Hemos recibido el nuevo año con una subida general de las tarifas públicas de luz y agua, lo que impacta sobre el resto de los precios de consumo popular. El tarifazo decretado por el gobierno de un 7% en la luz y un 10% en agua (ambas son empresas estatales), es un ajuste contra el bolsillo de los trabajadores. Sumado a ello, el escandaloso aumento del boleto urbano que ya llega a un dólar, ha generado una importante indignación. Por otro lado, el ahorro que obtiene el gobierno -750 millones de dólares, producto de la caída del precio del petróleo- sólo ha significado una rebaja del 3% del combustible. La disparada de todos los productos básicos, así como de frutas y verduras, constituye una nueva confiscación salarial.
Mujica defendió el tarifazo por una "prevención fiscal" frente a la crisis capitalista en ciernes, adelantando cuál será la orientación general del gobierno de Tabaré. Sin embargo, la "prevención fiscal" no toca las enormes ganancias de los capitalistas del transporte, la soja, la carne o las zonas francas, que gozan de exenciones de impuestos y subsidios.
El tarifazo es el primer paso de una política de ajuste contra los trabajadores que tiene como objetivo capear el pago de la deuda externa. Los vencimientos de deuda para este año implican 2.400 millones de dólares (equivalente a dos presupuestos educativos) que el gobierno buscará financiar mediante un "achique" en el gasto social y con el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento, a partir de la emisión de bonos y títulos de deuda por 2.000 millones de dólares. De este modo, queda al desnudo la orientación social del gobierno frenteamplista y sobre qué clase social pretende descargar la crisis.
Enfrentar el ajuste
En función de sus pautas para los consejos de salario, muchos de los convenios firmados por la burocracia sindical fueron a dos años, con un ajuste semestral e incluso anual, tomando el cálculo de la inflación pasada y futura, lo que implica una continua pérdida salarial. A su vez, la mayoría de éstos incluyen cláusulas de paz social.
Ante esta situación, el PIT-CNT sacó un comunicado que expresa su sorpresa y rechaza el ajustazo, pero sin movilizarse. Por su parte, algunos sindicatos de la salud pública y la educación han anunciado su reclamo de acceder a un salario mínimo de media canasta (30 mil pesos) y la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado (Cofe) ha planteado también, de cara al presupuesto que el gobierno deberá aprobar este año, la necesidad de que se vuelva a discutir el acuerdo salarial.
Las próximas elecciones en los principales sindicatos del país serán una gran oportunidad para colocar una discusión a fondo para enfrentar el tarifazo. Es necesario desarrollar un inmediato plan de acción por la reapertura de los consejos de salario, sueldo mínimo igual a la canasta familiar, que se abran los libros contables de las empresas.
Lucía Siola
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