Poner fin a la impunidad.

Ante la necesidad de terminar con los efectos de la Ley de Caducidad y poner fin a la Impunidad

El conjunto de integrantes de la Mesa Permanente Contra la Impunidad, ante la necesidad de una acción conjunta del Estado uruguayo para dejar sin efecto los efectos de la Ley de Caducidad como un paso fundamental y decisivo en la lucha contra la Impunidad, declaran:
1.-Que el 24 de febrero de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado carece de efectos jurídicos y que el Estado uruguayo debía eliminar los obstáculos que impidan la acción de la justicia en las graves violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar.
2.- Que es la primera vez que Uruguay es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los crímenes cometidos por la dictadura. Que confiamos en que Uruguay, al igual que otros países de la región, encontrará los caminos para adecuar su derecho interno al derecho internacional y de esa manera poder cumplir cabalmente las obligaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3.- Consideramos que el prestigio del sistema democrático uruguayo hace imprescindible que todas las instituciones del Estado actúen a tiempo y asuma una política decidida para remover los obstáculos existentes y asegurar verdad y justicia a las víctimas. Que el juzgamiento de los autores de crímenes aberrantes contra la humanidad, como la desaparición forzada, la tortura, el asesinato y la sustracción de identidad no admite ninguna demora.
4.-De este modo Uruguay estará garantizando a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, y a toda la sociedad, su derecho a la verdad y a la justicia, removiendo todo obstáculo existente.
5.- Advertimos, que la aplicación de normas validas para el proceso penal ordinario a delitos comprendidos en las normas del derecho internacional contradice los acuerdos, tratados y disposiciones internacionales en la materia, y contribuye a consolidar la impunidad.
6.- Que nuestro país decidió libremente asumir distintos tipos de obligaciones internacionales, las cuales se comprometió a cumplir. Así el 19 de abril de 1985, Uruguay aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dictó sentencia y se pronunció como ya lo había sostenido la Suprema Corte de Justicia uruguaya en noviembre de 2009 en sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad (caso Sabalsagaray).
7.-Todos los poderes del Estado -el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial- deben dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana. Deben ejercer en el ámbito de sus competencias las acciones que permitan dejar sin efecto todos los obstáculos existentes en el camino a la verdad y la justicia asegurar una política para otorgar a las víctimas los derechos que les corresponden.
8.- Las organizaciones aquí reunidas, decimos hoy, que los responsables de desapariciones deben responder por el delito de desaparición forzada por que la desaparición forzada es un delito permanente, su consumación prosigue en el tiempo, en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos. Porque, aún muertas, las víctimas permanecen desaparecidas y según el art. III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, “deberá ser considerado como delito permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”.
9.-La Mesa Permanente exige que el estado uruguayo tome en forma inmediata las medidas necesarias para que los crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles como la tortura, los asesinatos, los secuestros, las violaciones, la sustracción de identidad y las desapariciones, sean considerados de acuerdo a lo establecido por las normas de derecho internacional.
10.-Que consecuentes con nuestro pasado, continuaremos ejerciendo las acciones a todos los niveles para alcanzar la Justicia e impedir la Impunidad que se contrapone con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
11.- Que creemos ser coherentes y consecuentes con nuestras mejores tradiciones, con los valores morales y éticos, y el único compromiso es con nuestros compañeros y sus familiares

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