La falta de transparencia en cuanto a la masacre perpetrada contra los indígenas de la amazonía es total. Por un buen tiempo nadie podrá calcular el número de los nativos asesinados y desaparecidos por orden de Alan García, donde 24 policías perdieron la vida.
Por orden del gobierno y de acuerdo al toque de queda en la ciudad de Bagua y alrededores de la región, el periodismo no tiene acceso a la información y la filtración de noticias aparecidas en la prensa extranjera y alternativa se ha debido al alto riesgo corrido por los hombres de prensa en cumplimiento de su deber. Por ejemplo, El Daily Mail del Reino Unido señala que las fuerzas del orden han tomado el control de la ciudad de Bagua tras los violentos enfrentamientos del viernes y buscan a un grupo de policías que participaron en los choques y se encuentran desaparecidos. El diario inglés asegura que más de 60 personas perdieron la vida en la sangrienta jornada de viernes (40 manifestantes y 24 efectivos del orden). El medio recoge además las versiones locales que aseguran que decenas de personas han desaparecidos y se presume que fueron arrojados al río Marañón para encubrir su muerte. La evaluación de las organizaciones nativas de Bagua nos hablan que los indígenas muertos superan el centenar y en una entrevista publicada en el diario La República de Lima, la presidenta accesitaria de la AIDESEP, Daysi Zapata, lideresa de la etnia de los Yine (Atalaya) en reemplazo de Alberto Pizango, asilado en la embajada de Nicaragua, asegura que sus hermanos nativos muertos llegarían a 300, comprobables al haber firmado con cédulas de identificación el petitorio de derogatoria de los decretos anticonstitucionales firmados por Alan García.
Corresponde a la Cruz Roja Internacional y a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales asumir la responsabilidad de un censo poblacional inmediato, a fin de conocer la magnitud del genocidio organizado y acordado por Alan García Pérez, limpieza étnica inaceptable en una nación civilizada. Las cifras señaladas para asombro del mundo son alarmantes en cuanto al crimen de un exterminio étnico. El procaz desprecio a la vida humana y la desproporción en la capacidad de fuego utilizada, nos muestra la vesania delirante de un mandatario con probados antecedentes de genocida. La desaparición de cadáveres con el propósito de esconder de modo cobarde la dimensión de este delito de lesa humanidad, no es ni cristiana ni humana. Y peor aún cuando se pretende agradar el sacrificio de los policías enviados no a resguardar el orden público sino a eliminar, por mandato superior, a los nativos defendiendo sus tierras ancestrales frente al atropello de usurparlas a través de una legislación ilegal potenciada directamente por una mafia gubernamental groseramente enriquecida, encabezada por Alan García. La Asociación de Graduados y Egresados de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo señala también que, entre asesinados y desaparecidos, se calcula la espeluznante cifra de180 nativos, lo cual indicaría un tráfico de cadáveres o sangrienta danza macabra de entera responsabilidad de las autoridades policiales y militares bajo ordenes directas de Alan García, quienes en la desesperación de ocultar pruebas reales han preferido arrojar cuerpos humanos a los ríos Marañón y Utcubamba.
El ETNOCIDIO como se sabe se dirige a la destrucción total de la cultura de las etnias o las razas, a la destrucción de un modelo de vida ancestral originario, nativo e indígena. En esta confrontación entre el gobierno neoliberal extremista de Alan García y los pueblos de la amazonía, precisamente, los decretos legislativos rechazados constituyen el inicio del etnocidio que sustenta el genocidio de Bagua, es decir, la eliminación física de contingentes de las etnias en la dirección de invadirlas y someterlas. Arnold Toynbee, basado en la teoría del filosofo alemán Spengler, introduce la idea de las civilizaciones ancestrales invadidas y la destrucción de sus culturas en el desmedido afán de intereses colonizadores, a veces en una lucha fratricida entre estados-naciones o como en el caso de la Amazonía, de criollos corrompidos haciendo las veces de colonizadores frente al mundo indígena que incluye también a la comunidades andinas, por tratarse el Perú de un estado plurinacional y racialmente diverso. En esta dirección, si se quiere evitar enfrentamientos sangrientos futuros se debe contemplar y respetar los atributos comunes de ambas “civilizaciones” aceptando la diversidad y los derechos indígenas. Situación imposible de continuar con el gobierno genocida de Alan García.
