Frente a la crisis, (re) surgen las ollas populares y los merenderos

Distintas organizaciones solidarias han tomado la iniciativa de organizarse para realizar acciones de solidaridad con quienes han sido más perjudicados por la situación a partir de la pandemia. Grupos solidarios, militantes sindicales, organizaciones sociales han tomado la iniciativa, que no se veía desde la crisis económica que hundió al país en 2002.

Muchas de estas iniciativas surgen del movimiento sindical, otras por voluntad de vecinas y vecinos que vieron la necesidad de poder responder al hambre y la merma de trabajo a nivel territorial. Son una gran demostración de solidaridad entre las distintas capas populares, y permite sostener la identidad de clase y los lazos y el entramado social popular. En tiempos de crisis se activan espontáneamente estos canales solidarios, y desde La Izquierda Diario no podemos menos que difundir estas iniciativas y ponernos a disposición de la ayuda que se necesite.
Lo que no resuelve el gobierno, lo resuelve la solidaridad obrera y popular. Y en ese sentido, el recorte de los salarios a estatales, justificado como una medida de “solidaridad pura” está cargado de cinismo, mientras las grandes empresas, las arroceras, las cadenas de supermercados, o la banca extranjera no han sido “solidarios” y, por el contrario, el gobierno les garantiza sus ganancias millonarias.
Pero la solidaridad no se impone, sino que se concreta y se retribuye, así ha sido y así será.
Aquí queremos dar algunos ejemplos de brigadas, ollas populares y otras iniciativas, que están en marcha, pero dejamos este enlace para que a quien le interese, puede ver el conjunto de iniciativas:
Es el caso de la Brigada Solidaria de La Paz, en el departamento de Canelones, impulsada por trabajadores de distintas ramas que tuvieron esta iniciativa para poder ayudar a la población de riesgo. Inicialmente la ayuda era para hacer los mandados a gente adulta mayor o que, por alguna patología o enfermedad pre existente, no pueden salir a la calle. Pero luego vieron que la necesidad era más grande que eso, ya que también se fueron que vendedores ambulantes, feriantes y otros trabajadores informales se estaban quedando sin el ingreso diario, ni para ellos, ni para sus familias.
La Izquierda Diario Uruguay conversó con Pablo Sequeira, trabajador de Montevideo Gas e integrante de la Brigada, quien nos contó que:
“ahí abrimos más la cancha y se conformó un grupo de gente muy variada, y se sigue sumando gente, para atender esta necesidad. Ahora estamos juntando alimentos no perecederos y se los entregamos a los vecinos y vecinas que lo necesitan. Para ello, conseguimos dos lugares de recepción de alimentos, que son dos bares de la zona, y también un local para hacer acopio de la mercadería. Durante estos primeros días entregamos unas 25 raciones, pero creemos que esto se va a desbordar en cualquier momento, y vamos a necesitar más voluntarios, más donaciones y más ayuda. En una ciudad como ésta donde nos conocemos todos, estamos conectados para no dejar sin comida a nadie. Esto lo hacemos con mucho orgullo y satisfacción por resolver una necesidad, que debería estar resolviendo el gobierno, pero que apunta a mantener entre nosotros un espíritu colectivo y solidario”.
Otra experiencia a resaltar es del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Vía Pública (SITVIP) quienes, ante la emergencia de su propio sector que vio cortada totalmente la posibilidad de generar ingresos en la calle, se vieron en la necesidad de montar una olla popular en La Casa de Enfrente, local recuperado ubicado frente al Palacio Legislativo, en Montevideo.
Vendedores ambulantes y artistas callejeros hoy no pueden trabajar, no solo por evitar salir a la calle, sino que en la calle directamente no hay gente. Son de los sectores para los que el gobierno aún no ha dado ninguna respuesta.
La Izquierda Diario Uruguay conversó con Facundo Faroppa, miembro del Sindicato, quien nos pintó un panorama tétrico al interior del gremio:
“La iniciativa partió de una asamblea donde llegamos a la conclusión que nuestro trabajo en particular estaba muy expuesto y la necesidad de repartir alimentos iba a ser inminente tarde o temprano. Como nos ha caracterizado siempre, nuestras medidas son colectivas y tendemos puentes a todas y todos los compañeros en una actitud solidaria. La olla popular está abierta a toda persona que lo necesite y abierta a toda persona o colectivo que quiera colaborar”.
Por último, presentamos aquí la experiencia del Sindicato del Taxi (SUATT) quienes también vieron perjudicados directamente sus ingresos. Si bien la mayoría cuenta con un salario fijo, este un insignificante y debe sí o sí ser compensado con porcentajes de cada viaje realizado. Por estos días de cuarentena, y siendo que los taxistas no han dejado de salir a la calle, hubo días en que se han llevado a su casa menos de $ 500 trabajando haciendo turnos de 12 horas.
En conversación con Damián Fernández, Secretario General del SUATT, nos informó que:
“No es una olla solamente de nuestro sindicato, sino que surge de una coordinación de sindicatos: AUTE, SINTEP, UFC, SUGU, UF y otros. En nuestro gremio particular hubo una baja importante en la recaudación, y eso implica una baja salarial. Lo que implementamos en primera instancia fueron unos bolsones de comida a precios económicos, que fue la primera respuesta frente a la crisis. Luego, conversando con compañeros de otros sindicatos, enseguida surgió la necesidad de implementar una olla popular. Para evitar la aglomeración de gente, lo que hacemos es cocinar en nuestro sindicato, que la gente venga a retirar viandas, y no solo de nuestro gremio sino de otros gremios y gente en general, cualquiera puede retirar la vianda.
Además, pudimos montar una red de distribución con las cooperativas que integran nuestro sindicato, y para las situaciones de edad avanzada o impedimento de acercarse al sindicato, nosotros se lo llevamos a su casa. Por suerte se han entregado más de 600 viandas, y la distribución está saliendo bien. Nosotros estamos todos los días, mañana (por el domingo 29) es el último día que estaremos en nuestro local en Clemente César 2291, y luego estaremos en el local de AUTE, porque la idea es ir rotando de lugar. Y además de los sindicatos, también están presentes las agrupaciones de diferentes sindicatos, que venimos coordinando no solo en lo económico sino en la ayuda militante. Y con mucha alegría tengo que contar que también se sumó la comunidad, vecinas y vecinos del barrio Aguada han dado una mano también”.

Justiniano González
Karina Rojas

Domingo 29 de marzo | 19:45

Patricia Robaina y “El río de las cianobacterias”

La cantora realizó una composición a partir de la conocida melodía “Río de los Pájaros” de Aníbal Sampayo, y la utilizó para denunciar la existencia de cianobacterias, la contaminación ambiental y el proyecto de UMP2.

De forma locuaz y creativa, Patricia Robaina adaptó la melodía de Aníbal Sampayo para hacerle honor al canto político. En esta ocasión, produjo un tema llamado “El río de las cianobacterias”, donde recorre las características del modelo extractivista de Uruguay, modelo que se expresa en muchas de las acciones del anterior gobierno frenteamplista, por ejemplo, con la sanción de la Ley de Riego que, sencillamente, privatiza los cursos de agua que circulen por predios privados, lo que genera además de una apropiación de un recurso básico, una modificación en la composición del agua y produce bacterias y contaminación.
Durante todo su segundo mandato de gobierno, el ex presidente Tabaré Vázquez se preocupó por cerrar el acuerdo con la finlandesa UPM para instalar una segunda planta de procesamiento de pasta de celulosa, a costa de que el Estado Uruguayo debiera invertir millones de dólares para una industria que no nos deja nada y que se lleva nuestros recursos naturales. Esta iniciativa obtuvo un importante rechazo popular, pero el Frente Amplio siguió con su idea, desconociendo a la mayoría de la población.
En su adaptación musical, Patricia intenta advertir que “Se ríen los empresarios de lo que nos va a pasar” si permitimos que UPM se instale nuevamente, y si permitimos que el modelo extractivista se perpetúe.
Y también: La represión del jueves, UPM y la resignación de “lo posible”
Más recientemente, este verano vimos las playas uruguayas llenas de cianobacterias, producto de un cambio en la temperatura del agua causada por los desechos industriales. Esta situación, además de que resintió el turismo, generó la imposibilidad de no poder utilizar las playas y causó varios perjuicios.
Patricia Robaina es cantora, compositora, investigadora, murguista y comunicadora uruguaya. Pero además es una comprometida militante social, y ha sido solidaria con distintos conflictos de lucha.

Karina Rojas
Domingo 29 de marzo | 20:03

India: 1300 millones expuestos sin red frente al coronavirus

La catástrofe que se avecina

El gobierno derechista de la India, encabezado por el primer ministro Narendra Modi, decretó esta semana una cuarentena por el término de 21 días, que alcanza a 1.300 millones de habitantes, ante el temor de que, en un corto plazo de días, comience la disparada de contagios de coronavirus en ese país.
El cuadro de explosividad que supone esta amenaza que avanza sobre el país asiático, está dada por las condiciones de vida y de trabajo de la población de uno de los países más poblados del mundo. “Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al menos el 90% de la fuerza laboral en India trabaja en el sector informal” y “la mayoría no tiene acceso a pensiones, bajas por enfermedad, ni vacaciones remuneradas y no cuenta con un seguro médico” (BBC News, 25/3).
Esto deja librados a su suerte a millones y millones de trabajadores y a sus familias que no tendrán ningún ingreso en el curso de las tres semanas de aislamiento. Esto cuando más de 360 millones de personas (casi el 30% de la población) vive bajo el umbral de la indigencia.
Aunque los casos computados de contagios (cerca de 600) y de muertos (12) son relativamente bajos, varios expertos han declarado a la prensa que, en realidad son datos poco veraces y que la razón es que se han realizado escasos testeos entre la población.
Una proyección realizada por especialistas, “sugiere que el país podría llegar a tener unos 300 millones de casos, de los cuales cuatro o cinco millones podrían ser graves” (ídem), es decir con riesgo de muerte, cuando la epidemia se desarrolle y extienda como se espera que suceda.
Ante este cuadro, que convertiría a la India en, quizá, el país con la mayor expansión de la pandemia en el mundo y también con la mayor cantidad de muertes, los expertos advierten sobre la dificultad que entrañará enfrentar la expansión del virus, ya que el sistema sanitario indio “sólo tiene un hospital público por cada 55.000 habitantes” (El País, 27/3).
Es una fotografía conocida la de la imagen de las ciudades indias superpobladas, donde millones de personas viven hacinadas en sus viviendas, con también millones de trabajadores que se desplazan de una ciudad a otra para tratar de conseguir un trabajo o para realizar alguna actividad que les permita subsistir a ellos y sus familias, en un cuadro de total informalidad como el que da cuenta la OIT.
El hacinamiento es tal que “alrededor del 75% de los hogares indios con una cantidad promedio de cinco miembros (unos 900 millones de personas en total) vive en espacios de dos habitaciones o menos” (BBC News, 25/3).
Según surge de datos del propio gobierno indio, la falta de medios sanitarios es resultado de la inversión mínima del 1,28% de su PIB en sanidad. “Las insuficiencias médicas condenan al sector más desfavorecido del país” que “queda expuesto al coronavirus en entornos insalubres que ya eran caldo de cultivo de enfermedades” (ídem).
El gobierno tiene que armar una enorme planificación para garantizar las líneas de suministro de alimentos para más de 1.300 millones de personas. Pero, además y fundamentalmente, se trata de cómo va a sobrevivir la inmensa población trabajadora ya que en una economía en gran parte informal, el confinamiento significa la pérdida total de ingresos para centenas de millones de personas.
Ante la miseria histórica de este país, asolado durante decenas de años por la explotación colonial británica y luego por los sucesivos gobiernos de distinto signo (la mayor parte de los cuales correspondió al Congreso Nacional Indio) que mantuvieron las temendas diferencias sociales entre una clase de grandes millonarios y una masa de la población viviendo en condiciones de miseria, el cuadro actual tiene un componente explosivo.

