguayo participante del Plan Cóndor José Gavazzo. 

 Falleció uno de los torturadores y asesinos más despiadados de Uruguay, José Nino Gavazzo. Autor de múltiples crímenes durante la dictadura, fue un activo participante del Plan Cóndor a través de la OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) y como tal protagonista de la represión contra militantes uruguayos en la República Argentina.

 Fue responsables de una larga lista de crímenes de lesa humanidad, como torturas, secuestros, asesinatos (28 delitos de homicidio) y desapariciones. Recibió condenas en Uruguay y en el extranjero, todavía hasta ahora habían otras causas abiertas por sus crímenes como los asesinatos de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes. 

 A pesar de las múltiples condenas Gavazzo estuvo preso en cárcel vip o en su propia casa y gozó de múltiples privilegios; la lucha es también por cárcel común para los genocidas, que los asesinos, violadores y torturadores de la dictadura no sigan muriéndose impunemente, y que paguen por los crímenes que cometieron.

 La Izquierda Diario Uruguay

 Sábado 26 de junio | 20:33

48 aniversario del golpe de Estado en Uruguay

La complicidad de los grandes medios

 Con la oposición de la marina, el 27 de junio de 1973 el presidente electo Juan María Bordaberry y otro ejército latinoamericano deciden salvar la libertad, la democracia, la patria y el honor contra la influencia extranjera. 

 Para eso deben suprimir las libertades individuales, el parlamento, los derechos humanos y permitir que el plan de Washington se lleve a cabo al mismo tiempo que se culpa a alguien más (en este caso, los Tupamaros) de la necesaria dictadura. Como otros casos en América latina, la campaña electoral de Bordaberry había sido en parte financiada por la dictadura brasileña, otra hija de la desestabilización programada de Washington que terminó con el gobierno progresista de João Goulart en 1964, la instalación de otra dictadura militar y la creación de los Escuadrones de la muerte. 

 Por entonces, el agente de la CIA asignado a Uruguay en 1964, Philip Franklin Agee, se encontraba en Londres escribiendo sus memorias, de donde sería expulsado, no por sus operaciones encubiertas sino por sus revelaciones. Durante la década anterior, escribió Agee, los grandes medios en Uruguay, como en otros países latinoamericanos, estaban inoculados. Con un presupuesto de un millón de dólares anuales (equivalente a más de ocho millones en 2021) y siguiendo los lineamientos de Mockingbird Operation, cada día se plantaban “dos o tres artículos de propaganda” en diarios como El País, La Mañana y El Día. Los artículos eran pasados como editoriales sin firmas, lo cual aumentaba la idea de realidad objetiva y luego eran, previsiblemente, citados por otros medios. 

 Estas eran prácticas comunes en el continente y más allá. En 1976 la Comisión Otis Pike de la Cámara baja y la comisión Church del Senado de Estados Unidos reprodujeron uno de los informes de la CIA fechado en octubre de 1970 sobre su actividad sistemática de plantar editoriales y proveer información falsa o conveniente en los medios locales para influir o preparar una intervención. En sus propias conclusiones, la comisión Church revelará el “uso sistemático de la prensa, de las radios, del cine, de panfletos, de posters, de correo directo” por parte de la CIA. 

 Las memorias de agentes de la CIA, como las del poderoso Howard Hunt, reconocerán estas prácticas y sumarán otras. Diversos agentes de la CIA también operaban encubiertos o con permiso en agencias de noticias como Reuters, The Associated Press y United Press International. En algunos casos, como Combate, ni siquiera sus editores sabían del origen de la financiación. Radios como La Voz de la Liberación fueron creadas de la nada para el golpe de Estado en Guatemala en 1954, pero la práctica más común por sus costos y, sobre todo, por su credibilidad fue la inoculación de medios establecidos y con algún prestigio. La televisión y algunas radios de Uruguay también habían caído en esta red, pero se prefería a los diarios porque eran el espacio ideal para introducir ideas e información política que luego sería repetida por los otros medios. 

 En el tranquilo país del extremo Sur, la CIA, que también había trabajado con funcionarios, policías y políticos, había encontrado dificultades en la universidad y en las organizaciones populares. Diferente a su anterior experiencia en otros países del continente, había reconocido el agente Agee, Uruguay era más difícil de corromper con dinero debido a su alto desarrollo social y económico y a una fuerte educación que procedía de los tiempos de José Batlle y Ordóñez. Por esta razón, en lugar de infiltrar grupos de izquierda y organizaciones universitarias como la FEUU, habían decidido trabajar más a nivel de la educación secundaria, esperanzados de que estos estudiantes más jóvenes un día serían universitarios. También habían invertido en la promoción de “sindicatos libres” alternativos y en políticos mediáticos y ruralistas como Benito “Chicotazo” Nardone, quien había sido reclutado por el jefe de la CIA en Uruguay, Howard Hunt, uno de los autores intelectuales del golpe de Estado en Guatemala contra Jacobo Árbenz en 1954, participante de la invasión de Bahía Cochinos en Cuba en 1961 y futuro cómplice del presidente Richard Nixon en el escándalo de Watergate. Cuando Herrera y Nardone ganaron las elecciones, el lunes en 1958 el diario El País tituló: “Venció el pueblo”.

 El plan resultó según lo previsto. No sólo se estableció una dictadura por once años en uno de los países más democráticos de América Latina, sino que, además, como en cualquier otro país al sur del río Grande, se inoculó la idea de que la barbarie militarista no era un ataque sino una defensa contra las injerencias extranjeras. Por las generaciones por venir, una considerable proporción de la población y de los políticos continuará justificando la dictadura militar y culpando de sus violaciones de los derechos humanos a un grupo guerrillero llamado Tupamaros, surgido en los años sesenta y desarmado mucho antes del golpe de Estado. El argumento de que un país puede suprimir los derechos humanos para luchar contra quienes desean destruir los derechos humanos seguirá siendo un éxito casi absoluto de la propaganda organizada en Washington desde el siglo XIX. La idea de que los grandes medios de prensa y los ejércitos latinoamericanos defienden el honor y las injerencias extranjeras, también. 

 La CIA opera en cada país desde dentro de compañías aéreas, mineras y de servicios de limpieza (en mucha de las cuales es accionista) hasta sindicatos y centros de educación. Pero los medios de información y entretenimiento siempre han sido un área de extrema sensibilidad y utilidad. Los medios son los principales creadores de opinión y de sensibilidades y, como lo reconoció Edward Bernays mucho antes de que se inventara la CIA, la mejor forma de administrar una democracia es decirle a la gente lo que deben pensar. Como lo practicó innumerables veces el mismo Bernays cuando fue contratado por Washington para vender un golpe de Estado o por una empresa privada para vender tocino, la Opinión pública es un producto, algo que se fabrica y se vende como cualquier otro producto.

