El pasado viernes 22 Tabaré Vázquez recibió en la Torre Ejecutiva a los representantes de los partidos de la oposición para intercambiar sobre sus propuestas en el tema seguridad ciudadana.
Acompañado de las principales autoridades del Ministerio del Interior, el ministro Eduardo Bonomi, el subsecretario Jorge Vázquez y el director general de Secretaria, Charles Carrera así como de su secretario y su prosecretario el presidente recibió a una nutrida delegación de todos los partidos con representación parlamentaria: Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido Nacional, y Unidad Popular (que fue el único grupo que planteó criticas por izquierda al plan del gobierno). Así como también del Partido de la Concertación.
La reunión fue la segunda en pocos días ya que el 12 de este mes Tabaré había entregado a la oposición una carpeta con distintas propuestas sobre el mismo tema.
Estos encuentros al más alto nivel dan la pauta de la importancia que le da el gobierno a la cuestión de la seguridad así como su visión de que las soluciones pasan por tomar medidas de mayor control social.
Una política de Estado
Tal como anunció hace pocos días en el segundo foro de Dialogo Social la estrategia de Tabaré Vázquez pasa por “…lograr acuerdos para desarrollar una política de Estado fuerte, que trascienda a los partidos políticos en ejercicio de gobierno y que le de protección a la sociedad”
Con estas últimas reuniones el gobierno apuesta todas sus baterías a lograr acuerdos con la oposición sobre estos temas pero tomando la agenda de la derecha. Vázquez se hace eco de la campaña que alienta la oposición de derecha que intenta instalar la sensación de que los ladrones “entran por una puerta y salen por la otra” como causa principal de la inseguridad pública y a su vez propone un conjunto de medidas que van en el sentido de una mayor represión.
En el marco de un creciente desempleo, con casi 10 uruguayos cada 100 viviendo bajo la línea de pobreza y una creciente desigualdad en los ingresos (datos del INE, abril 2016) así como un sistema carcelario con altos índices de hacinamiento y claramente violador de los Derechos Humanos, el gobierno frenteamplista avanza en medidas que apuntan a una mayor criminalización de la pobreza.
Junto a las recientes declaraciones de Bonomi criticando a la Justicia por la supuesta falta de dureza hacia los ladrones que participaron en un robo en la Ciudad Vieja o el promocionado aumento de policías patrullando las calles el gobierno de Vázquez anuncia un “cambio de rumbo” en materia de seguridad.
Entre las medidas anunciadas, recibidas con beneplácito por la oposición está la restricción a salidas anticipadas de los presos reincidentes y el compromiso de estudiar distintas propuestas de blancos y colorados como la de aumentar las penas en homicidios.
La violencia es estructural
El gobierno, así como la oposición de derecha, enfoca el problema de la violencia poniendo el eje en las consecuencias y no en las causas por lo cual todas las medidas van en el sentido de un endurecimiento represivo y el “escarmiento” de los que delinquen.
La raíz de la delincuencia y de la “inseguridad ciudadana” hay que buscarla en la escandalosa desigualdad que genera el capitalismo y las inhumanas condiciones de vida a la que son empujados numerosos sectores de la sociedad. Que con tres gobiernos frenteamplistas continuados, y en el contexto de una situación económica excepcional, solo se haya logrado retrotraer las condiciones de vida a las previas de la crisis del 2002 (o sea a las condiciones impuestas por la ola neoliberal de los 90) es una muestra clara del fracaso del FA, o mejor dicho una muestra de para quienes gobiernan estos “responsables administradores del capitalismo”.
Solo políticas estructurales que afecten sustancialmente la distribución de ingresos pueden dar soluciones profundas y duraderas para terminar con la delincuencia.
Hoy en día las posibilidades para un joven pobre pasan casi exclusivamente por conseguir empleos chatarra o con súper explotación, como trabajar en un supermercado más de 40 horas por menos de 15000 pesos. Si realmente se quieren atacar las problemáticas relacionadas con la inseguridad y el delito se debe garantizar el acceso a toda la población a condiciones de vida digna, es decir empleo y vivienda de calidad, derecho a la educación así como también posibilidades de acceso a la recreación y a los bienes culturales.
Hernán Yanes
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