Represión

Analistas indios dijeron a BBC News que el gobierno teme que “la gente rompa la cuarentena” y que se generen “disturbios sociales”. Por esa razón, Modi puso rápicamente en las calles a las fuerzas de represión y, como trascendió en muchos videos, agentes armados con palos han golpeado a las personas que paseaban por la calle, mientras que otros, “han optado por obligarles a hacer sentadillas y flexiones”, al igual que la policía y los gendarmes en las barriadas obreras de nuestro país.
El primer ministro justificó el "encierro total" con el planteo de "salvar" al país, "a sus ciudadanos y a las familias" y acotó que "es imposible imaginar el costo que India tendrá que pagar si continúa su comportamiento irresponsable”, en referencia a quienes no cumplieron el aislamiento voluntario que había sido decretado días antes.
Así, la responsabilidad de enfrentar a la pandemia la hace recaer exclusivamente sobre la población que vive en condiciones de miseria, para la que aún no anunció ninguna medida que garantice su subsistencia, ni que cambie las condiciones de hacinamiento en la que vive la mayoría. Y, así también, justifica la represión.

Un gobierno criminal

Este cuadro encuentra al pueblo indio con un gobierno derechista, defensor a ultranza del repetido cuadro de explotación y miseria, alineado con Donald Trump y que hace apenas unos meses hizo aprobar en el Parlamento una ley discriminatoria de la minoría musulmana, constituída por unas 200 millones de personas, la mayoría pobres, por la cual los deja como ciudadanos de segunda, con el objetivo de generar una división en la clase obrera india.
Las movilizaciones que se hicieron contra esta ley fueron ferozmente reprimidas por bandas parapoliciales armadas al amparo del gobierno con el resultado de unos 30 manifestantes muertos. Esas mismas bandas “irrumpieron recientemente en los campus universitarios para atacar a los estudiantes”.
Así, la catástrofe que se avecina seguramente va a llevar a la quiebra de la cuarentena y a “disturbios sociales” como teme el gobierno. La lucha contra la pandemia y contra el hambre está en manos de las masas.

Nelson Marinelli

Descuentos salariales a estatales y exoneraciones a empresarios

El anuncio de Lacalle Pou, lleno de demagogia y retórica, recorta salarios medios, pero mantiene beneficios para los sectores más poderosos. La solidaridad mal repartida esconde el cinismo de perpetuar los privilegios de clase.

En conferencia de prensa, ayer el presidente Luis Lacalle Pou anunció formalmente la decisión de un recorte salarial a la plantilla laboral estatal para crear el Fondo Coronavirus y así contribuir a paliar la situación de los sectores más vulnerados.
El recorte será de un 10 % en salarios a partir de $80 mil y de un 20 % a partir de los $100 mil por dos meses, y abarca tanto al funcionariado público como a los cargos políticos y a las jubilaciones militares.
El presidente aclaró que “no es una medida simpática, pero es una medida solidaria”. “Esto es solidaridad pura” sentenció, y así bajaba el martillo en la reducción compulsiva de un porcentaje de los salarios estatales.
La medida tiene mucho de demagogia, y fue presentada como un esfuerzo que debemos hacer todos, mostrando que, si el sector privado ya venía afectado, ahora también le tocaba el turno al sector público. Con esta medida, el gobierno busca enfrentar a los trabajadores públicos con los privados y desempleados o no registrados, e impone la “solidaridad” de quienes tienen ingresos medios hacia quienes no llegan a fin de mes.
Sin embargo, es una medida que, mientras ataca el ingreso de los sectores medios, mantiene sin tocar la ganancia de los grandes empresarios, la renta del gran capital, o las utilidades de las grandes patronales que, en estos momentos de terrible crisis, siguen beneficiándose – o por lo menos no pierden – ya que el gobierno las ha exonerado de impuestos y permitido los seguros de paro en todas las ramas y sin causa.

La clase trabajadora debe ser – y es – solidaria, pero, ¿y los grandes empresarios?

Sabemos que siempre que hubo momentos de crisis económica y social, fueron los sectores de la clase trabajadora organizada los que salieron solidariamente a montar ollas populares, merenderos y comedores para colaborar con quienes están peor.
Cientos de ejemplos podemos mencionar donde este tipo de iniciativa solidaria se realiza de forma casi espontánea y desde los mismos sectores de base de las organizaciones sindicales y territoriales. Son reacciones lógicas y necesarias que pretenden mantener los lazos de solidaridad en el conjunto de las clases populares, y refuerzan la identidad (de clase) y la conciencia social.
Pero la solidaridad así planteada por el gobierno liberal de Lacalle Pou es utilizada para ocultar que hay grandes ganadores en momentos de crisis, y que se han venido beneficiando durante todos estos años.
¿Cuáles son estos sectores que se siguen beneficiando, y hasta lucran en el medio de la crisis?
Podríamos mencionar a los laboratorios y las grandes cadenas farmacéuticas, a los fabricantes de insumos para la salud, a las cadenas de supermercados, a las arroceras y toda la agro-industria destinada a la exportación, a la banca extranjera, y a otros sectores como las empresas de logística, las que operan en el puerto, etc.
Todos estos sectores se han venido beneficiando en tiempos del Frente Amplio en el gobierno, y ahora lo hacen también en tiempos de crisis del Coronavirus. Pero parece que para el presidente Lacalle Pou, estos sectores no deben hacer ningún esfuerzo ni gesto de solidaridad. Es que Lacalle Pou gobierna para ellos, y siempre va a legislar para que las crisis las paguen los trabajadores y el pueblo, y así preservar la ganancia capitalista.

Ajustar a la ganancia, y no al salario

Desde sectores del PIT-CNT han salido a objetar que la medida viola el espacio de negociación colectiva, pero siguen manteniendo su condescendencia con la mayoría de las medidas del gobierno blanco, que se ha basado en habilitar a las patronales la posibilidad de mandar al seguro de paro a toda la plantilla laboral, inyectar una suma de dinero para fortalecer los dispositivos de asistencia social a los más pobres, mientras ha exonerado y reducido impuestos a los empresarios y protege sus ganancias - que no son del orden de un salario de $100 mil, sino que estamos hablando de grandes sumas de dinero.
Frente a la parálisis del PIT-CNT, es necesario que la clase trabajadora se plante firme en proteger el salario, impidiendo en primer lugar que sigan avanzando los despidos, que la cuarentena se realice con el salario al 100 % pagado por las empresas, que los seguros de paro en las ramas afectadas sea al 100 % del salario y que se garantice el ingreso del sector informal de la economía que, según algunos registros, llega a unos 300 mil personas que tienen distintas formas de precariedad laboral.
Es necesario exigir que se ajuste a la ganancia capitalista, y que nadie se beneficie con esta crisis: que los grandes laboratorios, tanto extranjeros como nacionales, pongan sus instalaciones y capacidad logística para la producción de insumos, y que estén controlados por sus propios trabajadores para evitar que los capitalistas retaceen la ayuda. Se debe ajustar a los capitalistas a partir de imponer mayores impuestos a las grandes fortunas, y que verdaderamente pague más quien tiene más.
Hay que poner todos los recursos disponibles al servicio del combate al Coronavirus: por eso hay que aumentar los impuestos a las exportaciones de los monocultivos como la soja, a los grandes frigoríficos que también exportan, o al capital financiero que sigue moviéndose en función de la especulación y la renta usurera.
Hay que dejar de pagar la deuda externa y destinar esos fondos a subir el sueldo a las trabajadoras y trabajadores de la salud que se están exponiendo a la pandemia pero que siguen firmes sosteniendo el (colapsado) sistema de salud, y aumentar el presupuesto de la salud. Hay que privilegiar la deuda con el pueblo trabajador, y no con los organismos internacionales que lucran con nuestra necesidad. Esto es exactamente lo contrario a lo que viene haciendo el gobierno que hoy nos endeuda nuevamente.

El capitalismo merece ser cuestionado

Es mentira que “salimos todos juntos de esta”. La historia nos enseña que, en tiempos de crisis, las clases poderosas descargan los costos sobre las clases más empobrecidas, y el capitalismo logra capear los vaivenes económicos destruyendo fuerzas productivas, arruinando la vida de importantes sectores, hundiendo en la pobreza a franjas de trabajadores y trabajadoras y, como el ave fénix, las clases más poderosas consiguen “resurgir” – de forma senil y más concentrada – y proteger sus privilegios de clase.
Este sistema capitalista, basado en la desigualdad social y económica - a la vez que en múltiples opresiones (de género, de etnia, etc.)- no puede darnos otra salida que esta: miseria para muchas y muchos, y privilegios para las y los de siempre.
Este sistema merece ser cuestionado: el daño a la naturaleza, al medio ambiente y el atentado a la vida de millones de personas y de seres vivos no tiene por qué ser un destino inevitable. Es un desafío para los sectores de la izquierda instalar la necesidad de superar este sistema social. El Frente Amplio, que es parte de este régimen político, que gobernó durante 15 años gestionando responsablemente el Estado, no se plantea este cambio societal. Sin embargo, es hora de pensar en una verdadera izquierda anticapitalista y revolucionaria que plantee una alternativa, antes que el capitalismo nos lleve a la barbarie.

Karina Rojas
Viernes 27 de marzo | 14:53

Uruguay: test para COVID-19 desarrollado por la Universidad de la República comienzan a utilizarse esta semana

Sumando el desarrollo de kits por parte de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur, Uruguay intentará mejorar sus niveles de testeo para COVID-19.

