Uruguay: Anulación de la ley de impunidad

Será una enorme victoria popular

La anulación de la Ley de Caducidad sigue desatando, como era de esperar, intensos debates, matizados por operaciones mediáticas, reclamos airados de la derecha y pronunciamientos varios de militares retirados y en actividad.
Como señalamos ...en editoriales anteriores hay por lo menos tres dimensiones que no se pueden obviar: la política, la jurídica y la institucional. Pararse en una sola de esas dimensiones olvidando las restantes, sea cual sea la elegida, conduce a callejones sin salidas y a falsas oposiciones.
En el plano político la impunidad es el complemento imprescindible de la represión, que nada tuvo que ver con los dos demonios, fue el terrorismo de Estado, de un régimen fascista para imponer un modelo económico y de dominación y para frenar la acumulación popular. Es la transición como categoría política eterna para mantener la democracia mediatizada, conculcar derechos y disciplinar a la sociedad. Es un eslabón central de la hegemonía conservadora.
En el plano jurídico es una aberración. Es una antiley violatoria de toda la legislación internacional y violatoria también de la Constitución y de un elemento central para cualquier democracia: la igualdad ante la ley.
En el terreno institucional es un impedimento explícito para la consolidación de la institucionalidad democrática y una traba para la reinserción de las Fuerzas Armadas en la sociedad.
Por todo ello debe ser anulada la Ley de Caducidad. Se han planteado dudas en el terreno del debate estrictamente jurídico e incluso en el ámbito de la primacía de los instrumentos de democracia directa o no.
Algunos han planteado abiertamente, en el marco de la búsqueda de la verdad y la justicia: ¿A quién le sirve que se anule la Ley de Caducidad? Argumentando consecuencias jurídicas no buscadas como una posible inconstitucionalidad, detención de juicios, etc.
Nos parece que, reconociendo la legitimidad de las preocupaciones, se equivocan en la pregunta. La pregunta real es la contraria: ¿A quién le sirve que siga vigente la Ley de Impunidad? ¿Favorece a la agilidad de los juicios? ¿Augura avances en la verdad? ¿Fortalece el papel del Poder Judicial y su independencia? ¿Permite una mayor consolidación de las instituciones republicanas? ¿Mejora la convivencia democrática? ¿Permite un diálogo franco y una redefinición sana del papel de las FFAA sin rémoras del pasado? ¿Propicia una mejor inserción en el Mundo del Uruguay respetando la legislación internacional?
La respuesta a todas esas interrogantes es: No. ¿Entonces a quién le sirve que siga la Impunidad?
Le sirve a los militares y policías que cometieron los peores crímenes de la historia nacional y con la amenaza, el chantaje y la mentira quieren seguir sin responder por ellos.
Le sirve a la derecha política, mediática y empresarial que se benefició con la dictadura y que los quiere seguir usando como factor de poder y amedrentamiento y que se opone a todo el proceso de cambios que en los dos gobiernos del FA ha emprendido el Uruguay.
Le sirve al imperialismo yanqui que quiere a toda costa evitar que se ventile el grado de involucramiento y complicidad que tuvo en la barbarie.
Por eso las espinas del fascismo que envenenan la democracia reaccionan como reaccionan. Primero con las amenazas del Foro Libertad y Concordia, luego con la operación del Video, después con las amenazas de los retirados militares, luego con Jorge “Pajarito” Silveira invitando por los medios a Mariana Zaffaroni para contarle cosas, también con la lamentable aparición pública del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general de aire José Bonilla, afirmando que todo es en vano “porque los que saben no van a hablar”.
Lo último de esta nada sorprendente seguidilla es la publicación de un documento sin firma sobre un supuesto pacto entre militares y el MLN de 1998.
Hay que anular la Ley de Impunidad. ¿Anular la Ley resuelve todo? Por supuesto que no. Hay que seguir haciendo denuncias, hay que lograr que jueces y fiscales tipifiquen delitos de lesa humanidad y no prescriptibles. Hay que lograr que todo el Estado uruguayo aplique las recomendaciones del fallo de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Gelman. Hay que buscar nuevos caminos para la Verdad que pasan por instancias institucionales de investigación, porque el Estado no puede permanecer neutral, instalando la Institución Nacional de DDHH y creando una Comisión de Verdad, con potestades e instrumentos para investigar.
Pero lo primero es anular la Ley de Impunidad. Y en eso si no hay lugar a confusiones, cuando se logre, será un paso histórico y una enorme victoria popular.

Alejandra Lemes
http://www.militaresycomplicespresos.blogspot.com