Los principales representantes de los partidos colorado y nacional han estado desfilando por los medios de comunicación, supuestamente espantados y sumamente preocupados por haber descubierto ahora la corrupción en los asuntos estatales, a partir de lo acontecido con PLUNA.
Por supuesto que estamos ante un acto de suprema hipocresía por parte de estos partidos que por décadas han estado llevando adelante todo tipo de negociados y actos de corrupción millonarios, utilizando el aparato estatal en su beneficio.
Claro está que lo anterior no quiere decir que debe dejar de reconocerse la corrupción realizada por la dirigencia frenteamplista que actualmente ejerce el gobierno. Corrupción, que por otra parte no se reduce en modo alguno al caso PLUNA.
Para nuestra organización es importante señalar tres aspectos de este tema:
En primer lugar destacar el hecho de que la corrupción, los negociados, el tráfico de influencias, son inseparables del estado burgués. No se puede concebir un estado que existe para defender los intereses de una minoría que se enriquece gracias a la explotación de las grandes masas populares, sin que sus administradores en el gobierno estén colocados allí para llevar adelante todo tipo de maniobras para favorecer a esos sectores y para sacar sus tajadas correspondientes.
Por lo tanto no se puede cuestionar la corrupción como un fenómeno aislado, anómalo, sino que para hacer una crítica seria del mismo no se puede dejar de cuestionar en su globalidad al Estado Uruguayo, como instrumento de opresión de la burguesía y del imperialismo, contra los trabajadores y demás sectores explotados de nuestro país.
En segundo lugar debemos señalar que el modelo neoliberal, que tiene como uno de sus principios fundamentales el propiciar la intervención privada en áreas administradas históricamente por los estados, además de generar todo tipo de asociaciones entre capitales privados y públicos, es un modelo que aumenta exponencialmente las oportunidades para todo tipo de maniobras fraudulentas y actos de corrupción alevosos.
La historia reciente de nuestra América Latina está repleta de ejemplos al respecto. Baste recordar ejemplos como los de los gobiernos de Fujimori en Perú, Menem en Argentina o Collor de Melho en Brasil, donde la ola de privatizaciones de los años 90 les permitió llevar adelante fraudes millonarios de todo tipo. Lo mismo ocurrió con todos los gobiernos que implementaron las medidas privatizadoras exigidas por el imperialismo en la aplicación del modelo neoliberal, a lo largo y ancho de nuestra América y en el resto del mundo.
Nuestro país ha venido con cierto retraso en la aplicación de la política privatizadora, debido a que nuestro pueblo a resistido fuertemente los intentos directos que se han realizado por los gobiernos blancos y colorados. Recordemos las movilizaciones que culminaron con los Plebiscitos por ANTEL, por ANCAP, por el agua, por ejemplo.
Ante esto, los gobiernos frenteamplistas han recurridos a maniobras indirectas, a llevar adelante un proceso privatizador encubierto muchísimo más profundo que el logrado por los gobiernos anteriores.
La aprobación de la Ley de Participación Público Privado marcó el comienzo de un proceso que acelerará exponencialmente la participación de capitales privados en áreas como educación, salud, seguridad, además de la privatización de empresas públicas, o su asociación con capitales privados.
Esto está generando un caldo de cultivo sumamente propicio para que la corrupción de todo tipo aumente enormemente. No deberá extrañarnos de ninguna manera, que vivamos nuevos escándalos, a medida que se puedan descubrir por parte de algún sector de la izquierda o de los trabajadores, o a medida que algún partido de la oposición parlamentaria juzgue conveniente, según sus intereses electorales, salir a denunciar alguno de esos tantos casos, de los que tan bien están informados por distraídos que se hagan.
Como decíamos antes, es claro que no se puede criticar seriamente un acto de corrupción, como el de PLUNA, sin cuestionar el modelo económico neoliberal impuesto en el país, modelo totalmente compartido por los partidos tradicionales.
En tercer lugar no se puede dejar de recordar todos los actos de corrupción llevados adelante por los gobiernos colorados y blancos y que, sumados al hecho de defender los mismos intereses de clase y por lo tanto el mismo modelo de país que el Frente Amplio, les quitan toda autoridad moral para hablar del tema.
Tan solo alcanza con repasar muy brevemente lo ocurrido en los últimos gobiernos para convencerse de ello.