 En Argentina, la decepción de los peronistas por el nuevo peronismo de derecha y la actividad subversiva (nacida bajo la dictadura de Onganía en los 60) habían alcanzado niveles de nerviosismo nacional y sirvieron para una nueva excusa de las fuerzas de represión. Pocos meses antes de las elecciones de 1976, con una violencia paramilitar de la extrema derecha actuando a su antojo, los militares decidirán dar un nuevo golpe de Estado y evitar el triunfo del ala izquierda del peronismo, representado por Héctor Cámpora, candidato favorito para esas elecciones.

 En Uruguay, el golpe de Estado de 1973 tampoco tuvo como objetivo derrotar a los tupamaros que ya habían sido derrotados. Había que eliminar la amenaza de una opción popular por la fuerza de los votos. En Chile, el golpe de Estado no fue posible antes del triunfo de Allende, sino después. Esta fue la diferencia. 

 Años después, las elites en el poder político y social no se cansarán de repetir que, de no haber sido por los grupos rebeldes de izquierda como los Tupamaros, las dictaduras militares nunca hubiesen existido. Esta fabricación se convertirá en un dogma. Como los traumas de las dictaduras, sobrevivirá en las generaciones por venir. 

 Durante la Guerra Fría la estrategia era subsidiar los grandes medios de prensa latinoamericanos con dinero secreto o a través del pago de publicidad. Durante la Era de Internet la estrategia será posicionarlos en las autopistas más transitadas de Internet, en manos de las compañías estadounidenses con frecuentes conexiones con Washington. Como lo demostrarán diversos estudios de instituciones como la American Institute for Behavioral Research and Technology, para 2015 las grandes compañías habrán invertido 20 mil millones de dólares anuales sólo en forzar la búsqueda de información para privilegiar una opción política sobre otra.

 Jorge Majfud | 26/06/2021

III Global Conference Hispanic Issues, Jorge Majfud

Oligarquía versus pueblo, la verdadera grieta en Uruguay

Se suele decir que la grieta es entre populistas y republicanos, tolerantes e intolerantes, entre delincuentes y «ciudadanos de bien», entre izquierda y derecha, pero la verdadera grieta es entre oligarquía versus pueblo. La segunda semana de junio dejó claro de manera meridiana que los que pregonan que la lucha de clases no existe, son justamente quienes se encuentran en la vereda de enfrente de los trabajadores. 

 Los poderes concentrados en este país fueron renombrados por el propio Presidente derechista Luis Lacalle Pou como los “malla oro”, los que en una vuelta ciclista van ganando la carrera, liderando la tabla de manera individual. Según Lacalle Pou son los que van a empujar la economía. El tema es hacia dónde. 

 Además de las frecuentes cortinas de humo de este gobierno: dirigentes desbocados en redes sociales, declaraciones retrógradas y auditorías a la administración anterior. Más los dimes y diretes con la oposición, como interpelaciones donde el oficialismo hace oídos sordos y dirigentes que piensan en las elecciones de 2024 y en untar votos. 

 Detrás de todo esto, sucede lo importante 

 El paro general del 17 de junio, convocada por la unitaria central de trabajadores PIT-CNT, desmitificó (una vez más) la muletilla de que los que generan riqueza en esta sociedad son los patrones. La central sindical elaboró un documento con reclamos, medidas y propuestas para amortiguar las consecuencias de la crisis de la pandemia y del gobierno de la derechista Coalición Multicolor.

 El panorama para los trabajadores es de una inflación que le va ganando a los salarios, la canasta familiar aumentando día a día, suba de combustibles y aumento de tarifas. Para los “malla oro”, rebaja del combustible para las cosechas que les significó un ahorro de 600 millones de dólares, 4.000 millones de dólares en depósitos en el exterior, aumento de más del 30% en la exportaciones de sectores como el lácteo, maderero, soja, carne, ganado en pie y celulosa.

 El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, sostuvo que la medida está absolutamente justificada tras el rechazo del gobierno a generar un “diálogo nacional en defensa de la vida”. 

 “Aquí ha caído otro mito, los que dicen que los paros generales son exitosos porque para el transporte han tenido un enorme desmentido. A instancias nuestras, el transporte facilitó la circulación para que la gente llegue al vacunatorio y el paro fue recontra contundente», enfatizó el dirigente en la puerta de Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia. 

 Abdala denunció que hay más de 100.000 nuevas personas en situación de pobreza y 80.000 desempleados, y mencionó que los números quedaron en evidencia tras el lanzamiento del programa de “jornales solidarios”, en el que se presentaron 230.000 personas por un trabajo. “”Eso te habla de la situación del país”, sentenció. 

 El documento que entregó el PIT-CNT –que convocó a un paro general el 17 de junio- al gobierno contiene cinco capítulos, casi todos dedicados a medidas de reactivación económica y protección, y estimulación del empleo, salvo el primero, que plantea ideas para fortalecer la inserción internacional.

 Para generar más puestos de trabajo, la central propone un incremento en la inversión pública y el gasto estatal a través de “compras públicas” que apuntalen la producción nacional. También pide “relanzar el sector de los cuidados”, modificar la Ley de Empleo Juvenil para facilitar el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo y generar facilidades para el acceso a la tierra de los pequeños y medianos productores rurales. 

 Las 13 páginas también contienen el reclamo por un ingreso básico de emergencia, y el de una negociación colectiva que apunte a un mejoramiento del nivel salarial. 

 Allí está la grieta 

 Por si faltaba algo más, el segundo hecho que da cuenta de la lucha de clases y uno de sus tantos frentes de disputa, son los Consejos de salarios, instrumento tripartito que negocian las pautas salariales y de condiciones laborales entre la patronal, los trabajadores y el gobierno en representación del Estado. Antes de repasar lo coyuntural vayamos un poco más en perspectiva a repasar la historia de los Consejos de salarios. 

 Éstos se inician en 1943 en el gobierno de Juan José de Amézaga, del Partido Colorado. En el período entre 1943-1968 los salarios aumentaron un 3%, a pesar de que el crecimiento del PBI fue de 5%. A partir de 1968 con el gobierno autoritario del colorado Jorge Pacheco Areco, los salarios y precios fueron congelados. 

 Durante la dictadura civil-militar (1973-1985) la clase trabajadora fue a la pérdida. Desde el período iniciado en 1971 (dos años antes de la dictadura,o con las políticas del entonces presidente Jorge Pacheco Areco) hasta 1984 redujo su poder de compra en un 60%. La expansión del endeudamiento externo bruto (tanto público como privado) pasó de 478 millones a 3.919 millones de dólares entre 1973 y 1985. El crecimiento dentro de dicho período fue de 4.49% y las salarios decayeron -2.89%. 

 En el primer gobierno posdictadura con el presidente colorado Julio María Sanguinetti, el crecimiento del PBI fue de 3.87% y los salarios crecieron un 4.23% pero hay que recordar que éstos no solo no acompasaban el crecimiento del país sino que iban en números negativos desde años anteriores. 

