domingo, 15 de abril de 2018

Sesionó la primera audiencia de la apelación en el juicio por el Plan Cóndor en Roma- Italia




Luego del fallo del Tribunal de Roma del 17 de enero de 2017 que absolvió a la mayoría de los represores sesionó la primera audiencia de la apelación.

El Tribunal de Roma que desarrolla el proceso de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el Plan Cóndor había absuelto a varios represores (la mayoría de los uruguayos) el pasado 17 de enero de 2017. Todos los militares uruguayos del proceso fueron absueltos y quedaron impunes en esa primera instancia: Gregorio "Goyo" Álvarez, José Ricardo Arab Fernández,"Nino" Gavazzo Pereira y Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissi y Jorge Néstor Troccoli Fernández. Este último con presencia en el país donde se desarrolla el juicio y responsable desde su cargo en el FUSNA de la represión y desaparición de los militantes del GAU y UAL entre 1977 y 1978 en Buenos Aires.
Solo fue condenado el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco junto a militares de otros países del Cono Sur como Chile y Bolivia.
En el Tribunal de apelación para esta nueva etapa del juicio se presentaron las partes y se anunció el aplazamiento por cuestiones procesales para el 21 de junio de este año.

Lavándose la cara

Los estados participantes del Plan Cóndor son responsables y culpables igual que sus ejecutores los militares y civiles de las dictaduras del Cono Sur, algunos de ellos son los acusados en este juicio.
El estado uruguayo se presenta nuevamente en el juicio ahora a último momento y repitiendo la postura de ponerse del lado de los desaparecidos y sus familiares, sin hacerse cargo de las responsabilidades que le cabe sobre los crímenes y la impunidad que hay en la mayoría de los casos en el propio país. Mandó a un alto funcionario del gobierno Miguel Ángel Toma y eligiendo un nuevo abogado que ya estaba en la causa, lo cual generó cambios en la representación de los abogados y las familias victimas del terrorismo de estado.
Así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó la responsabilidad del estado uruguayo en el caso Gelman, éste es responsable de todos los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época de represión en los sesentas y setentas del siglo XX en el país.
Presentado por los medios de comunicación de todo el espectro político como “Uruguay se presenta en el juicio de Roma”, estos medios olvidan que Uruguay está presente en el juicio en primer lugar porque están los familiares y su lucha impulsada desde hace décadas, en segundo lugar están los acusados funcionarios del estado, planificadores y ejecutores de los crímenes y en tercer lugar porque se presento el estado a iniciativa del gobierno desde esta postura cínica.
El estado uruguayo no solo es responsable junto con sus funcionarios planificadores y ejecutores de estos crímenes, sino que también es responsable de la impunidad reinante en Uruguay sostenida bajo el régimen político del Pacto del Club Naval, tanto por civiles como por militares, teniendo como resultado al día de hoy un pequeño puñado de represores presos bajo los beneficios de las cárceles VIP o incluso la prisión domiciliaria, permaneciendo el resto de los criminales y sus cómplices impunes (varios de ellos ya fallecidos), ocultándose el destino de los restos de la mayoría de los desaparecidos bajo la dictadura y la situación impune de muchos otros crímenes donde en muchos casos se obstruye y se atrasan los procesos judiciales con el visto bueno del régimen como pasó recientemente con el caso de los abusos sexuales contra las presas políticas. O también la no presentación del estado uruguayo en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 25 de mayo de 2107 para responder ante nuevas denuncias de violación de derechos humanos.
La lucha por verdad y justicia de los familiares y las victimas de la dictadura continuara más allá de estas maniobras de impunidad del estado y su régimen que tratan de distorsionar la verdad histórica y deslindarse de responsabilidades.

Sebastián Artigas

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