La impunidad de ayer y de hoy

El próximo lunes 27 de junio se cumplen los 43 años del golpe de estado en Uruguay y el inicio de la histórica huelga general de la clase trabajadora que lo enfrentó por dos semanas, que se dio en el marco de grandes luchas sociales de la región y la respuesta del imperialismo y las clases dominantes a través del Plan Cóndor.
Hoy día la mayoría de los crímenes de la dictadura uruguaya y de la región todavía siguen impunes y muchos de los que somos hijos, familiares o expresos políticos, seguimos sin obtener respuestas de las autoridades, vemos cómo caminan libres por las calles los represores de aquellos años y encima vemos cómo éstos atentan impunemente contra el GIAF (Grupo de Investigación en Antropología Forense) en Uruguay.
Pero también vemos como la impunidad de los crímenes de las dictaduras de los setenta tienen su continuidad en la impunidad de los represores de hoy, como los casos de asesinados en democracia en la Masacre del Hospital Filtro o en los múltiples casos de gatillo fácil y represión en los barrios populares, que tuvo su edición más reciente hace pocas semanas en barrio Marconi en Montevideo.

Plan Cóndor, golpe y huelga

El Plan Cóndor fue un plan sistemático de represión contra la clase trabajadora y la juventud revolucionaria del Cono Sur, que en la época vivía un proceso de ascenso en sus luchas. El golpe de estado en Uruguay fue un eslabón de esto y una continuidad de la represión social y política que se vivía en el país desde hace años. En particular mis padres, mi familia, que eran parte de esa clase trabajadora y esa juventud, vivieron tempranamente la persecución y represión del estado. Llevamos en la memoria el relato de mi abuela Blanca Nilo y mis tíos de cómo la patota de Gavazzo ingresaba violentamente, con metralleta en mano, a nuestra casa en el barrio de La Teja para llevarse a todos sus hijos y amenazando a toda la familia.
Hecho el golpe, los trabajadores y la juventud lo enfrentaron heroicamente durante dos semanas en la huelga general y derrotada la misma la persecución y el asesinato no pararon. El estado y sus represores siguieron persiguiendo, torturando, encarcelando y asesinando militantes, incluso en el exilio. Como pasó con mis padres María Asunción Artigas y Alfredo Moyano que fueron secuestrados y desaparecidos en Argentina en 1977- 1978, por parte de fuerzas represivas uruguayas en coordinación con las fuerzas represivas argentinas.

La impunidad de los represores

Hoy día la mayoría de los criminales de la represión en los setenta siguen impunes en Uruguay y en la región. Recientemente el fallo del juicio del Plan Cóndor en Argentina, si bien logró la condena de varios represores como el uruguayo Manuel Cordero, no incluyo finalmente en su informe de sentencia el papel jugado por EEUU en el Plan Cóndor y varios casos, como el de mis padres, quedaron excluidos por el fallecimiento del represor Videla, a causa de la demora que tuvo el proceso en llegar a la sentencia.
En Uruguay están amparados por el sistema jurídico, históricamente a través de la ley de Caducidad que garantizó la impunidad de los represores por muchos años, y sobre todo por el sistema político con los pactos de impunidad de los grandes sectores políticos con los militares a través de pactos como el del Club Naval, y del régimen en general, con el accionar reaccionario de la justicia y las decisiones tomadas en los últimos años por la Suprema Corte de Justicia, las cuales frenaron los pocos casos que se estaban investigando. El resultado es la condena simbólica a unos pocos represores, que gozan de variados privilegios como la cárcel vip, la prisión domiciliaria, y las salidas transitorias. Privilegios que tiene por ejemplo el represor José Gavazzo (que goza de prisión domiciliaria y salidas transitorias), Ernesto Ramas, entre otros.
Todas estas trabas al avance de la justicia y la impunidad resultante, hacen caso omiso a la legislación internacional vigente sobre los crímenes de lesa humanidad o a sentencias internacionalmente reconocidas como la sentencia del caso Gelman de la Corte Interamericana de DDHH.

La impunidad de hoy

Las salidas de las dictaduras tuvieron como condición la impunidad de los represores, así los nuevos regímenes “democráticos”, tuvieron como génesis la injusticia. En el caso de Uruguay la garantía fue el Pacto del Club Naval y otros pactos, de los grandes partidos políticos como el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional con los militares, consagrados con la ley de Caducidad. Quedó demostrado que el objetivo de esta impunidad era la preservación de las fuerzas represivas del estado, para volver a usarlas en caso de necesidad a favor del régimen y las clases dominantes. Esto fue así y lo sigue siendo en Uruguay, con los crímenes en democracia como los asesinatos políticos de la masacre del Hospital Filtro en los noventa, los crímenes sociales de las fuerzas represivas, en especial la policía, contra la juventud pobre con los casos de gatillo fácil y la represión a todo un barrio como pasó en el Marconi hace pocas semanas, la persecución y judicialización de la protesta social contra trabajadores y estudiantes en las últimas luchas del sector educación en los años 2013 y 2015, con casos demostrados de espionaje y persecución por parte de aparatos de inteligencia venidos de los setentas como el DOE (Departamento de Operaciones Especiales), la impunidad del robo y la amenaza a los científicos del GIAF a comienzos de este año, entre otros casos.

En las calles

Este 27 de junio habrá nuevamente una marcha que recordará el golpe y la represión estatal, convocada por organizaciones de DDHH, de estudiantes y de trabajadores, la cual concentrará en la plaza del Entrevero a las 18 horas. Frente a la impunidad reinante, los familiares, los trabajadores y la juventud, debemos seguir luchando en las calles, para encarcelar a todos los represores impunes de los sesenta y los setenta, como también a los represores actuales. La lucha contra los crímenes de la dictadura es también la lucha por parar las amenazas contra el GIAF y la represión y el gatillo fácil en los barrios populares, es denunciar la persecución y judicialización que se les hace a los trabajadores y estudiantes que salen a luchar como pasó a partir de la represión en el CODICEN, en la última huelga de la educación en 2015.
Por todo esto, es importante que el 27 de junio seamos miles en las calles, para manifestar que los trabajadores y la juventud estamos en pie de lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura, así como también contra la represión estatal que hasta hoy día sigue vigente, porque recordar la fecha del golpe de estado es recordar que luchamos contra la impunidad de ayer y también contra la impunidad de hoy.

María Victoria Moyano
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