domingo, 6 de octubre de 2013

Violencia de Estado: La "norma obligatoria"




Fiscal Gustavo Zubía

El fiscal penal Gustavo Zubía ha pedido condena para siete luchadores y activistas sociales: Irma Leites, Patricia Borda, Jorge Zabalza, Álvaro Jaume, Aníbal Varela, Diego y Eduardo Jaume.
Es el mismo fiscal que, cuando actuaba en materia de menores, tuvo una influencia decisiva en las reformas al código penal adolescente (2004) que aumentaron las penas. A tal punto, que en los juzgados se las conoce como "ley Zubía". Se trata de un confeso derechista, fanático de las políticas de "seguridad pública". Esas que criminalizan a las víctimas de la extrema pobreza y la desposesión más atroz. Que encarcelan jóvenes y desempleados. Que penalizan a los rebeldes que protestan y se indignan por la impunidad que beneficia al terrorismo de Estado. Que amenazan a movimientos contestatarios y a militantes de la izquierda desobedientes que rompen el "consenso" que manda en la sociedad.
A los cuatro primeros quiere procesarlos con prisión. Los acusa de "atentado", una figura del orden jurídico que castiga a los que se atreven franquear -sin permiso- el umbral de las instituciones o corporaciones estatales. Que buscan "impedir el ejercicio de la autoridad". Porque ese fue el "delito" de los manifestantes el 15 de febrero, cuando llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia a protestar por el "traslado" de la jueza Mariana Mota. No solo desafiaron una decisión arbitraria. Peor todavía: invadieron la soberanía de la justicia. Atacaron su "independencia".
La magistrada Gabriela Merialdo todavía no se expidió. Cavila por estas horas entre la "privación de libertad" o una sentencia menos rigurosa. Tiene plazo hasta los primeros días de octubre. Es una jueza con experiencia. Su currículum vitae dice, entre otros méritos, que permitió los "interrogatorios irregulares" realizados por el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía (DOE) contra el Colectivo de Denunciantes. O sea, contra aquellos que denuncian a los torturadores y asesinos de la dictadura.
Los inquisidores son circunstanciales. Cumplen la función asignada. Apenas eso. Ni siquiera alcanzan el status de "enclave fascista" en el Poder Judicial. Que, recordemos por si acaso, es un poder del "Estado de derecho". Mejor dicho: del Estado capitalista. Allí donde la justicia actúa, en palabras de Marx, como mecanismo de la "compulsión silenciosa de las relaciones económicas". Bajo la apariencia de un "equilibrio" que garantiza el "interés general".
Obviamente, si alguno de los compañeros acusados es procesado, la "escalada represiva" subirá de tono. Pero la violencia de Estado ya ha demostrado que no se toma vacaciones en la era progresista. Bastaría con registrar algunos hechos recientes para confirmarlo. Desde las infiltraciones policiales en las marchas del 14 y 24 de agosto, al espionaje electrónico; desde la "esencialidad de los servicios" para romper huelgas, al acoso de pegatineros sindicales; desde el cierre de la radio comunitaria La Kandela, a la confiscación de carros y caballos de clasificadores; desde las palizas a los presos en el Comcar y Libertad, al horror de las cárceles del INAU; de los "operativos de saturación" en los barrios más pobres, a las torturas de adolescentes en Santa Catalina. Sin olvidarnos que en aplicación de la ley de faltas, unas 20 personas por día (en su mayoría "indigentes" y sin techo), son conducidas a comisarías.
Por eso, tan ilusorio como reivindicar la "independencia" del Poder Judicial, lo es pretender que este avance punitivo se debe, casi exclusivamente, a los "abusos policiales" y a los desvaríos autoritarios de quienes, desde el Ministerio del Interior, comandan las operaciones represivas. Por el contrario, las estrategias de control social, de "tolerancia cero", al igual que las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, no hacen más que revelar que esta violencia, por naturaleza, es una "política de Estado".
Hace más de cien años -cuando polemizaba con el oportunismo parlamentario y el socialismo revisionista-, Rosa Luxemburgo decía que "la legalidad burguesa no es más que la expresión de la violencia de clase, elevada a norma obligatoria por la clase dominante". El gobierno del Frente Amplio no es más ni menos represivo que los gobiernos de blancos y colorados. Simplemente, aplica con esmero esa "norma obligatoria" que distingue a todo Estado capitalista. A eso de reduce la "legalidad vigente" que jueces, fiscales y policías defienden.
Si alguien llegó a pensar que con el progresismo la "norma obligatoria" de la clase dominante iba desaparecer, evidentemente, se equivocó. O nunca entendió el verdadero significado de ser "partido de gobierno". Es decir, partido del orden. Por tanto, propietario del monopolio de la violencia de Estado. Y celador del ordenamiento legal.
El sistema capitalista, afirmaba Marx en El Capital, tiene colgado en sus puertas de oro un cartel que dice: "Prohibido el paso salvo para los negocios". Los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales (Unatra), pudieron comprobarlo hace pocos días durante en la Expo Prado: compraron sus entradas pero no pudieron ingresar al predio para denunciar sus pésimas condiciones laborales. Fue una cristalina demostración de cómo funciona el "Estado de derecho". Y un aviso más para los revoltosos. Las instituciones públicas no se pueden "invadir". Tampoco los centros del poder económico. Mucho menos la propiedad privada. Son infranqueables, por definición.

Editorial
En Lucha Nº 10, agosto/setiembre 2013
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