El día sábado 28 de marzo el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, la Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo firmaron un acuerdo para aumentar la capacidad de diagnóstico de COVID-19 mediante el uso de test desarrollados localmente. (Ver anuncio del Instituto Pasteur de Montevideo).
Uruguay detectó su primer caso positivo el 13 de marzo y desde dicha fecha fueron aumentando día a día hasta alcanzar este domingo los 309 casos positivos. Con una tasa de testeo de aproximadamente 200 por día, Uruguay estaba realizando 57 test por día por millón de habitantes, muy por debajo de los promedios de otros países de la región (pero bastante por encima de Argentina, que estaba haciendo para ese momento menos de 30 por día por millón). Esto provocó malestar en trabajadores de salud, población de riesgo y personas que presentaban solo algunas de las condiciones de caso sospechoso (síntomas, viaje a zona de riesgo o contacto con algún caso positivo) por no poder acceder al test o no haber claridad sobre los criterios. El descontento se profundizó cuando, la semana del 16 de marzo, el presidente Lacalle Pou anunció recortes salariales en el sector estatal, incrementos tarifarios en abril y beneficios al sector empresarial como medidas para enfrentar la crisis sanitaria, abogando a la farsa de “el esfuerzo es de todos”, como si fuera el mismo esfuerzo un plato menos de comida, para les trabajadores, que unos meses con retracción en sus ganancias, para los empresarios (verla nota de nuestros corresponsales de La Izquierda Diario Uruguay: Descuentos salariales a estatales y exoneraciones a empresarios). El primer muerto por coronavirus el sábado 28 apuró los anuncios del gobierno de sumar a la compra de kits de testeo el desarrollo de una serie local que venía trabajando la Universidad de la República y el Instituto Pasteur.
El 18 de marzo científicos del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) y del Laboratorio de Evolución y Experimentación de Virus del Instituto Pasteur, anunciaron en los diarios locales sus avances en el desarrollo de un kit de testeo de producción local que resultase más económico que los que se vienen ofreciendo en el mercado internacional. Diez días después, estos laboratorios junto al Ministerio de Salud de Uruguay anunciaron que los kits ya están validados y comenzarán a usarse esta semana. Según declaró Luis González, presidente de la Junta Nacional de Salud de Uruguay, al periódico El Observador: “Uruguay comenzará a partir de la semana que viene a realizar aproximadamente 1000 tests de diagnóstico por día.” Estas cifras significarían para Uruguay, 290 test diario por millón de habitantes, ubicándolos por encima de Alemania, que realiza 277, Corea del Sur con 205 o Argentina que este fin de semana alcanzó los 95. Sin embargo, trabajadores de salud y el propio sector científico, que conocen la realidad con la que trabajan día a día, saben que el ambicioso plan llevará varios días de acondicionamiento, equipamiento y capacitación. Además, de que aún no hay información clara sobre la llegada de los kits que se compraron fuera del país y sobre qué otras medidas se están tomando para equipar y acondicionar los centros de salud para posibles internaciones. Sin embargo, el desarrollo del test local mostró una vez más la función social que históricamente han cumplido las Universidades públicas. Contraponiendo con hechos a las declaraciones que en campaña Lacalle Pou hizo sobre limitar el ingreso y reducir gastos utilizando más las herramientas virtuales.
Juan Cristina, Jefe de Laboratorio de la Facultad de Ciencias y miembro del grupo de investigación que desarrollaron el test local, del que destacó la labor de Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, en conversación con el periódico El País de Uruguay, dijo que cuando se conoció la noticia de una nueva infección de coronavirus en China y, semanas después, estuvieron disponibles los protocolos de testeo, junto a su equipo de laboratorio se pusieron a trabajar para la producción local del kit. Es por eso que el test que desarrollaron sigue los lineamientos de los ensayos que puso a disposición la OMS pero con una producción local que abarata los costos y evita las limitaciones que impone la demanda, prácticamente, en el mundo entero. (Ver nota aquí)

La importancia del testeo masivo

En La Izquierda Diario venimos sosteniendo la importancia de avanzar con el testeo masivo, clave para dirigir los recursos y las medidas de distanciamiento social, tal como plantea el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "test, test y más test". Tener un diagnóstico adecuado de las regiones, los niveles y la expansión de la infección, es la mejor manera para poder efectuar un distanciamiento social y un confinamiento planificado en función del desarrollo de la infección. Conociendo el desarrollo de la infección a través de los test, se puede administrar y organizar de forma anticipada los recursos de atención social, económica y sanitaria. Como así también, realizar pruebas diagnóstico es fundamental para cuidar a les trabajadores de salud y de todos los servicios esenciales como producción de alimentos, transporte, energía y comunicaciones.
A principios de marzo en Argentina, mientras el Ministro de Salud Ginés González García se mostraba tranquilo frente al coronavirus, varies científiques y centros de investigación se comunicaron con las correspondientes autoridades ministeriales para ofrecer instalaciones y personal para realizar las pruebas diagnóstico, así como también, propuestas de líneas de investigación. (Ver documento de voluntarios aquí)
Así fue como el 18 de marzo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció la conformación de la “Unidad Coronavirus COVID-19” y el plan de descentralización de las pruebas diagnóstico a 35 centros, que aún continúa en proceso, y el anuncio de refuerzos presupuestarios para aquellos grupos que tuvieran líneas de investigación en desarrollo relacionadas a coronavirus. El 27 de marzo el MinCyT lanzó la convocatoria a presentación de proyectos “vinculados al diagnóstico, el control, la prevención, el tratamiento, el monitoreo y/u otros aspectos relacionados al COVID-19 con fecha abierta hasta el 10 de abril.”
Hasta el momento no hay anuncios específicos sobre los grupos y las líneas de investigación que se están preparando.
En momentos tan críticos del desarrollo de la pandemia, se convierte esencial la producción local de los test, así como otros insumos de uso hospitalario y de seguridad para les trabajadores de transporte, fábricas de alimentos y productos de higiene, por ejemplo, que siguen asistiendo a sus trabajos. Esto no solo reduce costos, sino también permite cierta independencia de las especulaciones y vaivenes del mercado internacional. Un plan integral que unifique y centralice los recursos de los laboratorio privados con los del sistema público, tanto a nivel sanitario como científico, permite una mejor planificación y distribución de los recursos, así como también, la posibilidad de reconversión de la producción en función de las necesidades actuales. Y a nivel global, hoy más que nunca se evidencia la necesidad de la cooperación entre los sistemas científicos de los diferentes países, a contramano de la competencia y especulación que promocionan las megacorporaciones de las biotecnociencias.

Constanza Rossi
Licenciada en Biología (UBA) @ConstanzaRossi5
Lunes 30 de marzo | 12:40

Sobre la “solidaridad” del Banco Mundial y el FMI

Los dos organismos multilaterales de crédito más importantes, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, solicitaron en un comunicado conjunto la suspensión de los pagos de la deuda soberana de los países más pobres que así lo reclamen.
El comunicado está dirigido a las potencias que son acreedoras bilaterales de los países que integran la nómina de la Asociación Internacional de Fomento, compuesta por 76 países principalmente de África y Centroamérica (pero también de otras regiones como Pakistán, Nepal, Siria y Yemen), considerados los más pobres del sistema financiero internacional. Argentina, que enfrenta un quebranto de la deuda soberana, no integra este listado.
En estos países vive un cuarto de la población mundial y dos tercios de sus habitantes se encuentra en situación de pobreza extrema. Según ponderan el FMI y el BM, la pandemia del coronavirus puede hacer estragos tanto sanitarios (por las peores condiciones de vida, de salud y su densidad poblacional), como también sobre sus economías. Los organismos plantean al G20 analizar propuestas para atender un panorama de insostenibilidad de las deudas en cuestión.
Esta preocupación empalma con el anuncio del FMI de inyectar un billón de dólares en préstamos, mientras que los gobiernos del G20 calcularon que sus esfuerzos por aminorar la recesión mundial suman unos cinco billones de dólares. El Banco Mundial anunció por su parte un plan para proporcionar 160.000 millones de dólares en rescates financieros durante los próximos 15 meses, que incluye salvatajes a grandes capitalistas: “la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), nuestro brazo del sector privado, ya está trabajando en nuevas inversiones en 300 empresas”.
En el directorio del Fondo están obsesionados por aumentar la liquidez (la disponibilidad de dinero), para lo cual propusieron recrear –como se hiciera en la crisis financiera de 2008/09- los Derechos Especiales de Giro para aumentar la disponibilidad de reservas internacionales de los países miembros. Además propusieron expandir mecanismos como los swaps y duplicar la capacidad de emitir financiamiento de emergencia de los países acreedores para aliviar la carga de la deuda de las naciones más pobres. Esto cuando, según sus datos, “los inversores ya han retirado 83.000 millones de dólares de los mercados emergentes desde el comienzo de la crisis, la mayor salida de capital jamás registrada”.
¿Qué hay detrás de esta “solidaridad” del Banco Mundial y el Fondo Monetario para con los países más pobres? Simplemente, apuntan a salvar el sistema monetario internacional de un dislocamiento generalizado.
Por un lado, estos planteos son un tiro por elevación para presionar a China, el principal prestamista de las naciones más atrasadas y que no es miembro del Club de París –el pool de los mayores prestamistas del mundo. La crisis mundial detonada por la pandemia, como se ve, agudiza la guerra comercial internacional –como lo muestra el mercado petrolero-, lo cual a su vez obstaculiza un abordaje coordinado elemental para combatir al coronavirus.
Pero en primer lugar buscan evitar un quebranto en cadena que afectaría a los propios prestamistas y generaría un cuadro caótico. “Muchos países van a tener que reestructurar totalmente sus deudas e incluir quitas”, declaró el titular del Banco Mundial al dar a conocer el anuncio. El Líbano, que no está incluido en el listado, acaba de defaultear sus vencimientos de deuda. Los organismos no plantean desconocer las deudas sino un corrimiento de sus vencimientos, mientras se discute una renegociación global que incluya también a los acreedores privados.
Si bien el pedido del Banco mundial y el FMI está dirigido a los préstamos que fueron otorgados de un país a otro, a través de entidades y organismos públicos, el rescate apunta también a salvar a la banca. Si muchos analistas se esfuerzan en diferenciar la crisis actual de la de 2008 por una solidez mayor del sistema bancario, estas medidas son una confesión de que estas deudas son impagables. Los planteos del Fondo y el Banco Mundial constituyen un intento por evitar que todos estos activos deban pasarse a pérdida como créditos incobrables.
Los países atrasados serían así un tubo de ensayo para un salvataje. Estos, al igual que otros no incluidos en esta propuesta pero con situaciones muy comprometidas, como Argentina o Turquía, no pueden recurrir a las medidas que están adoptando las potencias imperialistas, porque la relajación monetaria (baja de tasas) y los paquetes de estímulo fiscal (mientras caen sus ingresos por exportaciones) agravaría la devaluación de sus monedas en momentos en que sufren aumentos inflacionarios. Históricamente, además, en estos países las reducciones de las tasas de interés no derivan en un crecimiento económico sino en una mayor figa de capitales.
Los organismos multilaterales, entonces, pretenden rescatar al corazón del sistema financiero mundial. La Reserva Federal de Estados Unidos ve con preocupación tanto el encarecimiento de su moneda como la mayor demanda de dólares de los llamados emergentes, que tiende a incrementarse por las exigencias de los vencimientos de deuda. La FED rechaza convertirse en el banco central del mundo (Bloomberg, 26/3), y cargar así con los tormentos financieros de Estados al borde de la quiebra.
El planteo del Fondo Monetario y el Banco Mundial es un eslabón más de la cadena de salvatajes al capital, con la intención de evitar una ola de quebrantos que amenaza con impactar de lleno en el nervio de la economía mundial capitalista, que es el sistema financiero.

