¿Por qué votar SÍ en octubre?

El próximo 25 de octubre, conjuntamente con las Elecciones Nacionales los uruguayos tendremos la oportunidad de anular por fin la ley de caducidad.
Esta ley fue aprobada en el año 1986 y luego fue sometida a referéndum en el año
1989.En aquel entonces,muchos uruguayos votaron mantenerla por temor, cediendo a las amenazas de los militares. Otros creyeron que con esta ley se lograba pacificar el país. Unos y otros ignoraban en ese momento el verdadero alcance de los crímenes cometidos por la dictadura. Crímenes que en aquella época eran negados enfáticamente, acusando a quienes reclamaban verdad y justicia de vengativos y revanchistas. En los años siguientes, la ley fue aplicada de forma tal que obstaculizó avanzar en el conocimiento del pasado, amparando a los criminales e impidiendo a la justicia investigar sus crímenes.
A partir de la Comisión para la Paz durante el gobierno del Dr. Jorge Batlle, y de la política en materia de Derechos Humanos desarrollada por el actual gobierno del Frente Amplio, los uruguayos comenzamos a acercarnos al horror de aquellos años. Pudimos confirmar lo que durante mucho tiempo había sido ocultado o negado: el secuestro de niños, robándoles su identidad; la violación y la tortura como práctica sistemática en las cárceles; el asesinato y la desaparición como método de exterminio de opositores y de terror.
Con las excavaciones en los predios militares que llevaron a encontrar restos de algunos de los cientos de desaparecidos, y con el procesamiento de figuras emblemáticas de la represión, hoy asumimos nuevamente nuestra libertad para decidir en qué tipo de sociedad queremos vivir y tenemos una nueva oportunidad para decidir qué hacer con una ley injusta y vergonzosa. Pero ahora lo decidiremos sin presiones y con elementos suficientes de juicio para que esa decisión sea verdaderamente libre.
La anulación de la ley es necesaria ya que abre el camino para resolver tres conjuntos de problemas fundamentales:
El primero de ellos es el que tiene que ver con abrir las puertas para que pueda conocerse en profundidad la verdad de lo ocurrido en aquellos años, y el destino de quienes hoy continúan desaparecidos, identificando a los responsables.
Esta ley ha mantenido dividida a la sociedad al evitar que los responsables de violar los derechos humanos durante la dictadura fueran juzgados impidiendo además esclarecer los crímenes cometidos. Pretendió ser una ley de pacificación. Pero de una paz impuesta a la fuerza, no solo contra las víctimas de la dictadura sino contra toda una sociedad que sufrió el terrorismo de estado durante más de una década y a la cual en forma permanente se le negó el derecho a conocer la verdad de aquellos años. No podemos aceptar que aún hoy, decenas de ciudadanos continúen desaparecidos y los responsables sigan impunes y manteniendo silencio.
La anulación de la ley de caducidad tiene impacto en la forma en que resolvemos un problema que se ha mantenido abierto por décadas. Posibilita que se que se haga justicia con las víctimas -y con toda la sociedad- y que recuperemos la memoria colectiva del horror de aquellos años. Saber lo que sucedió en lugar de ocultarlo es la única manera de formar una ciudadanía crítica y responsable de sus actos.
El segundo conjunto de problemas que la anulación de la ley permite resolver tiene que ver con las responsabilidades del Estado frente a la comunidad internacional, la restauración del estado de derecho, restableciendo la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
La ley de caducidad es contraria a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de Derechos Humanos. Diversos organismos internacionales le han reclamado al país reiteradamente que elimine esta ley por ser contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los crímenes cometidos en el país son equiparables a los crímenes de guerra nazis. Son crímenes de lesa humanidad y no pueden quedar amparados por ninguna ley de perdón, de amnistía o de caducidad.
La ley también es contraria a nuestros principios constitucionales porque viola el principio de separación de poderes y subordina al Poder Judicial, impidiéndole investigar y juzgar sin consentimiento del Poder Ejecutivo. Además viola el principio de igualdad de todos ante la ley. Por lo tanto anular la ley en octubre tiene que ver con la defensa de principios jurídicos que deben ordenar la convivencia social.
La anulación de la ley le restituye al Poder Judicial su capacidad jurisdiccional para investigar con independencia y aplicar el peso del poder del estado en esas investigaciones.
El tercer conjunto de problemas tiene que ver con el futuro del Uruguay como sociedad, es el relacionado con la construcción de valores culturales sobre los que se afirma la convivencia democrática.
Anular la ley de caducidad tiene una importancia fundamental también en lo relacionado con los valores que defendemos. En octubre estaremos decidiendo los valores de la sociedad del futuro. Deberemos decidir si optamos por la justicia u optamos por la impunidad. No es un tema partidario sin un tema de valores éticos y morales.
Mantener la ley de caducidad implica defender que bajo determinadas circunstancias el Estado pueda convertirse en un Estado terrorista, que viole impunemente los derechos de los ciudadanos y que luego mediante presión obtenga impunidad. Por la vía de explicar y defender la permanencia de la Ley de Caducidad estamos explicando y justificando la dictadura con todos sus horrores.
Votar SI en el plebiscito en cambio es optar por la vida, por la democracia, por el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, por la independencia de Poderes. Es defender y promover la tolerancia y el respeto a la persona en todas sus dimensiones. Es afirmar el valor de la justicia, la importancia de la memoria como construcción colectiva de un pasado sobre el que todos debemos reflexionar y aprender. Es afirmar la indeclinable responsabilidad del Estado en el respeto a los derechos mas fundamentales. Es entender la defensa de los Derechos Humanos como una cuestión integral que no admite interpretaciones oportunistas y que trasciende fronteras partidarias y preferencias electorales porque afecta los valores más esenciales de nuestra cultura política.