¿Quien desplumó a PLUNA?

Mucha chanchada junta

Se produjeron dos instancias que vuelven más opaco y viscoso todo el episodio de la liquidación de Pluna sa. Una es la decisión del Ministerio de Economía, a través de la Auditoría Interna de la Nación (ain), de declarar confidencial la información “relativa a la gestión económica, financiera y comercial” del socio privado de la aerolínea. Otra es la decisión de los senadores del Frente Amplio de bloquear la instalación de una comisión investigadora parlamentaria para analizar todo el proceso de la crisis, desde la asociación con Varig, en la mitad de los noventa, hasta el vaciamiento instrumentado por Leadgate y su cabeza visible, el empresario Matías Campiani.
Ambas iniciativas clausuran la posibilidad de establecer responsabilidades, políticas y administrativas, que por cierto no serán consideradas en la investigación judicial impulsada tanto por el oficialismo como por la oposición. Las confesiones del ex presidente Tabaré Vázquez y del ex ministro de Economía Danilo Astori, admitiendo que se equivocaron al impulsar la asociación del Estado con una ignota corporación dirigida por un empresario argentino sin mayores títulos (salvo el autoconferido de “reflotador de empresas fundidas”) puede aceptarse como expresión de un gesto que los enaltece –en opinión de algunos de sus compañeros de partido (véase nota en este informe)–, pero no contribuyen en nada al esclarecimiento de los hechos y la identificación de las intenciones.
Los 350 millones de dólares a los que trepa por ahora el costo de la aventura de convertir la empresa estatal de aeronavegación en un paquete de acciones por el 25 por ciento del total, más la angustiosa situación de los trabajadores sin fuente de trabajo, más la postración de otras actividades comerciales vinculadas, más la amenaza de pérdida de las frecuencias del puente aéreo, son una expresión acabada de esa equivocación, que no se supera ni se remedia con la simple confesión para la platea.
Así, sin investigadora, bloqueado el acceso a la información, los uruguayos no podrán saber por qué razón, en base a qué consideraciones, el ministro Astori aceptó la sugerencia de la consultora Ficus, que proponía a Leadgate como candidato para la privatización; ni por qué, en función de qué beneficios calculados (ciertamente no concretados) decidió otorgar una garantía hipotecaria del Estado por la totalidad de la compra de nuevos aviones; y por qué, a pesar de esa garantía, aceptó que las nuevas autoridades tuvieran control ilimitado sobre la gestión (que comenzó desarticulando la “conectividad” con Europa al eliminar los vuelos a Madrid); no se podrá saber, tampoco, qué intereses confluyeron para impulsar la “solución” que se desplomó cinco años después; ni se tendrá idea de por qué el gobierno, con la evidencia del desastre, se apuró ahora a conceder “indemnidad” a los directores de Leadgate.
La determinación de “cortar la sangría” del déficit mensual no justifica el desenlace, cuyos detalles podían perfectamente preverse con sólo acudir a la memoria de los vaciamientos bancarios más recientes. La resolución de la ain que declara confidencial la información de Pluna sa (cuya fundamentación no pudo aportar el director de la Auditoría en su conversación con La Diaria) y la aplanadora de una mayoría que desestimó la investigadora para evitar que se montara un “circo político”, deja sin respuesta una ristra de preguntas.

VIEJOS CONOCIDOS

En el episodio de Pluna aparecen numerosos vasos comunicantes con la crisis de 2002, particularmente los vaciamientos de los bancos. Los detalles de esa historia perversa se conocen no tanto por la acción de la justicia como por la persistente y minuciosa investigación de una comisión parlamentaria cuyos resultados, claro está, no fueron tenidos en cuenta por las mayorías parlamentarias del momento. En el episodio de Leadgate-Pluna se repiten corporaciones, intermediarios, consultores, “ejecutivos”; y aparece un mismo modus operandi: el Estado termina pagando.
A los “viejos conocidos”, J P Morgan y Paul Elberse, accionando en las distintas instancias del desplome del viejo Banco Comercial de los hermanos Ro­­hm­ y en el surgimiento del Nuevo Banco Comercial, se le suma un nuevo protagonista, la consultora cpa Ferrere y el estudio de abogados del mismo nombre. Impúdicamente, en su página web la consultora describe los “logros” de sus ejecutivos; aunque extensa, vale la pena citar: “La ‘muy talentosa’ Sandra González se hizo cargo del área de Litigios y Arbitrajes de la firma desde que Cerisola asumió el liderazgo. Este año, ella y Cerisola asesoraron a un consorcio de entidades financieras, incluyendo a J P Morgan, para liberar 11 millones de dólares en una corte uruguaya a partir de un laudo arbitral icc.
Otro importante triunfo de González fue ayudar a Crédit Suisse a ganar un juicio en un caso relacionado con la bancarrota del Banco Comercial. Los bancos son usuarios frecuentes de la firma, tanto de su práctica financiera (bbva es el más reciente ejemplo) como de su trabajo en disputas, donde Cerisola ha actuado exitosamente para grandes entidades financieras (Crédit Suisse, Dresdner Bank, J P Morgan) en arbitrajes (icc) y acciones civiles contra el Estado uruguayo”.
Esa particular eficiencia en litigios contra el Estado, en especial representando a los “dueños externos” del Comercial, no impidió que cpa Ferrere pudiera anudar nuevas relaciones profesionales con los gobiernos del Frente Amplio. No es menor que algunos de sus socios y consultores estuvieran, simultáneamente, antes o después, en cargos de gobierno. Los más notorios son Bruno Gilli, socio de cpa Ferrere, quien a su vez era delegado, en 2008, del Ministerio de Economía y Finanzas en la Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas; el actual ministro de Economía, Fernando Lorenzo, quien mantuvo una relación profesional con cpa Ferrere como consultante senior, hasta marzo de 2005 en que pasó a desempeñarse como director del Área Macroeconómica del mef, durante la gestión de Danilo Astori en el gobierno de Tabaré Vázquez; en 2009 renunció al ministerio y retornó a cpa Ferrere, mientras oficiaba como asesor de Astori en la campaña electoral.
Pero también mantuvieron vínculos con el gobierno otros altos ejecutivos de cpa Ferrere, como Diego Rodríguez, contratado por el Banco Central del Uruguay para el proceso de rediseño de toda la normativa aplicable a las instituciones financieras, empresas de seguros, fondos de pensión y al mercado de capitales.

