Luego de conocer la noticia, el General Barneix se suicidó
Los hechos de hace 41 años
Aldo “Chiquito” Perrini, heladero de la Ciudad de Carmelo en la época en que se daba el golpe de Estado en Uruguay, murió como consecuencia de las torturas recibidas durante su detención por parte de militares. Fue llevado de su domicilio el 26 de febrero de 1974 y trasladado junto con otros detenidos al Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, sito en la ciudad de Colonia del Sacramento.
De acuerdo al fallo de la Justicia “Perrini y los restantes detenidos fueron sometidos a diversos métodos de tortura: plantón durante varios días sin agua ni comida, golpes en todo el cuerpo mediante golpes de puño o puntapiés, submarino, picana eléctrica, amén de los abusos sexuales que sufrieron las detenidas –jóvenes entre diecinueve y veinticinco años”. Finalmente, “el día 3 de marzo de 1975 siendo aproximadamente las diecisiete horas, Aldo Perrini fue trasladado desde la habitación donde se encontraba junto con los restantes detenidos hasta la llamada “sala de interrogatorios” donde los detenidos eran interrogados por el S2 y su equipo mientras se los sometía a métodos de tortura tales como el “submarino” y la “picana eléctrica”… “Esa tarde se encontraban en la sala el Capitán Baudean, que cumplía las funciones de S2, y los Tenientes José Puigvert y Pedro Ramón Barneix”.
De acuerdo a los testimonios, Perrini intentó evitar y protestar por las violaciones que hacían los militares hacia las jóvenes presas, por lo cual los militares se ensañaron especialmente con él, muriendo a consecuencia de las torturas recibidas.
La búsqueda de justicia
Tras largos años de lucha, la familia Perrini apoyada por las organizaciones de Derechos Humanos logró el procesamiento de Barneix y Puigvert, luego de que la Suprema Corte de Justicia los considerara crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Una gran victoria de tantos años de lucha y movilización motivada por una persistente búsqueda de justicia que mantuvieron durante todos estos años los familiares de Chiquito, y que se expresaron en marchas, correcaminatas y escraches.
El suicidio y los honores
En el momento en que iba a ser formalmente notificado de su detención, Barneix se suicidó. Su entierro fue el pretexto para una nueva reivindicación de los militares genocidas por parte de las Fuerzas Armadas, con la complicidad del gobierno frenteamplista. Barneix fue sepultado con honores militares y con la presencia de varios generales, en un contexto de reivindicación del terrorismo de estado. El presidente del Centro Militar, el coronel retirado Guillermo Cedrez, declaró “En otra circunstancia injusta, en otra circunstancia en que se están agitando fantasmas del pasado y creando muertos en el presente. Este hombre no tuvo la culpa para nada, le tocó estar de guardia; algún día tiene que terminar todo esto”.
El asesino de Barneix fue parte de una comisión del Ejército que por encargo de Tabaré Vázquez en su primer período de gobierno investigó sobre el destino de los desaparecidos en la dictadura.
Su procesamiento por su clara participación en el asesinato de Perrini da cuenta de la connivencia entre el poder político (con el FA como uno de los principales protagonistas) que encarga a directos involucrados en la represión dictatorial aportar información para “dar vuelta la página” y cerrar el tema de vulneraciones de los derechos humanos durante la dictadura.
Lamentablemente el cobarde suicidio de Barneix evitará que cumpla su condena como corresponde. Aunque no debemos dejar de recordar que gracias a la política del FA si hubiese sido encarcelado habría cumplido su pena en la cárcel VIP de Domingo Arenas donde los torturadores y asesinos gozan de grandes privilegios en su cautiverio y desde donde siguen operando, junto a destacadas figuras del gobierno frenteamplista como el ministro de Defensa Fernández Huidobro, por la impunidad y la reivindicación de las fuerzas armadas genocidas.
A redoblar la lucha contra la impunidad
La política del Frente Amplio de nombrar a probados torturadores como informantes o investigadores de los crímenes de la dictadura muestra cómo desde el gobierno siguen siendo garantes de la impunidad, como lo hacen desde el pacto del Club Naval hasta la fecha.
Es necesario redoblar la lucha por el juicio y castigo a los culpables nombrando una comisión investigadora independiente compuesta por las víctimas, los familiares, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de trabajadores y estudiantes que fueron el blanco del ataque de estos asesinos mandados por la patronal y el imperialismo, una comisión que avance decididamente en la investigación de los hechos para garantizar con la movilización popular la cárcel para todos los genocidas y sus cómplices civiles. Hay que exigir que se abran todos los archivos y acabar con la información a cuenta gotas.
Hernán Yanes
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