Como parte de un análisis más general planteado en la nota “Uruguay: Cinco temas claves para 2016” abordamos aquí la sección sobre el partido de gobierno.
El FA no escapa al proceso de desgaste de los gobiernos regionales. Si bien pudo ganar las elecciones en 2014 con mayorías parlamentarias, a poco de comenzar su gobierno se enfrentó a la desilusión de las expectativas de los trabajadores claramente expresado en el descenso de la popularidad de Vázquez, pasando de 51% en julio a 35% en noviembre, justo el período en que transcurrió el conflicto presupuestal. A esto se le suman casos de corrupción en las empresas públicas, que había tenido su primer capítulo con el caso Pluna y ahora su segundo con Ancap, donde no escapa ninguno de los grandes sectores dentro de la coalición. A su vez, el escenario económico que trae aparejado pérdida de empleo y encarecimiento del costo de la vida. Estos factores agudizaron las luchas y enfrentamientos internos del FA, en una combinación de pujas internas de cómo enfrentar el nuevo escenario económico y administrar el Estado; así como por espacios de poder dentro del partido de gobierno y del mismo estado (espacios de distribución de clientela y militantes para las funciones públicas). Recientemente se hizo pública una noticia sobre una posible reforma constitucional acordada por todos los bloques del FA, que implicarían temas de la justicia, derechos humanos, entre otros. Pero lo que se ha dado a conocer hasta ahora no apunta a solucionar los problemas estructurales del país y puede terminar siendo un punto de distracción con respecto al “ajuste”, casos de corrupción, etcétera.
En este escenario la oposición de derecha trata de ganar en protagonismo, aprovechando las rencillas internas del FA, teniendo cínicamente como bandera las denuncias de casos de corrupción en el estado (teniendo amplio prontuario de corrupción y privatizaciones) de cara a las elecciones del 2019.
Claudio Álvarez
Sebastián Artigas
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