La cámara de senadores (alta) de Uruguay debate hoy un proyecto impulsado por el gobernante Frente Amplio (FA), que busca evitar la prescripción de crímenes cometidos en la dictadura (1973-1985).
El texto del FA consta de cuatro artículos y señala que "la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada de personas son crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles".
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay consideró el pasado mes de mayo que los quebrantos del régimen de facto no pueden ser considerados de "lesa humanidad" y, por lo tanto, cesarán el próximo 1 de noviembre.
También persigue la iniciativa del FA cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual instó al estado uruguayo a eliminar todos los obstáculos para que esas violaciones sean juzgadas.
El documento, que ahora considerarán los legisladores, originalmente el FA tenía el propósito de discutirlo el pasado miércoles pero fue pospuesto para su análisis este lunes.
Esta postergación obedeció a una solicitud del presidente de la fuerza frenteamplista, Jorge Brovetto, con el objetivo de darle cabida a las respuestas de los diferentes partidos políticos consultados por la coalición de izquierda.
El FA fracasó el pasado mes de mayo en su intento de aprobar en la Cámara de Diputados (baja) un pliego denominado interpretativo para derogar la Ley de Caducidad.
Tras la caída del régimen dictatorial, el Parlamento uruguayo aprobó en diciembre de 1986 a Caducidad, conocida también como de Impunidad, con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del FA.
La norma impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidas, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros violaciones durante la dictadura.
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