Según el director General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay, Mario Layera, el intercambio de información sobre el tema es indispensable para la erradicación del narcotráfico y eso es lo que brinda la presencia de la DEA en el país.
También informó que antes de acordar la reapertura en Montevideo, se debió coordinar con la oficina de la DEA en Buenos Aires. Si bien el acuerdo de instalación prevé que la cartera de Layera reciba capacitaciones y apoyo logístico de la DEA, el funcionario aclaró que no hay ningún convenio que incluya la operación conjunta, y así descartó posibles intromisiones extra regionales en la acción antidrogas desde Uruguay.
La lucha antidroga siempre fue la excusa para intervenir y militarizar a los países de América Latina.
En 2008 el presidente de Bolivia, Evo Morales, suspendió la actividad de la DEA en su país y apeló a la "regionalización de la lucha contra el narcotráfico". En aquel momento, el mandatario agregó: “Bolivia tiene el mejor comportamiento frente a la lucha del narcotráfico pese a amenazas y amedrantamiento de Estados Unidos por recorte de la lucha contra el narcotráfico”.
En mayo pasado, el Canciller y designado vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió en términos contundentes a la agencia en cuestión. Luego de la fuga del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, el venezolano afirmó que la DEA “una vez más muestra su cariz de protector de delincuentes” y revela su función “de tratar de vulnerar los procesos de cambio, como el caso venezolano, que se están viviendo en América Latina”. El juez profugado hacia el Norte estaba con un proceso judicial en marcha en Venezuela y una orden de captura con difusión roja de Interpol. Fue señalado en un informe del Consejo Moral Republicano como responsable de la entrega de una credencial al presunto narcotraficante Walid Makled. Estados Unidos denegó la extradición.
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