domingo, 14 de julio de 2013

Argentina. Piden investigar si hubo un centro clandestino en la Embajada de Uruguay




El diputado oriental Luis Puig solicitará a la justicia que determine el rol de la sede diplomática de su país en Buenos Aires durante la última dictadura.

Las fotos de tres calabozos en el subsuelo de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires serán presentadas mañana ante la justicia argentina para que se empiece a investigar si allí funcionó un centro clandestino dedicado a mantener en cautiverio a ciudadanos uruguayos exiliados en el país. La denuncia y la documentación serán presentadas por Luis Puig, diputado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PDP), fundado por exiliados uruguayos que fue reprimidos por las dictaduras del Cono Sur en el marco del Plan Cóndor.
El legislador había realizado una presentación en el mismo sentido el año pasado en Uruguay, pero ante el nulo avance en la investigación decidió recurrir a la justicia argentina, donde se instruye una causa por los crímenes del Plan Cóndor y ya se realiza el primer juicio oral de la región por esos delitos.
El legislador Puig se presentará a las 10 en el Juzgado Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, para denunciar la existencia de estas celdas en el primer subsuelo del consulado oriental. "El hecho de que numerosos ciudadanos uruguayos fueran secuestrados en Buenos Aires por agentes del Estado uruguayo, siendo algunos de ellos posteriormente trasladados a Uruguay y otros desaparecidos en el país, y la constatación de la existencia de centros clandestinos de detención durante este período, nos lleva a preguntarnos si en esta sede diplomática funcionó uno de estos centros", señaló.
La presentación, con el patrocinio de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, aportará las fotografías tomadas por el propio Puig de las celdas, así como el pedido para determinar si en el edificio de avenida Las Heras y Ayacucho funcionó un centro clandestino de detención.
El funcionamiento de la embajada como un eslabón más de la represión de la dictadura uruguaya fue denunciado por los sobrevivientes hace varios años y en 2011 presentaron ante la justicia argentina documentos para investigar ese rol. "Era un secreto a voces que la embajada uruguaya en Argentina ejercía la función de información y cerco de exiliados", señaló en ese momento el fallecido Sergio López Burgos, sobreviviente uruguayo del Plan Cóndor, al entregar la documentación.
Entre esos archivos figuraban circulares diplomáticas con listados de ciudadanos buscados por la justicia militar uruguaya por realizar "actividades subversivas". Los listados eran distribuidos en las embajadas y consulados, donde acudían exiliados si querían renovar su pasaporte o realizar algún trámite.
En uno de esos listados, de marzo de 1975, figura como buscada María Emilia Islas de Zaffaroni, una militante del PVP quien, con tres meses de embarazo, fue secuestrada por fuerzas conjuntas de ambos países el 27 de septiembre de 1976 junto con su hija Mariana y llevadas a Automotores Orletti. Mariana Zaffaroni Islas fue apropiada y luego restituida por Abuelas de Plaza de Mayo mientras todavía se busca a su hermana o hermano, quien habría nacido en cautiverio. En la lista también están Mary Norma Luppi Mazzone, desaparecida el 10 de junio de 1977, y Cecilia Irene Gayoso Jauregui, sobreviviente de Orletti.
Un documento presentado a la justicia explica el procedimiento que realizaba la embajada para identificar a los blancos de la dictadura uruguaya. Se trata de un cable diplomático del cónsul general del Uruguay durante la dictadura, Adolfo Menini Terra, dirigida al embajador de Uruguay en Buenos Aires, Luis María de Posadas Montero, que resulta revelador: "La única guía que tiene el funcionario consular para brindar esa información radica: a) algún tipo de trámite que motivara su intervención ante las autoridades militares o policiales, donde se constatara la actividad subversiva de un ciudadano uruguayo; b) la comunicación de No Autorización efectuada por nuestra Cancillería ante la solicitud de expedición o renovación de pasaportes que hçubieran requerido ciudadanos uruguayos ante las oficinas consulares."

Gerardo Aranguren

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