El pasado 1º de marzo, y por cadena nacional de radio y televisión, el presidente Tabaré Vázquez realizó el balance de su primer año de gestión de este tercer gobierno frenteamplista. Anuncios que muestran que el recorte viene por el lado de los trabajadores.
Su discurso se realizó dos días después de conocerse que el déficit fiscal del país (3.8% del PBI) era el más negativo de los últimos 13 años, y pocas horas antes de anunciarse que por primera vez durante los gobiernos del FA el índice de inflación superaba el 10%, y que en Montevideo habría una nueva suba del boleto urbano.
Sin duda el impacto de la crisis y la desaceleración económica comienzan a sentirse con fuerza y estos datos, junto al importante crecimiento de los trabajadores en seguro de paro, dan cuenta de una situación que ya no es la de los años anteriores cuando el “viento de cola” de la economía permitía al FA garantizar grandes ganancias para los capitalistas y al menos mínimas mejoras en la situación del pueblo trabajador.
¿Quién paga los platos rotos?
Ya el gobierno viene dando claras señales de cómo piensa administrar esta crisis que se ha instalado; pero el discurso del primero de marzo vuelve a subrayar las elecciones económicas y políticas del gobierno; más allá de que las intenta pasar como las únicas soluciones posibles, como si fueran inevitables y no hubiera alternativas.
La economía fue uno de los ejes de su discurso, y en este punto Tabaré anunció el riesgo de que Uruguay pierda su grado inversor por el empeoramiento de la situación general. Esta situación dice podría hacer perder la confianza en el país y afectar la inversión extranjera, pilar del modelo económico frenteamplista.
En este esquema, que intenta atraer capitales asegurándoles jugosas ganancias a las multinacionales que vengan a invertir, la “solución” para seguir siendo atractivos para el capital externo es bajar el costo de los salarios de los trabajadores.
Tabaré plantea sin tapujos, cuando la inflación supera la barrera del 10% y los precios de los productos básicos suben constantemente, que “se requiere mantener los lineamientos salariales diseñados en 2015, especialmente en lo relativo a evitar los mecanismos automáticos de retroalimentación entre precios y salarios”.
Esta decisión significa directamente la rebaja del salario real de los trabajadores. En un año en que se vencen los acuerdos salariales de los sectores más sumergidos (muchos de los que ganan menos de 14000 pesos por mes) y que comenzaran las nuevas negociaciones en los Consejos de Salarios la declaración constituye un anuncio claro de que el gobierno se inclina por la rebaja de los ingresos de los trabajadores como forma de enfrentar la crisis y para ello amenaza casi como si fuera un chantaje con la posibilidad de pérdidas de empleos sino se aceptan estas directivas.
El anuncio es tan claro que hasta los dirigentes de la propia central sindical, que defienden a ultranza al gobierno, han tenido que anunciar que habrá medidas de lucha y que el mensaje de Tabaré es una declaración de conflicto.
El paro anunciado para el 6 de abril debe ser tomado por los trabajadores como la oportunidad de profundizar la resistencia contra este plan económico, exigiendo un plan de lucha que sea discutido y aprobado por las bases y superando el carácter simbólico que le quieren dar los dirigentes del PIT-CNT.
En el correr de la semana posterior al discurso, representantes de las cámaras empresariales se mostraron contentos con la línea económica y salarial marcada por Vázquez. (El Espectador, 4/3/2016)
El tratamiento a los presos y medidas en materia de seguridad
Junto a estos anuncios de ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, no es casual que Tabaré Vázquez tome el reclamo de la derecha de “mayor seguridad” y represión. Una muestra de ello es el anuncio de incremento de cámaras de seguridad y reformas en la policía y sistemas de vigilancia.
En el mensaje escrito enviado al parlamento anuncia que endurecerá las penas contra reincidentes en delitos de rapiñas especialmente agravadas, violación, copamientos, secuestros y homicidios intencionales restringiendo los beneficios del régimen de libertad anticipada.
En un país con una de las tasas de presos más altas de Latinoamérica y en cárceles denunciadas por sus condiciones infrahumanas, Tabaré no tiene ningún problema en decir que será más duro con los presos sociales. Aunque Bonomi y otros dirigentes del FA intentan presentar al narcotráfico o al “consumismo” de la población como causa de los delitos resulta claro que las políticas sociales son paliativos insuficientes para enfrentar la situación de pobreza de amplios sectores de la población y que esta es la principal causa del aumento de la “inseguridad”.
El discurso de balance de primer año de gestión muestra en estos anuncios económicos y sociales a cual es el camino que tomará el gobierno en estos próximos años.
Hernán Yanes
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