Fiscal: el "Escuadrón de la Muerte" cometió crímenes de lesa humanidad

Para el ex fiscal y abogado Miguel Langón, el Escuadrón de la Muerte no existió. Para el fiscal, Dr. Ricado Perciballe, fue una gavilla integrada por agentes del Estado, con el visto bueno del gobierno de Pacheco, que se asociaron para detener, torturar y dar muerte o hacer desaparecer. LA REPUBLICA accedió al dictamen conocido el viernes.
Confirmó la existencia de esta "gavilla" que operó al margen del control jurisdiccional. La presentación de un libro sobre el Escuadrón de la Muerte por el abogado y ex fiscal, Dr. Miguel Langón Cuñarro hoy, lunes, pone sobre el tapete el proceso que está en curso en la Justicia. Langón Cuñarro es el abogado de uno de los imputados como integrantes del Escuadrón, Miguel Sofía, quien se encuentra prófugo. LA REPUBLICA accedió al dictamen completo del fiscal Dr. Ricado Perciballe, quien solicitó el procesamiento de tres ex policías y del propio Sofía.
La presentación del libro "Defensas penales. El caso del Escuadrón de la Muerte" se llevará a cabo hoy a las 18.30 horas en el Ateneo de Montevideo. El texto será comentado por los profesores Dr. Pedro Montano y Dr. Gastón Chaves.
Langón Cuñarro solicitó la clausura y archivo de la indagatoria por los crímenes del Escuadrón de la Muerte, alegando la prescripción de los delitos y la ausencia de pruebas. El ex fiscal argumentó que "no hay prueba directa ni orden material, ni testimonios válidos" que demuestren la existencia de esa organización parapolicial, sobre principios de la década del '70.
Por su parte, el dictamen del fiscal Letrado en lo Penal de 1er. Turno Dr. Ricardo Perciballe afirma que existen elementos de convicción suficientes para sostener que existió el Escuadrón de la Muerte como una asociación para delinquir, que cometió crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. En función de ello, Perciballe solicitó el procesamiento de los indagados Miguel Antonio Sofía Abeleira, Jorge Arturo Grau Saint Laurent, Pedro Walter Freitas Martínez y Washington Angel Grignoli Guarnieri por encontrarse incursos en un delito de asociación para delinquir en calidad de autores, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de desaparición forzada y dos delitos de homicidio muy especialmente agravados en calidad de coautores.
El fiscal también ordenó la detención internacional con miras de extradición respecto del ciudadano paraguayo Angel Pedro Crosas Cuevas o Angel Pedro Closas Cuevas, aunque se supone que éste ya falleció.
El Escuadrón de la Muerte asesinó, entre 1971 y 1972, a Manuel Ramos Filippini y al poeta Ibero Gutiérrez, siendo además responsable de la desaparición de Abel Ayala y Héctor Castagnetto, todos militantes periféricos vinculados al MLN Tupamaros.

