Memoria, verdad y justicia

Poco a poco se van identificando restos de detenidos desaparecidos durante dictadura.

Una vez más miles de uruguayos se juntaron en la Marcha del Silencio por el centro de la capital del país, Montevideo, para reclamar “verdad y justicia” por los crímenes cometidos en la última dictadura militar (1973-1985). La 17° edición de esta movilización, que se lleva a cabo cada 20 de mayo, fue muy especial: en los últimos seis meses se han hallado e identificado en el país los restos de dos personas detenidas y desaparecidas en los años del terror, y tres días después de la marcha se identificaron restos óseos encontrados en Argentina a fines de los 80 como pertenecientes a otro ciudadano uruguayo detenido y desaparecido.
Además, la marcha de este año fue la primera luego que en octubre pasado quedara sin efecto la Ley de Caducidad que impedía que los militares responsables de violaciones a los derechos humanos fuesen condenados judicialmente por esos delitos. La verdad parece hacerse un lugar en el Uruguay actual y el reclamo de justicia tiene más fuerza que nunca.
Unos 10,000 uruguayos y uruguayas volvieron a recorrer en silencio la avenida 18 de Julio, la principal arteria capitalina. Esta vez la consigna de las organizaciones convocantes fue “Los vamos a encontrar”. Al final de la marcha, como ocurre todos los años, se escucharon por los parlantes los nombres de todos los desaparecidos en la dictadura y sus rostros se pudieron ver en una pantalla gigante.
La manifestación que reivindica la memoria de lo ocurrido en el pasado reciente, y clama por verdad y justicia, conmemora el asesinato el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, del Frente Amplio y Partido Nacional, respectivamente, y de los militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw. Los cuatro se encontraban exiliados en Argentina.
La movilización fue un “gran logro [que] sigue reclamando trabajar y continuar buscando la verdad y ahora la justicia, en la medida en que se han reabierto las causas”, dijo a Noticias Aliadas Mara Martínez, de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, principal convocante a la marcha.
Para Martínez, esta edición de la Marcha del Silencio fue especial, porque la identificación en diciembre de los restos del maestro y periodista Julio Castro, y del dirigente sindical Ricardo Blanco, el pasado abril, se sumó a los militantes comunistas Ubagesner Cháves Sosa y Fernando Miranda, identificados en el 2006.
“Este año, con estas apariciones en el país, creo que se viene reafirmando cada vez más que hay que seguir trabajando y que hay que seguir buscando”, dijo Martínez.

