Las denuncias en Uruguay por delitos en la dictadura (1973-1985) continuaron hoy cuando 38 personas presentaron en el departamento de Treinta y Tres (este), acusaciones contra militares por hechos de esa índole.
Hermes Toledo, diputado del gobernante Frente Amplio en la región, comunicó a Montevideo Portal que se trató de militantes comunistas que tenían entre 13 y 17 años en esa época, torturados y violados en el cuartel departamental.
"La mayoría de ellos tenía entre 13 y 17 años cuando fueron detenidos en abril de 1973", explicó el legislador, quien agregó que las acusaciones fueron por torturas y casos de mujeres violadas durante su detención, según el sitiio digital.
Anteriormente otros presos en diferentes períodos del régimen de facto denunciaron este lunes ante la Justicia Penal torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes recibidos en centros de reclusión por militares y policías.
La mayoría de los denunciantes, 90 en total, formó parte de la denominada Operación Morgan, lanzada en 1975 contra el Partido y la Juventud comunistas (PCU y UJC), reportó la prensa local.
Esa ola represiva estuvo a cargo del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y el Servicio de Información de Defensa, y también colaboraron jefaturas policiales y unidades militares del interior del país.
La acusación se presentó bajo el concepto de la tortura como una práctica sistemática y generalizada, reconocida como un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible.
El Parlamento uruguayo aprobó el pasado miércoles, por el voto de los parlamentarios del FA, una ley que declaró como imprescriptibles los crímenes contra los derechos humanos cometidos en el régimen dictatorial, norma promulgada después por el Ejecutivo.
Compuesto por cuatro artículos, el documento restableció "la pretensión punitiva del Estado" para todas las infracciones cometidas por agentes del aparato estatal desde 1973 hasta marzo de 1985, cuando imperó la dictadura en Uruguay.
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