Los Archivos Rico

Los archivos están. No fueron destruidos. En ellos se registra una parte de la “historia oficial” que, contextualizada, permite aproximarse a la verdad de lo ocurrido en los años de la dictadura. Los mismos documentos que antes registraban celosamente la represión de la dictadura, ahora se pueden transformar en prueba de cargo contra los propios represores en las causas planteadas ante la justicia.

ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

El equipo de investigadores de la Universidad de la República que encabeza el rector Álvaro Rico, realizaba ayer -tras el cierre de esta edición- un informe sobre la nueva documentación hecha pública por el gobierno, en el marco de la indagación sobre los uruguayos desaparecidos durante la dictadura y la represión que se ejerció entonces desde el terrorismo de Estado.
La ampliación de trabajo se produce al acceder a nuevas fuentes documentales que incluyen un archivo (16 CD microfilmados) que había sido encontrado por la ministra de defensa Azucena Berrutti en 2005 tras las asunción del presidente Tabaré Vázquez, y que había permanecido lacrado y sin desclasificar durante más de cinco años.
El millar y medio de nuevos documentos permite ampliar información sobre los casos de desaparecidos (se incluye archivos argentinos sobre el operativo de detención de Roger Julien y Adalberto Soba en 1976) o de muertos en el exterior (hay amplia documentación sobre la uruguaya Mónica Benarroyo muerta en Chile).
La información se divulgó como ampliación de los dos trabajos anteriores (Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos e Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay), y se mantiene un ordenamiento de fichas individuales como de proceso represivos por organización política
El profesor Álvaro Rico ha señalado a la prensa que en su trabajo se confirma la existencia de una lógica represiva de la dictadura uruguaya que se apoyaba en el aspecto monetario. A diferencia de la represión argentina, con apropiación de niños y desaparición masiva de personas, los represores uruguayos buscaban dinero de las organizaciones antidictatoriales.
En la documentación, se incorpora una ampliación de trabajo que han realizado hasta la fecha los integrantes del equipo de antropología forense encabezado por el profesor José López Mazz. Su informe no incluye la reciente aparición de restos óseos en el Batallón 14 de Toledo, pero da una amplia explicación de las tareas previas al hallazgo.
Algunos de los documentos prueban la participación de determinados militares y policías en acciones represivas, permiten confirmar el traslado de uruguayos que habían sido secuestrado o presuntamente desaparecidos en el exterior, detalla operaciones contra militantes montoneros en Uruguay, y aporta elementos de prueba para los procesos judiciales en curso, que deberán ser reclamadas por fiscales y jueces de las respectivas causas.

TE FELICITO

Dos de los documentos desclasificados, se constituyen en prueba de cargo contra oficiales de la Policía y del Ejército, quienes a principios de 1976 son felicitados por su mandos debido a su participación en las operaciones antisubversivas contra el Partido Comunista del Uruguay (PCU) denominadas Operación Morgan que se iniciaron en 1975.
En el Boletín de Órdenes Diarios (BOD) Nº 24.907 de la Jefatura de Policía del 26 de enero de 1976 se felicita a los miembros del Departamento Nº 5 de la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia (DNII): SubCrio. Miguel Míguez, Of. Pcipal. Boris Torres, Agentes de 1ª Ángel Pantellis Biassotti, Vicente Zapata Rami, Roberto Alfonso Pérez, Mario Silvera Roldán y Agentes de 2da. Ernesto Cativa y Jorge Narancio.
Con fecha 12 de febrero de 1976, en la Orden Nº 130 el comandante de la División de Ejército I, general Esteban Cristi, también felicita por la Operación Morgan a sus subordinados Tte. Cnel. Manuel Calvo, Tte. Cnel. (PAM) Henry Saralegui, Mayores Ernesto Ramas, Victorino Vázquez, Juan Lezama; Capitanes Omar Lacasa, Rubely Pereyra, Rudyard Scioscia y Ttes. 1ros. Julio Tabárez y Jorge Silveira, Antranig Ohannessian, (y) José Paris.
En ese proceso represivo, que se extendió hasta 1984, se produjeron 23 desapariciones forzadas, 16 homicidios bajo torturas, un asesinato en Argentina, 6 muertes en prisión y la tortura de miles de personas en los centros clandestinos conocidos como “300 Carlos” y “La Tablada” con sus “chupaderos” llamados “300 Carlos R” y “La Casona” de Millán.

“ESE ES MÍO”

Algunos de los documentos dados a conocer revelan internas militares y policiales que, en ocasiones, llegan a resultar paradójicas, como una aclaración del teniente coronel José Gavazzo al Estado Mayor del Ejército (EME) en el que explica que un infiltrado en la red de enlace de la Policía, es un ex comunista que trabaja para las Fuerzas Armadas…
El documento, fechado en junio de 1976 y dirigido al jefe del Departamento II del EME, coronel Nelson B. Viar, aparece firmado por el mayor Herrero y dice: “El suscrito habló con el Tte. Cnel. Gavazzo quien aclaró que el infiltrado en la red de enlace (de la Policía) es un comunista que trabaja para las FF. AA., y los que figuran como colaboradores, son colaboradores de las FF. AA. Por lo tanto, esta información no debe ser pasada a fichas, utilizándose solamente en forma interna”.

