Liceo Playa Pascual de Uruguay
El ataque contra la enseñanza pública recorre toda América Latina como peste que consolida la sociedad de clases y convierte en mito la promesa de movilidad social. Esta vez, con violencia fueron desalojados los docentes del Liceo Playa Pascual en Uruguay.
Declaración de la Agrupación Primero de Mayo del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación ante el desalojo del liceo de Playa Pascual por la policía con el apoyo del Consejo de Secundaria.
Los problemas infraestructurales en los centros educativos son resultado de la política de ahogo presupuestal a la que el gobierno somete a la educación publica: salones superpoblados, docentes mal pagos y obligados al multiempleo, estudiantes teniendo clase en contenedores, edificios al borde del derrumbe (literal), escuelas sin agua y falta de funcionarios son algunos ejemplos. Son diez los liceos que no empezaron las clases a tiempo por no contar con las condiciones edilicias mínimas.
El liceo de Playa Pascual fue creado para 180 alumnos y hoy cuenta con 800 y no ha habido ampliaciones del edificio. hay un solo funcionario administrativo perteneciente al liceo, un solo laboratorio y un solo baño para 80 funcionarios y en el liceo hay cuatro contenedores de lata y tres salones de yeso con todas las complicaciones que esto implica para tener clases.
El reclamo de los docentes tiene varios años y en el 2010 gracias a una ocupación lograron un compromiso de Secundaria de ampliar el edificio, compromiso que aún no se ha cumplido.
Desde el 2010 las obras de los centros educativos de la ANEP están en manos de la Corporación Nacional para el desarrollo, que es la agencia encargada de la implementación de la privatizadora Ley de Participación Público Privada, la misma que está operando en éste momento la privatización de AFE y el pasaje a derecho privado de sus trabajadores.
Ante la realidad que sufre el liceo de Playa Pascual y la respuesta de los docentes, el gobierno respondió con la represión.
Rechazamos la medida de desalojo de ésta justa ocupación y denunciamos que éste desalojo se lleva adelante en el marco de un decreto del Poder Ejecutivo del 2010 que prohíbe la ocupación de los espacios públicos, limitando de ésta forma el derecho de huelga y atacando las medidas de lucha históricas del movimiento popular.
Por todo lo expuesto nos solidarizamos con los docentes reprimidos y apoyamos su lucha por mejoras edilicias y de las condiciones de trabajo, rechazando la medida represiva del desalojo
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