Tres años después del terremoto de Haití, la situación del país en materia de vivienda, con centenares de miles de personas viviendo todavía en frágiles refugios, es verdaderamente catastrófica, ha manifestado Amnistía Internacional, a la vez que ha instado a las autoridades y a la comunidad internacional a dar prioridad al problema de la vivienda.
El terremoto del 12 de enero de 2010 se cobró más 200.000 vidas y dejó sin hogar a unos 2,3 millones de personas.
Se calcula que en la actualidad hay más de 350.000 personas viviendo en 496 campamentos en todo el país.
Según testimonios recogidos por Amnistía Internacional en Haití, las condiciones de vida en los campamentos provisionales están empeorando, pues hay una grave falta de acceso a agua, saneamiento y sistemas de eliminación de residuos, todo lo cual contribuye a la propagación de enfermedades infecciosas, como el cólera.
Las mujeres y las niñas están expuestas a sufrir agresiones sexuales y violaciones.
“Como si el riesgo de ser presa de la inseguridad, las enfermedades y los huracanes no fuera suficiente, muchas personas refugiadas en campamentos provisionales viven con el temor constante de ser desalojadas a la fuerza", ha explicado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
Desde el terremoto, decenas de miles de personas han sido expulsadas de los campamentos. La Organización Internacional para las Migraciones ha informado de que casi 80.000 personas más que viven fundamentalmente en campamentos levantados en terrenos privados corren en la actualidad riesgo de desalojo; constituyen el 21 por ciento de la población total de los campamentos.
Marie (nombre ficticio) y su hijo fueron desalojados a la fuerza y con violencia de Place Jérémie, junto con decenas de familias más, el 21 de diciembre de 2011.
“El comité del campamento nos presionaba para que nos fuéramos. Decían que necesitaban la plaza para un campeonato [de fútbol]. Pero no teníamos dónde ir, así que nos quedamos. De vez en cuando distribuían folletos con amenazas. De noche nos arrojaban piedras y botellas a las tiendas [...] Entonces, un día, a las tres en punto de la madrugada, vinieron y comenzaron a llamar a las puertas. Luego me destrozaron el refugio con cuchillas de afeitar y cuchillos [...] Me sacaron a empujones y comenzaron a romper todo. No tuve tiempo de llevarme ninguna de mis cosas; me quedé sólo con la ropa que llevaba puesta.”
“Haití sufría un grave déficit de vivienda incluso antes del terremoto, pero para centenares de miles de personas la situación es ahora catastrófica", ha explicado Javier Zúñiga.
En abril del año pasado, las autoridades haitianas hicieron público un proyecto de política nacional de vivienda. Se establecen en él varias prioridades para la construcción de casas, pero no se sientan las condiciones para que quienes viven en la pobreza tengan acceso a una vivienda adecuada y asequible. Tampoco contiene el proyecto el compromiso de impedir los desalojos forzosos.
Con la ayuda de donantes internacionales, en agosto de 2011 las autoridades haitianas pusieron también en práctica un plan de realojamiento de personas de 50 campamentos para desplazados en 16 barrios, el "Proyecto 16/6”. Con arreglo a él, se concede a las familias un subsidio para alquiler de 500 dólares estadounidenses durante un periodo de 12 meses a fin de animarlas a abandonar los campamentos y buscar una vivienda mejor, así como 25 dólares para transporte. Es responsabilidad de las familias buscarse una casa de alquiler y llegar a un acuerdo con el dueño.
Aunque el plan ha ayudado a algunas familias, los subsidios son demasiado bajos y no se presta apoyo en la búsqueda de alojamiento ni a largo plazo.
Muchas personas hablaron a la delegación de Amnistía Internacional que visitó Haití de su preocupación por no saber dónde iban a vivir cuando se les acabara el subsidio y no pudieran pagar el alquiler. De hecho, a duras penas pueden ahora procurarse alimentos para sí mismas y para sus hijos, por no mencionar otras necesidades básicas como la ropa, las medicinas y la educación.
“Las iniciativas actuales del gobierno en materia de vivienda parecen estar centradas en impedir que la gente viva en plazas públicas, más que en proporcionarle hogares seguros. Lo que queremos ver es que se aplican políticas que hacen verdaderamente efectivo en el país el derecho a una vivienda adecuada”, ha señalado Zúñiga.
La retirada de los agentes humanitarios a principios de 2011 y los déficits de financiación han contribuido a empeorar las condiciones de vida en los campamentos provisionales. Sólo una pequeña parte de los fondos prometidos por los donantes se ha destinado a proyectos de vivienda.
“En 2010 el mundo no supo actuar con rapidez suficiente para ayudar a Haití, pero al cabo de tres años vemos que las perspectivas de recuperación del país no se han cumplido, pues no parece haberse dado prioridad a los derechos de la población haitiana. El país necesita medidas de las autoridades nacionales y apoyo verdadero de la comunidad internacional”, ha afirmado Zúñiga.
EL TERREMOTO DE HAITÍ EN CIFRAS
El terremoto
200.000 personas muertas.
2,3 millones de personas sin hogar.
