El 10 de diciembre de 1948 los Estados imperialistas impulsaron un decálogo de buenas intenciones. Una cobertura hipócrita para que el capitalismo siga cometiendo sus crímenes sin culpa.
A la salida de la Segunda Guerra Mundial, con su saldo atroz de cien millones de muertos, hambrunas generalizadas y el lógico “reparto del mundo” entre las potencias ganadoras, 51 Estados de todos los continentes crearon la Organización de las Naciones Unidas, la ONU.
Tres años después, el 10 de diciembre de 1948, la ONU presentó su “Declaración Universal de Derechos Humanos”, como una respuesta formal a los “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” originados en la etapa previa.
Considerando al “reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” la base de “la libertad, la justicia y la paz en el mundo”, la Asamblea General de la ONU proclamó un conjunto de 30 artículos que los Estados miembros se encargarían de “hacer respetar” tanto como de condenar sus violaciones por parte de otros Estados.
Según ese articulado, todos los habitantes del mundo nacemos “libres e iguales” y gozamos de todos los derechos “sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”; todos tenemos derecho “a la vida, a la libertad y a la seguridad” de nuestras personas y “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre” porque “la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.
La Declaración afirma que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, ni “será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”. A su vez dice que todos tenemos “derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de un Estado” tanto como “a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar”.
Tan abarcativa es la ONU en su visión formal de los Derechos Humanos que también dice que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, incluyendo el derecho “a igual salario por trabajo igual”. Y hasta afirma que “toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”.
Así, el acceso a “un nivel de vida adecuado” que asegure “la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” se convertirían para los cerebros de la ONU en algo posible y alcanzable. Al menos en los papeles.
Hipocresía de Estado
Tal vez alcance con recordar que entre los firmantes de la declaración que cumple 70 años están Estados Unidos, Francia y el Reino Unido; tres de las mayores potencias imperialistas que tanto antes como después de esa firma perpetraron los mayores crímenes contra la integridad humana, impulsando y protagonizando las guerras mundiales, encarando guerras propias de conquista sobre vastos territorios del planeta y sojuzgando hasta el día de hoy a millones de seres humanos.
Mientras los representantes de Estados Unidos firmaban la Declaración, en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki se seguían muriendo miles de personas por los efectos genocidas de las bombas atómicas lanzadas por el Ejército yanqui como “broche” y símbolo letal de la Segunda Guerra.
Otro de los Estados firmantes fue nada menos que Israel, creado en ese mismo 1948 a través de una votación de la ONU luego de un proceso progresivo de favorecimiento a los colonos judíos en base a la expulsión progresiva de los palestinos de sus tierras. Un Estado colonialista, represor y genocida desde su propia constitución pero, en la letra, también declarante universal de los “derechos humanos”.
También entre los primeros firmantes estuvieron Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, Estados que tendrían una destacada participación en la segunda mitad del Siglo XX en el concierto de países con dictaduras sangrientas, plagadas de violaciones a los derechos humanos.
Con los años se sumarían a la ONU y, por ende, a la Declaración Universal, decenas de otros Estados. En muchos casos, como Argentina a partir de la reforma constitucional de 1994, ese articulado pasó a formar parte de las cartas magnas de cada país, adquiriendo rango constitucional cuasi supremo.
Sin embargo, la libertad, la vida, la salud, la educación, el trabajo, el descanso, el disfrute, el tiempo libre y demás derechos escritos en letra de molde por la ONU nunca dejan de ser quimeras inalcanzables para la gran mayoría de la población mundial.
El discurso y la realidad
Desde que existe la Declaración Universal, la defensa de “los Derechos Humanos” motorizó grandes luchas y batallas de enormes sectores de la sociedad civil en todo el mundo, con el objetivo de que los Estados y sus diversos gobiernos se dignasen a respetar ese articulado.
Así, en no pocas oportunidades esas gestas populares terminaron desenmascarando la hipocresía de quienes se sientan a la mesa de la Asamblea General de la ONU, firman grandes “acuerdos” pero día a día, tanto hacia el interior de cada país o en otros países, violan sistemáticamente esos derechos. Y Argentina no es la excepción.