Iván Hirsch

Brasil: el coronavirus y Bolsonaro, un cóctel letal

Con más de 30 muertos y 2 mil infectados, Brasil se ha convertido en el país latinoamericano más afectado por el coronavirus. Y si bien el gobierno de Jair Bolsonaro ha dictado el estado de calamidad pública, que le permite burlar las metas de déficit fiscal para contar con mayores recursos materiales, hasta el día de hoy se niega a reconocer el alcance catastrófico que puede tener la crisis y se niega a aplicar las medidas necesarias para enfrentarlo.
La tosudez del gobierno frente a la enfermedad no ha obstado para que se lance a un rescate de las patronales, toda vez que la pandemia va a producir estragos económicos. Este lunes, Bolsonaro habilitó a las empresas a dejar de pagar los sueldos por hasta cuatro meses y suspender los contratos de trabajo, anticipar vacaciones, computar la cuarentena como parte de un banco de horas (o sea, que ésta deba ser compensada con futuras jornadas superextenuantes de trabajo) y todo un tropel complementario de medidas antiobreras.
Pese a que Bolsonaro debió recular en pocas horas en el primero de los puntos, debido a la conmoción popular que provocaron los anuncios, siguen en pie el resto de los ataques. Además, sin esperar ninguna normativa, las patronales ya se han lanzado a una poda brutal del salario. En la misma línea, el Ministerio de Economía autorizó una rebaja salarial del 20% de los trabajadores estatales durante la pandemia.
El gobierno brasileño busca transferir la crisis sobre los hombros de los explotados. La pandemia ha barrido con las promesas oficiales de un despegue económico. Se estima que el PBI brasileño se puede contraer hasta 10% en el año. La Bolsa es la que ha sufrido la mayor caída del mundo: un 52% en dólares con respecto de enero, en tanto que el real se cotiza arriba de las 5 unidades por dólar, siendo una de las monedas que más se devaluó junto al peso mexicano, el rublo y la corona noruega (Brasil 247, 23/3).
La pandemia ha agravado también la crisis política. Bolsonaro protagonizó durísimos choques públicos con los gobernadores de San Pablo y Río de Janeiro (ambos de derecha), que han lanzado por su cuenta las medidas de cuarentena que el ex capitán de navío resiste. Estos mandatarios cuidan su propia supervivencia ante una situación de crisis extrema.
También se han agudizado los choques entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El 15 de marzo pasado, Bolsonaro participó de un acto en Brasilia, donde se reclamó el cierre del Parlamento, y que sólo reunió un puñado de seguidores debido a la pandemia. Pese al fracaso de la medida, mostró las tendencias bonapartistas que caracterizan al gobierno actual. Los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado, Rodrigo Maia y Davi Alcolumbre (ambos de Demócratas, una formación de “centro”), cruzaron a Bolsonaro tanto por el acto como por la gestión frente al virus.
En este contexto de crisis del gobierno, hay sectores del PT que están impulsando un acuerdo “amplio” contra Bolsonaro. El ex canciller Celso Amorim, por ejemplo, propulsa un frente opositor junto a sectores de la izquierda y del “centro”. “El PT se tiene que abrir”, le dijo a La Nación (23/3). Con un acuerdo de estas características, el PT se postularía como relevo político ante la crisis y buscaría reconquistar el apoyo de las grandes empresas, aunque al precio de anudar un acuerdo con algunas de las fuerzas que impulsaron el golpe contra Dilma Rousseff en 2016. Sería un sinsentido: “salvar a la democracia” en un frente con golpistas.

Las masas

La desastrosa gestión frente al coronavirus ha disparado el repudio popular contra el gobierno. Este ha adoptado la forma de cacerolazos masivos en los que repiquetea la consigna “Fuera Bolsonaro”.
El movimiento obrero, pese a que ha sido golpeado por una serie de derrotas (imposición de la reforma previsional, despidos masivos en el petróleo), ha salido a defender sus reivindicaciones ante la crisis. Los metalúrgicos del ABC han ido a la huelga y arrancaron en varias plantas la licencia remunerada. Los trabajadores de los call centers, que realizan sus labores hacinados y en condiciones muy propicias para el contagio, han protagonizado protestas en los lugares de trabajo de varias ciudades que desafían la “esencialidad” dictada por el gobierno de Bolsonaro y el despotismo patronal. Entre los petroleros crece el malestar, pues no se han paralizado las actividades no esenciales.
En estas condiciones, el principal freno a la lucha de las masas lo constituyen las direcciones sindicales. La CUT, ligada al PT, ha impulsado una declaración junto a otras centrales (como Fuerza Sindical, CTB y UGT) que cuestiona las últimas medidas de Bolsonaro, pero no plantea ningún plan de lucha ni reclama la suspensión de las actividades no esenciales. Dicha declaración pone el centro de gravedad en una exhortación a las mismas instituciones del régimen. “Que el Congreso Nacional asuma el protagonismo”, demanda. Pero buena parte de ese Congreso es el mismo que votó la destitución de Rousseff y está completamente manchado por los sobornos.
Es necesario un programa obrero frente a la crisis, como parte de la lucha para echar a Bolsonaro-Guedes y su plan de guerra contra las masas.

Gustavo Montenegro

¿Renta de emergencia o salario digno frente al #coronavirus?

La Intersocial (Pit-Cnt, Feuu, Onajpu y otras) propone que el Estado otorgue una renta transitoria de emergencia, pero no rechaza las exoneraciones otorgadas a las patronales ni los envíos masivos al seguro de paro. Tampoco se mete en la (ineficiente) política sanitaria del gobierno, que no hace tests masivos y sigue sin saber la ruta de la pandemia.

En el día de ayer se realizó la reunión de la Intersocial, integrada entre otros por el PIT-CNT, la FEUU, la ONAJPU y la Intersocial Feminista. En la misma se acordó una plataforma en común para reclamar al gobierno. Veamos sus principales aspectos.
Antes, cabe preguntarse por qué esta plataforma se decide entre unos pocos y pocas, y no por la base de todas las organizaciones que integran la Intersocial. Nadie consultó a la base de sus propias organizaciones, como para tomar una medida tan importante frente a la pandemia.

1- Renta transitoria de emergencia: se propone una renta básica para aquellas personas que no pueden ver garantizados sus ingresos: estamos hablando de las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, vendedores ambulantes, trabajadores que viven de changas, monotributistas, empleados por las aplicaciones de deliverys, etc. Son una gran masa laboral, que muchas veces esconde relaciones laborales de dependencia, pero que, por la precariedad laboral, no pueden garantizar su sustento. Tampoco pueden hacer cuarentena, porque si no salen a trabajar no pueden llevar la comida a sus hogares.
La renta es sumamente necesaria, pero la Intersocial pretende que el Estado uruguayo se haga cargo de pagarla, cuando en realidad son las patronales que lucran con esos trabajadores quienes deben hacerse cargo. Por supuesto que para personas como cuidacoches o vendedores ambulantes, es el Estado quien debe hacerse cargo, pero hay que diferenciar a aquellas relaciones laborales encubiertas y no seguir apañándolas.
Además, no está claro de cuál sería el importe de la renta, que no puede ser un “subsidio” como dijo Fernando Pereira en su video emitido luego de la reunión. Un subsidio no es un ingreso mínimo que permita a una familia sobrevivir.
No podemos aceptar migajas, cuando no todos están haciendo los mismos esfuerzos. Por ejemplo, la clase capitalista no hacen ningún esfuerzo: son exonerados de impuestos por el gobierno, se les permite mandar gente al seguro de paro sin ningún tipo de justificación, y pueden hacer la cuarentena porque no trabajan, y encima cínicamente obligan a sus empleadas domésticas, a los muchachos de los deliverys, a seguir trabajando – cuando no los contagian directamente de coronavirus, como sucedió con la (tristemente) célebre Carmela Hontou.

2- Medidas de apoyo a pequeñas y medianas empresas que garanticen los puestos de trabajo: tanto el seguro de paro extensamente habilitado por el gobierno como las exoneraciones a las empresas, no garantizan la continuidad laboral, pero tampoco garantizan el salario al 100%. Por eso, no solamente hay que reclamar que, luego del seguro, las patronales no despidan, sino que hay que reclamar el seguro de paro al 100%. ¿Por qué tienen que pagar la clase trabajadora por esta pandemia, mientras a las patronales se las exonera de impuestos? ¿Por qué la Intersocial permite esta gran transferencia de recursos de los sectores asalariados a los sectores empresarios?

3- Prohibir descuentos salariales o adelanto de las vacaciones: es una demanda básica, ya que las patronales obligan a su plantilla a que adelante su licencia vacacional generada en 2020.

4- Postergar el aumento de tarifas y flexibilizar el pago de impuestos y servicios: a esta altura de la pandemia, a todas luces es necesario ya no hablar de postergación o suspensión del tarifazo previsto por el gobierno, hay que cancelar esta posibilidad directamente. No podemos pretender que quienes están en el seguro de paro, quienes ven su salario caer y caer, tengan que enfrentar un aumento de los servicios, mientras – nuevamente – los sectores empresariales, se benefician con exoneraciones.
Tampoco podemos estar por detrás de lo que ya ha sucedido en otros países. Por ejemplo, en Francia, el presidente Macron – que no es caracterizado como de izquierda – debió eximir del pago de los impuestos, los servicios y los alquileres a aquellas personas afectadas económicamente por la pandemia y que viven una situación vulnerable.
La Intersocial pide “rebaja” de las tarifas, cuando en realidad hay que pedir la exoneración de las mismas.

5- Control de precios: medida básica del Estado, que debe fijar los precios y penalizar a quienes no lo cumplan. Pero el control debe ser de los mismos trabajadores y trabajadoras de las grandes cadenas de supermercados junto a los usuarios y usuarias, para que sea verdaderamente independiente.

6- Contra la especulación y el lucro indebido: No puede ser que se permita que el alcohol en gel y otros insumos básicos no estén disponibles en el mercado o cuesten cifras desorbitantes. Hay que proveerlos de forma gratuita, y así evitar la especulación y la disparada inflacionaria.

7- Proteger con todos los insumos necesarios a los trabajadores y trabajadoras de la salud: más allá de las camas habilitadas en el sector privado para la atención de la pandemia, de la elaboración de alcohol en gel por ALUR y otras medidas, hay dos cuestiones que no se termina de entender: la primera es el nivel de desmantelamiento del sistema público de salud, que lleva hoy a que los servicios estén colapsados y que se atiendan solo casos graves, y que el personal de salud sea quien muchas veces termina sosteniendo el servicio, a pesar de no contar con los insumos básico. La segunda, es que está científicamente comprobado que la realización de tests masivos a toda la población es lo que permite conocer los focos de contagio y elaborar tratamientos según el caso, incluyendo la cuarentena no total, sino parcial por ciudades o regiones. ¡Sin los tests masivos no se sabe quién está infectado y quién está contagiando!
¿Por qué la Intersocial no reclama más presupuesto para el sistema de salud? ¿Por qué no reclaman que se destinen todos los fondos disponibles – fondos públicos y fondos privados, de los sectores más enriquecidos de la sociedad – para el combate de la pandemia? La Intersocial no cuestiona la insuficiente y pragmática política frente al COVID-19.

8- Partida presupuestaria extraordinaria para abastecer a todos los centros de enseñanza de jabón, alcohol en gel y otros insumos, cuando se reanuden las clases: este planteo es tan básico, y desde hace años está enmarcado en las peleas por más presupuesto para la educación y mejoras edilicias y de insumos, que han dado las y los docentes en 2013 y 2015, conflictos que no han tenido el debido apoyo de parte de la central sindical, por ejemplo, pero que hoy la Intersocial la incluye, como si fuera algo novedoso.

9- Elementos de higiene y seguridad para todo el transporte público y unidades suficientes: también se trata de una demanda básica. La Intersocial debería empezar rechazando el envío al seguro de paro de 1000 trabajadores del transporte de ómnibus y otros 800 se tomaron licencia (seguramente obligados por las patronales).

10- No implementar los anuncios de reducción del gasto público: más bien la Intersocial debería exigir que no haya ninguna reducción, sino un aumento del gasto público en base a generar mayores impuestos – y que sean progresivos - a las grandes fortunas, al capital financiero, a las exportaciones y a la banca extranjera.

