Referentes de izquierda por la anulación

A la opinión pública

Queridos compañeros, queridas compañeras:

Una vez más se plantean debates dentro de nuestro Frente Amplio sobre la mejor forma de erradicar la Ley de Caducidad y sus efectos. Esto nos sorprende, porque el Plenario Nacional estableció un claro mandato a nuestros legisladores, aprobado sin votos en contra y con sólo tres abstenciones, que ya fue cumplido en la Cámara de Senadores, pero la discusión es un hecho y debemos afrontarla.
En los últimos días el compañero José Mujica, presidente de la República, ha sostenido que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, elaborado por el Frente Amplio y aprobado por el Senado con votos frenteamplistas, pone en peligro la victoria que todos deseamos en 2014, y con ella la profundización del proceso de cambios iniciado desde que alcanzamos el gobierno nacional.
Durante el proceso de elaboración de ese proyecto interpretativo se tuvieron en cuenta diversas objeciones y propuestas, entre ellas las aportadas por el compañero José Korzeniak, experto en derecho constitucional. Si aparecen otras ideas, habrá que considerarlas con el mayor respeto, pero nos permitimos señalar que no es momento para improvisaciones en un asunto tan importante. Está bien que nos esforcemos por buscar la mejor solución posible, pero tengamos presente que demasiadas idas y venidas causan confusión y desánimo.
El fondo de la cuestión es que la legislación uruguaya incluye, desde diciembre de 1986, una norma inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales firmados por Uruguay. Una norma que permite la impunidad de delitos de lesa humanidad y cuyos efectos deben ser eliminados, por elementales razones éticas y porque así lo decidió, en marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy debe quedar claro que nuestra voluntad política de terminar con la impunidad sigue firme. Con ese objetivo, ya es hora de que el sistema judicial recupere las potestades que le arrebató la Ley de Caducidad, y que en los últimos años sólo ha podido ejercer cuando le dieron permiso desde la presidencia de la República.
La historia de la Ley de Caducidad es intrincada y llevamos muchos años atrapados en ella, por las malas artes de quienes quieren la impunidad y por nuestros propios errores. No soñemos con que hay un modo simple e indiscutible de resolver el problema. Si nos empeñamos en buscar una fórmula perfecta que no existe, el resultado puede ser que todo quede como está.
La impunidad fue impulsada con amenazas y engaños. Ahora se intentará mantenerla con recursos jurídicos y políticos. Es una señal de que hemos avanzado: sigamos adelante.
Nos dicen y nos dirán que la Ley de Caducidad fue respaldada por la mayoría de la población en el plebiscito de octubre de 2009, y que por ese motivo debemos dejarla en pie, que se ha vuelto invulnerable por la voluntad popular. Es un argumento eficaz pero mentiroso.
En ese plebiscito se votó con una sola papeleta, y por lo tanto sólo fue posible contar cuántos votamos en contra de la impunidad. Ignoramos cuántos estaban a favor, y seguramente muchas personas no pusieron el Sí rosado en el sobre porque no tenían una opinión formada. Se abstuvieron. Decir que ésos fueron votos de apoyo a la Ley de Caducidad es como atribuir opinión definida a los encuestados que terminan en el casillero “no sabe / no contesta”.
No nos enredemos una vez más: la Ley de Caducidad es inconstitucional, como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea General y el Poder Ejecutivo; no puede ser contrario al derecho anular todos sus efectos, que nunca fueron legítimos.
Se ha dicho que la profundización del proyecto frenteamplista, en el tercer gobierno nacional consecutivo que todos queremos conquistar, es el mejor modo de defender los derechos humanos, que nada es más importante y que todo lo logrado se puede perder si, al aprobar el proyecto interpretativo, ponemos al FA en una situación vulnerable ante las críticas de otros partidos.
Discrepamos fraternalmente con ese punto de vista. No aceptamos que sea necesario elegir entre la continuidad y el contenido de nuestro proyecto de gobierno.
Sería un error grave, como elegir entre la libertad y la seguridad, entre el crecimiento y la distribución, entre la unidad y la diversidad, entre los cambios y la paz.
Uno de los enemigos más poderosos que enfrentamos está dentro de nuestras propias cabezas, y nos dice que no es posible escapar a esas alternativas, que no podemos pensar fuera de ellas.
Si nos convencemos de que debemos dejar por el camino nuestra identidad, no importará cuáles sean los resultados electorales: estaremos derrotados aunque ganemos.
De nuestra conducta en estos días dependen muchas cosas: respetar la memoria de quienes ya no están, y también cuidar la esperanza de los que vienen. Podemos hacerlo juntos, si no se nos olvida quiénes somos.

FIRMAN: Eduardo GALEANO, Margarita PERCOVICH, Belela HERRERA, Guillermo CHIFFLET, Ana OLIVERA, Daniel VIGLIETTI, José DÍAZ, Zelmar MICHELINI (h), Marina ARISMENDI, Miguel FERNANDEZ GALEANO, Victorio CASARTELLI, Maria Elia TOPOLANSKI, Fernando PEREIRA, Edgardo OYENART, Juan FAROPPA, Sara MÉNDEZ, Coriún AHARONIAN, Mariano ARANA, Ricardo ELENA, General ® Juan Antonio RODRIGUEZ ORLANDO, Pablo ANZALONE, Marcelo PEREIRA, Gabriel MAZZAROVICH, Carlos CAILLABET, Juan CASTILLO, , Jorge MAZZAROVICH, Alejandro ZAVALA, Milton ROMANI, Ricardo POSADA.