La justicia uruguaya concedió prisión domiciliaria a José Gavazzo y Ernesto Ramas, procesados por violaciones a los derechos humanos en dictadura. Militantes de derechos humanos, sindicales y estudiantiles se hicieron presentes en su domicilio para expresar el repudio y la condena social.
Días previos a las fiestas de fin de año la justicia uruguaya comunicó a través de un vocero de la SCJ que se le otorga prisión domiciliara a José Gavazzo y Ernesto Ramas, que ya se encontraban procesados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). El juez Martín Gesto permitió este beneficio por “estrictas razones humanitarias” según dijo a los medios.
José “Nino” Gavazzo tiene denuncias de tortura, robo y tráfico de bebés, violación, asesinato y desaparición de personas, y especialmente es considerado por los relatos de ex presos políticos como un especialista en tortura de mujeres. Asistió a la “Escuela de las Américas”, donde asistían los militares que se formaron, coordinaron y ejecutaron el Plan Cóndor junto al resto de las dictaduras de la región. Actualmente es uno de los militares investigados en los juicios de Roma por casos de desaparecidos durante el Plan Cóndor.
El coronel Ernesto Ramas, alias Tordillo Puñales, es acusado de estar involucrado en el asesinato de Zelmar Michelini y “El Toba” Héctor Gutiérrez Ruiz, así como por conducir las torturas junto a Gavazzo, entre otras denuncias.
De la impunidad del estado a la condena social
Convocado por la organización de derechos humanos Plenaria Memoria y Justicia se realizó este lunes 28 un “escrache” en el domicilio de Gavazzo, en el barrio Pocitos de Montevideo. Entre cantos de “Se va a acabar la impunidad en Uruguay”, “No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso”, “… a donde vayan los iremos a buscar” se expresaron militantes de derechos humanos, sindicales y estudiantiles frente a esta demostración de impunidad y de privilegio a los represores por parte de la Justicia uruguaya.
Es que la impunidad de los violadores de DDHH en Uruguay viene dando muestra de su vigencia, comenzando por la Ley de Caducidad y su "interpretación", el desplazamiento en 2013 por parte de la SCJ de la jueza que llevaba la investigación de los militares, la designación de Berneix por parte de Vazquez para realizar informe de desaparecidos cuando era denunciado y luego comprobada su responsabilidad en el asesinato de Aldo "Chiquito" Perrini, que al demostrarse ello y enterarse de la condena Berneix se quitó la vida en las horas posteriores; las declaraciones y re afirmación en el cargo del Ministro de Defensa y ex militante del MLN Fernandez Huidobro, todos los intentos de reconciliación con el aparato armado del estado, entre otros ejemplos. Por todo esto es saludable la expresión de resistencia popular que representa el escrache y ojalá sea punto de partida para reactivar la lucha masiva contra la impunidad en Uruguay, mediante la movilización independiente y en las calles de todas las organizaciones de DDHH, los trabajadores y los estudiantes, auto-organizados desde sus organismos de base de sus gremios y sindicatos.
Claudio Álvarez
Sebastián Artigas
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