Por último, la Intersocial convocó para este miércoles 25 a un cacerolazo y apagón de 10 minutos a partir de las 21 hs, en el marco de que no se pueden fomentar aglomeraciones.
Lamentablemente vemos cómo en la Intersocial, así como en sectores del Frente Amplio, se ha instalado la idea de que “todos juntos salimos de esta”, cuando la realidad está siendo que la clase trabajadora es la que está poniendo los recursos (vía impuestos y presupuesto estatal), está poniendo sus ingresos (vía reducción de los haberes producto del seguro de paro), está poniendo su salud (vía quienes no pueden hacer la cuarentena y deben salir a trabajar, como el personal de salud) y el gobierno pone las leyes para que los grandes empresarios sigan manteniendo sus beneficios y ganancias.

Karina Rojas
Martes 24 de marzo | 11:03

La tormenta perfecta: pandemia y crisis capitalista

Lo que se viene y cómo lo enfrentamos

Wall Street -y lo mismo se replicó a escala global- volvió a caer, a pesar de otra desesperada movida de la Reserva Federal. El Banco Central estadounidense anunció la eliminación de los límites a las compras de bonos del Tesoro y de activos respaldados por hipotecas, una decisión que, en los hechos, implica imprimir todo el dinero que haga falta para aportar liquidez a los mercados.
Pero el anuncio no impidió que los mercados sufrieran otro desplome y profundizaran su derrape por el avance de la pandemia y la guerra de precios en el mercado del petróleo. Pero, por ahora, nada indica que este colapso haya tocado fondo.
Lo que se prevén son caídas espectaculares de las grandes economías. Estados Unidos se contraería el segundo trimestre en un 14%; la Unión Europea, un 22% y China, un 30%. El informe de Deutsche Bank alerta que “la caída del PBI en el segundo trimestre, que anticipamos, excederá sustancialmente cualquier cosa registrada al menos desde la Segunda Guerra Mundial”.
Esta lluvia de dinero, sin embargo, no servirá para reactivar las economías. A lo sumo puede achicar daños, pero no está en condiciones de revertir las tendencias a la recesión que ya estaban en pleno desarrollo previo a la pandemia. Cada vez más analistas alertan que no estamos ante un crisis temporal y pasajera, “No se puede descartar la posibilidad de una depresión más larga y destructiva” (Wall Street Journal)”.

Crisis de solvencia

Lo que enfrentamos es una crisis de solvencia y no simplemente de liquidez. Un universo creciente de empresas, entre ellas, las corporaciones líderes, venía sufriendo un retroceso en su producción y ventas, así como una caída de sus precios y rentabilidad. Estas han provocado una retracción creciente de sus inversiones y, al mismo tiempo, un salto sin precedente en sus niveles de endeudamiento. Las deudas corporativas, fuera del sistema bancario, pasaron desde 48 billones de dólares a 75 billones hoy, más que tres veces el PBI anual de Estados Unidos, según el Institute of International Finance.
La guerra comercial -y agreguemos monetaria- agrava el cuadro. En lugar de una acción relativamente concertada, como existió en la crisis de 2008, cada nación o bloque actúa por su cuenta y en colisiones permanentes con los demás. Trump no se priva de azuzar a Beijing refiriéndose al “virus chino”, responsabilizándolo por la pandemia pero también a sus antiguos socios de Europa, tomando medidas inconsultas, como lo fue la suspensión de los vuelos y el cierre de fronteras.
Los choques del gobierno norteamericano hacia afuera no han logrado evitar los enfrentamientos y divisiones fronteras dentro. Muchos gobernadores han tomado distancia de Trump. Sin cuarentena general, 12 estados, representativos del 40% de la población, han resuelto el aislamiento para sus distritos en momentos en que Estados Unidos ya superó a España y se convirtió en el segundo país con mayor cantidad de casos del mundo y con más de 100 muertos en un solo día. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que las medidas adoptadas para frenar los contagios eran insuficientes, Trump planteó que las restricciones para aplanar la curva de propagación del virus eran demasiado duras.
La fractura del Estado norteamericano llega al Congreso, donde republicanos y demócratas discutían y fracasaban en su intento por alcanzar un acuerdo para aprobar un rescate fiscal para la economía. El grueso del paquete presentado por la Casa Blanca está dirigido al salvataje de las corporaciones y el sistema financiero más que a las necesidades populares. La medida aprobada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para brindar a los trabajadores una limitada licencia remunerada, por ejemplo, excluye a los lugares de trabajo con más de 500 trabajadores -o sea, casi la mitad de la fuerza laboral.
Del mismo modo, las fisuras internas se constatan al interior de la Unión Europea. La respuesta europea está siendo nacional a falta de una respuesta contundente del Banco Central Europeo. Las cuatro grandes economías de la Unión Europea y el Reino Unido han ido anunciando planes de estímulo gigantes, que suman casi 1,5 billones de euros en líneas de crédito para sostener empresas.
Una de las preocupaciones es que el desplome accionario corporativo sea aprovechado para compras y absorciones hostiles por parte de competidores extranjeros. La Unión Europea tiene competencias e instrumentos de sobra para actuar contra la crisis, pero su pasividad obedece a la negativa de los gobiernos más sólidos económicamente, principalmente en Alemania, Austria y Holanda, que no quieren asumir sobre sus espaladas el rescate de las naciones más endeudadas y comprometidas financieramente. Por otra parte, en particular en el caso de Alemania, es un arma para avanzar en su tutela sobre las economías más débiles del continente. El lanzamiento de eurobonos -emisiones de deuda conjuntas- viene dilatándose, aunque hay noticias de que se habría logrado un compromiso de último momento.

Situación explosiva

A nadie se le puede escapar la explosividad de la situación. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido de que 25 millones de trabajadores podrían engrosar las filas de los desempleados a lo largo de los próximos meses. La crisis también llevará a una vasta expansión del subempleo. En Estados Unidos, los recortes en nóminas, el mes que viene, podrían alcanzar los dos millones -mucho más que la pérdida pico de empleos de 800.000 en marzo de 2009, durante la Gran Recesión. El ex consejero de Trump, Kevin Hassett, declaró a la CNN que Estados Unidos podría enfrentarse a otra Gran Depresión.
Los medios para contrarrestar son sensiblemente inferiores a la crisis de 2008. Los recursos, tanto monetarios y fiscales -que fueron usando y agotando en esta última década-, no son suficientes para lidiar con la envergadura de la crisis mundial.
Importa señalar que la capacidad de suministrar crédito de la banca se ha debilitado considerablemente por los 325.000 millones de dólares pagados el año pasado por las principales entidades mundiales en dividendos y recompra de acciones. El desenlace podría comenzar en los países emergentes, donde hay 72,5 billones de dólares de deuda, gran parte de ella denominada en dólares estadounidenses.
En un análisis de conjunto no se puede descuidar el lugar que le está reservado a China. El gigante asiático no está en condiciones de jugar el rol que desempeñó doce años atrás ni está en el ánimo de las autoridades chinas hacerlo. La demanda de China ayudó a sacar a la economía global de los días más oscuros de la crisis financiera de 2009.
La esperanza de una reedición del pasado, sin embargo, es infundada. Beijing está adoptando un enfoque más conservador en comparación con 2009. La deuda de China es una de las más elevadas del mundo: triplica su PBI. Esa política expansiva no ha impedido la brusca desaceleración que, antes del estallido de coronavirus, no alcanzaba al 6%, aunque hay quienes señalan que esas cifras están maquilladas.
El país asiático no está en condiciones de volver a oficiar de locomotora de la economía mundial. De modo que se abre un escenario de quiebras más masivas de sectores del capital, que es lo que ha pretendido evitar en estos años luego del hundimiento de Lehman Brothers. Esto abarca a la banca pues, pese a que los analistas hablan de que el sistema financiero es más sólido que en 2008, lo cierto es que un default corporativo arrastraría a las entidades financieras.

Nacionalizaciones y programa

Esto ha puesto en el orden del día en la agenda de discusión la cuestión de las nacionalizaciones parciales o totales. El gobierno italiano acaba de nacionalizar Alitalia. En el Reino Unido, el gobierno conservador está estudiando un plan para adquirir participaciones en compañías aéreas y otras empresas, ya que los paquetes de estímulo económico anunciados hasta ahora no son suficientes para evitar los colapsos. En Estados Unidos, decenas de empresas estadounidenses -desde el fabricante de aviones Boeing hasta la empresa de telecomunicaciones Verizon- están presionando para que se las incluyan en los paquetes de rescate que está preparando la administración Trump. No hay que perder de vista que estos rescates van unidos a rebajas en los salarios, a recortes en condiciones de trabajo y también de puestos de trabajo. Ni siquiera es una garantía frente a los despidos.
La clase trabajadora a escala internacional tiene que elaborar su propia respuesta para enfrentar la crisis. Esto pone en el orden del día un programa, que los trabajadores argentinos están empezando a enarbolar: prohibición de despidos y suspensiones; licencias pagas a cargo de la patronal; reparto de las horas de trabajo; interrupción de la producción no esencial para proteger a los trabajadores de una exposición innecesaria, y el control obrero y popular en todos los lugares de trabajo, estudio y vivienda para preservar la salud de los trabajadores y asegurar el cumplimiento de todos los protocolos y la puesta en marcha de todas las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia.
Por supuesto, esto debe estar unido a un reforzamiento del presupuesto de salud y a la centralización de todos los recursos públicos y privados en dicha área. En vez de un rescate de las corporaciones en crisis o quebradas, habría que nacionalizarlas y declararlas de utilidad pública y reacondicionarlas en el marco de un plan general de reconversión general de toda la economía, dando privilegio a la producción de equipo médico y otros insumos imprescindibles para proteger la salud pública. Las enormes ganancias acumuladas por las corporaciones tienen que ser utilizadas para hacer frente al flagelo y la actual catástrofe económica y social. La clase obrera debe tomar la iniciativa e intervenir.