 Así y todo, los consejos de salarios se convocaban. Bastó que un gobierno del Partido Nacional y herrerista, su facción más conservador, asumiera el gobierno (con la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual mandatario)cpara barrerlos de un plumazo. En la década del 90 hubo un crecimiento del PBI de un 3.34% y el de los salarios de 0.46%. 

 A partir de la asunción del centroizquierdista Frente Amplio al gobierno -y luego de la fatídica crisis del 2002-, se volvieron a convocar los Consejos de Salarios en 2005 incorporando al sector público y el rural. El salario real creció ininterrumpidamente por quince años e igualmente el PBI.

 Un estudio realizado por consultores para el FMI, remarca que la negociación colectiva pasó de alrededor del 28% de trabajadores cubiertos en el año 2000 a 97% en el 2005, primer año de gobierno del Frente Amplio. 

 Llegamos a hoy

 El cóctel pandemia y gobierno oligárquico es una mezcla fatal para la clase trabajadora y ya se registraron las primeras caídas de salario real y del PBI de los últimos tres lustros, e incluso superando las predicciones del Banco Central del Uruguay. El oficialismo entendió que dejar de convocar a los consejos de salarios sería un error importante, ya que los mismos están arraigados en la cultura del trabajo de los uruguayos. Entonces optó por entrar en las rondas de negociación sin propuesta alguna, apoyando tácitamente a las patronales. 

 El año pasado el Ejecutivo sí planteó lineamientos para la negociación. Debido a la emergencia sanitaria, se acordó abrir un “período puente”. Hubo ajustes que determinaron pérdida de poder adquisitivo con pocas excepciones, y quedó planteado que ese daño comenzaría a reducirse en 2022 si la situación económica lo permitía. Hoy ya los analistas económicos plantean que no se va a poder recuperar esa pérdida.

 Para el economista Juan Manuel Rodríguez, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, el gobierno se encuentra ante un dilema entre conformar a sus aliados empresarios y evitar un escenario de conflictividad con el movimiento sindical. Esto debido a que las partes se encuentran en posiciones antagónicas de cara a la negociación.

 “Si el gobierno lograra dividir las posturas de los trabajadores entre sectores, el conflicto se reduciría. Si los lográs dividir, tenés un gran éxito. Hay 21 Consejos de Salarios, con lo cual, más allá de que el PIT-CNT tenga una postura única, va a haber negociaciones específicas”, remarcó Rodríguez. 

 Las patronales siguen apostando a un nuevo período puente, lo que implica pérdida salarial de los trabajadores, nuevamente. “El objetivo sindical es que, naturalmente, para que la economía mejore tiene que haber un empuje del poder adquisitivo” sostiene el PIT-CNT. 

 El mercado interno está deteriorado por varios factores: porque se perdieron en el entorno de 50.000 puestos de trabajo, dependiendo de los trimestres que se midan; porque bajaron los salarios 5% en públicos y probablemente llegue a 4% en privados; porque efectivamente hay un deterioro del poder adquisitivo de los hogares y porque hay 80.000 trabajadores en el seguro de paro, cobrando la mitad de lo que cobraban. 

 Si queremos mejorar el mercado interno, tiene que haber movimientos múltiples en torno a la generación de empleo y a la mejora del poder adquisitivo en los hogares uruguayos, y eso es el salario, apuntó Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. 

 Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

Votación de la Resolución de Cuba contra el Bloqueo en la Asamblea General de la ONU

Bruno Rodríguez: El reclamo de Cuba es que nos dejen en paz

Paraguay: desastre sanitario y crisis social

La mayor tasa de mortalidad del mundo cada millón de habitantes.

 Actualmente, Paraguay es el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo cada millón de habitantes. La situación sanitaria se desmadró cuando el presidente, Mario Abdo Benítez, decidió flexibilizar el confinamiento y los controles fronterizos, desoyendo a los epidemiólogos que alertaban sobre la circulación de la variante P1, proveniente de Brasil, más contagiosa que otras cepas. Por otro lado, casi cien candidatos de las recientes elecciones internas municipales fallecieron debido al virus. 

 Desastre sanitario

La reapertura general sin protocolos duplicó el ritmo de contagios y los hospitales colapsaron rápidamente. La ocupación de camillas y respiradores alcanzó el 100%, mientras que aún otras doscientas personas en estado crítico no pueden ser asistidas. A principios de junio, los trabajadores de la salud debieron movilizarse hasta el Ministerio, denunciado la falta de presupuestos para adquirir insumos y el pago salarial adeudado de seis meses. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue amenazarlos con juicios y despidos masivos si no volvían a sus puestos (Nodal, 9/6). 

 Por otra parte, la escasez de vacunas no se revierte. Solo el 6% de la población recibió la primera dosis y apenas el 1% la segunda. El calendario oficial del Ministerio de Salud espera alcanzar al 75% de la población recién en 2023. Sin inmunización ni plan de vacunación en el corto plazo, el gobierno forzó la vuelta a clases presenciales, pese a que ya han muerto 300 docentes. A su vez, las pocas dosis que llegan al país son absorbidas por los vacunatorios VIP: el gobierno está denunciado por vacunar a 500 empresarios, funcionarios y políticos sin turno, de manera confidencial, como es el caso de la senadora colorada, Mirta Gusinky, quien debió renunciar tras el escándalo (Télam, 4/5). 

 Situación social y elecciones fallidas

La situación social se caldea. Recordemos que, durante marzo, las calles se colmaron de trabajadores y campesinos que exigían la renuncia del presidente, bajo la consigna “ANRNuncaMás”, llegando inclusive a incendiar la sede central del Partido Colorado. La oposición (liberales y Frente Guasú) intentó institucionalizar ese malestar por medio de un pedido de juicio político, que de todos modos no prosperó porque las distintas fracciones del oficialismo terminaron cerrando filas detrás del mandatario.

 En cierto modo, la bronca popular se manifestó ahora en las elecciones internas municipales del pasado domingo 20, ya que hubo una abstención superior al 60% en la del Partido Colorado. En la del Partido Liberal, en tanto, hubo un importante nivel de voto en blanco (ídem, 22/6). 

 Por otro lado, el candidato vinculado a Abdo Benítez perdió en Asunción frente al del expresidente Horacio Cartes, quien se prepara para las presidenciales de 2023. Esto muestra el desgaste del actual presidente, como fruto de la desastrosa gestión de la pandemia. Aunque compitieron en la capital paraguaya, el bloque del primer mandatario y el cartismo consensuaron listas en la mayoría de los distritos.

 Por una salida de los trabajadores 

Pese a que el desastre sanitario es responsabilidad directa del gobierno, éste insiste en que la culpa se debe a los paraguayos que vacacionaron en Brasil y “se relajaron con los cuidados” (ABC, 21/6). Busca un chivo expiatorio.

 Las movilizaciones de trabajadores de la salud y de campesinos durante junio demuestran una situación social cada día más caldeada. La salida a esta crisis será de la mano de trabajadores y campesinos, retomando el camino de marzo, con un plan de lucha hasta echar al gobierno de Abdo Benítez. 

