El jueves la nieta recuperada argentina testificó en Roma por la causa que investiga las operaciones conjuntas de fuerzas armadas latinoamericanas en los 70. Uno de los acusados es el militar de uruguayo Jorge Troccoli, que vive en Italia.
Victoria Moyano Artigas testificó en la mañana del jueves en la causa del Plan Cóndor en Roma. En dicho proceso ya han declarado otros familiares como Valentín Enseñat (hijo del detenido desaparecido en Buenos Aires Miguel Ángel Río Casas), Sara Méndez (expresa política en la dictadura y madre de Simón Riquelo, que le había sido robado en la dictadura por los militares y que recuperó su identidad en los últimos años), Dardo Artigas (hermano de María Asunción Artigas y tío de Victoria) y testigos como el periodista Roger Rodríguez y la exfiscal uruguaya Mirtha Guianze. Esta causa incluye al militar de la Armada Uruguaya Jorge Troccoli que reside en Italia y es uno de los imputados.
El Fusna y la ESMA en el Plan Cóndor
Los testimonios sobre la participación de las armadas uruguaya y argentina en la represión de los 70, en ambas orillas del Plata, tomó especial relevancia en esta causa por la detención y el procesamiento del militar retirado de la Marina uruguaya Jorge Troccoli en el país europeo.
En particular por el operativo represivo de los años 1977 y 1978, llevados a cabo por el Fusna (de la Marina uruguaya) y la ESMA (de la Marina argentina), que tuvo como objetivo atacar y eliminar a militantes de los GAU (Grupos de Acción Unificadora) y otras organizaciones de izquierda uruguaya, que estaban exiliados en Argentina. Operativo que finalizó con la desaparición de la mayoría de los militantes, luego de su traslado clandestino hacia Uruguay.
Los padres de Victoria, María Asunción Artigas y Alfredo Moyano, que eran militantes relacionados con los GAU y refugiados políticos, fueron secuestrados y desaparecidos justamente en ese período.
Testigo y querellante
Victoria Moyano Artigas se presentó como querellante y testificó en la causa, para presentar su conocimiento sobre los hechos. Nacida durante el período de cautiverio de su madre en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield en 1978, contó en esta causa el plan de robo de bebés nacidos en la clandestinidad. También mencionó cómo las fuerzas uruguayas en coordinación con las argentinas visitaban los centros clandestinos donde había detenidos uruguayos, habiendo testigos que pueden ratificar estos hechos.
En la misma audiencia respondió a las preguntas que se le hicieron sobre sus orígenes y la posterior recuperación de su identidad, el destino de sus padres que fueron secuestrados en 1977 y desaparecidos en 1978 siendo militantes políticos y refugiados.
Victoria sostuvo que “lamentablemente en Uruguay no se puede avanzar en las investigaciones, porque el Estado uruguayo no investiga nada sobre estos temas”.
La responsabilidad del Estado uruguayo
En declaraciones a los medios, Victoria respondió ante la pregunta de qué opinaba de que por primera vez el Estado uruguayo no acompaña a un testigo de la causa a la audiencia. “No me sorprende que no se hagan presentes cuando la que declaró soy yo", dijo Moyano Artigas y además se expidió sobre la polémica editorial del diario argentino La Nación sobre la última dictadura argentina, en la cual se reivindica a los genocidas, se revive la teoría de que hubo una guerra y le llama a los juicios venganza. Victoria repudió lo manifestado en la misma y reivindicó la postura de los trabajadores del diario que rechazaron el editorial. "Afortunadamente los trabajadores mostraron su solidaridad de clase” con miles de desaparecidos, afirmó. Y se refirió a la participación de las empresas multinacionales en la dictadura, "responsables de la desaparición de muchos de sus trabajadores, como la Ford y la Mercedes Benz, siendo colaboradoras directas en el genocidio".
La nieta recuperad por las Abuelas de Plaza de Mayo reforzó su denuncia al Estado y el régimen político uruguayo, que desde el Pacto del Club Naval se han encargado de proteger a los represores y sobre todo las instituciones (que forman parte del mismo estado como las Fuerzas Armadas), responsables de los crímenes cometidos.
Manteniendo la impunidad desde esa época hasta ahora e incumpliendo la normativa internacional a partir de las resoluciones surgidas del caso Gelman. Con instrumentos como la ley de impunidad, usada para garantizar este estado de cosas y que más allá del juzgamiento simbólico de algunos militares en los últimos años, siguen vigentes las trabas legales y políticas para avanzar en los juicios y conocer el destino final de los detenidos desaparecidos.
La Izquierda Diario
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