Se aprobó ayer en la cámara baja del parlamento uruguayo la despenalización del aborto. De esta forma Uruguay se convierte en el primer país de América del Sur en establecer una normativa de este tipo.
Este martes la cámara baja del parlamento uruguayo aprobó un proyecto de ley para despenalizar el aborto encaminando al país a convertirse en el primero de Sudamérica en aprobar una norma de este tipo. Sin embargo, las internas dentro del gobernante Frente Amplio dieron como resultado “el proyecto posible, no el deseable”.
Con los votos del bloque del Frente Amplio (FA) más el del diputado Iván Posada, del Partido Independiente y autor del proyecto de ley, se aprobó ayer en la cámara baja del parlamento uruguayo la despenalización del aborto. De esta forma Uruguay se convierte en el primer país de América del Sur en establecer una normativa de este tipo.
Según lo aprobado, que ahora debe ser ratificado en el Senado (donde la mayoría del FA asegura su aprobación), una mujer podrá interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, aunque bajo ciertas condiciones.
El proyecto prevé que la interrupción del embarazo "no será penalizada" si la mujer que desee abortar se entrevista con un equipo de al menos tres profesionales que le informará sobre los riesgos, las alternativas y los programas de apoyo social a la maternidad o de adopción. Luego tendrá que esperar cinco días y, si ratifica su voluntad de interrumpir el embarazo, se coordinará el procedimiento. Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las 14 semanas de gestación.
A las esperables críticas de los grupos “Pro vida”, todo este engorroso procedimiento ganó los cuestionamientos de organizaciones que vienen reclamando la despenalización del aborto hace años.
La organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), que se encuentra a favor de la despenalización informó en un comunicado que “si bien se dice que es un proyecto de despenalización en realidad lo que determina es que no se aplicarán las penas previstas en la ley de 1938 para el delito de aborto siempre que la mujer que solicita una interrupción cumpla con una serie de requisitos y se atienda en una institución de salud afiliada al Sistema nacional integrado de salud”. Por otra parte, la entrevista con el panel de expertos es cuestionada por la Coordinadora por el Aborto Legal, que sostiene que el proyecto no le reconoce a la mujer el derecho a decidir libremente sobre su vida y que no prevé sanciones a los servicios de salud que no cumplan con los plazos previstos. Además, “que las mujeres tengan que relatar ‘sus penurias’ ante un Tribunal es discriminatorio de quienes deciden interrumpir el embarazo ya que deben ubicarse en una situación de humillación para no ser castigadas” afirmaron desde la coordinadora.
Desde la tribuna parlamentaria, Ivan Posada declaró: "Este proyecto opta por un camino intermedio, la senda del menor mal ante valores en conflicto, y nos recuerda que la salida civilizada cuando la humanidad ha enfrentado situaciones de esta naturaleza siempre ha consistido en apelar a la participación de terceros que tomen en cuenta todos los aspectos involucrados", indicó el diputado del PI Iván Posada, promotor de la iniciativa. El legislador manifestó su "rechazo" a la práctica del aborto pero sostuvo que la prohibición "no ha logrado defender la vida" ya que "ha sido ofendida y menoscabada por su incumplimiento".
Por el FA Mónica Xavier, admitió este martes en una columna en el diario La República que este "es el proyecto posible y no el deseable". A su vez, la diputada del FA Susana Pereyra, al defender su respaldo al texto sostuvo que "este no es el proyecto que quisiéramos, pero es el resultado de un acuerdo que logramos”. "Esto no legaliza el aborto pero sí lo despenaliza.
Y para muchas mujeres es un avance importantísismo" subrayó.
Los partidos opositores Nacional y Colorado se mostraron en desacuerdo con el proyecto. El diputado Javier García, del Partido Nacional, consideró que el proyecto es "ineficaz e incoherente" y cuestionó que se valide el aborto en un país con "un serio problema demográfico", donde la tasa de fecundidad es menor a dos hijos por mujer.
Una historia de idas y vueltas. La tercera es la vencida
Proyectos para legalizar el aborto en Uruguay fueron presentados y debatidos en 1978-1979, 1985, 1991, 1993, 1998 y 2002. Ninguno fue aprobado. Desde que el FA llegó al gobierno en 2005 lo ha intentado dos veces infructuosamente.
En 2008, con el apoyo de los legisladores de ambas cámaras el proyecto se aprobó, sin embargo el entonces presidente Tabaré Vázquez lo vetó en contra de su propio armado político. En 2011 se presentó un nuevo proyecto que fue aprobado en el Senado. Pero a la hora de votarlo en la cámara de diputados uno de los 50 legisladores del FA (sobre 99 totales) se opuso al proyecto.
Esto obligó a negociar, este año, con el diputado del Partido Independiente para asegurarse la mayoría y sacar un proyecto que no es el que tenían en mente originalmente los legisladores oficialistas.
Aunque desde 2008 una mujer que desea interrumpir su embarazo tiene garantizado el derecho a obtener información sobre la mejor manera de hacerlo, cuando recibe la indicación más frecuente, tomar misoprostol, debe conseguirlo en el mercado negro.
Según datos de organizaciones no gubernamentales (ya que no existen datos oficiales) en Uruguay, sobre una población de 3,4 millones de habitantes, se realizan más de 30.000 abortos clandestinos por año. La ley vigente actualmente, de 1938, pena con prisión de tres a nueve meses a la mujer que consienta un aborto, de seis a 24 meses a quien colabore con su realización y de dos a ocho años a quien lo practiquesin consentimiento de la embarazada.
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