En el día de ayer una multitud recorrió el centro de Montevideo en reclamo de verdad y justicia para los crímenes de la última dictadura militar. Desde Rivera y Jackson hasta Plaza Libertad los manifestantes marcharon en silencio bajo la consigna "Ellos en nosotros. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Verdad y Justicia".
La marcha, que se realiza desde 1996, en esta ocasión coincidió con el aniversario número 40 del asesinato en la Ciudad de Buenos Aires del ex senador del FA Zelmar Michelini, del dirigente del Partido Nacional y ex presidente de la cámara de diputados Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.
El reclamo contra la impunidad de ayer y de hoy denuncia también el reciente atentado y robo al GIAF, tema en el que no se ha avanzado y que, como reclaman los mismos familiares, no debe quedar impune.
La masiva concurrencia, con la presencia de muchos jóvenes secundarios y universitarios que no fueron testigos directos de la dictadura militar pero que ya han participado de importantes conflictos como la lucha por mejoras en la educación y el 6% de presupuesto, muestra como mantiene vigencia el persistente reclamo de justicia para las violaciones de los derechos humanos que se dieron en el gobierno cívico militar que gobernó desde el año 1973 hasta 1985.
El golpe en nuestro país fue parte de una situación regional en el que la coordinación de las fuerzas represivas del Cono Sur a través del Plan Cóndor se propuso aplastar el ascenso revolucionario de la clase trabajadora que se daba desde el 68 en toda la región. Decenas de miles de presos políticos, asesinados, exiliados y desaparecidos fueron las víctimas directas de esta política orquestada por el imperialismo estadounidense y sus socios locales.
La situación actual de los juicios y las investigaciones
A más de 30 años del retorno de la democracia muy poco se ha avanzado en este tema. Con algunos militares presos en condiciones de privilegio y las denuncias e investigaciones paralizadas o avanzando muy lentamente todo el sistema político alienta en mayor o menor medida la impunidad para los responsables de los crímenes de la dictadura intentando además presentar este tema como algo del pasado que hay que dejar atrás. Se fomenta así la reconciliación con las fuerzas represivas con el objetivo de usarlas, ya represtigiadas, si les resulta necesario. Esto lo podemos ver por ejemplo con la represión contra la juventud pobre (con los casos de gatillo fácil y los mega- operativos) o la represión contra luchadores sociales, implementados desde el gobierno, y con el beneplácito de la oposición blanqui-colorada.
La llegada al gobierno del Frente Amplio generó expectativas de que se avanzaría en el juicio y castigo, pero eso finalmente no sucedió. A los obstáculos y dilaciones para la investigación judicial se sumó el papel activo del FA para intentar cerrar la cuestión, ya sea con la propuesta de reconciliación que planteó Tabaré Vázquez con su día de “nunca más uruguayos contra uruguayos” o las declaraciones y acciones de Mujica para que los asesinos y torturadores no sean juzgados o cumplan prisión domiciliaria. Más allá de las genuinas aspiraciones de los votantes frenteamplistas de avanzar en la búsqueda de justicia la presencia de un confeso defensor de los militares genocidas como Fernández Huidobro en el gobierno como ministro de Defensa, tanto con Mujica como con Tabaré, ilustra en definitiva el papel del Frente Amplio en relación a los sucesos de la dictadura.
La consigna de verdad y justicia con que se convocó la marcha de este año plantea correctamente la necesidad de avanzar en las investigaciones y hacer pagar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y refuerza la necesidad de la independencia política de las organizaciones de DDHH frente a cualquier partido o institución cómplice del régimen de impunidad y de los sectores sociales impulsores y beneficiados del golpe de estado.
La presencia en la marcha de ayer de dirigentes frenteamplistas como Mujica y Topolansky, que alientan activamente la impunidad para los genocidas, es contradictoria con el espíritu de la Marcha del Silencio y su reclamo de verdad y justicia y merece un claro repudio.
Hay que continuar la lucha por Juicio y Castigo
En la lucha contra la impunidad no se avanzará depositando confianza o expectativas en el sistema político. Con el Pacto del Club Naval o la ley de caducidad, los partidos políticos han demostrado que son garantes de la impunidad.
Solo la organización y movilización independiente de los trabajadores, los organismos de DDHH y demás sectores populares, pueden llevar a cabo la lucha por el juicio y castigo para los crímenes de la dictadura y acabar de raíz con este régimen basado en la impunidad.
Hernán Yanes
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