A instancias del Frente Amplio se vuelve a poner sobre la mesa el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Adolescente presentado en el gobierno de Mujica y que en su momento no fue aprobado.
Se reflota el Código Penal Adolescente
Con el beneplácito de los partidos tradicionales, que ven como el gobierno toma la agenda de mayor represión y endurecimiento de penas que ellos históricamente han impulsado. Los representantes del FA en la comisión interpartidaria que discute propuestas comunes en torno al tema de la seguridad plantearon volver a discutir el proyecto elaborado en el año 2012.
La propuesta, que en su momento fue desechada, se redactó por una comisión integrada por representantes de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía de Corte, así como delegados del gobierno pertenecientes al INAU, al MIDES y al Ministerio del Interior.
Además de aspectos procesales y jurídicos la norma plantea que para los delitos gravísimos (homicidio, violación, rapiña y copamiento) cometidos por adolescentes entre 15 y 17 años se aplicarían las penas correspondientes a adultos, pero reducidas un tercio, lo que podría llevar las penas actuales de 5 a 10 años.
Actualmente el Código de la Niñez y de la Adolescencia vigente no establece mínimos y máximos para las infracciones, y los jueces tienen discrecionalidad para establecer la extensión de la sanción, que no puede superar los cinco años aunque cabe recordar que en febrero de 2013, el Parlamento aprobó la ley 19.055 por la que se establecía una pena mínima de un año para delitos considerados violentos.
El proyecto plantea también el fortalecimiento de recursos para la fiscalía (que impulsa las acusaciones) pero deja como está la actualmente insuficiente estructura de la defensoría de oficio, a la que recurren el 90% de los adolescentes procesados.
Aumentar el poder punitivo del Estado para problemáticas sociales
Tal como señaló UNICEF en el momento en que se presentó el anteproyecto, la propuesta transgrede los principios de excepcionalidad, mínima duración de la privación de libertad y no regresividad" incluidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
La propuesta del FA no es casual, y se da en un contexto de acuerdos con los partidos tradicionales para endurecer aspectos represivos de la legislación penal.
A pocos años de la derrota de la iniciativa por bajar la edad de imputabilidad, el proyecto de Código de Responsabilidad Infraccional de Adolescentes que se intenta revivir mete por la ventana medidas ya rechazadas que promovían mayor represión y estigmatización hacia la juventud.
Este tipo de iniciativas que continúan haciendo eje en el problema de la “inseguridad” y promueven aumentar el poder punitivo del estado como solución refuerzan la segregación exclusión y marginación de sectores de la población. Como en su momento planteó el Comité por los Derechos del Niño estas medidas “Contravienen la Convención de los Derechos del Niño en tanto convierte a la privación de libertad en la regla, y por lo tanto, Uruguay profundiza un rumbo de desconocimiento de los compromisos asumidos internacionalmente.”
Hernán Yanes
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