Todavía nos hacen falta

Se realizará un acto en la Plaza Libertad. Hijos leerá el documento elaborado junto a otras organizaciones de derechos humanos. Se reiterará que la desaparición es un imprescriptible crimen de lesa humanidad. En un año el Estado uruguayo no ha promovido avances e incumplirá el fallo de la Corte Interamericana por el caso Gelman, si permite que se llegue a la prescripción de los delitos el 1º de noviembre.

ROGER RODRIGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

Las organizaciones de derechos humanos denunciarán que el Estado uruguayo continúa sin cumplir la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una proclama que será leída el próximo martes 30 de agosto durante un acto que se realizará en la Plaza Libertad, desde las 18.30 horas, en conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido.
La proclama, en la que se reiterará que el delito de desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad imprescriptible que se continúa cometiendo en forma permanente mientras no se encuentren los restos de la víctima, se constituirá en una advertencia de las organizaciones sociales a los poderes del Estado ante la desidia institucional en el tema derechos humanos.
El acto en al Plaza Libertad, bajo la consigna “Todavía nos hacen falta”, es convocado por las organizaciones Madres y familiares de detenidos desaparecidos, Crysol, Niños en cautiverio político, Serpaj, Fundación Mario Benedetti, Iguales y Punto, Feuu, Mesa Permanente contra la Impunidad, Coordinación por el bicentenario de los de abajo e Hijos.
La actividad fue impulsada desde la agrupación de hijos de desaparecidos, quienes convocaron a las demás organizaciones para la jornada y establecer el contenido de la proclama, que sería leída por uno de sus integrantes, como centro de un acto en el que participarán varios artistas y se presentará el videoclip “A contra reloj”, sobre un tema compuesto por Ismael Collazo.
Entre las organizaciones no gubernamentales comienza a ganar fuerza la hipótesis de presentar ante la OEA todos los casos de desaparición forzada, homicidio político, torturas y demás violaciones a los derechos humanos que no se indaguen si el Estado uruguayo (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no actúa para evitar que las causas prescriban el próximo 1º de noviembre.

Un año sin cumplir

Hace un año, las organizaciones de derechos humanos se habían convocado ante la sede del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) en Bulevar Artigas y Palmar, donde había funcionado el Servicio de Información y Defensa (SID) de la dictadura, cuyas instalaciones, según anunció el entonces ministro de Defensa, Luis Rosadilla, serían cedidas para construir un centro de la memoria.
En aquellos días, fueron procesados dos militares por la muerte de Roberto Gomensoro, y aunque desde entonces, otros nueve represores fueron presos por los crímenes contra Ubagesner Chaves Sosa, Nybia Sabalsagaray, Ramón Peré y Horacio Gelós Bonilla, Uruguay no cumple con el fallo por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó por el Caso Gelman.
En el Poder Ejecutivo no se ha avanzado en la cesión del edificio del Calen, se sigue sin desarchivar totalmente los documentos del Ministerio de Defensa y en las excavaciones que se realizan el en Batallón 14 de Toledo no se ha logrado identificar algunos hallazgos óseos que hace un año se enviaron a Argentina, porque por temas burocráticos no se tramita la respuesta.
En el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia no da señales de modificar la posición que ha mantenido en dos fallos en los que casos de desaparición forzada fueron tipificados como homicidios políticos agravados y es posible que mantenga esa posición si un pronunciamiento de un Tribunal de Apelaciones que admitió la desaparición como delitos de lesa humanidad llega a casación.
Y en el Poder Legislativo, luego del fracaso de la bancada de gobierno en su intento de anular la Ley de Caducidad, ninguno de los sectores del Frente Amplio parece dispuesto a proponer ninguna iniciativa sobre el tema, aún cuando algunos juristas plantean que la modificación de un artículo en el Código Penal bastaría para evitar la prescripción de las causas.

Tiempo de prescripción

En su sentencia, el tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue específico sobre las obligaciones que el Estado uruguayo debe asumir para el esclarecimiento de la desaparición de María Claudia García de Gelman y para la eliminación de los efectos que la ley de caducidad pueda mantener en los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
"El Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”, señaló la Corte en el párrafo 254 de su sentencia.
El Estado uruguayo sólo respondió con una resolución del Poder Ejecutivo por la que revocó anteriores resoluciones gubernamentales que ampararon denuncias en la polémica ley, pero el Poder Judicial y el Poder Legislativo continúan omisos en el cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es vinculante (obligatoria).
Cuando se realice el acto por el Día Internacional del Detenido Desaparecido, sólo faltarán 60 días para pueda ocurrir la prescripción de los casos que aún no hayan sido denunciados ante el Poder Judicial. La sola denuncia, según algunos juristas, evitaría la prescripción por tratarse de casos no flagrantes que no pudieron instruirse en su momento.
Si la prescripción se constituyera el próximo 1º de noviembre, Uruguay habrá caído en un incumplimiento expreso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, además, todas las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales del Estado le estarán dando un cruel “regalo” a una de las víctimas, Macarena Gelman, en el día de su cumpleaños.

http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2011/08/todavia-nos-hacen-falta.html