El autoproclamado presidente Juan Guaidó y otros sectores enfrentados al chavismo boicotean el comicio y promueven, a partir del sábado 5, una consulta de una semana (en la que se podrá participar tanto en forma presencial como a través del canal Telegram) que pregunta a los electores si rechazan la “usurpación de Maduro” y si están a favor de acudir a la “comunidad internacional” para “rescatar a la democracia”.
La mayor parte de la oposición derechista rechaza el proceso electoral. Inclusive el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, quien se había mostrado inicialmente proclive a participar, se terminó retirando de la contienda. Capriles exploró su presentación como una alternativa a la política de Guaidó, debilitado tras el fracaso de dos intentonas golpistas sucesivas, y lo hizo en sintonía con la Unión Europea, que solicitó a Maduro una postergación de los comicios para preparar una misión observadora. Como estas tratativas fracasaron, la UE -y también Estados Unidos- optó por cuestionar la validez de la jornada y ratificó su aval a Guaidó.
Aunque el sector más representativo de la oposición derechista no participa de la elección, sí se presentan los partidos de la llamada Mesa de Diálogo Nacional (en negociaciones con Maduro).
Al mismo tiempo, el gobierno intervino una gran cantidad de partidos (entre ellos, Acción Democrática y Voluntad Popular), con el propósito de que sus sellos figuren en el cuarto oscuro y darle así a una mayor legitimidad a la convocatoria.
También se presenta la Alianza Popular Revolucionaria (APR), que es un desprendimiento del oficialismo integrado por el Partido Comunista, Patria Para Todos y Tupamaro, entre otros. A estas dos últimas fuerzas, sin embargo, Maduro también las intervino, por lo que sus sellos estarán en las boletas del Gran Polo Patriótico, liderado por el oficialista PSUV.
La APR no expresa una ruptura de fondo, toda vez que se mantiene en los marcos del chavismo, pero su presentación por fuera del gobierno es un indicativo de la erosión de Maduro, al calor de una profunda crisis económica.
La elección, en la que participa más de una docena de listas opositoras, se encuentra dominada (y amañada) por el gobierno, quien controla el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Los medios dan por descontado que se asegurará la mayoría en la futura Asamblea Nacional. Las dudas están puestas más que nada en qué capacidad de movilización electoral exhibirá el oficialismo.
Derrumbe económico y entrega
Venezuela llega a la elección en un cuadro de derrumbe económico. La inflación mensual de los últimos meses bordea el 70%. El bolívar se devaluó un 100% solo en noviembre. La producción petrolera se ha desplomado a cerca de 400 mil barriles diarios, en los niveles de la década del ’30. El poder adquisitivo de los trabajadores ha sido pulverizado: el salario mínimo equivale a alrededor de 40 centavos de dólar (es de 400 mil bolívares, mientras la cotización de la divisa norteamericana supera el millón de unidades de la moneda nacional).
Aunque el gobierno venezolano ha logrado resistir la embestida golpista de Guaidó y ha conservado el apoyo crucial de las Fuerzas Armadas, las sanciones económicas hacen sentir su efecto, a lo que se añade la propia crisis capitalista mundial y una administración estatal que está puesta al servicio no del desarrollo nacional sino del enriquecimiento de una “boliburguesía”.
El gobierno se enfrenta a la crisis con una política de ajuste y de entrega; tratando de mantener en pie un amplio aparato asistencial; y recostándose aún más sobre Rusia, China y ahora también Irán.
En el último mes se vendieron cuatro compañías del sector agroindustrial y una del sector turístico. Lo más relevante, sin embargo, es la apertura en el sector petrolero. En octubre, la Asamblea Nacional Constituyente (dominada por el oficialismo) aprobó la llamada Ley Antibloqueo, que habilita a avanzar en la privatización del sector a través de acuerdos reservados, esto con el argumento de evadir las sanciones norteamericanas. Rusia y China aprovecharían esta norma para ganar posiciones en la región.
Paralelamente, el gobierno empezó a recortar los subsidios en la perspectiva de “avanzar más temprano que tarde al cobro de la gasolina al precio internacional”, según Maduro.
En el mismo sentido que la Ley Antibloqueo, Nicolás Maduro Guerra, el hijo del mandatario, ha dicho a los medios que en caso de obtener la mayoría en la Asamblea Nacional, se revisará la ley de hidrocarburos para facilitar las privatizaciones (El Pitazo, 4/12).
¿Cuál será la política Joe Biden hacia Venezuela? Frente al fracaso de la línea de Trump, hay quienes mencionan que apuntará a una transición ordenada que desemboque en la salida de Maduro, por medio de negociaciones internacionales que incluyan a China, Cuba e incluso los gobiernos mexicano y argentino (Clarín, 27/11).
La clase obrera
El gobierno de Maduro ha adoptado un curso de entrega y ajuste que sólo cierra con represión hacia los sectores más explotados. Este miércoles 3, docentes, trabajadores de la salud, estatales y otros sectores reclamaron en Caracas por el salario y la liberación de todos los trabajadores presos. Uno de los casos más icónicos es el de los petroleros. Eudis Girot, director ejecutivo de la FUTPV, se encuentra detenido junto a otros trabajadores y será sometido a juicio con falsas acusaciones, como represalia por denunciar la corrupción en Pdvsa y la violación a los derechos laborales en el sector.
Las luchas reivindicativas, en medio del cuadro hiperinflacionario, así como la pelea por la libertad de los trabajadores presos, tienen una gran importancia.
Es necesario que la clase obrera emerja como un factor autónomo en la situación venezolana, frente a la derecha golpista y el gobierno hambreador y ajustador.
Gustavo Montenegro
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