 Álvaro Chust

Perú: la derecha amenaza con “guerra civil”

Movilizar a los trabajadores contra el fraude exige levantar sus reivindicaciones. 

 El establishment reconoce a “regañadientes” el triunfo electoral de Pedro Castillo, pero el fujimorismo, a la cabeza de la derecha política, agita por la “nulidad de las elecciones del ballotage”.

 A pesar que el empresario minero Roque Benavides, la Confiep (central empresaria) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) hablen de “irregularidades”, pero dicen que al final se debe reconocer al ganador de las elecciones, el fujimorismo y su aliado neofascista, Rafael López Aliaga, (que agitó por la “muerte al comunismo, Vladimir Cerrón -exgobernador de Junín- y Castillo”), siguen aportando falsas e inconsistentes “pruebas” de que Perú Libre hizo fraude, pidiendo por tanto revisar y anular la elección.

 La estrategia del golpismo fujimorista implicaría también “ganar más tiempo”, planteando un habeas data “para obtener el padrón electoral”, así como la nulidad del ballotage, y por otro, elegir al nuevo y antiobrero Tribunal Constitucional (TC), para consumar el objetivo de declarar ilegal e ilegítimo a Castillo.

 “Los dinámicos del centro” y el vacío dejado por Perú Libre

 Es en este contexto de arremetida del golpismo fujimorista que la justicia realizó un “operativo anticorrupción” días atrás deteniendo a 23 funcionarios de la gerencia de transportes del Gobierno Regional de Junín (GRJ), que está bajo el poder de Perú Libre (PL). Entre estos habría algunos militantes de PL, como dos cuadros importantes, que eran parte del círculo de Castillo: Arturo Cárdenas (secretario nacional de organización) y Eduardo Bendezú (secretario de prensa), quienes se encuentran prófugos. El que le llevaba la agenda al líder de la centroizquierda ya no acompañaría al profesor Castillo.

 Hay una nueva correlación de fuerzas al interior del círculo de confianza de Castillo, donde los “caviares”, estalinistas (que dirigen la CGTP, central obrera) y los maestros, así como los “ronderos” [las rondas campesinas son patrullas de seguridad] y familiares cercanos al ex rondero chotano [Castillo], estarían desplazando al PL de Vladimir Cerrón.

 La derecha apunta a vincular a Cerrón con la corrupción en el GRJ, lo que podría producir su encarcelamiento y/o vincular la corrupción de la bolsa de campaña con el propio Castillo. 

 Es en este contexto que las fuerzas castillistas decidieron convocar a una marcha contra “el golpe de Estado y por la democracia”.

 Reuniones preparativas de la “Marcha contra el golpe de Estado” 

El miércoles 15, hubo una reunión de organizaciones sociales convocada por el Frente Político Magisterial. La misma estuvo moderada por la maestra Mery Coayla, representante del magisterio tacneña y brazo derecho de Castillo. Estuvieron representantes sindicales de la CGTP, Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), FENMUCARINAP (Federación Nacional de Mujeres Campesinas), Sintrahogar (sindicato del personal doméstico), Sitobur (sindicato de la limpieza pública) y Sitomun (sindicato de trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima), además de algunos colectivos como Integración Estudiantil, Juventud Progresista, etc. El único tema fue cómo enfrentar la arremetida de la derecha fujimorista que quiere desconocer la victoria popular de Castillo, certificada por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), al 100% del conteo de votos. La profesora Coayla fue explícita en que ella era de Tacna y no conocía a los movimientos sociales de Lima y pedía apoyo para poder identificar a las organizaciones respectivas. 

 Algunas intervenciones fueron muy emotivas y expresaban el hartazgo con el modelo económico. Aunque también, con el cansancio de estar casi dos semanas en Lima y en las vigilias frente a la Junta Electoral, sin obtener la proclamación de Castillo como presidente. 

 Roberto Rodríguez, secretario de organización de Nuevo Perú, señaló que había un golpe en marcha y que por lo tanto lo que había que hacer es convocar a una marcha pacífica, con pasacalle [estilo musical interpretado por músicos ambulantes] y celebración de la victoria del profesor para evitar caer en las “provocaciones de la derecha golpista”.

 Gerónimo López, secretario general de la CGTP, planteó la “necesidad de crear una estructura nacional y de levantar la consigna de la asamblea constituyente”, sin proponer, ni disponer, ninguna medida operativa de movilización, que organice desde las bases para que la misma sea una marcha contundente (la última marcha convocada por la CGTP no pasó de los 2.000 trabajadores).

 Al final, se convocó a una conferencia de prensa para el día siguiente en el mismo local del sindicato de telefónicos. En esta estuvieron presentes algunos ex congresistas del Frente Amplio y otros actuales, así como la propia Verónika Mendoza (que según algunas versiones sería nominada como primera ministra del próximo gabinete de Castillo) y algunos representantes de las rondas campesinas. Pero brillaban por su ausencia varias organizaciones de ollas comunes, comedores populares y los sindicatos obreros combativos. 

 La medición de fuerzas del sábado 19 de junio 

Según el especialista, Hernán Chaparro, el 90% de la población pide un “cambio del modelo económico neoliberal” (un tercio, un cambio radical, y el restante un cambio moderado). Pero Castillo y PL “desconocen” esta tendencia popular. Su política es la de “apaciguar” a la derecha y a los factores de poder (Fuerzas Armadas, empresarios). 

 El día de la marcha, la Plaza San Martín estuvo casi llena pronosticando unos 40,000 participantes, destacándose delegaciones de ronderos y maestros de las provincias, así como colectivos juveniles y algunos secundarios combativos. De igual forma, se realizaron marchas en todo el país. En Tacna, se movilizó estrictamente gente de PL convocando aproximadamente unos 1,500 militantes. Algo similar en otras provincias. En el caso de Keiko Fujimori, como se aprecia en la foto, también tuvo una convocatoria de varios miles, difícil de cuantificar.

 Fue una medición de fuerzas, un “empate catastrófico”, que reproduce el “empate técnico” en votos. Las fuerzas castillistas se autolimitan, no quieren o no superan las vacilaciones y no querrían tomar medidas más radicales de movilización. La debilidad invita a la agresión, dice el dicho. 

 Todas las actas de “garantías” firmadas por Castillo con las Iglesias y la Proclama Ciudadana no han calmado los ánimos de la derecha golpista.De desconocer los resultados electorales, pavimentan el camino para producir un presidente “sin legitimidad”, y al menor atisbo de plantear éste una reforma -convocatoria a una nueva constitución, tocar a las AFP, etc.- pedir su vacancia con la mayoría congresal de un frente derechista en el parlamento. 

 En los mítines de la derecha fujimorista se agita “por guerra civil” y el desconocimiento de los cómputos y las “instituciones” electorales. 

