Este miércoles se conoció el procesamiento con prisión del militar retirado Asencio Lucero por parte de la jueza Julia Staricco por reiterados delitos de privación de libertad en el marco de las denuncias presentadas en el año 2012 por un conjunto de ex presas políticas de la dictadura.
Sin embargo todavía el condenado no ha sido enviado a la cárcel, ya que se encuentra internado en el Hospital Militar por un supuesto comienzo de Alzheimer. La defensa solicitará la prisión domiciliaria.
Presas políticas denuncian torturas y abusos
La causa por la que se procesó a Lucero fue presentada hace algunos años por 28 ex presas políticas, en representación de cientos de mujeres que pasaron por situaciones similares, quienes denunciaron los vejámenes sufridos mientras estuvieron detenidas en la época de la dictadura, situación que incluyó malos tratos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual hacia las mujeres.
Además Lucero había reconocido públicamente en el año 2014 que mientras fue el encargado de Inteligencia (S2) del Regimiento de Caballería Nº 9 había realizado prácticas de tortura a detenidos, conducta que además seguía reivindicando.
Las ex presas han destacado sin embargo, que en su presentación judicial denunciaron a más de 100 personas, muchos de ellos militares, pero también civiles como médicos y psicólogos y que hasta el presente, 4 años después de la denuncia y casi 40 años después de los hechos solo hay un procesado con prisión.
Continúa vigente la política de impunidad para los crímenes de la dictadura
El régimen político del país, incluyendo blancos colorados y frenteamplistas ha llevado adelante una política de impunidad hacia los militares responsables de violaciones a los Derechos Humanos ya acordada a la salida de la dictadura en el pacto del Club Naval.
Si blancos y colorados lo han hecho explícitamente desde que votaron la ley de caducidad, también los principales dirigentes frenteamplistas han aportado lo suyo a esta vergonzosa política. A la negativa del FA a anular la ley de caducidad a pesar de contar con mayorías para ello se suman las declaraciones de sus principales líderes intentando “dejar atrás el pasado” con el día de “nunca más uruguayos contra uruguayos” de Tabaré Vázquez llamando a la reconciliación con genocidas torturadores o con un presidente José Mujica que declaraba que no quería tener viejitos presos.
Esta política de Estado también se expresa en las condiciones de privilegio en que cumplen su condena los poquísimos militares presos en la cárcel de Domingo Arenas y en las gestiones para que los condenados sean beneficiados con prisión domiciliaria; así como en el respaldo de los presidentes Vázquez y Mujica al Ministro de Defensa Fernández Huidobro quien es un confeso defensor de las fuerzas armadas y trata de “enfermitos y enfermitas” a quienes señalan su rol represivo.
Cabe agregar también que el procesamiento de Asencio no fue por las torturas realizadas (y que según la propia Jueza del caso están comprobadas) ya que en ese momento no existía como delito. Este evidente despropósito también muestra la cultura de impunidad que atraviesa todas las instituciones del Estado.
Envalentonados por el consenso político existente de no avanzar en el castigo a los violadores de DDHH los militares continúan con sus declaraciones de reivindicación del terrorismo de estado.
El presidente del Centro Militar Carlos Silva negó, a pesar de la confesión directa del involucrado, que Lucero haya torturado y reivindicó al terrorismo de Estado como una lucha contra “los que querían convertir a Uruguay en una república socialista al estilo de Cuba”
Hay que continuar la lucha contra la impunidad
Solo la movilización popular, sin ninguna confianza en los partidos políticos que mantienen la impunidad, logrará la condena de los militares y civiles responsables de las violaciones de los derechos humanos.
Contra todos aquellos que intentan plantear la política de los 2 demonios (como si hubiera sido una guerra entre militares y tupamaros) hay que dejar claro que la dictadura fue la forma en que el régimen político burgués pudo frenar el ascenso obrero y popular de los 60 y 70.
Es necesario continuar luchando por el juicio y castigo a todos los represores y contra la reconciliación y olvido que nos quieren imponer desde distintos sectores políticos.
Hernán Yanes
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