sábado, 27 de mayo de 2017

Señales de impunidad




La ausencia de representantes estatales en la audiencia fijada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar la falta de avance en las causas vinculadas a los crímenes de la dictadura y las posteriores declaraciones de Felipe Michelini constituyen señales de la falta de compromiso del gobierno uruguayo con los derechos humanos.

La ausencia del Estado en la audiencia de la CIDH

El día jueves 25 era la fecha fijada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar las denuncias formuladas por el Observatorio Luz Ibarburu referidas a las trabas judiciales que impiden avanzar en las causas vinculadas a las violaciones de Derechos Humanos de la Dictadura y las amenazas del autodenominado “Comando Barneix”. Sin embargo, y de manera sorpresiva,no se hizo presente ningún representante del Estado uruguayo.
Los propios integrantes de la CIDH manifestaron su extrañeza ya que no es una situación habitual en este tipo de instancias señalando además que acciones de este tipo dificultan severamente las posibilidades de la Comisión de proteger los derechos humanos en la región.
Para los integrantes del Observatorio la ausencia estatal es una muestra de que en Uruguay persiste la impunidad y de que las críticas que se hacen en relación a las omisiones del Estado uruguayo son ciertas.

Preocupantes declaraciones del coordinador del grupo de Trabajo por Verdad y Justicia

En el contexto de la inasistencia del Estado uruguayo las declaraciones de Felipe Michelini son preocupantes. El grupo fue creado a instancias del presidente Tabaré Vázquez supuestamente para apoyar la investigación y el esclarecimiento de los crímenes contra la humanidad perpetrados por el Estado entre 1968 y 1985.
Sin embargo declaraciones de Michelini señalando que las amenazas del Comando Barnaix “a nosotros no nos ha entorpecido en nada y que no pasó más que de un correo electrónico”, subestiman la gravedad de los hechos e indirectamente critican la postura del Observatorio que precisamente pidió la audiencia con la CIDH por este tema.
¿Cual es el mensaje que pretende dar Michelini? ¿Que no hay que preocuparse por amenazas de muerte a personas vinculadas a la investigación sobre los crímenes de la dictadura? Michelini dice que al grupo no los afectó; pero está claro que este tipo de presiones promueven la parálisis de las investigaciones y son parte de una estrategia para “dar vuelta de página” que combina presiones de diverso tipo, maniobras jurídicas para evitar procesamientos y acciones de amedrantamiento e intimidación como las amenazas o el robo al GIAF del año pasado.
Sobre este punto Michelini también hizo declaraciones minimizando lo ocurrido e intentando cerrar el tema, ya que según él “se hizo una investigación judicial y administrativa que, sin embargo, no arrojó ningún resultado”. Olvida por ejemplo Michelini, que en ese robo también se marcaron las casas del equipo de investigadores en otra clara amenaza al estilo del “comando Barneix” y que la sensación de que no habrá castigo ni se encontrará a los responsables abona el campo de la impunidad.
En relación al acceso a la información sobre hechos de la dictadura Michelini señaló que ahora "se puede tener acceso a todos los archivos vinculados al pasado reciente", cuando está claro que militares (y civiles como Huidobro) han puesto todo tipo de trabas en el acceso a documentos.
Las declaraciones del integrante del grupo de trabajo por Verdad y Justicia son una justificación de la decisión del gobierno de Tabaré Vázquez de no presentarse en la audiencia de la CIDH y refuerzan el mensaje dado de falta de compromiso con la verdad y la justicia sobre lo acaecido en la dictadura.

Hernán Yanes
Sebastián Artigas

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