105.000 viviendas destruidas y 208.164 gravemente dañadas.
La población desplazada internamente
357.785 personas (90.415 familias) viviendo en 496 campamentos (a fecha de finales de octubre de 2012).
El 52 por ciento son mujeres.
Los desalojos forzosos
60.978 personas han sido desalojadas de 152 campamentos desde el terremoto.
78.175 personas corren actualmente riesgo de desalojo; son el 21 por ciento del número total de personas desplazadas que viven actualmente en campamentos.
Las condiciones de vida en los campamentos
72.038 personas desplazadas internamente de 264 de los 541 campamentos existentes no tienen acceso a agua ni a retretes en ellos (a fecha de junio de 2012).
En el 50 por ciento de los campamentos que quedan no hay acceso a agua ni a retretes, lo que afectaba a una de una de cada seis personas desplazadas internamente, hasta un total de 66.546 personas (a fecha de junio de 2012).
La situación antes del terremoto
El 67 por ciento de la población urbana vivía en asentamientos precarios, que fueron los más afectados por el terremoto.
El país con mayor desigualdad de América
El 56 por ciento de las familias viven con menos de un dólar al día, y el 77 por ciento, con menos de dos.
El 10 por ciento de las familias más ricas de Haití tienen el 68 por ciento del total de ingresos de todas las familias.
Fuentes: Organización Internacional para las Migraciones, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y evaluación de las necesidades posteriores al desastre de Haití.
Nuevo Presidente de Haití se reunió ayer con Almagro y Clinton
El Canciller Luis Almagro participó en una reunión ministerial para la reconstrucción de Haití, con el nuevo Presidente de ese país, Michelle Martelly, el ex Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, la secretaria de Estado de USA, Hillary Clinton.
La reunión se realizó en Nueva York aprovechando las actividades por la Asamblea General de Naciones Unidas. Almagro aseguró que los factores que debe fortalecer ese país son la educación, empleo e infraestructura para garantizar su autonomía.
Si bien el Gobierno haitiano está en etapa de gestación, sin un gabinete conformado oficialmente, los asesores del Presidente Martelly y futuros ministros, están focalizados en los reales problemas de Haití. En ese sentido, se promueve la generación de un esquema productivo en el país, fundamental para reducir el desempleo y los niveles de pobreza.
Educación y vivienda
Esta iniciativa se concentra en la educación y en la inversión en recursos humanos para el futuro desarrollo del país y para consolidar nuevas capacidades que permitan que sea menos dependiente de la cooperación internacional. El tema vivienda también es un aspecto que planean abordar, ya que existen 800.000 haitianos viviendo en campamento.
MINUSTAH
Almagro afirmó que se trata de un proceso arduo, que requiere de una inversión muy fuerte pero que es bueno tener el foco en estos tres puntos, a partir de los cuales se pueden implementar planes de acción para atacar los problemas de raíz y que afecta en materia de derechos humanos, como lo es el analfabetismo, la pobreza, la indigencia y la falta de seguridad, por lo que se encuentra la MINUSTAH en el país.
En la reunión se enfatizó la importancia de seguir los indicadores para tener respuestas concretas a través de mediciones de estos indicadores y ver su evolución en un año. "Hay que encontrar la forma de trabajar con Haití", sostuvo el canciller uruguayo, quien reconoció que en los siete años que Naciones Unidas viene trabajando con este país no se ha encontrado la forma para generar capacidades en el lugar, fundamental para el futuro.
Retirada gradual de tropas
En cuanto a la misión de paz, Almagro informó que la presencia de las fuerzas al nivel en que se encontraban antes del terremoto y pensar en una retirada gradual de tropas, en forma coordinada con el Gobierno haitiano y Naciones Unidas, a medida que el país vaya generando las capacidades para darse a sí mismo la seguridad que hoy recibe a través de la MINUSTAH.
Si bien no se sabe en cuánto tiempo se efectuará el retiro gradual, se estima que llevaría unos cuatro años, pero es un período que puede extenderse más en el tiempo, dijo Almagro y agregó que para que Haití logre esa capacidad, falta generar trabajo en empleo con un sistema productivo que funcione correctamente, a través del desarrollo de los negocios y un sector privado más dinámico. La educación a todo nivel también deberá contemplarse para generar los recursos humanos necesarios. "Estos son los puntos en que hay que concentrarse para ir resolviendo y a partir de ahí podremos decir que se ha dado un paso importante", aseguró Almagro como forma de fortalecer el país a través de las instituciones que lo conforman.
Militares uruguayos
En relación a la situación de los militares uruguayos en Haití, el canciller señaló que el tema se encuentra en la órbita del Poder Judicial, el cual maneja actualmente tres posibilidades para avanzar en la investigación. La primera de ellas, consiste en realizar una teleconferencia para interrogar al ciudadano que fue agredido por los militares uruguayos; una visita del juez al país para tener una inmediatez con el caso y con la víctima; o que el ciudadano haitiano viaje a nuestro país. "Lo que determine el Poder Judicial va a estar bien para nosotros y le vamos a dar el más pleno respaldo", indicó.
Blog El muerto
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