Pablo Heller

Guerra cultural de ayer a hoy

Cómo la CIA ha modificado sus estrategias de la Guerra fría hasta hoy en la lucha por los corazones y las mentes de las personas

Ganancias millonarias con información privilegiada sobre el coronavirus: la farsa de la democracia yanqui

Cuatro senadores norteamericanos están implicados en un escándalo por uso de información privilegiada respecto de la pandemia para beneficio propio. Mientras el presidente Trump llegó a vociferar públicamente que el coronavirus "un día, como un milagro, desaparecerá" (sic), el republicano Richard Burr, líder del Comité de Inteligencia del Senado, “trazaba una realidad muy distinta durante un encuentro privado en un club cerca del Capitolio. ‘Solo hay una cosa que les puedo decir sobre lo que está pasando: [el virus] es mucho más agresivo en su transmisión comparado con nada de lo que hayamos visto hasta ahora’” (El País, 20/3). La información confidencial no se aprovechaba para mejor proteger a la población; semanas antes de las palabras “mágicas” de Trump (mediados de febrero), Burr y otros tres senadores realizaron ventas millonarias de acciones que al poco tiempo se derrumbaron. Al mismo tiempo, la salud norteamericana es incapaz de hacer frente a la pandemia tras un largo proceso de privatización.
El negoción no es exclusivo del Partido Republicano, pues “Dianne Feinstein, una de las demócratas del Senado con mayor antigüedad, vendió al menos US$ 500,000 en acciones de Allogene Therapeutics, una compañía de biotecnología de California, el 31 de enero y al menos US$ 1 millón en acciones de Allogene el 18 de febrero” (Infobae, 20/3). También están involucradas Kelly Loeffler y James Inhofe, ambos republicanos. La primera no solo vendió; también compró, junto a su esposo, quien es presidente de la Bolsa de Valores neoyorquina, acciones de una empresa dedicada al teletrabajo -de las escasas ramas que subieron en medio del histórico crack que atravesamos.
Las respuestas de los senadores para defenderse de las acusaciones no salen de un libreto previsible, que incluye referencias a “fideicomisos ciegos” y “asesores externos que toman decisiones sin nuestro conocimiento”. Las excusas inverosímiles se combinan con el intento de encarrilar esta crisis por mecanismos institucionales, con un proceso de la “Comisión de Ética” del Senado. La izquierda demócrata contribuye en esta orientación, pues Alexandria Ocasio Cortez ha presentado un proyecto de ley para “prohibir a los miembros del Congreso negociar acciones individuales”.
Las conclusiones de este episodio deberían apuntar en otra dirección, pues no se trata de una “excepción a la regla”, sino de la regla misma. Sucede que el funcionamiento de “la principal democracia del mundo” es en realidad el de un aparato de conspiración contra el pueblo, que era envenenado con información falsa sobre lo que se venía, mientras “sus representantes” se “stockeaban” para la crisis valiéndose de información privilegiada. En términos del régimen social vigente, incluso las bancarrotas más profundas como las que atravesamos son oportunidad para una guerra despiadada por los despojos. Los parlamentarios no son meros lobbystas de intereses ajenos, sino ellos mismos parte del capital financiero. El episodio, entonces, retrata de cuerpo entero a una clase social decadente, que oculta información a las masas en medio de una crisis sin precedentes para salvarse a costa del sufrimiento de millones. La conclusión es que, además de un juicio de responsabilidades, es precisa una reorganización social integral bajo el comando de otra clase social -la clase obrera-. No son solo cuatro senadores “corruptos”, sino la propia “democracia modelo” que se revela, una vez más, como una farsa.

Ale Lipco

El gobierno uruguayo no fortalece el sistema de salud frente a la propagación del Covid 19

Según la opinión de la mayoría de expertos las medidas preventivas como las cuarentenas, que gradualmente viene implementando el gobierno, tienen el fin de ganar tiempo frente a la propagación del virus y así preparar el sistema de salud para el impacto del Covid 19. Sin embargo el gobierno uruguayo no ha comunicado ningún plan que se proponga metas de superación a las actuales capacidades del sistema de salud.

Si bien algunos estándares del sistema de salud uruguayo se encuentran entre los mejores de la región, la opinión de los profesionales en nuestro país como el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) advierte de las limitaciones del sistema .
Según la opinión de la mayoría de expertos internacionales las medidas preventivas como las cuarentenas, tienen el fin de ganar tiempo frente a la propagación del virus y así preparar el sistema de salud para el impacto del Covid 19. El gobierno uruguayo ha dilapidado el tiempo que se pudo haber ganado con las distintas medidas de restricción de la actividad de la población al negarse a mejorar considerablemente la capacidad de respuesta del sistema de salud uruguayo.
Tomando en cuenta las estadísticas internacionales hasta ahora conocidas, habrá un inevitable porcentaje de personas que necesitarán asistencia hospitalaria (un 5% del total de infectados reales), en particular ser internadas en camas de CTI con su correspondiente tecnología de asistencia respiratoria. Estos elementos, no los únicos, pero se presentan como parte importante de los factores claves a la hora de la capacidad que puede tener un sistema de salud para afrontar la oleada de casos respiratorios que provoca el Covid 19, junto con la disponibilidad del personal técnico capacitado para la gestión de esos centros. Por lo tanto, a un determinado número de casos de personas infectadas corresponde un determinado porcentaje de demanda de camas de CTI y respiradores para tener la menor cantidad de muertes de pacientes. En los países donde la pandemia ya avanzó, el crecimiento de la mortalidad se debió al colapso del sistema o lo que es igual a la incapacidad de los sistemas de salud de internar con la asistencia adecuada (léase camas de CTI, respiradores y personal capacitado) a todos los pacientes que lo necesitaban.

La capacidad actual

Con una población de 3 529 014 hab. (2019), de las cuales el 97,2 % vive en localidades de más de 5000 hab. o más y dispone de algún tipo de asistencia médica (2006), dispone de una población de 14 726 médicos lo que significa una tasa aproximada de densidad promedio de 4,46 médicos por cada mil habitantes (2010), 4 185 Licenciados en Enfermería (2008), 10 168 Auxiliares en Enfermería (2008) y 8943 de Técnicos no Médicos (2008). La población mayor de 60 años es el 18,42 % (2014). El sistema de financiación y cobertura del sistema de salud uruguayo es público – privado, los fondos se recaudan de contribuciones obligatorias de trabajadores, empresas e impuestos generales, reunidos en el FONASA (Fondo Nacional de Salud), por otro lado el FNR (Fondo Nacional de Recursos) asegura la cobertura en intervenciones catastróficas (a su vez existen otros fondos similares para las fuerzas de seguridad del Estado). Los proveedores de servicios, que en conjunto forman el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), son los ASSE (públicos) y los IAMC (privados) que reciben del FONASA pagos per cápita de acuerdo con el riesgo de la población cubierta y las metas asistenciales establecidas por el Ministerio de Salud Pública. Los privados brindan asistencia al 56 % de la población y otro 2% de seguros privados, por otro lado los públicos (ASSE y el Hospital Universitario) dan cobertura a 37% y las unidades de las FFAA al restante 5% (2011). El gasto en salud en 2018 se ubicó en el 9,5 % del PIB (56.16 miles de millones USD en 2017), de los cuales el 6,8 % son dineros públicos. Para el funcionamiento del sistema en su conjunto se recopila información de forma separada a través del Dirección General de Salud DIGESA (públicos) y el Sistema Nacional de Información SINADI (privados). Los centros de investigación se nuclean en la Facultad de Química y la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, así como la filial del Instituto Pasteur en Montevideo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para preparar a los sistemas de salud una distancia entre camas de no menos de 1 metro y que el personal de salud esté capacitado para intervenir en la pandemia. Se señala el factor de riesgo que hay en la morbilidad del personal de salud y por lo tanto las condiciones de seguridad en las que desempeñan su trabajo.
En este sentido, en un sistema de salud se organiza la internación de pacientes de acuerdo al grado de gravedad y a su vez el personal especializado responde proporcionalmente a este factor, la morbilidad del personal especializado en sus distintos grados se convierte por tanto en un factor de riesgo y requiere una preocupación por las condiciones de trabajo y seguridad de los mismos.
De acuerdo a declaraciones del Dr. Luis Núñez presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Uruguay posee 47 Centros de Tratamiento Intensivo (CTI) polivalentes y 6 especializados, a los que corresponden aproximadamente unas 570 camas con respiradores, en número grueso hay 800 médicos intensivistas titulados (de los cuales hay que descontar los fallecidos recientes, los jubilados y los emigrados) por lo que se podrían calcular en alrededor de 600 los intensivistas activos. Según estadísticas, de los CTI activos actualmente durante los meses de invierno se ocupan el 80% de su capacidad. A su vez se podría ampliar la capacidad existente con respiradores (viejos) hasta 650, otra variable que se maneja es el aplazamiento de internaciones por cirugías no urgentes que permitiría liberar camas de cuidado moderado que a su vez permite la mayor rotación de pacientes desde CTI. La SUMI consultó al MSP la disponibilidad material del sistema de salud pero éste no compartió los datos, por lo que SUMI hizo sus propios cálculos, Luis Núñez manifestó que el SUMI está a la espera de que el gobierno los convoque.
Al día 21 de marzo la cifra de infectados comprobados (con una realización de test muy baja) en Uruguay era de 135 personas y de ellas 2 en CTI según datos oficiales. Teniendo en cuenta el alto contagio que se ha dado en otros países y su correspondiente porcentaje de casos graves, la postura del gobierno de no actuar de inmediato para una inversión en salud a la altura de las circunstancias demuestra una gran desidia para resolver este problema.

El “plan” comunicado por el gobierno

El gobierno uruguayo no ha implementado ningún plan serio para ampliar las capacidades actuales ante el desafío del Covid 19, por el contrario se empecina en sostener estúpidamente su irrealizable plan de austeridad fiscal. Con esto el gobierno asume una responsabilidad política, como jugando a la ruleta apuesta a que el número de casos no pase de determinado número (algunos miles) para que no colapse la capacidad actual del sistema. Solo se comunica la promesa de un hipotético préstamo por el monto de 5 mil millones de dólares de parte del FMI y la tomada de pelo de la apertura de cuentas para la donación de dinero.
De acuerdo a la cronología oficial de acciones del MSP, el 11 de marzo el Ministerio de Economía y Finanzas queda habilitado para “una línea de créditos contingentes para prestadores para reforzar la capacidad instalada de respiradores se plantea por parte del MEF al MSP y se acepta la exoneración de IVA en artículos vinculados a la prevención del virus: guantes, mascarillas y alcohol en gel. para prestadores para reforzar la capacidad instalada de respiradores se plantea por parte del MEF al MSP y se acepta la exoneración de IVA en artículos vinculados a la prevención del virus: guantes, mascarillas y alcohol en gel”, no se especifican montos. El 14 de marzo se ordenó la compra de 20 mil kits de diagnósticos y se estableció que los prestadores integrales de salud deban incrementar hasta un 30% las camas de CTI. El 16 de marzo el MEF quedó a cargo y centralizará “la reunión con proveedores por insumos y equipamiento médico, eventualmente pudiendo importar frente a la carencia en plaza.”
Si bien del Plan Nacional de Contingencia para la Infección (COVID-19) por el nuevo Coronavirus (SARS CoV2) se plantea un relevo y fortalecimiento de la capacidad del sistema, de toda esta información no se desprende un plan para aumentar de inmediato (se han perdido ya más de 20 días) y de forma considerable de acuerdo a las necesidades actuales, la capacidad de atención del sistema de salud, en el marco de una situación internacional cada vez más grave y que aumenta las dificultades para por ejemplo la compra de insumos necesarios, no hay números concretos que signifiquen un aumento de la inversión en el sistema de salud.

¡Test masivos ya!

En acciones concretas ni siquiera se hizo el esfuerzo de realización de test masivos, la Universidad de la República avanzó en un proyecto para la producción local de estos test, pero el apoyo oficial fue tardío y la decisión de comprar kits en el exterior también y será probablemente insuficiente para las necesidades que se plantearan. Para la población trabajadora que necesariamente no puede hacer ninguna cuarentena (como el personal de salud por ejemplo) es una medida fundamental, así como para tener una aproximación científica a la hora de afrontar la pandemia de forma eficaz y evitar la propagación del virus.