EL ROL DE CPA FERRERE

En el esquema de la privatización de Pluna, la consultora Ficus desempeñó el rol de “introductor” del comprador, Leadgate-Matías Campiani; pero el operativo era una triangulación donde confluyen los intereses de la fábrica canadiense Bombardier, que vende los aviones a la nueva Pluna; y del banco canadiense Scotiabank, que financia la operación. Hasta donde es posible saber, en todas las instancias de la privatización de Pluna está presente la consultora cpa Ferrere.
Desde el comienzo mismo de las negociaciones, la consultora asesoró a Leadgate en temas financieros, contables e impositivos, además de encargarse del soporte legal del proceso. El asesoramiento incluyó la participación en la elaboración del plan de negocios que Matías Campiani elevó a los ministerios de Economía y de Transporte en los primeros meses de 2007; y en las auditorías en el período de la llamada due diligence, que obligó al Estado a cubrir “pasivos ocultos”, millonarios en dólares, para que se concretara la firma definitiva del traspaso del 75 por ciento del paquete accionario.
Seguramente cpa Ferrere manejaba, desde el comienzo, la opción del Estado de extender una garantía que sustituyera la promocionada inversión de 170 millones de dólares que el ministro Astori anunció con bombos y platillos, en enero de 2007, cuando los uruguayos comenzaron a pronunciar el nombre de Campiani. Seguramente también cpa Ferrere manejaba la información privilegiada sobre la compra de los aviones a Bombardier y la negociación que se entablaba con el Scotiabank.
Más difícil de determinar es si la operación de compra de las acciones del Nuevo Banco Comercial por parte del Scotiabank –operación que culminó en 2009– se inició antes del proceso de privatización de Pluna. De ser así, resultaría que la presencia del Scotiabank y de Bombardier en la privatización de Pluna sería apenas una pata del negocio de adquisición del Nuevo Banco Comercial. Podría suponerse que el actual ministro de Economía, Fernando Lorenzo, debía estar al tanto de los detalles, puesto que en el período señalado estuvo directamente vinculado a cpa Ferrere y a la vez ocupó el tercer cargo en jerarquía del ministerio. Sin embargo, consultado por Brecha, Lorenzo negó enfáticamente cualquier vinculación personal con el proceso de Pluna. “No estuve al corriente. Jamás tuve contacto con este tema”, dijo.
Sea como fuere, cpa Ferrere, que se jacta de haber concretado el negocio del Nuevo Banco Comercial (nbc) para el Scotia, mantiene su presencia en el banco: Bruno Gilli, Diego Rodríguez y Nelson Mendiburu, tres de los socios de la consultora, son los miembros de la Comisión Fiscal del directorio del nbc; Rodríguez, según se señala en la página web de la consultora, participó directamente en la transacción que otorgó al Scotia el control del nbc.
A la vez, ejecutivos de cpa Ferrere aparecen vinculados a la estructura de Pluna sa y de Leadgate: Magdalena Olazábal, especializada en cpa en financiación de empresas y proyectos de gestión de riesgo en el sector bancario, pasó a desempeñarse como analista de Leadgate Investment Corp, encargándose de la Oficina de Transformación de Pluna. Y los letrados Nadia Yavitz y Nicolás Costábile, de Ferrere Abogados, asistieron a Matías Campani en el juicio por plagio entablado por Buquebus. A su vez, Sandra González y Bruno Gilli, socios de cpa, integran el staff de ef Asset Management, administradora de fondos de inversión, que maneja un fideicomiso de garantía con Pluna sa, cuyos beneficiarios son Rospide Sociedad de Bolsa y Rentmax Sociedad de Bolsa.
La privatización de Pluna terminó siendo un buen negocio para la fábrica Bombardier y para Scotiabank, después que el gobierno logró apurar en el Parlamento la ley sobre la liquidación de Pluna sa, que modifica las normas concursales, con lo que el Scotiabank podrá cobrar en primer término sus créditos por la financiación de la compra de los aviones. Y fue también un buen negocio para el J P Morgan, principal sostén financiero de Bombardier.
Quien termina pagando es el Estado, no importa quién tenga la batuta ocasional. Parece una fatalidad genética esto de hacerse cargo de los desastres privados, reales o fabricados: el Estado pagó cuando la compraventa de carteras en 1984; pagó cuando se desplomaron el Pan de Azúcar, el Comercial, el Banco de Crédito y La Caja Obrera; pagó cuando renunció al cobro del endeudamiento interno de los principales grupos económicos nacionales; pagó cuando Stephane Benhamou vació el reflotado Pan de Azúcar, cuando los hermanos Rohm vaciaron el reflotado Comercial y cuando se desplomó el Banco Montevideo de los Peirano; y paga ahora, cuando los gobernantes cometen una “equivocación” con Pluna, que cuesta apenas el 1 por ciento del pbi anual.

Samuel Blixen (Brecha)