El gobierno uruguayo ordenó, por decreto, que la justicia investigue el asesinato en 1976 de dos legisladores en Argentina, tras anular el caso de una ley de amnistía a ex represores de la dictadura (1973-1985).
Los homicidios de los legisladores uruguayos ocurrieron "fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera", indicó un decreto del presidente Tabaré Vázquez divulgado ayer miércoles en Montevideo.
"El presente caso no se encuentra comprendido dentro de la hipótesis de caducidad" de la pretensión punitiva del Estado, se añadió en el texto difundido por medios locales.
La llamada Ley de Caducidad exime de responsabilidad penal a militares y policías acusados de violar los derechos humanos de los opositores del régimen dictatorial.
Desde la ratificación de la norma en un plebiscito, en 1989, la Justicia debe pedir autorización al Poder Ejecutivo para investigar los presuntos delitos de los ex represores.
Los legisladores uruguayos opositores a la dictadura, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, fueron asesinados en Buenos Aires como parte de un operativo de colaboración entre los gobiernos represores de ambos países.
Durante el actual gobierno de izquierda del presidente Vázquez se establecieron en Uruguay algunas excepciones a la Ley de Amnistía que habilitaron el envío a prisión de más de una docena de ex represores.
Vázquez impulsó desde 2005 excavaciones en predios militares que llevaron, por primera vez, al hallazgo e identificación de los cuerpos de dos opositores desaparecidos, sobre un total de casi 200.
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