 El paro indefinido de los obreros rurales de diciembre del 2020 marca el camino 

En provincias, los trabajadores hablan de “guerra civil” para imponer la victoria de Castillo contra la derecha golpista. No obstante, Castillo no apareció en el mitin del sábado y envió a Verónika Mendoza, quien llamó a luchar contra los golpistas y el respeto al voto de todos “los ricos y pobres”. Castillo, en un pragmatismo espectacular, está más preocupado por buscar aliados como Daniel Salaverry (ex aprista y fujimorista) y César Acuña (empresario y político), entre otros, para “buscar gobernabilidad”. 

 Por estas razones convocaron a la marcha “con pasacalle”, “de celebración”, “sin caer en provocaciones”, etc. La marcha del sábado fue importante por la participación de varios colectivos y la base social magisterial/rondera del profesor Castillo, pero es limitada e insuficiente para cambiar la correlación de fuerzas.

 Para sumar masivamente al pueblo trabajador hay que convocarlo a movilizarse en defensa de los resultados electorales que le otorgaron el triunfo a Castillo. Pero hay que hacerlo llenando de contenido social ese reclamo: aumento salarial de emergencia; derogación de la llamada “suspensión perfecta” que habilita a las patronales a despedir masivamente; negociación colectiva por rama; reincorporación de los despedidos; vivienda popular (financiadas por las sobreganancias de poder inmobiliarias); anulación de las AFP: sistema previsional único estatal bajo control de los trabajadores y financiado por las patronales; convocatoria general a paritarias libres; subsidios a los desocupados; triplicación del presupuesto de salud bajo gestión directa del personal sanitario; impuesto a las grandes fortunas; pago de más de 9,000 millones en impuestos de las grandes empresas; que la banca privada pase al poder público; no al pago de la ilegítima deuda externa, etc.

 Urge un congreso coordinador de delegados de sindicatos, barrios, movimientos sociales, comunidades. Para los que militamos en la agrupación Vilcapaza, a la derecha golpista no la vamos a derrotar con “flores ni pasacalles” (es como “si quisiéramos darle de comer lechuga a un tigre”), sino con la organización desde la base obrera y popular y con medidas contundentes: con un plan de lucha y el paro nacional. 

 El paro indefinido obrero rural de diciembre de 2020, que al cabo de cinco días de huelga impuso una victoria histórica al derogar la ley de explotación agroindustrial, es un ejemplo del camino que debería seguir la lucha contra el golpismo fujimorista. Hay que tomar nota que la huelga obrera rural, en una semana, puso de rodillas a los poderosos grupos agroindustriales. 

 Llamamos al activismo militante a defender este planteamiento en las calles y asambleas. ¡No al golpe de Estado!, ¡Plan de lucha y paro nacional!

 César Zelada

 Agrupación Vilcapaza

G7: una cumbre atravesada por divisiones y rivalidades

Muy lejos de la armonía y cooperación prometida por Biden. 

 Si alguien tenía expectativas que, bajo el gobierno de Joe Biden, podrían cicatrizarse las heridas, recelos y choques entre Estados Unidos y sus aliados occidentales, la cumbre del G7 ha servido para desmentirlo. Los resultados de las deliberaciones del organismo que congrega a las principales metrópolis capitalistas, demuestran que se está muy lejos de restablecer una armonía y una cooperación entre los países miembros -seriamente deterioradas bajo el mandato de Trump- que permita volver, al menos, al status quo reinante bajo el gobierno de Obama. 

 Vacunas y pandemia

 Antes que nada, es preciso señalar que ni siquiera se pudieron poner de acuerdo sobre una acción común frente a la pandemia. El pomposo anuncio sobre la donación de 1000 millones de vacunas oculta el hecho de que no había coincidencia sobre la liberación de las patentes. El primer ministro británico, Boris Johnson, es el que encabezó la negativa a dar semejante paso, reflejando la presión de los grandes laboratorios europeos, empezando por AstraZeneca que está en un seria disputa con sus pares norteamericanos. En las deliberaciones, se coló la guerra de los pulpos farmacéuticos. 

 Por otra parte, escarbando un poco más, surge que ni siquiera es segura la oferta de las vacunas. El único compromiso firme parecería ser el de Estados Unidos, que Biden había anunciado con anterioridad a la cumbre, aunque viene al caso señalar que dicha entrega será en cuotas, en un cronograma dilatado en el tiempo hasta el año que viene. En forma inmediata, las dosis disponibles a ser distribuidas por Washington se circunscriben a 100 millones. Los compromisos de los otros países son más vidriosos. El anuncio se trata más de un show que una acción real, que tiene como propósito desplazar de la atención mediática a China y Rusia que habían ganado un protagonismo mayor en relación al abastecimiento de vacunas a terceros países más necesitados. 

 Pero no se puede escapar que incluso esa oferta de vacunas es tremendamente pobre en relación a la necesidades que se calculan en 11 veces más, o sea en 11.000 millones de modo de cubrir los requerimientos del planeta. Se estima que el costo en este rubro para combatir eficazmente la pandemia a escala mundial debería ascender aproximadamente a unos 167.000 millones de dólares. Esa suma no deja de ser modesta si la comparamos con las ganancias siderales que han obtenido las empresas líderes del mundo y sus principales accionistas, incluso en plena pandemia. Apenas representa un 15% del patrimonio de una sola de las corporaciones internacionales. Es exigua, asimismo, comparada con los gigantescos planes de estímulo puestos en marcha por las principales potencias pero que han sido dirigidos al rescate del capital, en desmedro de las necesidades populares. 

 Europa insubordinada 

La cumbre también puso en evidencia las fisuras en otros planos. El presidente norteamericano fracasó en el intento de alinear a los miembros del G7 contra China. La Casa Blanca viene de ampliar una lista negra que abarca 50 compañías chinas en la que los estadounidenses no pueden invertir, acusadas de actuar de soporte de las actividades de espionaje y militares de Pekín. Entre éstas, se encuentran la gran empresa de telecomunicaciones China mobile, la compañía de videojuegos Hikvision y el grupo petrolero chino CNOOC. El gobierno chino ha salido al cruce de esta escalda y acaba de aprobar severas medidas y restricciones comerciales contra individuos y empresas extranjeras que efectivicen las represalias establecidas por la Casa Blanca.

 Sin embargo, “Europa no pretende por ahora seguir la línea dura de Biden hacia el gigante asiático” (Clarín, 11/6). Si bien existen tironeos con las autoridades chinas, la voluntad en la Unión Europea es remover los obstáculos y ratificar el acuerdo de protección de inversiones entre la Comisión Europea y Pekín. Recordemos además que las principales naciones europeas integran un emprendimiento financiero a escala global liderado por China, el Banco asiático de Infraestructura e Inversión. Los cancilleres húngaro, polaco e irlandés fueron en las últimas semanas a Pekín y los seguirán otros, incluida la visita de Ángela Merkel. 

 El capital europeo no está dispuesta a resignar el lugar conquistado en China y, más aún, las posibilidades de una penetración mayor. Lo que está en discusión es qué potencias lideran y usufructúan en su provecho la restauración capitalista aún inconclusa del país asiático. Tengamos presente, para tomar un ejemplo, que sólo Volkswagen vende en China 3,5 millones de vehículos anualmente, una cifra superior a los 3 millones de autos que se vende en toda Alemania. 

