Si bien los abortos clandestinos han bajado en Uruguay, este no es el primer caso de muerte por aborto por fuera de la ley vigente. Ya hubo otro en 2013, demostrando que el aborto clandestino aún no se ha acabado.
El pasado 20 de febrero una joven murió como consecuencia de un aborto provocado por fuera del sistema de salud. En Uruguay existe desde el 2012 una ley que regula la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación, y lo despenaliza solo si se realiza bajo la órbita del sistema de salud. Sin embargo, esto parece no ser suficiente. Polémica en redes feministas y en toda la sociedad.
Una mujer de 21 años que cursaba un embarazo de 19 semanas de gestación, murió en el Departamento de Maldonado, aunque era oriunda de Florida, como consecuencia de “una infección generalizada con punto de partida en el aparato genital”, según informaron fuentes oficiales.
Si bien los abortos clandestinos han bajado en Uruguay, este no es el primer caso de muerte por aborto por fuera de la ley vigente. Ya hubo otro en 2013, demostrando que el aborto clandestino aún no se ha acabado. En 2015 dos mujeres fueron detenidas y procesadas por participar en abortos realizados en su casa en un barrio carenciado, también en el departamento de Maldonado. Y en los últimos años trascendieron los casos de fetos encontrados en lugares públicos, producto de abortos clandestinos.
Al hospital no voy
Son muchas las razones de las mujeres para no abortar en el sistema de salud.
En primer lugar, porque en el interior del país son pocos los centros donde acudir. En varios departamentos, la mayoría (si no todos) los médicos han declarado “objeción de conciencia” para la práctica abortiva. Se ha llegado al colmo de que en todo el departamento de Salto, no exista un solo médico que realice la práctica o que derive correctamente.
Más allá de la legislación, existe una importante condena social, en especial de la corporación médica religiosa y su falsa moral.
Pero también sucede que las mujeres no quieran exponerse, o que deseen realizar el aborto en su casa, con una amiga, su madre o su pareja, sin tener que comentarlo ni dar explicaciones.
Muchas veces, debido a los trámites burocráticos excesivos, las mujeres terminan pasándose de las 12 semanas permitidas de gestación para ser practicado en los hospitales.
El “aborto criminal”
Así se llama a las interrupciones de embarazo que se realizan por fuera del sistema de salud, toda una definición. Justamente esta idea es la que nuevamente pone en cuestión los límites y alcances de la legislación uruguaya. La ley vigente, sancionada con los votos de casi toda la bancada frenteamplista en acuerdo con otros sectores, fue duramente cuestionada en su momento por varios colectivos de mujeres ya que no se quita la figura del Código Penal (y se lo mantiene como delito). Y solo se lo regula si el mismo es realizado en el sistema de salud, manteniendo la ilegalidad si la práctica se realiza por fuera. La ley obliga a la mujer a explicar ante la institución de salud (o sea, el estado) los motivos que la llevan a abortar, como si su decisión no fuera suficiente. Y para colmo, un tribunal manda a la mujer a “reflexionar” durante 5 días, como si las mujeres no estuviéramos totalmente convencidas de lo que queremos y lo que no, quizás porque piensen que las mujeres somos impulsivas y poco reflexivas.
Las que mueren son las más pobres
Las mujeres que mueren siguen siendo las de los pueblitos del interior, las que no tienen acceso a la salud, las que no cuentan con una información adecuada, las que viven en asentamientos o en barrios marginales, las trabajadoras precarias y eventuales, las zafrales, las anónimas. Son ellas las que sufren la discriminación y el maltrato del sistema de salud, la falta de recursos en los hospitales y la vulneración sistemática de sus derechos. Son ellas las que no pueden separarse de sus parejas violentas por no tener medios económicos, y son maltratadas por la policía cuando quieren denunciarlos.
El cinismo del gobierno, que es responsable de esta situación, mientras hace gala de una legislación de avanzada (con respecto a los países de la región), sigue condenando en los hechos a las mujeres pobres a la violencia y el maltrato permanentes.
Gracias Tabaré
La legislación actual es progresiva respecto a la situación anterior de clandestinidad, y mejora las condiciones de la práctica de interrupción del embarazo, pero ha dividido al movimiento feminista entre quienes la aceptan sin más (y critican a quienes la cuestionan por miedo a que nos quiten lo que ya conquistamos) y quienes cuestionan sus aspectos más débiles.
Recordemos que estas muertes se dan bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, confeso anti-abortista que en 2008 vetó, contra toda la sociedad, el artículo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que despenalizaba el aborto, inclusive siendo éste más abarcativo que la ley que finalmente se sancionó años después. Tabaré rechazó la posibilidad de que las mujeres fuéramos las que decidamos si continuar o no con un embarazo no deseado, manteniendo la ilegalidad y la clandestinidad de la práctica, y por tanto el riesgo de muerte. Esto le valió el repudio de la inmensa mayoría de las mujeres, que salieron a manifestarse a las calles, e inclusive de su propia base frenteamplista, lo que marcó una ruptura y una pérdida de la confianza respecto del dirigente político.
Soledad Espinosa
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