El prontuario de Cordero

Manuel Cordero no es un individuo que tenga historia. No debiera contaminarse la palabra remitiéndola a tan sórdida materia: Cordero en realidad lo que posee es un prontuario criminal y unos demasiados flacos antecedentes judiciales por hechos relativamente recientes.
Su prontuario criminal no constituye una pieza oficial, un obrado de la administración de Justicia: se encuentra, más bien, disperso en decenas o centenas de testimonios judiciales de sus víctimas, los que logramos sobrevivir y en las crónicas periodísticas de los reporteros tenaces que han ido trazando las marcas de su luctuosa trayectoria como funcionario del ejército uruguayo.
Se podría esbozar un paralelo entre las primeras intervenciones de este individuo con el proceso de deterioro y derrumbe del estado de derecho de nuestro país. Y no sólo en el nuestro, donde ha gozado largamente de una vergonzosa impunidad, sino también en los países vecinos.
De Cordero se empezó a hablar después de 1968, cuando en el país funcionaba, ya algo renga y maltrecha, nuestra democracia política. Funcionaba el Parlamento, existía una Suprema Corte de Justicia y un presidente de la república que cada día más se apoyaba en la policía, los militares y el miedo para gobernar y cada vez menos en las instituciones de la República.
Por entonces ya revistaba en los Servicios de Inteligencia y participaba en las primeras grandes “viabas” que se inflingieron en al país a presos y presas por razones políticas o sindicales.
Como el caso de Astiz en Argentina, a Manuel Cordero no se le han reconocido nunca especiales méritos en el desarrollo específico de la acción militar, como temerario combatiente sino como hombre de la represión interna. Formaba parte de los que “intervenían en la lucha” cuando los “enemigos” ya estaban presos, esposados y debidamente encapuchados, para mantener el anonimato de sus heroicos captores. Sobre las acciones de Cordero como torturador tres o cuatro años del golpe militar hay decenas de denuncias.
En 1972, a partir de la declaración del Estado de Guerra Interno, junto con José Gavazzo y Jorge “pajarito” Silveira, formó parte de los grupos itinerantes que recorrieron todas las unidades militares del país en las que había presos.
En algún momento se dijo que “enseñaban” técnicas de tortura. Es un concepto a examinar.
En realidad las torturas que se encargaron de diseminar por el país los hombres de la OCOA no tenían grandes innovaciones “técnicas” con relación a las que se habían aplicado antes.
En realidad los que Gavazzo, Cordero y Silveira transmitían era una tesitura moral, una lección de ética: se puede imponer tormentos a un hombre o una mujer amarrados. Se puede y se debe hacer. Y una vez hecho uno puede estar tranquilo consigo mismo, puede dormir en paz.
Esa fue la lección que impartieron, más que la de la picana, el tacho, el plantón o el caballete.
Una especie de “vidas paralelas”, decíamos, entre el crecimiento de las hazañas de Cordero y el descaecimiento del Estado de Derecho, el predominio de la fuerza, de la prepotencia, del miedo. Y de la hipocresía de los que sabían y callaban. De los políticos civiles, como Bordaberry, como Batlle, como Sanguinetti, que dieron cobertura legal a la práctica sistemática de estas formas del terrorismo de Estado de los años 60.
Después del golpe de 1973, la patota de la OCOA pasó a revistar como SID, Servicio de Inteligencia de Defensa y empezó a formar parte de las legión uruguaya del Plan Cóndor.
Su vinculación a la represión política -legal e ilegal- en la Argentina, proviene de los años 73 y 74, tres años antes del golpe militar que derrocara al gobierno peronista de Isabel Perón.
Pocos expedientes judiciales en la República Argentina y en Uruguay contienen más testimonios coincidentes que las denuncia contra Cordero por su actuación en Orletti.
Su nombre es, como el de Gavazzo, un símbolo de la impunidad en los casos más documentados: el secuestro de Elena Quinteros, el robo de su hijo Simón a Sara Méndez, la apropiación por Furci de Mariana Zaffaroni y el infame asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
De pocos oficiales se conocen tantas rezones para la actuación de la Justicia. En Argentina, ya hay, desde casi 20 (veinte) años un pedido de extradición por estos delitos.
¿No habrá llegado la hora de justicia para Cordero?

Hugo Cores
Tomado de la Revista Caras y Caretas, Nª 182 del 4 de febrero de 2005.