Continuando con el aporte a la reflexión sobre educación, en particular sobre el aporte de los docentes al análisis de la situación educativa actual, desde las necesidades actuales a las propuestas de docentes, es que tomaremos ahora el eje de Presupuesto Educativo. Nos centraremos nuevamente en el aporte que se hace desde los documentos de la ATD.
En lo elaborado por la comisión “Presupuesto” (pág. 87 a 100) se puede observar claramente la necesidad del aumento presupuestal, ligado esto a disminuir y terminar con los incentivos a empresas e instituciones privadas en desmedro del presupuesto de la educación pública.
“El actual presupuesto de 4,76% del PIB se compone de la suma de gastos que no son ejecutados en los incisos exclusivos de ANEP y UdelaR, como educación militar y policial”, entre otros, por lo cual quedaría solamente alrededor de un 3.8% para ANEP y UdelaR, mientras que los docentes y el movimiento estudiantil vienen reclamando se llegue a un 6% de inmediato. Todo esto está muy lejos de la promesa electoral de Vázquez de llegar al 6% con los agregados que no son ANEP ni UdelaR lo que ya ha sido descartado por distintas autoridades educativas respecto a lo proyectado para este año y el siguiente.
Sin embargo esta “crisis educativa” muchos lo atribuyen a los bajos índices de promoción (sin complejizar ni analizar ningún aspecto pedagógico), y que el presupuesto brindado debió mejorar dichos índices.
“La Ley Presupuestal hace eco del discurso que dice que la educación no ha tenido resultados acordes a los aumentos que se le otorgaron, estructurándose en programas con metas definidas, tomando como parámetro lo que ocurre en el mundo empresarial para estimular el aumento de la productividad.” “Numerosos autores e investigaciones han demostrado los efectos nefastos de este modelo sobre la educación y la labor docente, que se ve distorsionada y reducida al entrenamiento para la aprobación de las pruebas de medición (“enseñar para salvar”)”.
Para tener en cuenta a la hora de analizar dichos “índices”, incorporemos otros datos que son expresados en el documento de la ATD: “El 35% de los jóvenes que abandonan la Educación Media, lo hacen porque comienzan a trabajar”, “71,7% de los jóvenes entre 21 y 22 años, del 20% más rico culminó la educación media superior, mientras que para el 20% más pobre, este porcentaje se reduce a 11%.” Teniendo en cuenta esto, “presupuestar a destajo, en la lógica incentivos-resultados, es contraproducente para la educación pública” porque mantendrá este esquema de diferenciación socio-económica.
El gran negocio de la educación privada
Muchos sostienen que la actual situación de la educación pública es la que ha incentivado la expansión de la educación privada. Esto es difícil de comprobar, pero lo que sí es comprobable y sería más serio afirmar es que el Estado otorga incentivado importantes para que sea redituable el negocio de los colegios privados, exonerándolos de distintos impuestos y desde hace ya algunos años permitiéndoles a empresarios direccionar fondos públicos hacia colegios por medio de la “ley de mecenazgo”, renunciando así a cobrar impuestos a empresas que deciden “donar” sus impuestos a instituciones de educativas y de otros servicios. “Reordenada entre el período de gobierno 2005-2010 y potenciada en el período 2010-2015, la “ley de mecenazgo” favoreció el surgimiento de instituciones “públicas” de gestión privada”. “En estos centros educativos, aunque el Estado financia cerca del 83% de los recursos, está absolutamente ausente en la toma de decisiones.”
“Según estimaciones incluidas en los informes de la DGI sobre gasto tributario en Uruguay y los informes del BPS sobre contribuciones a la seguridad social, los últimos años de los que se tiene registro, la exoneración fiscal a las instituciones educativas privadas ha rondado entre 0,34% de PBI en 2006 (66,6 millones de dólares, a valores de ese año) y 0,4% en 2012 (200 millones de dólares). Si atendemos al costo promedio de un edificio liceal de medianas dimensiones con todos los espacios educativos necesarios, la renuncia fiscal de tan solo el año 2012 hubiese permitido construir – al menos – 40 nuevos centros.”
Las necesidades edilicias de la educación pública
Dentro del presupuesto educativo y también mediante partidas especiales los sucesivos gobiernos han ido proyectando reformas y construcciones de centros educativos. Lo que podemos dar cuentas los docentes que estamos recorriendo los distintos liceos, es que ninguno de los distintos gobiernos ha apostado seriamente a las reformas y construcciones necesarias, y muchas de las realizadas tienen problemas estructurales al poco tiempo de inauguradas. Pese a que cada vez hay más envíos a seguro de paro en la construcción y muchos estudiantes avanzados de UTU les dificulta acceder a un trabajo medianamente remunerado, el gobierno sigue insistiendo en buscar la solución en los empresarios.
Según la ley presupuestal actual, “las obras de menor costo (impermeabilizaciones, sanitaria, electricidad, colocación de contenedores, etc.) serán realizadas, como los anteriores cinco años, con el financiamiento del Fondo de Infraestructura Educativa Pública, dependiente del CoDiCen de la ANEP y, en menor medida, de los consejos desconcentrados. Pero las obras de importancia (creaciones, ampliaciones, intervenciones profundas) se proyectan realizar, a partir de 2018, mediante la participación público-privada (PPP).”
“En la última década, la PPP ha adquirido gran centralidad en la agenda educativa mundial, debido en parte al rol jugado por el Banco Mundial como principal promotor. Por ello, muchos gobiernos han decidido implementar reformas educativas en base a la PPP, ofreciéndoles estímulos y garantías a los operadores privados para que inviertan en un mercado que mueve millones de dólares cada año.”
“Además de expandir la actividad de los proveedores privados en la educación (que ya proveen a la ANEP de insumos de funcionamiento, construcción, reparación, mantenimiento y seguridad), el régimen de participación público privada introduce mecanismos de mercado en el mundo de la educación, como la competencia y los incentivos basados en resultados. Es por ello que entendemos que es parcializado el discurso que pretende fundamentar la decisión de “invertir” mediante esta modalidad en la escasez de fondos para satisfacer la creciente demanda de infraestructura. Lejos de ser una medida aislada para atender un problema específico, el avance de la lógica privada sobre el sector público es crucial para llevar adelante la reforma educativa.”
Los trabajadores de la educación se preocupan por la educación.
Resulta contundente muchas de las afirmaciones que ya realiza en documento de la ATD, (del cual cito textualmente apartados importantes), a los que se suman situaciones de necesidades presupuestales particulares como son la falta de un espacio propio para la realización de educación física en muchos de los centros educativos, mal equipamiento y faltantes de los laboratorios, entre otros, y termina con que el “82% de los liceos no tiene portero y un 38% no cuenta con alarma”, algo que para los oficialistas como los “voceros” de la inseguridad parece tampoco preocuparles.
Esta comisión de la ATD tiene como propuesta desarrollar convenios con instituciones estatales y organizaciones sociales no empresariales, (como puede ser estudiantes avanzados de UTU sindicatos de trabajadores, entre otros) para arreglos y mejoras.
Una vez más los trabajadores de la educación vemos la situación y denunciamos las necesidades, así como buscamos soluciones para proponer, lo que debería ser tomado por el gobierno si es que realmente escucha a los docentes y le interesa la educación de las próximas generaciones.
Claudio Álvarez
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