TRÓCCOLI

Uno de los archivos que puede llegar a dar mayores resultados en las investigaciones sobre acciones represivas de la dictadura en el exterior, es el de la Dirección Nacional de Migraciones, donde se mantendrían las constancias de quiénes salieron o entraron del país en algunas fechas claves.
Así ocurre con el registro del Libro Fluvial del Aeropuerto de Carrasco, donde consta la lista de pasajeros del “puente aéreo” entre Uruguay y Argentina, que en fecha 20 de diciembre de 1977 confirma que en el vuelo AR215 viajaron a Aeroparque los oficiales Ricardo Dupont, José Uriarte y Jorge Tróccoli, quienes prestaban servicios en el FUSNA.
A partir de aquel 21 de diciembre se desató en Buenos Aires una salvaje represión contra militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el MLN-Tupamaros (“Peludos”). 26 uruguayos fueron secuestrados en los pozos de Quilmes y Banfield. La mayoría habría sido traída a Uruguay, donde fueron desaparecidos.

“DEJÓ DE EXISTIR”

La Dirección Nacional de Información e Inteligencia en su parte Nº 211 del 31 de julio de 1975, da cuenta de una serie de detenciones sobre militantes del Partido Comunista capturados en un apartamento de la calle Canstatt. En el mismo documento se agrega: “Relacionadas con el procedimiento en cuestión se hace constar que anoche, uno de los detenidos ÁLVARO BALBIS (sic) SALAS, a raíz de un síncope cardíaco dejó de existir”. Se refiere al militante Álvaro Balbi, muerto por torturas en el Regimiento de Coraceros. El caso fue excluido de la Ley de Caducidad y se instruye a nivel judicial.

HISTORIAS CLINICAS

Una de las nuevas fuentes de información obtenida por los investigadores de la Universidad de la República es la documentación administrativa y las fichas clínicas existentes en el Hospital Militar, donde el gobierno pidió una auditoría ante la constancia de que cada vez que se pedía información la misma no era encontrada.
La directora general de Servicios Sociales, Gabriela González, terminó por elaborar un informe en el que se concluyó que no se ha destruido la documentación, pero que no existe un sistema de búsqueda y debería implementarse un mecanismo de clasificación para acceder a la información.
Entre los documentos que ya aparecieron se incluyen recetas y órdenes de exámenes para quienes aparecen identificados como “detenida en Blandengues” o “se ruega traslado de bebe a Sala 8 (pabellón de los presos políticos en el Hospital Militar”. También hay registros de nacimientos en el nosocomio de las Fuerzas Armadas, donde en vez del grado militar se ponía la palabra “detenida”.

“ENTRE-CAZA”…

La abundante información sobre la represión al Partido Comunista, incluye los partes de inteligencia policial sobre un allanamiento en una finca de la calle Estivao, el 8 de febrero de 1976, donde son detenidos la militante Ofelia Fernández y “Alberto GRILLE MOTTA, oriental, casado, de 30 años de edad, C.I. 1.025.004, domiciliado en la calle 20 de Febrero Nº 2460 apto. 304, de profesión Estudiante de Medicina el que funciona en la U. J. C. como encargado de Alianza Política en el Comité Central. La ratonera continúa en el lugar. (…). Otro parte de la DNII, fechado el 4 de junio de 1976, da cuenta de una “Fuga de Procesados” y explica: “Siendo la hora 22.00 se tuvo conocimiento, que del establecimiento Cilindro, se había producido la fuga de los procesados Federico FALKNER DUFFORD, Alberto GRILLE MOTTA, José Enrique BARONI MASEDA y Miguel Arcángel MILLÁN SEQUEIRA, quienes se encontraban allí recluidos por razones locativas. Atento a ello, de inmediato se dispuso el allanamiento a los domicilios de los mismos (…) fueron instalados servicios de vigilancia en la residencia del Embajador de México (…) y en las inmediaciones de la Embajada (…), lugar donde también se encontraban apostados varios equipos de los enviados por OCOA, quienes efectuaban en la zona claves 8 y 9.- Posteriormente se concurrió al Cilindro Municipal, lográndose establecer que la fuga se había llevado a cabo entre las horas 19.00 y 21.00 aproximadamente y para efectuar la misma, los prófugos procedieron al corte de dos varillas de hierro de una ventana de la Puerta No. 5 del establecimiento que da hacia el lado Sur del mismo y con la ayuda de un banco procedieron a saltar la misma logrando salir al exterior. (…)”.

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