En Argentina, el movimiento de derechos humanos, integrado por organizaciones sociales y políticas y acompañado por una parte activa de la sociedad, durante décadas dio durísimas batallas contra el Estado y sus mil maniobras para mantener impunes a la mayoría de los ejecutores de los más aberrantes crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último genocidio.
Un detalle nada menor es que hay quienes creen que las violaciones a los derechos humanos son cosa del pasado y las ejecutaron solo dictaduras militares. Pero no es así. Cada gobierno constitucional que se sucedió desde 1983 a la fecha, incluyendo aquellos que montaron un relato de “defensa de los derechos humanos”, creó sus propios catálogos de esas violaciones.
El kirchnerismo, en este tema, hizo del doble o triple discurso un arte. Por un lado, tras las jornadas de 2001 barnizó su gestión de gobierno con una astuta simbología progresista, cooptando y neutralizando (con adhesión política y con recursos económicos) a un puñado de organismos de derechos humanos emblemáticos de las décadas previas.
Por otro lado, garantizó la impunidad para miles de genocidas de la dictadura (ocultando infinidad de archivos de la represión, manteniendo a miles de militares, policías y servicios en actividad y hasta poniendo a uno de ellos como jefe del Ejército, etc.).
Y además, como gerente del Estado fue responsable de una serie de avasallamientos de derechos humanos y libertades democráticas fundamentales sobre millones de personas. Su ciclo de gobierno terminó con un 30 % de pobres, con millones de personas viviendo en la miseria, con trabajos precarios, sin salud ni educación públicas básicas; con miles de pobres criminalizados en cárceles de muerte; con un número nunca contabilizado de muertos y desaparecidos por represión estatal o por el crimen organizado y regenteado por agentes del propio Estado; y un largo etcétera.
La lucha es contra el Estado capitalista
Pese a los matices y los discursos, cada gobierno le deja servido en bandeja al siguiente un país en el que ganan los mismos de siempre y los perdedores siguen perdiendo. Así, en Argentina son millones de personas que llevan toda una vida (y varios gobiernos) sin acceder a trabajo, vivienda, salud, educación y demás derechos elementales.
Personas a las que formalmente el Estado considera “iguales” pero materialmente las confina a transitar sus existencias privadas de todo tipo de derechos.
Y es ese mismo Estado el que no solo “perdona” los crímenes sociales cometidos por grandes poderosos sino que crea leyes y decretos que conviven con la Declaración Universal de Derechos Humanos pero garantizan la ejecución de esos crímenes.
En última instancia, en una sociedad dividida en clases, siempre los derechos que cada clase reclama para sí son antagónicos. Y es el Estado burgués el que aplica el derecho de los poderosos contra el de los débiles, aunque sus agentes políticos y mediáticos se llenen la boca hablando de lo contrario y blandiendo la Declaración Universal de la ONU como una santa escritura.
El extremo de ese "llenarse la boca" lo expresa la misma ONU, que periódicamente difunde excelentes informes y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en todo el mundo, pero nunca hace nada para que los mismos Estados miembros cuestionados paguen por esas violaciones.
En un sistema en el que el derecho supremo es el de los capitalistas a detentar su gran propiedad privada, los derechos humanos de la población trabajadora quedan siempre en un segundo, tercer o cuarto plano. De allí que cada conquista de esos derechos para las familias obreras y populares solo es posible con una lucha tenaz, decidida y colectiva contra esos mismos capitalistas y sus agentes políticos, judiciales, policiales y de la burocracia sindical. Porque como dijo Carlos Marx, “ante derechos iguales y contrarios, decide la fuerza”.
Quienes desconocen la existencia de esta sociedad de clases o, reconociéndola plantean (con cinismo burgués) la convivencia pacífica entre las clases dominantes y las clases explotadas y oprimidas, pueden hablar hasta el cansancio de derechos y de igualdades, y festejarán en estas horas los 70 años de la gran declaración de la ONU de 1948.
Pero mientras defiendan a rajatabla la gran propiedad privada en manos de una minoría social, los "Derechos Humanos" no serán otra cosa que un avatar recreado para dejar tranquilos a muchos en un océano de desigualdades y crímenes, sin paz ni sosiego.
Daniel Satur
@saturnetroc
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