Necesitamos una inversión en salud pública a la escala del problema

Se pide respetar la cuarentena pero no se hace nada para hacer valer el tiempo que se pudo haber ganado con esas medidas. Por lo que el gobierno hace recaer el peso del impacto de la llegada del virus en la población y en particular en los trabajadores del sector salud. Además de como mencionamos en otros artículos, de que casi todas las medidas sociales y económicas tomadas hasta ahora benefician al sector empresarial, relegando las necesidades y la afectación de toda esta situación sobre la clase trabajadora.
Una planificación seria para afrontar esta crisis sanitaria requiere la estatización y centralización del 100% del sistema de salud, el vuelco de recursos masivos para ampliar la capacidad del sistema que signifique contratar más personal y la compra de más insumos, la compra inmediata de kits para la realización de test masivos a la escala de la pandemia para una gestión científica de la crisis, las medidas pertinentes para la seguridad y protección del personal de la salud (hasta ahora las estadísticas de contagiosidad y morbi- mortalidad a nivel internacional por el virus son alarmantes) y un análisis de las capacidades para la producción de insumos de la estructura económica e inmediata reconversión industrial para abastecer al sistema de salud. Solo con la auto organización independiente de los trabajadores y el control obrero de la producción, junto a la fraternidad y la cooperación de los trabajadores y las trabajadoras de todos los países, es posible reorganizar la sociedad para lograr los objetivos que verdaderamente contemplen las necesidades del propio pueblo trabajador.

Sebastián Artigas
Lunes 23 de marzo | 17:50

Los gobiernos europeos, al rescate del capital

En qué consisten las nacionalizaciones en curso en el viejo continente

“El fantasma de la nacionalización sobrevuela con fuerza en España y el resto de Europa, y el debate está servido”, resume un portal español (Bolsa Manía, 20/3), ante la posibilidad de que los gobiernos del viejo continente avancen en una serie de estatizaciones de emergencia debido al impacto económico de la pandemia del coronavirus. Las primeras que aparecen en la lista son las compañías aéreas, pero los rumores se extienden a otros sectores (eléctrico, sanitario, etc.)
Asistimos a un mecanismo excepcional de rescate de los empresarios en un momento en que la pandemia ha venido a agravar la crisis capitalista. Las bolsas del mundo se han derrumbado y crece la amenaza de una depresión a escala global.
A la par de la inyección de fondos en el mercado por parte del Banco Central Europeo, la Comisión Europea dejó planteada la posibilidad del rescate de empresas al autorizar a los Estados a saltearse las normas sobre déficit público. Los gobiernos de España, Francia, Alemania e Italia han empezado a intervenir activamente para salvar a sus compañías.
En el caso de Italia, el país más afectado por la pandemia, el gobierno anunció la nacionalización de Alitalia (o la formación de una sociedad con participación pública mayoritaria), en el marco de un paquete de ayuda al sector aéreo por 600 millones de euros. La pandemia dio el golpe de gracia a la compañía, que llevaba tres años en suspensión de pagos y estaba a la venta. El Estado italiano ya la había auxiliado con créditos por hasta 1300 millones de euros e intervendrá en la misma hasta que la actividad se recupere. O sea, que asume el quebranto y la tarea de recuperarla, para reprivatizarla cuando vuelva a ser un negocio.
Siguiendo con el sector aéreo, el gobierno alemán (que ha debido suspender una norma que limita fuertemente el déficit público) analiza la compra de una participación en Lufthansa, que ha cancelado el 95% de sus vuelos. A su vez, se haría cargo del 60% del sueldo de los trabajadores, que tienen en estos momentos jornada reducida. También está siendo auxiliada Norwegian Airlines por parte del gobierno noruego. Algunas de las compañías más importantes del continente (como Ryanair, Air France y otras) han reclamado en una carta a los ministros de transporte europeos líneas de crédito, el acceso a los fondos de rescate y la posibilidad de empeorar el servicio para reducir costos (por ejemplo, eliminar los reembolsos por cancelación de vuelos).
En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció un paquete de hasta 300 mil millones de euros, como garantía para los préstamos bancarios a las empresas. El ministro de finanzas, Bruno Le Maire, dijo que “usará todos los medios” a disposición para salvar a las empresas galas, desde préstamos y compra de participaciones accionarias hasta nacionalizaciones. Por lo pronto, habrá aplazamientos de impuestos y de contribuciones a la seguridad social por 45 mil millones de euros.
España es otro de los países más afectados por el coronavirus. Hay más de 800 muertos y miles de infectados. Los hospitales están colapsados y el personal sanitario denuncia las malas condiciones de trabajo, que han provocado la infección de centenares de trabajadores de la salud. En este cuadro, surgieron versiones de una nacionalización del sistema sanitario. Pero en realidad, se trata sólo de una subordinación del sector privado de la salud al gobierno durante la emergencia sanitaria.
El gobierno centroizquierdista de Pedro Sánchez (que tiene como socio a Podemos) ha creado una línea de avales públicos para facilitar la toma de créditos bancarios por parte de empresas. Y exime del pago de contribuciones sociales a compañías que se acojan a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal del Empleo, que supone la paralización de las operaciones). Hay una avalancha de compañías aprovechando este mecanismo.
La bolsa española ha caído un 35%. Compañías emblemáticas como Telefónica, BBVA y el Banco Santander se hundieron hasta un 40%. En este marco, el gobierno ha decidido también impedir ofertas de compra de dichas compañías por parte de empresas no europeas. O sea, que vislumbran la posibilidad de que compañías rivales extranjeras aprovechen la crisis para quedarse con empresas españolas a precios de remate. La competencia capitalista y las pujas entre las potencias se replantean en un nuevo escenario.
La cuestión de las nacionalizaciones despierta resquemores en la burguesía, dado que implica un crecimiento de la injerencia estatal. Pero son concebidas como un recurso transitorio frente a la emergencia.
Mientras los estados europeos se esmeran en rescatar al capital, los trabajadores padecen despidos masivos, reducciones salariales, flexibilización laboral y pérdida de sus conquistas. Frente a este escenario, cobra más actualidad que nunca una agenda independiente de la clase obrera frente a la crisis: prohibición de despidos y suspensiones, licencias pagas a cargo de la patronal, comités de salubridad e higiene electos en los lugares de producción para proteger a los trabajadores frente a la pandemia, nacionalización de toda empresa que cierre o despida y la continuidad de su funcionamiento bajo control de los trabajadores.

Gustavo Montenegro

En Uruguay una empresaria textil contagió de manera intencional a su empleada doméstica

La dueña de la firma Hontou, infectada con el coronavirus, persuadió a la trabajadora para que siga realizando las tareas de limpieza.

La crisis del coronavirus muestra el verdadero desprecio de clase de los patrones. En Montevideo, Uruguay, Carmela Hontou una empresaria de 57 años, diseñadora de abrigos de cuero y pieles, obligó a su empleada doméstica a continuar realizando la limpieza en su casa, para "no descuidar las tareas". La trabajadora está bajo tratamiento debido a que dió positivo el examen del virus.
Días antes la misma empresaria fue noticia ya que luego de un viaje en enero por Milán y Madrid, promocionando su marca con las grandes casas de moda como Versace, presentó síntomas de fiebre. Sin embargo, al llegar a su país, bajó del avión y fue directo a un casamiento de empresarios, repleto de gente de la “alta sociedad” uruguaya, en una chacra de Carrasco.
El evento contaba con 500 invitados, de los cuales, al día de hoy, hay más de 20 infectados con el virus de Covid-19, del total de 79 casos que hay en todo el país. Incluso el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, el empresario Julio Lestido, presente en el casamiento, tiene resultado positivo.
Tal despropósito le valió el repudio de los de su clase, que se hizo público por audios de señoras "bien” indignadas, amigas de Hontou, acusándola de "irresponsable" y de "vivir en un tupper".
El casamiento de Carrasco es el principal foco infeccioso del país. Los audios se viralizaron y se hicieron memes por lo irrisorio del caso contado "con la papa en la boca".
La actriz Verónica Llinás lo satirizó en su cuenta de Instagram
La empresaria declaró que cuando concurrió al casamiento desconocía tener el virus. Pero cuando obligó a la empleada a seguir trabajando en su casa, estaba muy al tanto de que se había enfermado de coronavirus.
Este caso generó bastante preocupación en Uruguay, ya que la trabajadora se maneja en transporte público (como la mayor parte de la clase trabajadora a nivel mundial) y pudo haber expandido el virus desde la residencia de Hontou en la bahía montevideana a los suburbios de la capital.
A Hontou la denunció la administradora del complejo residencial donde vive, cansada de ver a los hijos de la empresaria paseándose por las instalaciones, sin tener en cuenta el posible contagio que podían provocar a otras personas. ¡Ay Carmela!

Mariela Pozzi
Trabajadora telefónica // Agrupación Violeta
Viernes 20 de marzo | 01:02

Darwinismo social y pandemias

“Morirán miles de seres queridos”, advirtió Boris Johnson refiriéndose al brote de coronavirus.

En Gran Bretaña, el primer ministro apeló a esta lógica cuando desechó el método de cuarentenas de otros países, asegurando que la diseminación del virus suscitaría una inmunidad natural, al mismo tiempo que el sistema de salud se encargaba de los infectados. No le duró mucho: tuvo que apelar a medidas más ‘restrictivas’ de movilidad –y a cadenas televisivas casi diarias. El hashtag #ToryGenocide (“genocidio tory”) se había hecho tendencia en Twitter. Sin embargo, no hubo suspensiones de eventos, ni de universidades o escuelas, hasta el viernes pasado; tampoco en fábricas y empresas. Las ganancias, primero.
Hace una semana, Patrick Vallance, el principal asesor científico del primer ministro Boris Johnson, había dicho que “no es posible prevenir que todos se infecten y tampoco es deseable”, respecto d la teoría de la “inmunidad de grupo” o colectiva. Un paso el falso que tuvieron que corregir, aunque no en el fondo.
La “ruleta rusa” de los contagios masivos que “inmunizan”: “Para conseguir la ‘inmunidad de grupo’ hace falta que, de cada 2,5 personas, 1,5 hayan superado el coronavirus, lo cual se traduce en un 60% de la población (1,5 dividido por 2,5). Ello significaría que 40 millones de ciudadanos enfermarían, y de ellos un uno por ciento morirían (400.000), según explica Tom Whipple, redactor jefe de la sección de Ciencia del Times” (La Vanguardia, 15/3). Son los “riesgos del mercado”, aplicados a una política sanitaria, un darwinismo epidemiológico. Trump lo vio con simpatía cuando exceptuó a GB de la prohibición de vuelos a Europa.
El Covid-19 tendría que llegar al 60% de la población británica para desarrollar dicha inmunidad. Si la mayoría se contagia al mismo tiempo, el Servicio Nacional de Salud (NHS) no podría responder a la emergencia. Cuando se descubrió que el personal del Servicio de Salud no tenía medidas de seguridad e higiene, se desató un escándalo. Hay alrededor de 4.000 camas de UTI, cuatro quintos de los cuales están ocupados. El gobierno se niega a utilizar los recursos de los hospitales privados, cuyos profesionales (que escasean en el sector público) fueron formados por el NHS. Los tests no superan los 4.000 por día y no se realizan mediciones de temperatura en las fábricas y empresas, aunque sí en la entrada de Downing Street – la casa de gobierno. Un asesor científico dijo que sería un éxito si el número de muertes no supera los 20.000 pacientes.
Johnson también dijo que el sistema de salud italiano era “excelente”, lo cual es cierto con relación a la capacidad profesional, pero desconoce los recortes millonarios que sufrió; Bergamo es considerada ahora la Wuhan de Europa, aunque la ha superado. Boris es responsable del desfinanciamiento de NHS británico, que en muchas oportunidades consideró obsoleto y que su partido se propuso desmontar. Anunció que “estamos en guerra”, como Macron, un eufemismo del ajuste. Lo usó Alfonsín en 1985.
El Reino Unido ha anunciado una moratoria en el pago de impuestos; y un adelanto financiero para enviar a algunos trabajadores a casa. La mayoría de la población no recibirá estos beneficios y no se paralizarán las tareas no esenciales. Los estímulos van a usarse para pagar deudas de las compañías. Aunque los servicios de catering de los aeropuertos en crisis y sin pasajeros, pueden utilizarse para abastecer al NHS, pero no se hace porque eso sería infringir la propiedad privada. Obviamente, está escasos de recursos presupuestarios No se trata de respuestas ideológicas, dicen los líderes capitalistas, mientras defienden la propiedad privada con uñas y dientes.
Los trabajadores del correo del Royal Mail dieron el puntapié y anunciaron un paro de actividades para que se tomen medidas de protección de la salud – cese de tareas sin dejar de percibir el salario. La presión popular ha logrado que cierren muchas escuelas y que se suspendan eventos multitudinarios. El pueblo pide más tests, no más policía y detenciones (The Guardian, 18/3).