Un maestro y un obrero

Castro, “hombre de paz” a decir de Martínez, fue ejecutado el 3 de agosto de 1977 con un tiro en la nuca luego de ser torturado. Así lo revelaron sus restos óseos. Castro tenía 70 años cuando fue secuestrado y ultimado. Nacido en 1908 en el departamento de Florida, fue maestro y formador de maestros. Según información del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, militó en la Unión Nacional del Magisterio, en la Federación de Asociaciones Magisteriales del Uruguay, y a partir de 1945 en la Federación Uruguaya del Magisterio. Fue asimismo subdirector del Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL).
Autor de varias publicaciones relacionadas a la educación y la enseñanza, Castro fue también periodista y responsable del semanario Marcha, referente del periodismo de izquierda uruguayo, que se publicó entre 1939 y 1974.
Decenas de cuerpos de uruguayos han sido encontrados en Argentina y lo mismo ha ocurrido con restos de ciudadanos argentinos en Uruguay. Muchos de esos cuerpos presentan las señales de las terribles vejaciones a que esas personas fueron sometidas antes de su muerte. Son las evidencias del Plan Cóndor, la coordinadora represiva de las dictaduras militares de América del Sur en las décadas de los 70 y 80.
No extraña entonces que el Equipo Argentino de Antropología Forense haya identificado los restos óseos de un cuerpo encontrado en Buenos Aires a fines de la década de los 80 como pertenecientes al ciudadano uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez. Así lo anunció oficialmente la Presidencia uruguaya el 23 de mayo.
Mechoso Méndez había nacido en el departamento de Flores el 1 de noviembre de 1936 y fue militante de la Federación Anarquista Uruguaya y luego de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. Fue asimismo fundador y activo militante del Partido por la Victoria del Pueblo, gremialista en la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y de la Convención Nacional de los Trabajadores. Fue detenido en Argentina el 26 de setiembre de 1976 y se encontraba desaparecido desde entonces. Los exámenes de ADN realizados por los especialistas argentinos, a partir de muestras genéticas proporcionadas por la Secretaría para los Derechos Humanos de la Presidencia de Uruguay, permitieron la identificación de los restos guardados por décadas.
Martínez manifestó a Noticias Aliadas que la aparición de los restos de Mechoso Méndez es un “avance” que sirve para “esclarecer” los hechos. Es un “alivio”, pero también “uno queda queriendo saber más”, reconoció la activista, que agregó que siempre el hallazgo de restos de personas desaparecidas “mueve muchísimo”.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos estima que unas 60 personas permanecen como desaparecidas en el país, incluyendo aquellas trasladadas desde Argentina.
El Equipo Argentino de Antropología Forense tiene aún cientos de restos en los que debe seguir trabajando para su identificación. Ahora cuenta con un muestreo genético uruguayo amplio, mientras que la Secretaría para los Derechos Humanos de la Presidencia uruguaya espera completar el banco genético con el apoyo de los familiares de las víctimas.
“Hay que seguir trabajando” en cuarteles señalados como lugares de enterramientos, dijo Martínez. “Es muy importante para sanar una sociedad [porque] el tema de las desapariciones es mucho más que un enfrentamiento armado donde la gente muere en el campo de batalla”. Las desapariciones respondieron a una “planificación sistemática de parte de un Estado y es gravísimo desde el punto de vista social”.

Responsabilidad institucional

En el 2011 quedó sin efecto la Ley de Caducidad, que no permitía condenar a los responsables de los atroces crímenes de la dictadura uruguaya. No obstante, varios policías y militares que ocupaban cargos de importancia en ese periodo están tras las rejas hace años, porque sus casos no quedaron amparados por la normativa de la “impunidad”, como la califican sus detractores. Martínez enfatizó la necesidad de que se haga justicia y reconoció el papel del gobernante Frente Amplio para el hallazgo de restos humanos y de la “verdad”. Fue con el ascenso de esa fuerza política de izquierda al gobierno en el 2005 que se abrió el proceso de búsqueda de restos, detenciones y condenas de varios de los asesinos de la dictadura.
El 4 de junio se realizó un acto en el Palacio Legislativo, en el que el Estado reconoció su responsabilidad institucional y actuación ilegítima en el periodo que va de 1968 —cuando se adoptaron las llamadas “medidas prontas de seguridad” que permitían suspender garantías constitucionales ante conmoción interior— a 1985. El objetivo de la ceremonia era dar cumplimiento a la Ley 18.596 de Reparación Integral aprobada en el 2009 durante el gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), que prevé la promoción de acciones simbólicas de reparación por parte del Estado.
Fueron entregados los primeros 250 certificados de reconocimiento a las víctimas “del accionar ilegítimo y/o del terrorismo de Estado”, en los que “el Estado uruguayo reconoce la responsabilidad institucional que le cabe al haber afectado su dignidad humana por motivos políticos, ideológicos o gremiales”.
El ministro de Educación y Cultura y presidente de la Comisión Especial de la Ley 18.596, Ricardo Ehrlich, manifestó durante la ceremonia que “es la primera entrega, y se hizo de forma pública, del documento que acredita a personas que han sufrido terrorismo de Estado, o a sus familiares cuando corresponde”.
El certificado, agregó Ehrlich, “debe considerarse parte del esfuerzo de la sociedad que durante muchos años busca cerrar heridas en el marco de la Justicia. Las acciones de reparación deben verse como un componente de particular significación en el camino para despejar el horizonte, para que las nuevas generaciones tengan un legado y un país que asumió con valentía su historia y sus dolores”.

José Elosegui