Estado financia a Cordero.

Paso de los Toros, Batallón de Ingenieros No.3, año 1978. Raúl Sendic, Julio Marenales y el que escribe estas líneas, fueron interrogados por un trío de verdugos: el General Alfonso Feola, comandante de la División de Ejército III; el Mayor Portela, al mando del S-2 de la misma división y el coronel Manuel Cordero, que revistaba en varios organismos represores (OCOA, SID, Plan Cóndor y “El Infierno” del Batallón de Infantería No. 13). Mostraron fotos de Gabino Falero Montes de Oca, Mario Navilliat, Alberto Iglesias, Lucas Mansilla, Efraín Martínez Platero, Andrés Cultelli, Antonio Bandera, Atalivas Castillos, Félix Bentín y muchos otros tupamaros que seguían luchando desparramados por el mundo. El interrogatorio fue acompañado por una charla sobre la situación política, iniciada por Feola, que tenía el mayor grado, pero conducida por Cordero, el dueño de la batuta. Informaron que el socialismo perdía la guerra fría y en cualquier momento Cuba se venía al suelo, nada dijeron del triunfo en Vietnam ni de la lucha guerrillera en Nicaragua. La dictadura militar sería eterna y los “rehenes” morirían en los calabozos cuarteleros. Interrogaron a uno por día y, al terminar las sesiones, la guardia dejó en cada celda una birome y varias hojas en blanco para trazar por escrito el perfil sicológico y político de los compañeros requeridos... querían información sobre cuál de ellos concitaba apoyo y era capaz de relanzar la guerrilla tupamara. Sendic, Marenales y yo entregamos las hojas en blanco. Nos negamos a colaborar.
Amable y dicharachero, Cordero ofreció café para romper el hielo. A propósito, se perdió en divagues filosóficos que parecían no tener sentido. Adoptaba el aire de un “amigo” comprensivo en el cual se puede confiar. Esperaba encontrar a esos tres sacos de huesos que tenía delante derrotados moral y espiritualmente, enfermos por el “síndrome de Estocolmo” y dispuestos a algún grado de colaboración. En realidad Cordero fue a Paso de los Toros a una tarea “científica”: cumplidos los cinco años de “tratamiento” (continua presión sicológica salpicada con episodios de violencia y maltrato), correspondía evaluar resultados, medir cuán locos y quebrados estaban los objetos de la experimentación. Creo que, además, Cordero ponía en práctica un plan tenebroso, intentaban saber si podían darse el lujo de exhibir a Raúl Sendic hecho un pelele, un anticipo de lo que, décadas más tarde, haría la dictadura peruana con el “presidente Gonzalo”, líder de Sendero Luminoso.
Como Montesinos en Perú, Manuel Cordero pertenecía a la especie del marqués de Sade, que podía ser inteligente y bestial al mismo tiempo. A Paso de los Toros fue por lana y salió trasquilado. Raúl Sendic no se entregó nunca.

Cliente del Banco República.

Santa Catalina, año 2012. Los compañeros de la Agrupación 810, AEBU, banca oficial, trajeron a nuestra casa un expediente del Banco República numerado 2010/51/00337, donde se hacía referencia al préstamo social otorgado el 14 de enero del 2010 al coronel Manuel Cordero Piacentini, C.I. 798.683-7. El trámite realizado por su hija y apoderada Yesleine Cordero Monteiro provocó dudas a Luis Eduardo Ferreira, ejecutivo de negocios de la Agencia “19 de junio”. Preocupado porque podría dar una imagen negativa del Banco República, Ferreira recomienda a sus superiores que antes de hacer efectivo el préstamo, se consulte a la Gerencia de Crédito Social, desempeñada por Claudia Amodio, y a la Sala de Abogados. La diligencia de Ernesto Parrilla, gerente de la Agencia “19 de junio” y de Juan Ivaldi, coordinador de las dependencias del área metropolitana, zona centro, hizo que el expediente llegara a destino el mismo día a la hora de cierre, dos horas y doce minutos después de enviado por Ferreira. El 18 de enero Claudia Amodio envió su informe a la Asesoría Letrada del Banco. Dado que el poder judicial requería a Cordero por violaciones a los Derechos Humanos, esta funcionaria entendió debía consultar telefónicamente al servicio jurídico, que indicó no encontrar impedimentos legales para conceder un crédito a Cordero. Amodio consideró en su informe que “No obstante lo anterior, esta gerencia estima que el Banco como organismo oficial podría colaborar con el poder judicial, evitando la tramitación de productos o servicios por parte del Sr. Cordero sin su concurrencia a las dependencias del Banco en el territorio nacional”. En otras palabras, la gerente de Crédito Social entiende que, si Cordero quiere dinerillos para seguir eludiendo la justicia, debe venir personalmente al Uruguay y rendir cuentas ante el juzgado que lo requería. Propuso un camino que, en la disyuntiva “o con la impunidad de los criminales o con la Verdad y la Justicia que reclama medio Uruguay”, el Banco dejaba de ver el préstamo como “negocio más”, para resolver el problema en el marco de la ética y la moral. En cambio, una vez recibido el informe de Amodio, los abogados José Recouso de Medina ( asesor) y José Darío Fernández Granito (consultor) toman otro camino, ratificando el 8 de febrero por escrito lo que habían adelantado por teléfono. Es su opción. No les interesa lo ético y lo moral, tampoco las consecuencias políticas de financiar la impunidad de un terrorista de Estado, que probablemente esté conspirando contra el régimen actual. Sólo piensan en salvar sus cargos y sus sueldos, evitan meterse en problemas, son burócratas de esos que tanto se queja el presidente de la república.
Luego de recibir la palabra santa de la Asesoría Letrada, el Banco echó a andar su maquinaria crediticia. El 10 de marzo, firmado por la contadora Mariela Espino, gerente ejecutivo de la División Red Comercial, el expediente favorable al préstamo desciende pirámide abajo y el 15 de marzo del 2010 llega a la Agencia “19 de junio”, donde se concretó el pago. Seguramente, luego de cobrar, Yesleine lo envió a Buenos Aires y Manuel brindó a la salud del directorio del Banco presidido por Fernando Calloia... un señor muy intransigente cuando se trata de presionar a los trabajadores sindicalizados, pero muy flexible a la hora de financiar a un criminal. En adelante le lloverán solicitudes de préstamos desde la cárcel VIP, el Goyo Álvarez y José Gavazzo, el “Pajarito” Silveira y Gilberto Vázquez, el “turco” Arab y Maurente, todos ellos unidos en demanda de créditos baratos para que el Banco República solvente sus abogados y la página “En Voz Alta”. Atado de pies y manos por el precedente del concedido a Cordero, el presidente del Banco deberá otorgar todos los créditos que tramiten los jefes del terrorismo de estado.
Manuel Cordero es antiguo cliente del Banco República. Mientras el coronel estaba fugado y clandestino en Brasil, la sucursal Rivera pagaba puntualmente su jubilación a su apoderada. Para poder seguir cobrando, Cordero debía demostrar que seguía con vida, para lo cual el cónsul uruguayo en Livramento expedía el correspondiente certificado, previa autorización de Didier Oppertti, canciller del gobierno de Jorge Batlle. La maniobra fue desbaratada cuando asumió la cancillería el compañero Reinaldo Gargano en el año 2005. Gracias a que perdió la financiación de su clandestinidad por parte del Estado uruguayo, Manuel Cordero fue detenido el 27 de febrero del 2007 por la policía federal brasilera cuando salía de reclamar en el consulado. Ahora está tranquilo, contando con el fondo que le proporcionó el mismo Banco. Por Verdad y Justicia, Calloia debe renunciar de inmediato.