Asociados para detener, torturar y matar

Según el fiscal Perciballe resulta ostensible que el grupo conformado en el entorno de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), de los que participaran los imputados mencionados y los fallecidos Ernesto Motto, Oscar Delega, Jorge Nader, Hugo Campos Hermida, Víctor Castiglioni, Armando Acosta y Lara, Walter Machado, Angel Closas Cuevas, José Pedro Macchi, "entre otros, se asociaron con un palmario fin delictuoso (detener, torturar y dar muerte o hacer desaparecer a miembros periféricos de la organización guerrillera, así como hostigar mediante atentados al entorno de aquella) contando con la participación directa de y/o la aquiescencia de las jerarquías del Ministerio del Interior".
Sostiene el representante del ministerio público sobre esta "gavilla, que pese a ser integrada principalmente por agentes del Estado, operaban flagrantemente al margen del control jurisdiccional, luego del control del poder punitivo de aquél, contando a su vez con el asesoramiento y respaldo de los servicios de seguridad e inteligencia extranjeros que se encontraban operando en Uruguay, así como de los servicios de igual índole de los países limítrofes". Agrega que "dicha banda adquirió un grado de permanencia y de organización, con un claro perfeccionamiento de roles a cumplir, una inequívoca distribución de tareas entre íncubos y súcubos con un fin común, el enfrentar por medios delictivos la creciente incidencia del MLN Tupamaros en la vida política, que per se permiten colegir que tal conducta es pasible de ser elencada en la figura prevista en el artículo 150 del Código Penal".
Sobre los asesinatos de los jóvenes Manuel Antonio Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez González, el fiscal sostiene que resulta diáfano que "nos enfrentamos a homicidios muy especialmente agravados por las circunstancias agravantes". Precisa que "huelga subrayar que las muertes de los jóvenes militantes políticos se vio contextualizada por una grave sevicia (art. 312 numeral 1º) por parte de sus ejecutores, quienes ostensiblemente actuaron con un 'propósito más feroz que en otros crímenes, pues no se contentan con extinguir la vida del enemigo, sino que quiere hacerlo sufrir más acabadamente antes que muera'... y... 'aunque el más grave de todos los males sea el de recibir la muerte, es indudable que este mal se agrava a causa de los dolores físicos que acompañan de modo violento al pensamiento de atroces suplicios, el temor de los ciudadanos, ante la previsión de que posiblemente se repita delito tan grande, se hace mayor, y así el daño mediato es más intenso'"
Percibale subraya que "resulta a su vez palmario, que dichos homicidios igualmente se ven agravados por ser perpetrados inmediatamente después de haberse cometido otro delito, ora para ocultar el propio delito, ora para suprimir sus indicios o la prueba, ora para asegurarse la impunidad o procurársela a alguno de los integrantes de la patota.
Habida cuenta que las deleznables muertes acaecen luego de que los jóvenes fueran ilegalmente privados de su libertad y en su caso torturados por sus ejecutores".
El fiscal fundamenta que el caso del Escuadrón de la Muerte no está comprendido dentro de la Ley de Caducidad, en la medida que los hechos investigados acontecieron entre los años 1971 y 1972, en pleno período democrático.
Por ello, aún cuando no se acepte que el delito de desaparición forzada sea permanente y que por tanto al día de hoy se sigue perpetuando (posición sostenida por el fiscal) lo cierto es que si se parte de que la dictadura o en palabras de la Ley "el período de facto" comenzó el 27 de junio de 1973, los maleficios que nos convocan son pasibles de ser juzgados y eventualmente condenados.
El fiscal también señaló que esos crímenes son imprescriptibles en cuanto se trata de delitos de lesa humanidad.