 Del mismo modo, hay reticencias para acompañar una política más agresiva que alienta Washington hacia Moscú. Europa defiende los vínculos económicos tejidos en con Moscú, particularmente en materia petrolera, en el cual el abastecimiento de Rusia es clave. Uno de los focos de tensión se concentra en la construcción del gasoducto Nord Stream 2, cuya finalización estaba detenida como resultado de las sanciones impuestas por Washington a las empresas involucradas. Si bien Estados Unidos habría levantado las sanciones que pesaban sobre el consorcio principal, las ha dejado en pie para empresas europeas que han sido proveedoras del proyecto. Estas represalias son funcionales al interés yanqui por facilitar un desembarco masivo e las compañías energéticas norteamericanas en el viejo continente y desplazar a Rusia a en ese campo. 

 En la cumbre no dejó de colarse el Brexit, en que las fricciones están lejos de apagarse. Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre los controles aduaneros en Irlanda del Norte. Con la salida de Gran Bretaña de la UE, se debió buscar un sistema que impida que se levante un frontera dura entre Irlanda del Norte y el resto de Irlanda, que ha sido una fuente de severos enfrentamientos en el pasado. La solución fue un esquema aduanero entre Irlanda del Norte y Reino Unido que ahora Johnson intenta revertir. La intención del primer ministro británico de reabrir las negociaciones, apoyándose en la presencia del mandatario norteamericano, no logró prosperar no sólo por la negativa cerrada de la UE sino también por la decisión de Washington de no agitar el problema, que podría hacer estallar la cumbre. 

 La expectativa de que este cónclave era el punto de partida para “reiniciar la acción internacional”, utilizando palabras de Johnson, ha quedado como una expresión de deseos. Europa no está dispuesta a un retorno a las relaciones de subordinación del pasado. En los planes de la UE está reforzar su autonomía económica e incluso militar respecto a Washington. Por lo tanto, el sueño de Biden de devolverle a EEUU un liderazgo mundial (cuyo deterioro se aceleró bajo el mandato de Trump, pero que viene desde antes y echa sus raíces profundas en la declinación más estructural e histórica del imperialismo norteamericano) no pasa de una expresión de deseos. La guerra comercial acicateada por la crisis capitalista en desarrollo sólo comparable con la del 29, ha atravesado y condicionado todas las deliberaciones del G7. Estados Unidos no levantó las tasas aplicadas por Trump en 2018 al acero y el aluminio europeos. 

 El proyecto de Biden de crear una alianza más amplia encabezada por Estados Unidos en “defensa de la democracia», una suerte de G10, incorporando a Australia, Corea del Sur y la India, que tendría como función aislar internacionalmente a China y Rusia, tendrá que esperar si nos atenemos a la división reinante en el presente. 

 ¿Acuerdo impositivo? 

Como prueba de los avances de una cooperación internacional, se ha resaltado el acuerdo alcanzado por los gobiernos del G7 para un ‘tipo impositivo mínimo global’ corporativo. 

 Se asegura que el acuerdo contribuirá a que las empresas multinacionales paguen impuestos donde obtienen sus ganancias en lugar de enviarlas a «paraísos fiscales» o países de baja tributación, donde las corporaciones han terminado mudando la sede principal de su actividad. Pero no todo lo que reluce es oro. 

 Este impuesto corporativo mínimo asciende al 15% y la empresa deberá abonarlo en el país donde realiza sus ventas, independientemente de si está radicada en él. Pero, la mayoría de los países, incluyendo aquellos en que la carga impositiva es reducida, superan ese mínimo. Se ha puesto la barra muy baja de modo tal que las corporaciones están en condiciones de sortearlas. 

 Pero la cuestión no termina ahí. El pacto supuestamente hará que “las empresas paguen más impuestos en los países donde venden sus productos o servicios, en lugar de donde terminen declarando sus ganancias, frenando así el uso de paraísos fiscales por parte de las corporaciones. Pero eso solo se aplica a los ‘márgenes’ de ganancias superiores al 10% y con trucos contables se puede evitar romper este umbral. Y de todos modos, solo se reasignará el 20% de cualquier margen superior al 10%”( Michael Roberts, Sin Permiso, 13/6).

 Como parte del acuerdo, una cuestión que ha pasado relativamente desapercibida, es que se eliminarán los impuestos a los servicios digitales introducidos luego de varias sanciones de Europa a las grandes empresas tecnológicas, con lo cual podría darse la paradoja de que terminen pagando menos impuestos. “TaxWatch, un grupo de expertos, ha calculado que las empresas de Big Tech pagarán menos impuestos en el Reino Unido con el acuerdo del G7 que lo que pagan actualmente con el impuesto a los servicios digitales británico” (Roberts, ídem). A esto se une la ampliación de exenciones impositivas que se estaría barajando para aciertos sectores como el financiero. 

 El escenario actual 

La acción común de los estados tropieza con los intereses de las multinacionales, de las cuales son tributarias. Este límite determina, a su vez, que predominen no las coincidencias sino los que lo separa. La disputa feroz que viene enfrentando a las grandes empresas, en medio de una retracción de los negocios y la recesión mundial, adquiere la forma de guerra comercial entre los estados que intervienen en defensa de las corporaciones locales de sus respectivas países. El conflicto va mucho más allá de la cuestión impositiva -que, de todos modos, está lejos de resolverse, como vimos-, que se traslada a otros planos como el comercial, a través de los aranceles y las medidas paraarancelarias, y también al monetario, donde estamos enfrentando una verdadera guerra, con una cadena de devaluaciones. Recordemos que el dólar viene depreciándose en relación a otras monedas, lo cual encarece en términos relativos los productos provenientes de las otras metrópolis capitalistas. 

 Lejos de una armonización de intereses, el G7 es un exponente de una exacerbación de los choques interimperialistas, y del expansionismo, la confrontación, las rivalidades y también del uso de la fuerza, alentando las tendencias bélicas, que tienen como principales destinatarios a China y el ex espacio soviético. 

 Pablo Heller

La reunión Biden-Putin y el cerco contra Rusia

El presidente norteamericano Joe Biden y su par ruso Vladimir Putin se reunieron en Ginebra este 16 de junio. Si bien ambos mandatarios calificaron como positivo el encuentro, los propios detalles diplomáticos revelan la tensión creciente que hay de fondo: no hubo conferencia de prensa conjunta ni almuerzo.

 Estados Unidos y Rusia habrían acordado el regreso de los embajadores, tras los llamados a consulta del mes de abril (cuando Biden calificó a Putin como “asesino”); y empezarían negociaciones para el intercambio de prisioneros y el reemplazo del tratado de no proliferación de armas nucleares, que vence en 2026. Esos son los “avances” que ponderó la prensa.