Me matan si no trabajo y si trabajo me matan

En EEUU no se cuenta con un sistema de salud pública capaz, por lo tanto, de hacer frente a esta enfermedad de una manera organizada y coordinada. El sistema privado es financiado por medio de contratos de seguros, lo que significa que, frente a una expansión de la enfermedad, los costos van a aumentar. “Las 45.000 camas de la unidad de cuidados intensivos están muy lejos de las 2.9 millones de camas de cuidados intensivos que probablemente serán necesarias”, dice Robert Reich, ex ministro de Clinton.
Trump anunció el 27 de febrero, cuando había 15 casos de Covid-19 que el virus era “estacional”. “Va a desaparecer”. Trump como el Pastor Giménez, aunque éste no recibe información de inteligencia -Trump desoyó informes acerca de la peligrosidad del virus y la expansión de la enfermedad.
Antes, Trump se había encargado de restructurar y ajustar las unidades anti-pandemia que en mayo de 2018 fueron recortadas. El National Health Security (NHS) fundado por Clinton en 1998, fue cerrado por Bush y por Obama, luego reabierto. Tampoco se elaboraron estudios que puedan prever y anticipar las medidas necesarias para el “shutdown” (cierre) de la economía nacional. Otra de las preocupaciones es la deuda corporativa en EEUU, que es el doble de antes de la crisis de 2008, mientras la economía se contrae a un paso acelerado.
Ahora evalúa en EEUU la pérdida de un millón de empleos, y una caída del 20% del PBI. Las medidas para que los trabajadores “se queden en casa” son mínimas, la mayoría de la clase obrera no recibe ningún tipo de ayuda.

Emiliano Monge
21/03/2020

Bajo la amenaza de una depresión mundial

El coronavirus y el fantasma de la crisis del ’29 recorren el planeta

El derrumbe de las bolsas no se ha detenido. La semana arrancó con un nuevo lunes negro. Wall Street perdió en una jornada más del 12% superando el lunes y jueves negro de la semana pasada. Este colapso de la bolsa neoyorquina sólo es superado por el 17 de octubre de 1987, en que sufrió un desplome del 22%. De todos modos, si sumamos todas la caídas, el retroceso supera holgadamente esta cifra. Con los datos del lunes, el Dow Jones está acumulando un pérdida del 45%. El corona crash, como ha sido bautizado, que golpeó a los mercados desde fines de febrero y se profundizó este mes, no dejó a ninguna bolsa del mundo indemne. Caídas similares a Wall Street se constatan en las bolsas europeas, asiáticas y aún son más pronunciadas en los países emergentes.
Las pérdidas derivadas de este derrumbe ya superan los 30 billones de dólares. Para tener una exacta dimensión de la cifra, se trata del equivalente a un PBI y medio de Estados Unidos.
El desplome bursátil se produjo a pesar de ambiciosos planes de estímulo monetario de los bancos centrales del mundo, empezando por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), que bajó su tasa de referencia a cero.
Pero las dimensiones de las medidas, paradójicamente, terminaron por acelerar el desplome. Lo “mercados” leyeron que el movimiento desesperado de la FED y de los bancos centrales confirmaba lo peor: que la economía mundial podría sufrir una sensible contracción. Precisamente, el dato distintivo es que la crisis mundial capitalista ingresa en una nueva etapa. La debacle financiera actual no sólo nos remite a la crisis de 2008, con el colapso de Lehman Brothers sino que va más lejos: hay que remontarse a la crisis del ’29 -o sea, a una depresión. Lo que está en juego es la quiebra de sectores importantes del capital, cuya sobrevivencia se ha vuelto insostenible en el tiempo. Una dimensión la da el nivel de las deudas corporativas que ascienden solo en Estados Unidos a la friolera de 16 billones de dólares -es decir, al 75% del PBI norteamericano. Esto se replica en las principales potencias capitalistas. “De las grandes empresas, las más comprometidas por su nivel de deuda son las del sector automotriz, de hotelería y del transporte, industrias a las que el virus les pega de lleno” (La Nación, 18/3). Son las llamadas empresas “zombis” que solo sobreviven mediante más deudas que representan más del 16% de las empresas norteamericanas y el 10% de las empresas europeas. Ellas pueden ser el vehículo hacia la depresión mediante una cadena de quiebras.

Detonante

El coronavirus no ha creado la crisis sino que ha oficiado como un detonante y acelerador de una crisis previa que ya estaba en pleno desarrollo. La economía mundial avanzaba a una recesión, con niveles nulos de crecimiento en Europa y Japón, una pronunciada desaceleración en China y un desinfle en la economía yanqui. El boom bursátil previo al actual estallido no se compadecía con esta pendiente negativa de la economía real. Estábamos frente a una valorización accionaria ficticia, en momentos que se acentuaban los magros desempeños de las empresas, con pobres resultados o pérdidas.
De modo tal que quienes plantean una crisis “pasajera” vinculada al coronavirus equivocan el diagnóstico.
La economía mundial se venía sosteniendo con un endeudamiento sin precedentes. El FMI estima que la deuda global, tanto pública como privada es de 235% del PBI, aunque hay estimaciones muy superiores. Si un nivel de esas dimensiones no ha sido suficiente para evitar la actual anemia de la economía, no hay ningún motivo para pensar que este nuevo plan de estímulos sea diferente. Es cierto que las cifras anunciadas dejan muy atrás los auxilios pactados tras la gran crisis de 2008 pero es necesario tener presente que los Estados se encuentran en una situación muchísimo más precaria y delicada financieramente. Este hecho es un dato distintivo de la coyuntura actual respecto de 2008. Hoy se debe apagar el incendio con medios que ya están baqueteados. El recurso de la emisión al que echarían mano la FED o el Banco Central Europeo (BCE) es un arma de doble filo y puede terminar aumentando los brutales desequilibrios ya reinantes en la economía mundial. Un debilitamiento del dólar o el euro podría acelerar un abandono masivo de dichas monedas y un refugio hacia el oro u otros activos seguros y provocar un descalabro del comercio y las relaciones económicas internacionales.
Como telón de fondo está la crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales que se extiende a todas las esferas de la actividad económica, empezando por la industria. Las tendencias deflacionarias hoy reinantes expresan la declinación en los niveles de rentabilidad. Esta tendencia a la caída de la tasa de ganancia está en la base de la huelga de inversiones que se encuentran en un punto muy bajo, que ni siquiera es suficiente para compensar la depreciación de las maquinarias y la infraestructura. El capital no encuentra una explotación redituable en el ámbito de la producción lo cual pone un freno al proceso de acumulación capitalista.
El Estado no es un ente al margen de la organización social capitalista, está condicionado por ella y por lo tanto, no se sustrae a su crisis. En el lapso transcurrido en estos doce años, desde Lehman Brothers hasta ahora, hemos pasado de la crisis del capital a la crisis soberana. De ser una de las cartas para atenuar la crisis, la injerencia de los Estados, ha terminado siendo un factor de su agravamiento. De modo tal que el rescate actual está lejos de de poder revertir el gigantesco impasse capitalista, sus tendencias de fondo y el ingreso de la economía mundial a una depresión lo que plantea un escenario de quiebras de sectores importantes del capital.
Con más razón, si tenemos presente el cuadro de guerra comercial. A diferencia de 2008 prevalece una total ausencia de coordinación frente al colapso actual. La sintonía que exhibía el G20 ha sido reemplazada por las decisiones unilaterales que adoptan las potencias. La Unión Europea ha salido con los tapones de punta frente al anuncio de Trump sin consulta de suspender los vuelos a Europa, y a renglón seguido Europa ha adoptado idéntico temperamento. Los propios países del viejo continente actúan por cuerda separada, olvidando su pertenencia a una asociación común. La cuestión es incluso más explosiva que en Estados Unidos porque el euro bloquea la emisión por parte de cada Estado nacional. Alemania pone palos en la rueda al auxilio económico a Italia y España, y crecen las barreras entre las naciones de la UE para circular libremente. Una inyección monetaria como la que se plantea la Reserva Federal y el BCE echan leña al fuego a las tendencias devaluatorias en cada una de las metrópolis y economías del mundo y, por lo tanto, acentúa un escenario de guerras monetarias que ya se viene abriendo paso.

Lo que se viene

Ingresamos, por los tanto en una nueva etapa de la crisis mundial, que transita a una depresión. Por lo pronto, ya se habla de que este trimestre tendrá un tasa negativa de crecimiento. Esto pone sobre el tapete quién paga la crisis y coloca a la orden del día una batalla de la clase obrera por un programa de defensa de sus condiciones de vida a escala global: prohibición de despidos y suspensiones, subsidio al desocupado y licencias pagas, reparto de las horas de trabajo sin afectar al salario. Los antagonismos de clase se ven todavía más nítidamente con la pandemia. La burguesía mundialmente viene planteando subsidios y la defensa de sus beneficios mientras pretende descargar el peso del actual flagelo sobre las masas. Es necesario invertir la fórmula, colocando en primer lugar las necesidades sociales y el interés popular. Más que nunca los trabajadores deben intervenir y no dejar en manos de las patronales y del Estado capitalista el manejo del tema. Y por lo tanto, el control obrero en todos los lugares de trabajo y producción para asegurar las normas de higiene y el cumplimiento de los protocolos de prevención contra la pandemia.
El cuadro de recesión que se potenció con el coronavirus acelera la amenaza de cierres de empresas y despidos masivos. Frente este escenario, es necesaria una respuesta común de los trabajadores exigiendo la nacionalización de toda empresa que cierre o despida y su puesta en funcionamiento bajo control de los trabajadores.
En este contexto, no hay que descartar que el propio Estado sea el que promueva la nacionalización de algunas empresas, sectores de la economía y la banca y hasta el propio sistema financiero. No se nos escapa que una intervención de esta naturaleza sería una medida extrema y excepcional de salvataje del capital. Pero, al mismo tiempo, esto va a hacer más visible que la resolución de la crisis es de carácter político y está concentrada en el Estado. La crisis capitalista que ha pegado un nuevo salto pone agudamente sobre el tapete la necesidad de una planificación de conjunto de los recursos y el uso y el destino que se da a los mismos -o sea, la cuestión del poder. Porque la intervención, los sorpresivos “estatismos” capitalistas, serán para rescatar al capital quebrado a expensas de las masas.

Pablo Heller