Se pretende un nuevo diálogo después del innecesario derramamiento de sangre, el gobierno acude a la iglesia como mediadora, la ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, la única representante digna de ese gabinete de Yehude Simon, renuncia irrevocablemente, asqueada de pertenecer a un gobierno genocida, donde el principal responsable de la masacre de los nativos y la muerte de 24 policías, miente descaradamente edificando la intervención de “manos extranjeras” y “complots” contra el estado de derecho y la democracia que él mismo, Alan García, ha violado de principio a fin. La solidaridad entre pueblos indígenas hermanos de México, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Canadá, Nicaragua y otros fuera del continente, que piden juicio internacional contra el genocida Alan García por el exterminio de nativos en la Amazonía, no puede llamarse intervención extranjera. El diálogo para encontrar soluciones pacíficas a una situación confrontacional que aún subsiste no puede realizarse con el asesino principal como una de las partes, no puede realizarse con Alan García de gobernante, pues su escuálido poder se sustenta en la violencia, en robos comprobados, mentiras y sangre.
Los frentes regionales de todo el país, la Cuarta Cumbre Amazónica, todas las etnias de la Amazonía y las organizaciones política y de base de las capitales de provincia y Lima, piden la renuncia de Alan García Pérez y su gabinete ministerial, a partir del día 11 de junio donde se iniciará una huelga general indefinida hasta el logro de ese cometido. Una movilización nacional y la huelga indefinida a partir del jueves 11 de junio fueron los principales acuerdos a los que llegó la IV Cumbre Amazónica realizada en Tarapoto. La movilización a nivel nacional, afirma el acuerdo, se cumplirá en coordinación con la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú, los frentes regionales y todo grupo social organizado. Además, la IV Cumbre Amazónica no solo pidió el juicio político y penal contra Alan García y la vacancia presidencial, sino también denunciarlo ante los tribunales nacionales e internacionales; y en la Corte Penal Internacional. Los dirigentes amazónicos persisten en la lucha por la derogatoria de los decretos legislativos 994, 1020, 1064, 1080, 1089, 1090, así como de la ley 29338.
Los 24 policías muertos no son un escudo del gobierno para hacer pasar el genocidio perpetrado en Bagua. El Perú llora a sus muertos por igual, a los policías cumpliendo decisiones políticas equivocadas y a los nativos amazónicos que han muerto defendiendo el derecho que les asiste constitucionalmente y en los tratados internacionales, de defender su modelo de vida, sus tierras, sus bosques, sus ríos y sus familias. El diálogo y el respeto a la ley son parte de la democracia, de ninguna manera la imposición, la prepotencia y la violencia sangrienta sin ningún respeto por la vida humana y ni siquiera por los muertos, hoy navegando por los ríos a pasto de las pirañas. La violencia ejercida por Alan García ha estado no sólo en el fatídico número de víctimas de la protesta amazónica, sino en el nacimiento de sus ideas estrafalarias vertidas en los artículos “El perro del hortelano.” Sancionar decretos legislativos con pleno conocimiento de su ilegalidad implica la instauración de la violencia institucional ajena a la gobernabilidad y la democracia. La exigencia de todos los peruanos dignos, esperanzados en reconstruir la patria destruida por los tiranos Alberto Fujimori y Alan García, es la renuncia inmediata de este último. Toda armonía democrática es posible sin el vandalismo de quienes se escudan en los cargos, las mentiras y la sangre.
Carlos Angulo Rivas
Foto: Perú, Bagua - Control total de Estación 6 por la etnia Awajun. / Autor: Diógenes Ampam Wejin
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