Alcanza recordar en el caso del gobierno de Jorge Batlle, los casos de fraude en OSE por parte de los Directores Carlos Rodríguez Landoni y Hugo Granucci procesados penalmente y de Juan Justo Amaro y Alberto Casa, a quienes el parlamento, integrado por Blancos Colorados y Frenteamplistas, no otorgó el desafuero para que fueran juzgados. O el caso de Cesar Rodriguez Batlle, nombrado por su primo, Jorge Batlle como presidente del Banco República, y que protagonizara el caso Mi Granja, empresa que figuraba a nombre de uno de sus socios y a la cual fueron desviados decenas de millones de dólares desde el BROU y desde la CND.
En el caso del otro gobierno colorado posterior a la dictadura, el de Sanguinetti, la lista de negociados fraudulentos conocidos es demasiado extensa como para poder detallarla. Baste mencionar los casos, Laguardia, Rupenian, entrega de frecuencias de radios a testaferros, tráficos de facturas, prestamos del BROU sin garantías, etc, etc.
Por el lado del Partido Nacional, su único período de gobierno fue sumamente fructífero en casos de corrupción.
Sanguinetti le gana en número de corruptos pero las cifras de la corrupción en el gobierno Lacalle es astronómica. La privatización del banco Pan de Azúcar a Benhamou le costó al Uruguay 200 millones de dólares y su negocio de venderle el Banco Comercial a los Rohm otros 400 millones.
Se pueden seguir nombrando otros casos: la reclasificación de tierras forestales de Ence, los prestamos del BROU gestionados por Garcia Pintos, etc.
La lista puede hacerse todo lo larga que se quiera. Hay miles de casos comprobados y nunca denunciados o juzgados, de jerarcas y gobernantes de los partidos tradicionales que han sido protagonistas de casos fraudulentos de todo tipo.
En el caso particular de PLUNA hay que recordar que la privatización de la empresa y el comienzo de esta etapa de saqueo de la misma, comenzó en 1991, bajo el gobierno blanco de Lacalle.
El artículo 6° de la ley N° 16.211 del 1° de octubre de 1991 facultó a PLUNA a asociarse con capitales privados.
En base a dicha ley, en junio de 1995, durante el segundo gobierno de Sanguinetti, PLUNA se asoció con Varig, creando una nueva empresa denominada Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A.
A partir del vencimiento del contrato de gerenciamiento con Varig, el gobierno uruguayo se abocó a la búsqueda de nuevos socios para la empresa, lo que concluyó el 4 de enero de 2007, durante el gobierno de Tabaré Vazquez, en la asociación con Leadgate Investment.
Como se ve el proceso de privatización y vaciamiento de PLUNA abarcó períodos de gobierno de los tres partidos políticos mayoritarios.
Ninguno de estos partidos es inocente, por un lado por haber sido participes directos en estos casos de corrupción, pero también, y fundamentalmente por defender e impulsar un modelo neoliberal que genera constantemente este tipo de sucesos como uno de los mecanismos de transferencia de la riqueza generada por los trabajadores a las manos de la burguesía y el imperialismo.
No se puede criticar al gobierno por los escándalos de corrupción sin denunciar el modelo de país que impulsa y defiende, cosa que los partidos con representación parlamentaria no pueden hacer porque lo comparten.
No se puede criticar estos sucesos, con las manos sucias por el mismo tipo de maniobras como las tienen los partidos blanco y colorado.
No se puede criticar la corrupción sin cuestionar en todos sus aspectos a un estado que defiende los intereses de los explotadores, y eso no lo pueden hacer ninguno de los partidos con representación parlamentaria porque todos ellos defienden los intereses del imperialismo y la gran burguesía.
En definitiva, no es posible ninguna alianza de la izquierda consecuente en este tema, ni en ningún otro con los partidos tradicionales de la derecha. No son compatibles ni comparables las críticas realizadas desde la izquierda y el clasismo con las criticas que realizan blancos y colorados contra el gobierno, ya que ellos son igual de culpables que el mismo.
Al igual que en todos los aspectos de la lucha en general contra la política impulsada por el gobierno, la lucha contra la corrupción solo pude darse por parte de la izquierda consecuente, que defiende principios, políticas y modelos de país totalmente opuestos, tanto a los del frente amplio como a los del resto de los partidos representantes de la oligarquía y el imperio
COMISIONES UNITARIAS ARTIGUISTAS
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