Uno de los aspectos que resaltan de la política del gobierno del Frente Amplio hacia las fuerzas de seguridad es el discurso que intenta relegitimarlas para lograr una “reconciliación” con el resto de la sociedad. El caso importante se da con el sector militar, el cual en las últimas encuestas de opinión difundidas entre la población, han dejado de ser de los sectores más desprestigiados.
En declaraciones publicadas en el día de ayer por el Semanario Búsqueda, el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi anunció la incursión en cinco barrios de Montevideo a los que la Policía identifica como los más inseguros. En dichos operativos Bonomi asegura que La Guardia Republicana ingresará a pie y en vehículos blindados, lo que se puede interpretar como la vuelta definitiva pero en clave más tecnificada de los “megaoperativos de saturación”, metodología denunciadas como “razzias” por las organizaciones de izquierda no pertenecientes al Frente Amplio y por organismos de Derechos Humanos.
A su vez, Bonomi no descartó a Búsqueda la utilización del Ejercito para casos puntuales de “seguridad interna”, como la custodia de embajadas. Una posición que converge con la de Pedro Bordaberry, quien presentó un proyecto de ley en el parlamento en el mismo sentido. Estas declaraciones van en consonancia con el discurso contra el narcotráfico que vienen desplegando los jerarcas del gobierno. En los últimos meses hay una escalada en este discurso que está abonando el terreno y legitimando situaciones de brutalidad policial en distintos barrios. Se pudo observar esto en los hechos de comienzos de mes en el barrio Casabó, donde se llevó a cabo un operativo de saturación en nombre de la lucha contra el narco, después de que ocurrieran tres asesinatos.
Recordemos que estas fuerzas en tiempos de Bonomi tienen en su haber el asesinato del joven Sergio Lemos en el barrio Santa Catalina en el año 2013, el cual aún continúa impune (entre otros).
El gobierno anterior comenzó también con las políticas de espionaje a las organizaciones de trabajadores a través de instituciones como el Departamento de Operaciones Especiales (DOE), una división de la Policía creada por el gobierno de Pacheco Areco. Este mecanismo fue denunciado en su momento por organizaciones sociales y políticas como ADES Montevideo, SUATT, Plenaria Memoria y Justicia, y sectores de la izquierda clasista.
Dichas organizaciones denunciaron el accionar del DOE en ocasiones como la detención ilegal de militantes sociales y de DDHH en la vía pública en el año 2013 como consecuencia de la protesta en febrero de ese año frente al traslado de la jueza Adriana Mota en la Suprema Corte de Justicia. El pasado año este accionar se volvió a repetir contra militantes que se manifestaron el 22 de septiembre en el CoDiCen en solidaridad con la ocupación de los estudiantes de secundaria, donde luego se desatara una feroz represión.
Uno de los aspectos que resaltan de la política del gobierno del Frente Amplio hacia las fuerzas de seguridad es el discurso que intenta relegitimarlas para lograr una “reconciliación” con el resto de la sociedad. El caso importante se da con el sector militar, el cual en las últimas encuestas de opinión difundidas entre la población, han dejado de ser de los sectores más desprestigiados.
En el plano del Ministerio de Defensa, la afirmación en el cargo de Eleuterio Fernández Huidobro también ha generado malestar en la propia base social del gobierno.
Tomando la agenda de la derecha
Estas medidas se dan en un momento dominado por la crisis económica regional y el marcado corrimiento a derecha de los llamados gobiernos “progresistas”; o con la vuelta de las viejas variantes de la derecha patronal al primer plano en nuestro continente. En el caso de nuestro país, vemos como cada vez más el gobierno toma la agenda de los partidos tradicionales en materia de seguridad, y como el régimen político junto a los medios de comunicación masivos corren a la opinión pública aún más hacia posiciones reaccionarias. A su vez, el clima de endurecimiento represivo por parte del estado será utilizado como forma de criminalizar la protesta social, tanto por reclamos sindicales, como por Derechos Humanos, o movimientos sociales de diversa índole. La Izquierda Diario se pone a disposición de las organizaciones de trabajadores, estudiantiles, y de DDHH que quieran lanzar una gran campaña para frenar estos atropellos.
La Izquierda Diario Uruguay
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