 Pero al mismo tiempo, Biden advirtió sobre una respuesta demoledora si el referente opositor Alexei Navalny muere en prisión, o en caso de ciberataques contra empresas estratégicas. Putin le devolvió la gentileza, criticando el espionaje norteamericano y la represión contra el movimiento de lucha de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. 

 En las semanas previas al encuentro, el presidente estadounidense renunció a las sanciones contra la empresa principal realizadora del gasoducto Nord Stream 2, un proyecto ruso que ya está construido en un 95% y que llevará gas a Europa Occidental, esquivando Ucrania. Pero este gesto iba dirigido principalmente a Alemania, beneficiaria de la iniciativa. A la vez, se mantienen las sanciones sobre empresas más chicas que participan del consorcio.

 Conviene recordar, también, que el mandatario norteamericano acentuó las sanciones económicas contra el Kremlin desde que empezó su gestión. La más importante es una orden del Departamento del Tesoro que impide a las instituciones financieras adquirir deuda del Banco Central ruso a partir de este mes (El País, 15/4). 

 Del lado ruso, en la previa sacó de la lista de personas buscadas a la lideresa de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaia, quien está exiliada por su oposición al régimen de Alexsandr Lukashenko (hoy próximo a Moscú) y recibe el respaldo europeo y norteamericano. Asimismo, retiró tropas de la frontera con Ucrania, que había desplegado previamente para ejercicios militares. Sin embargo, pocos días antes de la cumbre, la justicia calificó de “extremistas” a organizaciones vinculadas a Navalny, lo que complica la presentación electoral de sus seguidores. 

 Tomada la situación de conjunto, asistimos a un endurecimiento de la política norteamericana hacia Rusia. La propia gira de Biden por Europa tuvo el propósito de encolumnar a los europeos en una línea de mayor confrontación con Moscú y Beijing. 

El texto de la reunión del G7, celebrada días antes del mítin Biden-Putin, exige a Rusia que “cese sus actividades desestabilizadoras” (La Nación, 14/6) y expresa su preocupación por la cooperación entre los regímenes de Putin y Xi Jinping. Como dato adicional, uno de los invitados a este cónclave fue India, un archirrival de los chinos. El texto surgido de la cumbre de la Otan se refiere también a la “creciente amenaza que representa el refuerzo militar de Rusia” (ídem, 15/6) y del mismo modo hay advertencias contra China. Si bien hubo una coincidencia en mantener una presión contra Moscú y Beijing, la reunión de la alianza atlántica puso de relieve las grandes tensiones y divisiones entre norteamericanos y europeos respecto al gigante asiático y el ex espacio soviético, donde unos y otros tienen apetitos e intereses encontrados.

 En cuanto a Putin, intenta reposicionar a su país como potencia global. Y aunque ha logrado progresos importantes en materia de política exterior, como en los casos de Georgia, Crimea y Siria, Rusia ha sufrido un acelerado proceso de desindustrialización y es más dependiente que nunca de los hidrocarburos, que significan el 80% de sus exportaciones. La caída de estos precios y las sanciones establecidas a partir de 2014 tuvieron un severo impacto en la economía. El gobierno impulsó entonces un ajuste contra las masas, que incluyó la elevación de la edad jubilatoria. Navalny, el opositor detenido ahora en Moscú, expresa a un sector de la clase capitalista afín al capital extranjero que reclama una apertura económica total. 

 Los choques entre Estados Unidos y Rusia están condenados a acentuarse en el cuadro de crisis económica mundial y de guerra comercial, lo mismo que las tensiones entre norteamericanos y europeos.

 Gustavo Montenegro

¿Qué impactos tiene la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo?

Colombia: el CNP levanta el paro, los manifestantes no

El martes, el CNP anunció que suspenderá las manifestaciones hasta el 20 de julio, día de la independencia de Colombia. Se trata de un “cambio de táctica”, para continuar su “lucha en otros escenarios como es el arte, los conciertos”. El gobierno de Duque exigía la desmovilización antes de poder llegar a algún acuerdo, lo que ha concedido la burocracia sindical del CNP. El Comité llevará el 20 de julio al Congreso un nuevo paquete de proyectos leyes -el escenario de la desmovilización.

 Las movilizaciones del CNP eran actividades “festivas” que se realizaban semanalmente, de espaldas a los jóvenes que todos los días cortaban calles, rutas y diferentes accesos, sosteniendo el paro nacional por tiempo indeterminado. Francisco Maltés de la CUT dijo que “vamos a hacer una interrupción temporal de las movilizaciones”, algo ya repetido en 2019 y 2020. La Fecode había emitido una declaración en la que llamó a desmovilizar y anunció la vuelta a clases el 15 de junio. 

 “Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia, la movilización social en Colombia va a continuar porque las causas que la han generado se mantienen vigentes”, dijo Maltés. Sin embargo, “Aunque el Comité Nacional del Paro anunció que las manifestaciones están suspendidas temporalmente, en la práctica el panorama podría ser diferente. Esto se debe a que en las principales ciudades existen movimientos que no reconocen el liderazgo del Comité sobre la protesta” (El Tiempo, 16/6). 

 La “primera línea” de las luchas anunció que seguirá en paro (semana, 15/6). En Bogotá, “fuentes cercanas a la Primera Línea confirmaron que la intención es permanecer en el punto. Una situación similar se vive en Cali. Precisamente este martes, a la par del anuncio del Comité, se conoció que un juzgado suspendió el decreto que había facilitado las negociaciones entre la Alcaldía y la Unión de Resistencias Cali (URC)” (ídem).

 El 20 de julio está llamada una “gran movilización” al Congreso para “entregar los proyectos de ley”. El aparato burocrático apuesta a ubicar al Congreso como árbitro de la crisis, sin embargo, fue el que protegió a Duque y sus proyectos de ajuste, incluso defendió mayoritariamente la “reforma fiscal”. El Congreso rechazó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, autor intelectual de las masacres contra las masas. Este Congreso liquidó la “matrícula cero” (a pesar que el gobierno ya había anunciado el beneficio para 2021, El Tiempo, 17/6), la Renta Básica, el proyecto de prohibición de fracking, y aprobó la reforma judicial antiobrera y el impuesto a la gasolina.

 Una buena parte de los miembros del CNP pertenecen a la coalición Esperanza y al Partido Liberal, opuestos de entrada a las movilizaciones y al paro nacional. Diógenes Orjuela, miembro del Comité, indica que: "El virus no fue considerado como una de las principales razones para cambiar de estrategia de movilizaciones. Fue la necesidad de mantener el apoyo popular ante el desgaste natural que estábamos sufriendo" (BBC, 17/6), como si la política del CNP no tuviera nada que ver en este “desgaste”. 

 Un desafío estratégico 

La declaración política de organizaciones y procesos sociales del comité nacional de paro CNP (CUT, FECODE, Partido Comunista, Marcha Patriótica, Movimiento por una constituyente Popular, Andes, Unir, Onic), señala que a pesar de las “conquistas” cambian el método, y reafirman que “el paro no para, continúa y se transforma”. Indican que van a realizar “asambleas, encuentros, foros, conversatorios” (16/6), y “reforzar diálogos con alcaldes, gobernadores, delegados”, con “autonomía” para decidir no movilizar si no hay garantías de DDHH para las movilizaciones. También le exigen al Congreso las garantías de la movilización, pero para el 20 de julio recién. 

