La edila frenteamplista Beatriz Jaurena (PVP-567) informó sobre la situación de las denuncias por desaparición y asesinato de vecinos de Maldonado durante la dictadura. Todos los casos han sido presentados a la justicia, pero los responsables, no aparecen.
Durante su exposición, la edila Beatriz Jaurena, recordó que en el año 2006, había denunciado en la Junta Departamental, los asesinatos y desaparición de Gelós Bonilla (ex edil departamental), de Francisco Chocho (vecino y militante del PN), y del joven Eduardo Mondello; todo ocurrió en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 de Laguna del Sauce.
Los planteos, fueron elevados luego a la justicia, incluyendo en el caso de Horacio Gelós Bonilla, el pedido para que se preservara el predio, donde según testigos, podrían estar enterrados sus restos.
Se sumó además la denuncia de hermano de Gelós contra los mandos de la época, patrocinada por la doctora María del Carmen Salazar.
Todos los casos mencionados, pasaron al Juzgado de 7º turno de Montevideo, “ya que se encadena al juicio contra Bordaberry, siendo procesado el dictador también por este caso”, dijo Jaurena.
Beatriz Jaurena explicó que al culminar “la primera etapa en la que declararan en calidad de testigos militares que revestían en el Batallón Nº 4 en la época, y civiles (ex- presos políticos), el expediente pasará a vista fiscal; esperamos que en esta etapa se llame a declarar a los involucrados, pero ya como indagados”.
Recordó que en las declaraciones, quedó de manifiesto que Gelos Bonilla estuvo en esa unidad militar, que fue victima de torturas y que su cuerpo está desaparecido.
En el caso de la denuncia de Chocho, fue presentada en 2009 en Maldonado, en la sede penal de 4º turno que estaba a cargo entonces del doctor Federico Alvarez Petraglia, quien citó a declarar a varios testigos.
El caso de Eduardo Mondello y el de la vecina de San Carlos Amelia Lavagna de Tizze, aclaró Beatriz Jaurena que fue “presentado recientemente por Fundación Mario Benedetti, la que entrega a la jueza penal Mariana Motta la investigación por la muerte de 19 militantes de izquierda entre 1972 y 1976, durante la presidencia de Juan María Bordaberry “.
La polémica ley que sigue vigente
Beatriz Jaurena, reiteró una vez más que, “la Ley de Impunidad es inconstitucional; la propia Suprema Corte de Justicia de Uruguay decretó su inconstitucionalidad en el caso Sabalsagaray del 19 de octubre de 2009”.
Insistió en que viola tratados internacionales: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que a Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.
Beatriz Jaurena, planteó que, “no está en discusión hoy como laudar el pasado, si cual es el mensaje democrático categórico, hacia el futuro; cuáles son los valores hacia las nuevas generaciones de uruguayos y uruguayas que entendemos debemos desarrollar. La política de impunidad crea cultura de impunidad, se hace carne en la sociedad originando que todo sea lo mismo; matar, robar, secuestrar o torturar”.
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