Según lo confirmado por el Ministerio del Interior y trascendido por el semanario Búsqueda, la empresa de seguridad Grupo Gamma que presta cobertura a la Facultad de Humanidades, fue fundada por los represores, torturadores y responsables de la desaparición de muchos militantes de izquierda en la dictadura, José “nino” Gavazzo y Jorge “pajarito” Silveira, en el año 1995.
Como contábamos aquí, el robo al GIAF de la Facultad de Humanidades llamó la atención no solo por el material robado relacionado a la búsqueda de restos de desaparecidos y la amenaza a los investigadores, sino también por las fuertes sospechas generadas al comprobarse que no existían signos de haberse forzado la entrada al laboratorio.
Contradicciones
La responsabilidad y probable complicidad de la empresa, en el robo y la amenaza contra los investigadores, toma fuerza con este dato. Sin embargo la versión difundida por el Semanario Búsqueda en base fuentes del Ministerio del Interior, no tiene ningún respaldo documental hasta ahora. Tampoco la empresa ha demostrado nada, salvo su desmentido, que entre otras cosas dice: “Esta información es absolutamente falsa, afirmándose enfáticamente que no existió ni existe ningún tipo de vínculo con las personas mencionadas; desconociéndose la intencionalidad manifiesta que hace que se afirme periodísticamente una mentira, incluyéndose en la misma al propio Ministerio del Interior.” y culmina sosteniendo: “Grupo Gamma se reserva las acciones judiciales y/o extrajudiciales que considere oportunas ante la desinformación trascendida…” Pero ni una ni otra parte presentó pruebas para demostrar que existe, existió o no el vínculo con tales represores.
Responsabilidades
Pero además existen responsabilidades en otros niveles, para empezar a nivel institucional en cuando se le otorgo la responsabilidad de salvaguardar información tan preciada a una empresa que ha terminado cuestionada por supuestos vínculos con individuos directamente relacionados e interesados en el extravío de la información a custodiar ¿Por qué no se investigó desde el principio esta cuestión? ¿Acaso se ignoraba el vínculo que siempre han tenido estas empresas con ex funcionarios de los aparatos represivos del estado? Ni la Universidad ni la Presidencia, que son las dos partes del convenio que sostiene la investigación del GIAF, han dado una respuesta determinante y suficiente acerca de esto y de cómo van a corregir esta situación.
Independientes
Este nuevo escándalo no hace más que reafirmar la necesidad de conformar una comisión investigadora independiente, compuesta por los tres órdenes de la Universidad, los familiares y organizaciones de DDHH y los científicos, que se encargue de ir a fondo con los sucedido y determine las acciones a tomar para evitar que vuelva a suceder. Nada podemos confiar en el Ministerio del Interior y la empresa, que parece quieren ser juez y parte en todo esto, sino por el contrario exigirles a ellos y a todas las autoridades involucradas que hagan públicas y pongan a disposición de todos, toda la información que poseen para esclarecer este episodio.
Sebastián Artigas
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