 Emiliano Monge 

 18/06/2021

100 años de “El Pibe” de Chaplin: cine, infancia y marginalidad

En 1921, hace 100 años, Charles Chaplin estrenaba su primer largometraje, “The Kid” ( “El Pibe”), que se convirtió instantáneamente en un clásico, por su tratamiento dramático, pero también lleno de sátira, bufonería y una ternura infinita, sobre la pobreza y marginación de los niños de la calle. 

 El vagabundo y su pibe

 Chaplin protagonizó, escribió, dirigió, produjo y musicalizó la película, en un momento en que su popularidad ya era muy grande. 

 Una mujer sola y de bajos recursos -interpretada por Edna Purviance-, sin chance de hacerse cargo de su bebé recién nacido, lo abandona en un auto de lujo, junto a una carta donde pide que lo adopten. El auto es robado y cuando los ladrones se dan cuenta que tiene el bebé dentro, lo abandonan en un barrio pobre. Es entonces que hace su aparición el vagabundo interpretado por Chaplin, o Charlot, ese personaje entrañable, pícaro y único, quien intenta sacarse de encima al chiquito cómo puede pero, finalmente, termina adoptándolo.

 Pasan cinco años y allí están los dos, viviendo en una modesta “casa”, mostrándonos al bebé convertido en nene (Jackie Coogan, quien de adulto interpretaría al Tío Lucas de “Los locos Addams”). Padre adoptivo e hijo están completamente mimetizados. Son el uno para el otro. 

 La película bordea el melodrama pero está llena de situaciones cómicas, protagonizadas por ambos protagonistas, que aplican todo su ingenio para sobrevivir en la calle.

 Amor, corazón y denuncia 

El dueto que forman Charlot y el chico es formidable, la pantalla vibra de amor y ternura cuando vemos a estos dos seres desplazados por el sistema, ingeniándoselas para seguir adelante con sus vidas, siempre juntos. No hay moralismos en la manera de Chaplin de mostrar la pobreza, combinando drama y comicidad – tragicómica como suele ser la vida misma. Chaplin, sacando lo mejor de la expresividad de su actriz, nos deja claro que la madre abandona al bebé porque no tiene chance de darle un futuro digno. La cruda realidad de miles de mujeres, ayer y hoy. 

 Chaplin puso no solo su inventiva e intelecto en este film, sino también su corazón. Este creció junto a su hermano mayor, Syd, mendigando en las calles de Londres, viviendo en orfanatos y haciendo espectáculos callejeros. Su padre estaba ausente y su madre tenía problemas psiquiátricos que la hacían estar internada permanentemente. Chaplin sabía muy bien de lo que hablaba en “The Kid”: el desamparo; la ausencia de figura paterna (la del padre natal del “pibe” que el vagabundo toma en sus manos); la fragilidad de la mujer sola, abandonada y sin recursos. La emotividad y emociones fuertes que veremos en pantalla será en gran parte producto de su historia, su formación y su sensibilidad extrema. 

 Las figuras de autoridad son satirizadas. En una de las escenas más emotivas de la historia del cine, el jefe del orfanato, su empleado y, de nuevo, un policía, son mostrados como seres crueles que quieren separar al chico de su papá adoptivo. Vemos la lucha encarnizada, cuerpo a cuerpo, que emprende Charlot para que no le quiten a su hijo. El Estado es denunciado como el ente que, no solamente nunca hizo absolutamente nada por mejorar las condiciones de vida de los protagonistas, sino utilizando la represión y la fuerza para derribar esa enorme pared de amor construida por Charlot y el pibe. 

 Cuando los dos protagonistas sortean los escollos del estado y se funden en uno de los abrazos más visual y simbólicamente fuertes del cine, la emoción más profunda inunda el interior del espectador. 

 La película fue un enorme éxito de taquilla y crítica y le abrió el camino a Chaplin para realizar otras obras maestras, como “Tiempos Modernos” o “El Gran Dictador”, donde la denuncia política y el mensaje social son centrales en la trama. Recordemos que Chaplin fue acosado por el estado en EE. UU., por ser simpatizante comunista y, finalmente en 1952, tuvo que exiliarse por la persecución política. 

 Otras miradas, otros clásicos

 A lo largo de la historia otros grandes directores lograron mostrar la situación de dolor y desarraigo de niños pobres y abandonados. “Alemania, año cero” película neorrealista del italiano Roberto Rossellini, estrenada en el año 1948, sigue los pasos de Edmund, niño de 12 años, en una Berlín derruida por la guerra y ocupada por los aliados. El filme es crudo y excelente y muestra cómo el protagonista intenta, vagando por las calles, sin éxito, encontrar una forma de superar el destino que parece tan gris.

 “Los Olvidados”, del español Luis Buñuel, se estrenó en 1950 y logró un enorme revuelo por retratar la vida de niños de suburbios mexicanos que son empujados a una vida de violencia y delincuencia. Una mezcla de neorrealismo italiano con elementos de surrealismo, que solo un maestro como Buñuel podría utilizar de manera tan eximia para alojar temas que no están del todo en la superficie de la trama. 

 “Los 400 golpes”, de Francois Truffaut, de 1959, considerada una de las mejores películas de la historia del cine, retrata la vida de un adolescente -interpretado por Jean-Pierre Léaud, alter ego de Truffaut- que acaba en un reformatorio parisino. “Crónica de un Niño Solo”, del director argentino Leonardo Favio, es otra obra maestra sobre niñez quebrada, estrenada en 1965. Polín es un niño pícaro y vivo que logra escaparse del horrible orfanato donde vive para encontrar la frialdad y la crueldad de la calle. Considerada en una encuesta hecha por el Museo Nacional del Cine como la mejor película de la historia del cine argentino.

 Actualidad y conclusión 

¿Qué pasó con los niños en estos 100 años que median entre “El Pibe” y hoy? Que hizo por ellos el capitalismo, que venía a traer prosperidad, oportunidades y un brillante futuro para las generaciones venideras? Antes de la pandemia 1 de cada 6 niños del mundo (356 millones) vivía en situación de extrema pobreza. Con el Covid, según un análisis de Unicef y el Banco Mundial, esta cifra está empeorando significativamente y lo seguirá haciendo. 

 Cuando formulamos el planteo “socialismo o barbarie”, esta última palabra nos puede remitir a muchos tópicos (guerra, miseria, destrucción del medio ambiente, exterminio de razas o etnias, etc). Pero donde la palabra cuaja muy hondo es el de estas infancias destrozadas. No tenemos tiempo que perder. Pasaron 100 años, pero la tarea es la misma: socialismo o barbarie. 

 Matias Melta 

 13/06/2021