La línea es olvido y perdón

Si la voluntad del gobierno fuera la Verdad y la Justicia, se habría jugado entero para anular la ley que todavía protege a los criminales y realizado un gran juicio al terrorismo de Estado como el que se realizó a los nazis en Nüremberg. El gobierno tiene acceso a los archivos donde figuran los oficiales que ejercieron el mando en todas las unidades militares entre setiembre de 1971 y marzo de 1985; se elabora la lista completa y se ordena a los fiscales instruir la causa contra todos ellos por responsabilidad directa o indirecta en las torturas, las violaciones, los asesinatos y las desapariciones forzosas. Quién no pueda probar su inocencia marcha a la cárcel. Por supuesto, significa revertir la carga de la prueba: todos todos son sospechosos hasta que puedan demostrar su inocencia. El uso abusivo de las armas para cometer crímenes aberrantes desde el Estado, significa que están bajo sospecha todas las personas entronizadas en el aparato estatal. Un juicio al estilo Nüremberg sería, además, un instrumento notable para educar en los principios humanos y obraría como un shock político sobre las conciencias, profundizando el sentido de justicia del pueblo trabajador. En última instancia, al demostrar cabalmente que todos son iguales ante la ley, reforzaría políticamente la democracia burguesa.
El gobierno tiene otro rumbo claro, apunta al olvido y perdón, concesión ideológica que busca “conquistar” el apoyo político de la oficialidad, de todos ellos, retirados o en actividad, que hayan cometido delitos de lesa humanidad o que no hayan tenido la oportunidad de cometerlos por haber nacido tarde para ello. Por supuesto, la aplicación de la “línea” es oscilante como todo en el gobierno, porque hay que conformar a ese 49% que votaron por la anulación de la ley de caducidad, a los organismos de DDHH e incluso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo obliga al Estado a pedir perdón por el caso de María Claudia García de Gelman. Gracias a esas oscilaciones se rescataron los restos de Ubagesner Chávez, Fernando Miranda y Julio Castro, tremenda comprobación de los hechos denunciados desde hace casi cuarenta años. Es mucho lo alcanzado, pero todavía insuficiente. Sin embargo, desde el gobierno se impone el olvido y perdón, se lanzan “bolazos” que consideran inocentes viejitos a los terroristas recluidos en el cuartel de Burgues, se visita al general Dalmao procesado por el asesinato de Nibya Sabalzagaray o se confía la investigación de los crímenes a los propios criminales y, cuando el poder judicial procesa al general Barneix por el homicidio de Aldo Perrini, el gobierno calla la boca para no ofender la sensibilidad de la familia militar. Esas actitudes quedan grabadas en la memoria colectiva e inducen una actitud general de indiferencia ética ante la barbarie del terrorismo de Estado; es cierto, la gente se horroriza enormemente al producirse hechos que golpean fuertemente las conciencias, pero luego, cuando todo vuelve a su lugar, retornan al estado de baja tensión y desentendimiento. Se sienten ajenos.
En realidad, el préstamo de carácter social que concedió el Banco República a Manuel Cordero, debía haber sido denunciado por el gobierno o el Frente Amplio, pero en esos ámbitos predomina la indiferencia y les da lo mismo una cosa que la otra, por consiguiente la Agrupación 810 debió asumir la responsabilidad de hacer público el privilegio otorgado a un criminal. Los principios de Verdad y Justicia, abandonados por los partidos políticos, ha quedado en buenas manos, es una bandera que han tomado las organizaciones de jóvenes, las nuevas generaciones, los nacidos después de la salida de la dictadura. Es nuestra esperanza.

Jorge Zabalza