Bardesio y los otros

En un contexto de crisis socio política y económica, de significativas movilizaciones del movimiento sindical y estudiantil y de crecimiento vertiginoso de los grupos guerrilleros, en especial del MLN-T, a mediados de 1970 se conforman distintos grupos para-policiales y paramilitares conocidos, al igual que en Brasil y Guatemala, como "Escuadrones de la Muerte".
De ello dan cuenta los distintos medios de comunicación de la época y, en especial, el titular del diario "Ahora" donde el 28/4/1972 el en aquel momento senador de la República Wilson Ferreira Aldunate señaló: "no hay acuerdo si no liquidan al Escuadrón de la Muerte".
Tales grupos se conformaron como un racimo de pequeñas agrupaciones compartimentadas que se dieron a conocer con las siglas DAN (Defensas Armadas Nacionales) y/o CCT (Comando Caza Tupamaros) organizaciones de ultra derecha que se constituyeron en derredor de la bisoña Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), con apoyo explícito de servicios de inteligencia extranjeros y bajo la aquiescencia y/o impulso de las jerarquías del Ministerio del Interior en general y de la DNII en particular.
Un informe enviado por el embajador de EEUU en Uruguay Charles Adair de fecha 29/9/1971 dirigido al secretario de Estado, detalla una conversación mantenida con el Ministro del Interior Danilo Sena en la que éste reconoce que el escuadrón de la muerte es una táctica más del gobierno en la lucha contra el MLN.
Fueron dichos grupos los que efectuaron centenares de atentados principalmente contra abogados de presos políticos, familiares de éstos o contra personas de izquierda (aún cuando se registran también contra la oposición nacionalista) y/o locales partidarios de dicha corriente de pensamiento, así como las muertes y desapariciones forzadas que con posterioridad se desarrollaron.
Entre los mismos se destacan el DAN (Defensa Armada Nacional) organizado por el ex general retirado Juan Pedro Ribas, que efectuó diversos atentados contra personas vinculadas de una forma u otra con la organización guerrillera MLN, otro grupo al que no se le conoció nombre alguno, que formado a instancias de Carlos Pirán y regenteado por Bardesio, fue instruido en Argentina y realizó atentados principalmente contra abogados de presos políticos; y finalmente el más importante de todos y al que dedicaremos mayor atención el Comando Caza Tupamaros (CCT).
A principios de 1971, el ex subsecretario del Ministerio del Interior Carlos Pirán, a través del ex agente Nelson Bardesio, conformó un grupo especial de tareas de inteligencia, con personal de dicha cartera, empero fuera de la estructura de la misma, más los agentes Alberto Quinalbar Sosa, Hernán Silvera Techera, Estanislao Lamenza Castro y Oscar Rodao.
Este grupo compartimentado y paralelo a la estructura del Estado, que tuvo como eje de encuentro el Club Naval y la persona del Capitán de la Marina Ernesto Motto Benvenuto (asesinado por el MLN el 14 de abril de 1972) como pilar del mismo. Dicho oficial, en esos momentos operaba como enlace del Estado Mayor Naval en tanto oficial de Inteligencia N2.
Dicha banda de conspiradores se reunía en el Estudio fotográfico Sichel, regenteado por Bardesio, sito en Br. España 2291, o en la Oficina de Estadística, Contralor y Difusión (OECD) con asiento en el propio Ministerio del Interior y cuyo responsable era el actual indagado inspector Jorge Grau Saint Laurente.
Una vez conformado, este núcleo de conjurados recibió sus primeras enseñanzas de manos de Bardesio, pero a poco de ello viajó a Buenos Aires (con gastos a cuenta del Ministerio del Interior y con documentación falsa proporcionada por aquella repartición estatal) a efectos de realizar cursos de inteligencia y contra inteligencia en la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), de la Argentina.
Con posterioridad a dicha formación, y ya vueltos al país, comenzaron a efectuar vigilancias en distintos domicilios de abogados defensores de presos políticos, familiares de éstos y personas de izquierda.
Efectuadas dichas vigilancias, con gelinita traída desde Argentina, efectuaron diversos atentados, siguiendo órdenes precisas de los jerarcas del Ministerio del Interior.
Entre los centenares de atentados efectuados entre 1970 y 1972, se destacan los perpetrados contra los domicilios del Dr. Arturo Dubra, la Dra. María Esther Gilio, el Dr. Alejandro Artucio y el Dr. Manuel Liberoff.
Este fue sólo el comienzo, por cuanto la actividad de estos grupos fue in crescendo, ya no como forma de amedrentar a los opositores de izquierda, sino de golpear a las personas periféricas de la propia organización guerrillera MLN-T.
Así también, con la participación relevante de Bardesio, a mediados de 1971 se conformó un grupo más selecto para estas tareas, bajo las órdenes del sub secretario del Ministerio del Interior Armando Acosta y Lara, a la sazón también asesinado el 14 de abril de 1972 por un comando del MLN Tupamaros. Para ello, el coronel (PAM) Walter Machado (hoy fallecido) desde 1970 se desempeñaba como ayudante militar en el Ministerio del Interior, conecta a Nelson Bardesio con los integrantes de la JUP (Juventud Uruguaya de Pie) Angel Pedro Closas Cuevas (de nacionalidad paraguaya) y Miguel Sofía Abeleira, quienes a su vez, junto al oficial inspector Pedro Freitas y el inspector retirado Jorge Grau Saint Laurent, se reúnen inicialmente en la Oficina de Estadística, Contralor y Difusión que se encontraba ubicada en el propio Ministerio del Interior, cuyo director era el antes nombrado inspector Jorge Grau.
En tal local comenzaron las primeras coordinaciones para pasar a esta segunda etapa de enfrentamiento con el MLN que, según la versión de Bardesio, se denominó con el eufemismo de "acción psicológica violenta" pero que en los hechos no era más que dar muerte vilmente a jóvenes periféricos de la organización, como forma de sembrar terror en los círculos estudiantiles de izquierda que, por esa fecha, en forma importante, se acercaban al MLN para incorporarse al mismo.
Actualmente, la Justicia está a la espera de la extradición de Bardesio que se encuentra detenido en Argentina.

La República